El falso dilema de la “sobredotación”: porque el PIE no sobra, falta

En el último tiempo ha emergido con fuerza una hipótesis inquietante en ciertos sectores del debate educativo: que el Programa de Integración Escolar (PIE) estaría sobredimensionado, con más profesionales de los necesarios y escaso impacto en la inclusión real. Esta idea ha sido utilizada para justificar recortes de personal en escuelas públicas, imponer topes presupuestarios y poner bajo sospecha a todo un modelo construido con décadas de esfuerzo. Pero cuando se confrontan los datos, lo que emerge es otra realidad: no sobran profesionales PIE. Faltan.

La discusión política tiende a olvidar que la inclusión no es una concesión, sino un derecho. Cada vez hay más niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales; cada vez hay más escuelas rurales o urbanas que requieren equipos multidisciplinarios para sostener procesos educativos diversos. En ese contexto, reducir el PIE sería un retroceso social y pedagógico.

La cobertura del PIE alcanzó en 2023 a más de 473.000 estudiantes en Chile, un 14,6% del total del sistema subvencionado. Se atiende desde parvularia hasta educación media, con una diversidad creciente de diagnósticos y necesidades educativas. La mayoría del estudiantado que está en el PIE presentan necesidades educativas que requieren intervenciones especializadas, frecuentes y permanentes.

¿Cuántos profesionales hay para atender esta demanda? En 2025, el propio Ministerio de Educación reporta 10.840 profesionales PIE a nivel nacional, una baja respecto del año anterior. El promedio es menos de un profesional por cada 40 estudiantes con NEE. En los hechos, miles de niños y niñas reciben solo un par de sesiones grupales al mes. Hay comunas donde se han reducido la cantidad de horas de apoyo a pesar de aumentos en matrícula PIE. 

Entonces, ¿de dónde viene la idea de “sobredotación”? En parte, de la confusión entre dotación total del sistema y distribución ineficiente. Es cierto que algunos Servicios Locales heredaron plantillas abultadas de sus municipios, pero eso incluye cargos administrativos o auxiliares sin función clara, no necesariamente a los profesionales PIE. También hay problemas de gestión, falta de coordinación entre equipos, uso poco estratégico del tiempo y deficiencias en el seguimiento. Pero eso no equivale a sobredotación: equivale a necesidad de mejora.

También pesa una mirada economicista que calcula ratios sin considerar el contexto. No es lo mismo un curso con alta vulnerabilidad social y siete estudiantes con necesidades educativas transitorias o permanentes, que uno con buen acceso a salud y redes familiares estables. La inclusión real requiere más que cumplir con horas mínimas por decreto: requiere vínculo, adaptación, persistencia, frecuencia y estabilidad profesional. Y eso toma tiempo.

Hablar de sobredotación, entonces, no solo es inexacto. Es peligroso. Alimenta decisiones políticas que recortan apoyos donde más se necesitan. Y transmite un mensaje dañino: que los niños con necesidades educativas especiales estarían recibiendo “demasiado”. Lo que los datos muestran es lo contrario: que el sistema apenas alcanza a cubrir lo esencial, y que cada año la demanda crece.

Por eso, si de verdad queremos una educación inclusiva, no se trata de reducir dotaciones. Se trata de profesionalizarlas, redistribuirlas, coordinarlas mejor. Pero sobre todo, de reconocer que el PIE no sobra. Es indispensable.

Si de verdad queremos mejorar la educación pública, no se trata de desmontar el PIE ni de convertirlo en un costo a reducir, sino de modernizar su gestión, dotarlo de más recursos y fortalecer su formación profesional. La inclusión no puede medirse solo en minutos ni en presupuestos: se mide en oportunidades, en aprendizaje, en dignidad. Y en eso, el PIE no sobra: es indispensable.