La responsabilidad del mando militar

Hace solo pocos días que el Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el decreto que dio inicio al Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, como una política pública permanente y sistemática, dedicada a esclarecer “las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las víctimas de desaparición forzada” en Chile.

Se trata de algo institucionalmente muy significativo, independientemente de los resultados concretos que se logren. En el acto, el Mandatario señaló que “tengo la convicción de que la democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra”. Ello significaría que ese plan es para el Gobierno un testimonio de que, en materia de verdad y justicia, el afecto cívico del Estado está con las víctimas y no prescribe ni puede ocurrir, pues es memoria histórica del país.

Pocas horas antes, había tenido lugar otro hecho de relevancia histórica: la presentación del libro Un Ejército de todos, del general en retiro Ricardo Martínez Menanteau, excomandante en Jefe del Ejército, en el cual efectúa una reflexión valiente, franca y directa sobre los hechos ocurridos en el Ejército desde 1973 a la fecha, no como historiografía militar, sino desde el deber y el honor, que denomina “el ethos militar”.

Más allá de los interesantes comentarios hechos sobre el texto por Jorge Burgos y Mario Desbordes, ambos exministros de Defensa, y por José Antonio Viera-Gallo, exministro de la Segpres, lo extraordinario provino de la intervención misma del general (r) Martínez. Este, en una presentación impecable, ante un auditorio repleto de exministros de Estado y altos mandos militares en retiro, esclareció doctrinariamente lo que se debe esperar de un mando militar en una República, y en qué consiste la responsabilidad del mando en esas instituciones, tanto para satisfacción y honor profesional como para sus deberes institucionales de civilidad, respeto y obediencia a la autoridad civil, así como en el uso legal y proporcional de la fuerza frente a sus conciudadanos.

Es casi imposible encontrar en la historia militar del país una alocución de esta naturaleza, claridad y profundidad. Lo que dijo el general (r) Martínez, en estricto rigor, el país debiera haberlo escuchado hace mucho tiempo de boca de sus autoridades civiles, incluidas las presentes en la sala.

Si no fue así en los primeros años de la transición a la democracia, tal vez, se debió a la presencia intimidatoria de Augusto Pinochet como comandante en Jefe del Ejército, pero luego de su retiro nada explica que no se hiciera. La decisión del poder civil de mirar al costado en materia de política militar y no exigir la responsabilidad directa del mando superior en los delitos de lesa humanidad de la dictadura, dejó mal tanto a las instituciones militares como a los gobiernos democráticos.

Estos quedaron en deuda por omitirse de “molestar” al poder militar en algo tan doloroso como las violaciones de derechos humanos; y las FF.AA., por no limpiar su honor por los injustificables horrores cometidos.

En 33 años de democracia, además, nunca se escuchó algo tan claro, directo y sutil como lo expresado por el general (r) Martínez, para que repique no solo en la Comandancia en Jefe del Ejército sino también en La Moneda, en el Ministerio de Defensa, además del resto de las instituciones y órganos superiores del Estado, acerca de qué es doctrina republicana sobre poder militar.

El iter de su libro es una lección de voluntad para la democracia, por su coherencia y su prudencia, sobre todo frente a quienes, sin argumento alguno, señalan que sus ideas son personales y nada tienen que ver con la doctrina militar del Estado de Chile.

En su presentación, dejó claro haberse formado la convicción de que el Ejército debía ser capaz de desarrollar una mirada introspectiva, que le permitiera revisar sus actuaciones para identificar sus fortalezas, enmendar errores y aprender de ellos, en aras de fortalecer su ethos.

En ese espíritu se gestó el informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, difundido en marzo del 2022 y que, en esencia, es el corazón del libro que acaba de publicar bajo su autoría. La idea primero nació de su propuesta al Cuerpo de Generales el año 2018 y, a fines de ese año, se transformó en uno de los 13 objetivos estratégicos del “Plan de Acción Carrera 2019-2022”, documento oficial del Ejército distribuido a toda la institución.

El documento citado se discutió en sus aspectos más controvertidos como agenda única “durante cuatro días consecutivos en el Consejo Militar de marzo de 2019” y “poniendo los énfasis en el análisis sobre las conductas de algunos miembros del Ejército que tuvieron impacto negativo en la institución”, entre las que “destacan las violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno cívico-militar de 1973-1990”. Ese es el documento que se difundió el 2 de marzo de 2022 y que fue retirado del sitio web del Ejército. En ese entonces, dijo el general (r) Martínez, “representaba la opinión abrumadora del Cuerpo de Generales en ejercicio”.

La correlación entre el documento oficial de marzo de 2022, el libro presentado y la presentación del autor en su acto de lanzamiento es un notable ejercicio de coherencia, y la didáctica cívica de los tres textos permitiría extraer una infinidad de elementos muy significativos para la vida política nacional. Algo inevitable de mencionar es que han venido pasando inadvertidos para los medios y la opinión pública, pese a la trascendencia de lo hecho y dicho por Ricardo Martínez Menanteau, tanto para explicar las omisiones de la política en materia militar y de derechos humanos, como para romper el cerco de silencio y falsa lealtad dentro de las FF.AA.

Sería largo citar sus juicios. Solo uno es menester: el Juramento a la Bandera de todos los hombres de armas, “que establece una obligación legal y reglamentaria en la impartición de las órdenes militares por parte de los superiores”. Ello es también un límite, por cuanto no se puede obligar a un subalterno a cumplir una orden si no está amparada en la legalidad.

Esta lógica no estuvo presente en la dinámica que se vivió después del golpe de Estado de 1973 –dice–, especialmente en las intervenciones más reprobables de parte de algunos miembros del Ejército durante los primeros años del gobierno militar, y en esto la principal responsabilidad recae en quienes ostentaban los más altos cargos, “que no pudieron o no quisieron frenar las resoluciones que llevaron a conductas que estaban totalmente reñidas con el actuar ético militar”.

“En el presente –agrega– existe la convicción de que las órdenes militares deben ser legales, como requisito sine qua non para su cabal acatamiento. No cumplir este precepto es una falta al honor militar”.