Las bases de licitación contemplan castigos monetarios que van desde las diez hasta las 200 Unidades de Fomento, por cada falta cometida por los concesionarios. Serán consideradas transgresiones al contrato desde prestar servicios con buses con los asientos rayados hasta alterar, aunque sólo sea mínimamente, los trayectos de las máquinas que recorren la ciudad.
Millonarias multas para los concesionarios que infrinjan alguna norma, contempla la reforma al transporte público terrestre de Santiago. El nuevo sistema, que comenzará a operar en mayo de 2005, castigará con hasta 200 Unidades de Fomento (UF) a los operadores que no respeten disposiciones tales como tratar correctamente a los usuarios, transitar con las puertas cerradas, o alterar los trazados dispuestos para cada bus que recorra la capital.
De acuerdo a la información contenida en el adelanto de las bases de licitación de Transantiago, las multas contempladas para los operadores de cada uno de los troncales (o vías de mediana y larga distancia) y alimentadores del sistema (o vías de corta distancia que alimentan a los troncales) van desde diez hasta 200 UF.
Los elevados montos de estas sanciones buscan disuadir a los operadores de cometer faltas, evitando así situaciones como las que se producen hoy en día, en que pese a existir una ley del tránsito que obliga a los microbuses a circular con las puertas cerradas, en la práctica esto no se produce debido, entre otras causas, a la falta de fiscalización.
La idea de aplicar elevadas sanciones a los concesionarios de la locomoción colectiva no es un invento reciente. El modelo de tolerancia cero a las faltas que pretende implementar la autoridad es herencia, o reproducción, del sistema de transporte aplicado en Colombia, conocido como Plan Bogotá.
En ese país el plan funciona exitosamente. En Chile, esto sólo será comprobado en 16 meses más. Concretamente, el 28 de mayo de 2005, cuando sea probado el sistema de identificación satelital (GPS) a implementar en los buses que circulen por Santiago.
Este sistema forma parte del Centro de Información y Gestión (CIG) de Transantiago, organismo que deberá controlar el estado de cada una de las máquinas que se mueven por la ciudad, al igual que la calidad del servicio que se ofrece a los pasajeros.
Las infracciones más penalizadas
Entre las infracciones más significativas al sistema está la verificación de que la cantidad de buses que salen de los aparcaderos es menor al 60 por ciento contemplada en el programa de operación. Comprobada esta situación (en un lapso de dos horas), se aplicarán sanciones de doscientas UF, vale decir, sobre tres millones trescientos setenta mil pesos, cada vez que esto ocurra.
Inmediatamente, abajo en la lista de severidad de la infracciones está la alteración de recorridos. Si se identifica a un microbús, no importa si es en un alimentador o un troncal, realizando un trazado distinto al señalado en el programa, se aplicará una multa de 100 UF.
Se sancionará con 40 UF (más de 675 mil pesos) a cada bus que sea descubierto prestando servicios distintos a los establecidos en el contrato, tales como transporte particular o interurbano de pasajeros.
Una sanción ligeramente menor, de 30 UF (más de 506 mil pesos), será aplicada a cada operador que introduzca vehículos ajenos a la flota autorizada para recorrer los alimentadores y troncales de Santiago. Se aplicará, además, la misma multa por "el incumplimiento de la obligatoriedad de contratar y mantener vigente el seguro para los operarios a bordo de los buses".
Múltiples sanciones menores
Dentro de las medidas contempladas por la autoridad para asegurar el buen funcionamiento de Transantiago está la disposición de una batería de sanciones menores (entre 160 mil y 330 mil pesos) cada vez que se produzcan algunos eventos de fácil ocurrencia en la locomoción colectiva.
Será multado con 20 UF (unos 338 mil pesos) cada operador que permita que uno de sus buses circule con las puertas abiertas. Con el mismo monto serán sancionado los operadores, cada vez que una de sus máquinas transgreda los límites máximos de emisión de contaminantes.
En tanto, serán sancionados con 10 UF (unos 169 mil pesos) todos los operarios de microbuses que incurran en alguna de las siguientes faltas: rehusar a transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no esté completa, prestar servicios con buses rayados o desaseados, tratar incorrectamente a los usuarios, o no respetar los paraderos establecidos.
Como una última medida, para reforzar la efectividad de las multas dispuestas por la autoridad, las bases de Transantiago contemplan que, si en un plazo de doce meses las multas pagadas por las sociedades concesionarias alcanzan un monto superior a 6 mil UF, simplemente, se caducará la concesión.
Aunque este monto de 6 mil UF (que en pesos supera los cien millones de pesos) sea difícil de alcanzar, en un plazo de doce meses, por una concesionaria que incurra en un número razonable de infracciones, a juicio de la autoridad, servirá para establecer que las sanciones a aplicar no sólo implican un castigo pecuniario, sino que son capaces, en un caso extremo, de sacar a un operados del sistema.
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