El camino hacia una política de reparación y futuro

Cuando el Presidente Gabriel Boric puso en marcha el Plan Buen Vivir tres años atrás –inicialmente en Biobío y La Araucanía, y posteriormente en Los Ríos y Los lagos, regiones donde se concentra un alto número de comunidades mapuche–, la apuesta fue promover un diálogo territorial con principios de interculturalidad en estrecha articulación con el Estado.

Se abría así un camino donde la institucionalidad pudiera dialogar de forma más respetuosa con las comunidades indígenas. Fue esta la estrategia que este Gobierno determinó para enfrentar la profunda crisis que afectaba a  la zona sur del país: golpeada por la violencia, la pobreza y una profunda desconfianza institucional. El punto de inflexión fue reconocer que no bastaba con relacionarse de forma homogénea ni sectorializada con todas las comunidades, por lo que se decidió trabajar en conjunto con gestores territoriales -en su mayoría de origen mapuche- que, desde un ministerio con alta jerarquía política y comprensión de la lengua y cosmovisión mapuche, construyeran puentes hacia la política pública.

Es por eso que los más de 1.670 encuentros con pertinencia cultural que el Plan Buen Vivir ha liderado con las comunidades, han sido clave para redefinir esa relación y reducir la desconfianza. El diálogo político ha sido el principal habilitador de la inversión en la zona, lo que se traduce en más proyectos, más oferentes y, sobre todo, en más desarrollo y oportunidades para las regiones más pobres del país.

Precisamente a través de este proceso, fue que se dio paso al Programa de Infraestructura para el Buen Vivir en el Ministerio de Obras Públicas —que entre 2023 y 2024 ejecutó más de 685 mil millones de pesos y proyecta superar los 350 mil sólo este año—, y paralelamente se habilitó un diálogo histórico sobre la política de tierras, que estaba al debe en la zona.

Hoy es visible el impacto de esta estrategia, que se traduce en acciones concretas que mejoran la vida de las personas: las zonas más castigadas por la violencia en las provincias de Arauco y Malleco han recibido inversión pública como nunca antes. En Ercilla, la llegada del Banco Estado en enero de este año, está fortaleciendo la actividad local y en la misma comuna 25 familias podrán acceder a vivienda gracias a gestiones del Plan Buen Vivir con otros órganos del Estado. En Tirúa, la construcción de otras 200 viviendas y el mejoramiento de la Caleta Quidico han generado empleo, dinamizado la economía y el crecimiento local.

Estas iniciativas han ofrecido mayor dignidad y acceso a servicios básicos: se han construido más de 1.670 kilómetros de pavimentos rurales y caminos en comunidades indígenas, y más de 5.000 arranques nuevos de agua potable rural. Junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia se impulsaron cambios al Sistema Nacional de Inversiones, a través de dos instructivos orientados a fortalecer y agilizar la inversión pública en zonas rurales.

A ello, se suma la firma del convenio con ocho universidades que nos permitirán contar con más y mejores diseños de obras para la zona. Además, sólo en La Araucanía, el Plan Buen Vivir ha aumentado en un 26% la inversión pública en comparación con el periodo 2018-2021.

Hace tres años, el Presidente Gabriel Boric afirmó que la paz no se consolida sin inversión pública. Hoy, la Araucanía crece un 2,4%, superando el ritmo del año anterior, mientras la violencia rural ha disminuido en un 80% respecto a 2021. Los resultados dan cuenta de un cambio esencial: donde antes había ausencia, hoy tenemos un Estado presente que se relaciona de una forma más justa con quienes habitan zonas postergadas; el Plan Ercilla también es una muestra de aquello.

El Plan Buen Vivir, ampliamente valorado por la gente de las regiones, es el reflejo concreto de que buscar nuevos caminos, respetuosos de nuestra diversidad, permite sustituir la violencia por cohesión social y desarrollo.