El máximo tribunal debe resolver si aplica o no la Amnistía a la cúpula de la DINA en un caso de secuestro calificado, que hasta ahora ha sido considerado un delito permanente. La resolución que se adopte podría cambiar el futuro de los casos de este tipo, aunque los pronósticos indican que los altos magistrados no entrarán a analizar el fondo del asunto.
El palacio de tribunales será hoy el espacio donde podría cambiar el criterio jurídico sobre los casos de violaciones a los derechos humanos.
Mientras el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago votará el desafuero contra Augusto Pinochet por la Operación Cóndor, al mismo tiempo en el segundo piso, donde se ubica el máximo tribunal, se discutirá un recurso de casación que pretende hacer valer la aplicación de la Ley de Amnistía en un caso de secuestro calificado contra la cúpula de la DINA.
La presentación que deberá resolver la Suprema, fue hecha por el abogado Juan Carlos Manns, patrocinante del general (R) Manuel Contreras y a la que se sumaron los otros condenados en el caso de Miguel Angel Sandoval como Miguel Krasnoff y Fernando Laureani Maturana.
En ella no sólo alegarán los querellantes, sino también el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que apoyará la tesis de que mientras el cuerpo de la víctima no aparezca existe un delito permanente, donde además no puede aplicarse la prescripción.
Sin duda lo que más ha llamado la atención hasta ahora de lo que serán los alegatos ante la Suprema, es que el abogado Luis Valentín Ferrada, defenderá a Krasnoff, lo que causó sorpresa en círculos judiciales y también entre los abogados que defienden causas por violaciones a los Derechos Humanos.
El proceso por la muerte de Miguel Angel Sandoval lo sustanció el ministro con dedicación exclusiva Alejandro Solís, quien condenó a Contreras a una pena de 15 años, la primera en su tipo.
Contexto y chances
Pero tanto el desafuero de Pinochet, como la casación en la Suprema tienen contextos políticos internos e internacionales bastante concretos. El chileno, es el proyecto de derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso para la rebaja de penas a quines entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. También por el reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que le recomendó al país terminar con la Ley de Amnistía, precisamente el cuerpo legal dictado por Pinochet en 1978, cuya aplicación discutirán los 21 ministros del máximo tribunal.
El director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que "este fallo promete ser una decisión histórica".
"Los máximos jueces chilenos deben respaldar plenamente los esfuerzos emprendidos por sus colegas para esclarecer estos terribles crímenes y pedir cuentas a los responsables", insistió.
Sin embargo, los pronósticos -al menos para el desafuero- no parecen ser alentadores, debido a que la Suprema ya zanjó la discusión sobre el estado de salud de Pinochet y en otra ocasión el tribunal de alzada ya rechazó quitarle la inmunidad parlamentaria al ex dictador, tomando en consideración esta decisión de sus superiores.
En tanto, en el segundo piso, todo pareciera indicar que los supremos evitarían entrar a analizar el fondo de la presentación de Manns con respecto a la aplicación y vigencia de la Amnistía. Esto, porque sería una negativa señal para los ministros y jueces con dedicación exclusiva que llevan adelante este tipo de causas.
