Litio: dos son multitud

No hay muchas cosas más odiosas que el “te lo dije”. Permítame, entonces, ser odioso por un momento. Es por el bien de Chile, sabrá disculpar.

Desde Pivotes escribimos en junio que sobrevendría una compleja litigación en Salares Altoandinos. Sucede que Enami, titular del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que permite explotar litio en el lugar, decidió asociarse con una empresa (Rio Tinto) diferente a la que posee las concesiones mineras (Eramet), en los terrenos donde se ubica el salar. La consecuencia es que ahora esta última puede explotar 117 de los 118 elementos químicos que potencialmente afloran en esas tierras, menos el litio, que quedó en manos de Rio Tinto.

Podría no ser problemático si los elementos vinieran separados con la higiénica claridad de frutas de supermercado. La caótica realidad, por desgracia, es que vienen no solo revueltos, sino que a menudo atados entre sí mediante enlaces químicos. Es el motivo por el que usted está familiarizado con la sal de mesa y no con un mix de partículas de sodio y partículas de cloro.

Eramet invirtió suculentos US$ 95 millones en las concesiones y naturalmente defenderá a toda costa ese desembolso. El Estado de Francia, su mayor accionista, no toleraría otra cosa. Con eso en mente ingresó escritos ante el Juzgado de Letras de Copiapó con el objetivo de constituir servidumbres mineras en 283 de sus 361 concesiones.

¿Servidumbres? Sí, otro pelo en este enrevesado caldo minero. Son derechos y obligaciones entre el dueño del terreno y el titular de la concesión diseñados para permitirle a este último acceso al área con el objetivo de explorar, extraer y procesar. Si todo está en regla, el titular de la servidumbre, un requisito esencial para minar cualquier cosa, será Eramet. ¿Cómo se concretará entonces la asociación productiva de Enami y Rio Tinto? Difícil predecirlo. Puede resolverse por negociación directa o en tribunales.

De lo que podemos estar seguros es de que este nuevo obstáculo aumenta la incertidumbre y retrasará aún más el insoportablemente lento avance de la producción de litio en Chile. Mientras otros países productores aprovecharon de lleno el estratosférico boom de precios de 2022-23, acá abrimos la segunda y última faena hace 29 años, pese a contar con los mejores yacimientos del mundo. Y ármese de paciencia, porque falta todavía mucho tiempo para ver en operaciones una tercera. Ningún proyecto ha siquiera comenzado obras.

El fondo de este intríngulis es que ni quienes en 1979 exceptuaron al litio del régimen general en base a la predicción errada de que se volvería un insumo nuclear clave, ni quienes mantuvieron la excepción en la Ley Orgánica de Concesiones Mineras en 1982, diseñaron mecanismos para resolver la duplicidad. Fue simplemente una omisión, un error legislativo objetivo. Y la verdad de la milanesa es que no hay forma práctica de que ambos regímenes –el concesible para 117 elementos y el no concesible para 1– operen en paralelo si el dueño de la concesión no es el mismo del CEOL.

El problema en Salares Altoandinos ya ocurrió, su resolución dilatará aún más el desarrollo del litio en Chile y no existen salidas no traumáticas. Mirando hacia el futuro, al menos, es posible prevenir repeticiones. Para eso hay que acabar de una buena vez con la excepcionalidad legal del litio.