En la reunión se habría "aclarado" que la investigación iniciada al interior del CIADE no fue "ni antojadiza ni por una denuncia anónima", sino que se debió a un procedimiento normal de la Contraloría, la cual se inició con una auditoria interna al contrato celebrado entre el CIADE y el MOP en agosto 2001.
Como una forma de trasparentar los nuevos cuestionamientos por irregularidades que nuevamente enfrenta el Ministerio de Obras Públicas por los supuestos contratos brujos que realizó la cartera con el con el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas -CIADE-, dependiente de la Universidad de Chile el subsecretario de la cartera, Juan Carlos Latorre, se reunió con el contralor General de la República Gustavo Ciolla.
La cita, que se efectuó ayer por la mañana, tuvo por objeto dilucidar las dudas que existen respecto a la denuncia efectuada por los fiscales del organismo contralor al Séptimo Juzgado del Crimen por las irregularidades detectadas en el contrato celebrado entre el MOP y el CIADE, el 13 de agosto de 2001, lo que, a juicio de la Contraloría, revisten carácter de delito.
Fuentes allegadas a la investigación explicaron que Juan Carlos Latorre habría manifestado al Contralor la preocupación que existe al interior del MOP por la manera que se efectuó la denuncia al tribunal, sin que mediara una investigación sumaria previa al interior de la cartera y el CIADE.
En el encuentro, tanto Ciolla como Latorre, expusieron sus puntos de vista e intercambiaron opiniones respecto a cómo se está realizando la investigación en los tribunales. Por parte del organismo fiscalizador, trascendió que el contralor habría explicado al subsecretario que el procedimiento aplicado es el "regular", esgrimiendo que no existe vicio alguno a la hora de remitir los antecedentes a la justicia, pues dicha investigación se habría despachado con su visto bueno.
Además, en la reunión se habría "aclarado" que la investigación iniciada al interior del CIADE no fue "ni antojadiza ni por una denuncia anónima", sino que se debió a un procedimiento normal de la Contraloría, la cual se inició con una auditoria interna al contrato celebrado entre el CIADE y el MOP en agosto 2001.
Dado a los cuestionamientos del contrato y al sistema de triangular dineros entre el CIADE y el MOP para pagar los servicios profesionales a los seremis, hecho que gatillo la denuncia en el tribunal, pues hay dineros que no cuadran al interior del organismo universitario, el subsecretario habría defendido la legalidad de dichos contratos y el aporte que realizaron los seremis de todas las regiones del país.
Al término del encuentro con el contralor, Juan Carlos Latorre entregó la declaración pública emitida el jueves por el MOP, donde se explica y justifica la legalidad del trabajo realizado por el CIADE, que da cuenta que "el MOP desde hace ocho años invierte 600 millones de pesos para determinar el valor de las obras y el costo efectivo que estas tienen".
Respecto a la participación de los seremis en el proyecto, Latorre justificó que sus funciones "no son incompatibles con su contratación en el estudio y que la libertad del ejercicio de la profesión de los funcionarios públicos está garantizado en la Constitución y en la ley de probidad".
Trascendió en fuentes allegadas a la investigación que el subsecretario se puso a disposición de la Contraloría con el fin de colaborar y aclarar cualquier duda que merezca el procedimiento.
El MOP se blinda: Sólo responderá ante la justicia
En el MOP se vive un ambiente enrarecido, pues altas autoridades y los funcionarios están preocupado por todos los casos en que se ha visto involucrada la cartera y que han recaído en la justicia.
Respecto al tema en la subsecretaria se dijo que el tema será tratado solamente en la justicia y todos los antecedentes que vayan surgiendo respecto a irregularidades serán adjuntos a los tribunales de justicia y a las autoridades competentes.
Altas fuentes del MOP, explicaron que este nuevo escándalo que ahora se investiga en los tribunales es "de exclusiva responsabilidad de las autoridades de la época, pues los que quedamos acá por suerte nunca nos enteramos de nada".
La misma fuente agregó que al interior del ministerio "existe una dirección de contabilidad y finanzas, y todo se auditan por un contralor".
Consultado si el jefe de gabinete del subsecretario, Gonzalo Castillo, tiene facultades para tomar la responsabilidad de los contratos, fuentes allegadas a la investigación aclararon que "sí porque él actuó como fiscal".
Sobre cuándo la subsecretaria de Obras Públicas se hace cargo de las remuneración extraordinarias de los seremis, la respuesta fue categórica "ese tema lo aclararemos en los tribunales de justicia", dijo una fuente que conoce de cerca el tema.
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