El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos por el desafuero del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la investigación sobre el origen de su millonario patrimonio. En la oportunidad, el CDE reveló que cuatro cuadernillos fueron sustraídos en 1989, y que al menos dos de ellos fueron usados para abrir cuentas en el extranjero.
El Pleno Corte de Apelaciones de Santiago postergó hasta el próximo miércoles 25 de mayo la votación sobre la solicitud de desafuero del general retirado Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la investigación sobre las millonarias cuentas secretas a su nombre detectadas en el extranjero.
Los 25 integrantes del tribunal de alzada capitalino escucharon por cerca de cuatro horas las exposiciones de los abogados querellantes Alfonso Insunza, en representación de las víctimas del régimen militar; Víctor Araya, a nombre de la Fundación Salvador Allende; y María Teresa Muñoz, del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En tanto, a favor del ex militar -que ya está desaforado y procesado como autor de nueve secuestros y un homicidio calificados en el marco de la Operación Cóndor-, intervino el jefe del equipo jurídico de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez.
Al término de la audiencia, que partió con algunos inconvenientes técnicos que impidieron a algunas radioemisoras transmitirla en directo, los magistrados acordaron volver a reunirse la próxima semana para votar el pedido de despojar a Pinochet de los privilegios que goza en su calidad de ex gobernante.
Nuevos antecedentes
Uno de los antecedentes más novedosos expuestos durante la audiencia fueron los de la procuradora del CDE, organismo que solicitó el desafuero de Pinochet por todos los delitos detectados por el ministro de fuero del caso Riggs, Sergio Muñoz.
Este magistrado sostuvo que entre 1984 y 2004 el general retirado omitió en sus declaraciones de renta la cifra de $5 mil 754 millones, para lo cual habría contado con la colaboración de Oscar Aitken y Mónica Ananías, encausados como cómplices.
Además de la declaración maliciosa de renta, le imputa los delitos de obtención, confección y utilización de pasaportes y documentos públicos falsificados; acciones para eludir un embargo internacional; y negociación incompatible para la adquisición de los terrenos de El Melocotón.
En estrados, María Teresa Muñoz reveló que el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago investiga el robo de cuatro cuadernillos de pasaportes desde el Servicio del Registro Civil en 1989, los que posteriormente habrían sido utilizados para crear documentos para Pinochet, bajo diferentes identidades falsas.
Según indicó, los cuadernillos son originales, vale decir, emitidos por la Casa de Moneda, pero su llenado no corresponde al oficial. Además, a todos de ellos se les habría arrancado la página número tres que, según indicó, es de suma relevancia para determinar quienes estarían detrás de este ilícito.
De acuerdo a la exposición de Muñoz, al menos dos de estos pasaportes fueron usados para que Pinochet abriera sus cuentas en el extranjero.
A juicio de esta funcionaria, la falsificación de documentos tenían el objetivo de ocultar el real origen de los millonarios fondos que mantuvo en el exterior, y que lo más probable es que estos montos tengan un origen ilícito.
María Teresa Muñoz también indicó que las condiciones de salud del ex militar no suponen un impedimento para rechazar el desafuero, pues se trata de una materia que debe ser resuelta por el magistrado que investiga el caso, y que por lo demás tras su sobreseimiento por demencia subcortical de leve a moderada en 2002, por el caso Caravana de la Muerte, el ex militar ha realizado al menos doce actos jurídicos de relevancia desde el punto de vista judicial.
La abogada del CDE mencionó entre ellos las transferencias de depósitos, cobros de cheques, operación de cuentas bancarias, negociaciones con el City Group Private Bank, lo que se encuentra consignado en el informe del subcomité del Senado de Estados Unidos que reveló las millonarias cuentas secretas del ex militar.
Además, recordó que Pinochet también ordenó a su secretaria, Mónica Ananías, crear un libro de firmas para que sus familiares recibieran 900 mil dólares producto de las utilidades que le generaban sus inversiones en el extranjeros; y este año mandató a su hijo Marco Antonio para que recolectara antecedentes en el exterior sobre el caso y autorizó al abogado Fernando Barros para que lo representara ante el SII, entre otros.
Los alegatos de las víctimas
En tanto, el abogado Alfonso Insunza, que representa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, señaló que eventualmente Pinochet habría incurrido en el delito de lavado de dinero, malversación de fondos y fraude al Fisco, estos dos últimos, a su juicio, acreditados.
El profesional acusó al ex militar de haber hecho un "aprovechamiento doloso" de los recursos que tuvo a su disposición cuando fue Jefe de Estado, y que sus recursos no pueden ser razonablemente justificados por sus ingresos como funcionario público, incluso si se suman todos los que recibió entre 1973 y 2004.
Asimismo, sostuvo que si se llegara a comprobar que el patrimonio se justifica mediante los gastos reservados que tuvo a su disposición, ello también debería estimarse como delito, ya que esos ítemes de gastos no son para regalarlos, sino que deben ser destinados para la representación el interés público de la Nación.
Ante la posibilidad de que esta fortuna haya provenido de empresarios, que se lo habían ayudado al salir de la presidencia de la República, precisó que ello también implicaría el delito de las declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas, ya que no fueron rendidos ante el SII, ni tampoco se identificó a los supuestos donantes, que incluso podrían ser acusados de cohecho.
Por su parte, el abogado de la Fundación Salvador Allende, Víctor Araya, indicó que a las víctimas de violaciones a los derechos humanos les corresponde recibir una indemnización, debido a la represión de la que fueron víctimas durante el régimen militar.
Al respecto, recordó que en España ya se han ejercido acciones directas para estas personas, como el pago de US$ 8 millones de dólares que hizo el Riggs a la Fundación, en reconocimiento de las actuaciones ilegales que tuvieron con Pinochet.
SII: Perjuicio fiscal
A su turno, el representante del SII abordó los eventuales delitos tributarios que habría cometido Pinochet, al no declarar el patrimonio que mantuvo en el extranjero ante este ente fiscalizador, recordando que éste siempre tuvo su domicilio en Chile, por lo que estaba obligado a tributar sus ingresos, tanto dentro del país como fuera de él.
Asimismo, acusó al ex uniformado de acciones destinadas a ocultar sus cuentas en el extranjero, mediante el uso de identidades falsas, y a través de sociedades anónimas con acciones al portador, y sostuvo que estos ilícitos estarían plenamente acreditados, mediante las declaraciones de Oscar Aitken y Mónica Ananías, cercanos colaboradores del ex militar, indagaciones de Brilac, y diversos peritajes que dan cuenta de la veracidad de esos antecedentes.
En ese sentido, el abogado indicó que estas omisiones maliciosas habrían significado un perjuicio fiscal de 1.592 millones de pesos, de los cuales 400 millones serían por efecto de las multas aplicadas.
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