El tema fue abordado en el último pleno del máximo tribunal, instancia que en su mayoría concuerda que el mecanismo de nombramiento genera conflictos, pero reconoce que no existe la posibilidad de lograr una reforma constitucional. Para el presidente de los magistrados, Diego Simpértigue, el procedimiento se debe profesionalizar.
Los 12 ministros que integraron el último tribunal pleno de la Corte Suprema no pudieron eludir analizar el tema de las dificultades que se presenta el actual sistema de nombramientos que les compete, así como la designación de los titulares de los tribunales de alzada y jueces.
Es evidente que el necesario concenso político para la elección de un supremo en la práctica ha resultado complejo, debido a la necesidad de que el candidato propuesto por el Presidente de la República cuente con dos tercios de los votos del Senado, explicaron fuentes de la alta magistratura.
Si bien hubo molestia por los eventuales «vetos políticos» que han recibido algunos de los ministros de Cortes propuestos, como Margarita Herreros y los cuestionamientos éticos sobre Rubén Ballesteros, también surgió el análisis sobre el sistema actual y las consecuencias de éste.
Candidatos sin méritos reales
Consultada al respecto, una fuente del máximo tribunal consideró que «el actual mecanismo permite que en las propuestas se incluyan a candidatos que logran muy pocas adherencias en las votaciones y que no tienen méritos funcionarios para ascender».
En esa medida explicó que para escoger a los ministros de Cortes de Apelaciones, para lo cual se conforman ternas de candidatos que obtengan las más altas mayorías, cada integrante de la Suprema puede emitir dos preferencias. En tanto, para elegir quinas (cinco) postulantes a la más alta instancia del Poder Judicial cada miembro puede otorgar cuatro votos.
«Se debería obtener un sistema que permita que miembros del Poder Judicial que sólo cuenten con una gran cantidad de preferencias integren estas propuestas», se comentó al respecto.
Necesidad de precisar oposiciones
Otro punto debatido fue la necesidad de que el candidato elegido por el Poder Ejecutivo tenga el necesario respaldo parlamentario para ser ratificado, lo cual implica que la imagen pública del magistrado propuesto sea tranversal en términos ideológicos, hecho que entorpece la designación de un supremo. Cabe recordar que el ministro Humbeto Espejo jubiló hace cuatro meses y su vacante aún no es reemplazada.
El sistema ideal sería uno lo más independiente posible de los otros Poderes del Estado, pero eso necesita de una reforma constitucional que es algo muy difícil de que se pueda lograr", reconoció una fuente consultada, añadiendo que por el momento sería importante pedir que los senadores tuvieran que precisar los motivos por los que vetan a un determinado juez para ascender y "que sólo se trate de decir que sí o que no", remarcó.
Conservadores tienen la llave
En esa medida, algunos ministros opinan que "en los hechos ha resultado que los sectores más conservadores -ligados a la derecha- tienen la llave para abrir o cerrar la puerta al candidato presentado por el gobierno". Por eso, consideraron que los últimos nombramientos sólo han sido representativos de ese sector, evitando que sectores más progresistas estén representados en la Corte Suprema en un porcentaje similar que en la sociedad chilena.
"Al no exigirse a los senadores tener que justificar el rechazo a un candidato se permite que la elección sea sólo en términos de afinidades políticas o ideológicas, lo que ha impedido que un sector más progresista del país tenga derecho a tener representación en la Suprema. Los últimos miembros de este tribunal siempre han sido representativos de los sectores más conservadores y católicos", explicaron.
Profesionalización del sistema
Al referirse al tema, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Diego Simpértigue, dijo que en su opinión no hay necesidad de modificar el actual sistema de nombramientos, pero sí mejorar el actual, introduciendo criterios de profesionalismo en la opinión que emite el Senado y, por otra parte, reforzando la capacitación de los jueces, ya que "la realidad actual es que hay muchos jueces que no tienen la preparación suficiente para ascender".
"Los jueces, por la recarga de trabajo y por el hecho que se cree que pueden especializarse desarrollando sus funciones. No han tenido la oportunidad de poder capacitarse en los términos que hoy se necesita, por la vía de cursos y postgrados, en fin. Por eso, los antecedentes que son útiles al momento de decidir quién tiene que ser nombrado, por regla general, no existen", explicó.
Para Simpértigue, al momento de elegir a un nuevo integrante de la Suprema los senadores tienen a la vista sólo dos antecedentes: antigüedad en el servicio y antecedentes sobre qué tipo de resoluciones han dictado durante su vida profesional, a su juicio, este último punto permitiría que se hagan análisis en razón de consideraciones políticas.
"Aquí hay un problema que tenemos que resolver y que dice relación con la preparación de los magistrados como calificación para optar a cargos superiores, eso se debiera resolver con la modernización de la Academia Judicial, a eso queremos llegar. Pero la realidad actual es que ahora tenemos muchos jueces que no tienen esos antecedentes que pudieran exhibir al momento de ascender. Entonces, sí ahora la evaluación se está haciendo desde la perspectiva de los senadores respecto a de qué forma ha sido el tratamiento que el juez le ha dado al tema de los derechos humanos, sin duda que estamos ante un tema complejo", opinó.
"Estamos ante un tema complejo, porque de la forma en que está compuesto el Senado, probablemente la mitad de ellos va a tener una opinión, respecto del juez que ha resuelto de una forma, y la otra mitad una distinta. Nosotros siempre hemos destacado que una de las cosas valiosas del sistema (judicial) es los jueces puedan tener criterios distintos, entonces si este mecanismo sigue así, vamos a tener el problema porque no se va a poder nombrar tan fácilmente a un juez", añadió.
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