Este es uno de los elementos que indicaría que el general (R) conoció la operación para secuestrar y asesinar a Gerardo Huber. El proceso también arrojó pistas sobre el destino que tendrían los documentos que manejó el malogrado coronel: el periodista inglés Jonathan Moyle, quien investigaba en Chile operaciones de tráfico de armas, pero que falleció en extrañas circunstancias antes de recibirlos.
Varios son los elementos acumulados en el proceso judicial sobre el secuestro y homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares que hacen suponer que el general (R) Augusto Pinochet estuvo en conocimiento de toda la operación para secuestrar y asesinar al jefe de Adquisiciones Exteriores de Logística, con el objeto de «tapar» el escándalo por el tráfico de armas a Croacia por parte de Famae.
Uno de ellos es el documento firmado por 45 altos oficiales de esa rama castrense -que se encuentra adjuntado al caso Riggs- en que se comprometieron a guardar «invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la Máxima Autoridad del Ejército de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte".
Esta acta fue suscrita por cuatro de los cinco ex uniformados que el martes fueron procesados por el ministro en visita del caso Huber, Claudio Pavez. Se trata de los generales (R) Eugenio Covarrubias (ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército), Víctor Lizárraga (otrora subdirector del DINE), Carlos Krumm (entonces jefe de Logística) y el brigadier (R) Manuel Provis (ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército).
Si bien este documento tiene una fecha muy posterior -5 de enero de 1996- a la detección del envío ilegal de armas a Croacia (1991) y la muerte de Huber (1992), es considerada una prueba evidente de que estos uniformados formaban parte del «círculo de hierro» del otrora senador vitalicio.
A ello se suman las declaraciones que han prestado ante el juez Pavez dos de los encausados. El general (r) Krumm afirmó que tras enterarse de que Huber lo mencionó en su comparecencia ante el ministro Hernán Correa de la Cerda, que fue el primer juez en investigar el negocio de las armas, habló con el general Pinochet para darle a conocer «el problema».
Según su versión, el entonces comandante en jefe de la institución lo tranquilizó, aconsejándole que «no se preocupara por eso».
Por otra parte, el ex director del DINE, Eugenio Covarrubias, durante uno de los interrogatorios, dejó entrever que Pinochet daba órdenes directas al entonces jefe del BIE, Manuel Provis, dando a entender que la posible operación para secuestrar y asesinar al coronel Huber pudo haber sido fruto de una orden directa del jefe de la institución.
Al respecto, la abogada que representa al Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, sostuvo que «el BIE y la DINE dependían en buena medida también de la comandancia en jefe del Ejército y, en consecuencia, dada la estructura jerárquica del Ejército y una serie de antecedentes, se da cuenta que Pinochet estaba plenamente informado de lo que estaba ocurriendo y que estuvo involucrado en estos hechos».
En esa medida, anunció que en el futuro cercano pedirán diligencias para dirigir la investigación a aclarar la participación del ex militar.
Los papeles perdidos
En otra arista del caso, el ministro Pavez se encuentra tras la hebra investigativa del destino que tuvieron los documentos que supuestamente escondió el coronel Huber, y que tendrían relación con el tráfico ilegal de armas realizado por Famae.
En ese marco, según fuentes allegadas a la causa, cada vez toma más fuerza los antecedentes entregados por un posible ex miembro del FPMR que se habría «infiltrado» en la unidad de Arsenales de Guerra del Ejército, como empleado civil de dicha repartición, con el objeto de recabar antecedentes sobre detenidos desaparecidos.
El testimonio data de 2003, época en que en que este ex frentista -cuya identidad se mantiene en estricta reserva- declaró ante dos detectives que lo interrogaron en Holanda, donde tiene el estatus de refugiado político. Su declaración, sin embargo, se produjo en el marco del proceso sobre la desaparición de cinco militantes del Frente en 1987.
Si bien este testimonio no fue muy provechoso para esclarecer esos crímenes -perpetrados en represalia al supuesto secuestro del coronel Carlos Carreño-, ni tampoco ha sido verificado por las indagaciones policiales, aportaría elementos verosímiles sobre las actividades de Huber antes de que fuera asesinado.
La declaración del testigo reservado ya se encuentra anexada al caso Huber, mediante el interrogatorio de los dos policías que lo entrevistaron en el país europeo. Sin embargo, próximamente el juez Pavez pediría una nueva declaración, mediante un exhorto, pero con la presencia de miembros de miembros de Investigaciones.
Según el testimonio aportado por este ex frentista, meses antes que el escándalo por el envío de 11 toneladas de pertrechos a la ex Yugoslavia estallara públicamente, el malogrado uniformado tomó contacto con él a través de una mujer, que también trabajaba en Arsenales.
En su primer encuentro, Huber le habría dado a entender que conocía su condición de opositor al régimen militar y que, por esa misma razón, confiaba en él para que guardara cierta documentación. De esa forma, ambos habrían pactado encuentros periódicos en los que en total le habría entregado cinco carpetas, con facturas y documentación relativa al tráfico de armas.
El testigo sostuvo que, tras enterarse de la venida a Chile del periodista inglés Jonathan Moyle, decidieron que éste era el mejor receptor de los documentos, ya que el profesional se encontraba realizando una investigación sobre envío ilegal de pertrechos desde Chile a países del Medio Oriente.
Sin embargo, la extraña muerte del reportero, el 31 de marzo de 1990, no permitió que se concretara la idea. Moyle fue encontrado muerto en su habitación del ex Hotel Carrera, donde supuestamente se ahorcó involuntariamente durante un acto de connotación sexual, aunque varias son las dudas que siguen rondado ese deceso.
Tras este hecho, los encuentros entre ambos se interrumpieron, y el supuesto funcionario civil del Ejército habría pedido su traslado a Arica. Según el relato, tras la muerte de Huber, en febrero de 1992, se retiró del Ejército y siguió viviendo en la norteña ciudad, pero tomó la precaución de destruir toda la información.
Todo transcurrió en normalidad hasta 1997 cuando, aseguró, fue víctima de un secuestro por parte de militares quienes intentaron asesinarlo, pero pudo escapar escondiéndose en Antofagasta, tras lo cual pidió asilo político en la embajada de Holanda.
Tras el autor material
Ahora, las próximas diligencias del caso se encaminarán a determinar quién o quiénes fueron los autores materiales del homicidio de Huber, cómo se llevó a cabo, comprobar que si efectivamente se utilizó la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) para mantenerlo secuestrado, así como determinar que otras estructuras militares estuvieron comprometidas.
En cuanto a quienes serían los que ejecutaron el crimen, la representante del CDE sostuvo que «nosotros tenemos varios antecedentes respecto a que claramente debió haber sido el Batallón de Inteligencia del Ejército el que ejecutó materialmente el hecho".
«Han habido múltiples contradicciones, mentiras, falsedades inverosímiles de manera que esto ha obstaculizado la determinación concreta de los autores del crimen. Pero esto es algo que en poco tiempo debería estar resolviéndose, porque todo apunta a la intervención directa de Víctor Lizárraga y Manuel Provis en estos hechos", afirmó.
«Se ha logrado establecer que (Huber) fue víctima de un disparo de alta potencia, incluso supersónico, con alto poder de daño y que pudo haber producido el nivel de daño que se encontró en el cadáver. Se demuestra que no permaneció en el río durante todo el tiempo que estuvo perdido. No hay ningún informe médico que contradiga estos hechos, ya que no hay signos de arrastre de agua ni otro tipo de signos de permanencia en el lugar», añadió Horvitz.
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