Sala Cuna Universal: invertir en el cuidado es invertir en justicia

En Chile, las discusiones sobre políticas de cuidado suelen reducirse a un enfoque fiscal, lo que tergiversa el sentido mismo del uso de los recursos públicos: ¿cuánto cuesta?, ¿quién financia?, ¿qué fondo lo sostiene en el tiempo? Pero más allá de estas preguntas técnicas, emerge una cuestión ética y de justicia que debiera ser el pilar de una política de Estado: reconocer el carácter público del cuidado. La discusión sobre la Sala Cuna Universal no es solo un debate económico, sino una discusión política y ética sobre el modo en que el Estado le asigna valor a las tareas de cuidado, entendiendo que esta es una labor que se le atribuye, por defecto, a las mujeres.

La evidencia empírica es clara. El Banco Mundial (2021) analizó 22 estudios en países de ingresos medios y bajos y encontró que, salvo uno, todos mostraron efectos positivos de las políticas de cuidado infantil en la participación laboral de las madres, con aumentos de entre dos y cuatro puntos porcentuales en cinco años. En Chile, el Centro Clapes UC (2020) estimó que cada punto adicional de participación femenina eleva el PIB en 0,6% anual y el empleo total en 1,13%, con la creación de cerca de 80 mil nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, Libertad y Desarrollo, en su informe recientemente publicado sobre esta política, cita las proyecciones de Clapes UC elaboradas con datos pre-pandemia, que estimaban un impacto de 0,5% del PIB por cada punto adicional de participación laboral femenina. El mismo informe de Clapes UC, en su escenario post-pandemia, actualiza esa estimación a 0,6% del PIB, considerando la recuperación desde una menor tasa de participación (41,3%). Así, si la expansión de las salas cuna generara apenas dos puntos porcentuales adicionales en la participación de las mujeres, el PIB podría crecer en torno a 1,2%, una cifra que multiplica varias veces el costo de la cotización propuesta. Según estimaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un aumento de 0,3% en las cotizaciones equivale a entre $726 mil millones y $1,07 billones de pesos, o solo 0,1–0,15% del PIB: una fracción mínima frente al retorno social y económico del programa.

El verdadero riesgo es que, bajo el discurso de la eficiencia, la universalidad se transforme en un caballo de Troya que precarice la oferta pública y traslade los costos al sector privado. Si bien el proyecto ha mejorado al eliminar el registro nacional de cuidadores y condicionar la entrega de recursos a la autorización del Mineduc, aún persiste un vacío en la regulación de precios del sistema privado, lo que podría generar brechas de acceso y desigualdad territorial. Nuestra advertencia no es solo presupuestaria: apunta a resguardar el sentido educativo y social del derecho al cuidado, evitando que la expansión de la cobertura ocurra a costa de la calidad, la protección laboral o la equidad.

En este sentido, el proyecto actual avanza al incorporar la corresponsabilidad parental, extendiendo el derecho tanto a madres como a padres trabajadores. No se trata únicamente de permitir que los hombres compartan el beneficio, sino de modificar la arquitectura simbólica de la crianza, transformando la idea de que cuidar es una tarea femenina hacia un modelo de equidad que redistribuya responsabilidades, tiempos y formas de reconocimiento. La justicia de género, en este caso, se juega también en los instrumentos que el Estado crea para reconocer el cuidado como un trabajo socialmente necesario y económicamente productivo.

Desde la perspectiva del CJE, la educación y el cuidado en la primera infancia deben entenderse como condiciones de justicia, no solo como servicios. Ambos conforman una infraestructura activa donde se redistribuyen recursos escasos en nuestra sociedad actual: el tiempo, las oportunidades de aprendizaje y la capacidad de cuidar. Garantizar el acceso universal a la sala cuna no solo favorece la inserción laboral de las mujeres, sino que también equilibra las condiciones de origen de niños y niñas, ampliando su derecho a aprender y a ser cuidados, independientemente de su contexto socioeconómico o del tipo de empleo de sus padres.

En el fondo, la pregunta que este proyecto nos devuelve es ¿qué valor tiene el cuidado en la ecuación del desarrollo a escala país? Si la justicia educacional implica transformar las estructuras que producen desigualdad, entonces la Sala Cuna Universal es mucho más que una política laboral: es una inversión en justicia y en futuro. Porque lo que un país elige cuidar, es siempre el mejor indicador de aquello que no está dispuesto a perder.