»En números redondos, durante el régimen militar, entre 1973 y 1989, las Fuerzas Armadas recibieron por este concepto 2.500 millones de dólares y durante el período de democracia, de 1990 al 2005, se les entregaron 5.000 millones de dólares», afirma el analista de defensa Eduardo Santos. Cálculo no incluye el aporte de este año, que se estima será de US$ 1.200 millones.
A partir del retorno de la democracia a nuestro país, hace 16 años, uno de los temas que más se ha criticado en relación a la Política de Defensa es la Ley Reservada del Cobre, que establece que un 10% de las ganancias derivadas de las exportaciones del metal rojo realizadas por Codelco deben ser destinadas al financiamiento de las adquisiciones de material bélico para las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, transcurridos ya tres gobiernos de la Concertación, aún no se ha logrado modificar esa ley por falta de voluntad política y porque sólo el año pasado -cuando el precio del metal rojo llegó a más de dos dólares la libra- se tomó conciencia de este hecho y algunos políticos han propuesto derogar dicha iniciativa.
La norma establece un piso mínimo de 260 millones de dólares anuales para esos aportes financieros, los que deben ser distribuidos en partes iguales, es decir en tres tercios, entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Pero estos últimos años esa cifra se ha superado ampliamente.
Sólo durante la administración Lagos se otorgaron más de 2.435 millones de dólares a las Fuerzas Armadas. El año pasado las remesas por dicho concepto sumaron 850 millones de la moneda estadounidense; 556 millones de dólares en el 2004 y 253 millones en el 2003. En 2002 se registró el menor aporte durante el gobierno de Lagos, con sólo 223 millones, mientras que en 2001 y 2000 fueron de 257 millones y 296 millones, respectivamente.
La generosidad de la democracia
El analista Eduardo Santos, de la DC, es experto a la hora de sacar cuentas respecto del gasto en Defensa. Tras hacer un estudio comparado, entre lo que entregó esta ley durante los 16 años del régimen militar y los gobiernos de la Concertación en 16 años de democracia, Santos concluye que las administraciones civiles le han dado a las Fuerzas Armadas un 70% más que bajo el régimen de Pinochet.
"En números redondos, durante el régimen militar, entre 1973 y 1989, las Fuerzas Armadas recibieron 2.500 millones de dólares y durante el período de democracia, de 1990 al 2005, se les entregaron 5.000 millones de dólares" señala el experto. Quien puntualiza, asimismo, que este calculo no incluye lo que dará la normativa para este año, una cifra que se estima alcanzará unos 1.200 millones de la moneda estadounidense.
Si se corrige la cifra por el Índice de Precios al Mayor de Estados Unidos, que es el factor que se utiliza para llevar los montos a dinero en efectivo actualizado, significa que en 16 años "la Concertación dió por concepto de esta ley, un 70% más que lo que entregó el régimen militar", precisa el profesional.
Explica que, cuando el precio de la libra de Cobre llega a 99 centavos de dólar, ello da como resultado un presupuesto para adquisiciones de equipo militar de 400 millones de dólares. Pero con los valores actuales del metal rojo hay 800 millones de dólares que van a sobrar, más los 300 millones de dólares del año pasado, que "no se pueden ocupar para nada más que adquisiciones de equipamiento bélico".
El uso de los excedentes
Pese a que siempre se ha dicho que las platas de la Ley Reservada del Cobre sólo se deben destinar a adquisiciones para las Fuerzas Armadas, el cuerpo legal no precisa que tipo de compras se deben hacer, señalaron a El Mostrador.cl fuentes cercanas a Defensa.
Las fuentes subrayaron que "la Ley Reservada no dice qué tipo de adquisiciones va a financiar, ni establece que èstas sólo se pueden destinar a la adquisición de armas. Se puede, por ejemplo, comprar por anticipado todo el petróleo o combustible para las Fuerzas Armadas con el dinero restante de esta normativa, y la plata que estaba destinada a ese fin, bajo la Ley General de Nación, se podría destinar a gasto social".
Lo anterior significa que se puede realizar una permuta de ítems, como, por ejemplo, "el pago de los teléfonos y el consumo de gas de las reparticiones de las fuerzas armadas, que son adquisiciones militares, se podrían pagar con la Ley del Cobre, ya que ésta no dice que el dinero está destinado sólo a la compra de armas".
En consecuencia, lo que "antes estaba asignado a ese fin dentro de los gastos generales de Presupuesto de la República se puede dejar libre, para destinarlo a gasto social. Se hace una permuta del origen de los fondos, para financiar otros gastos de la Ley de Presupuesto que no sean relacionados con personal".
«Un factor de distorsión»
Para José Higuera, especialista en Relaciones Internacionales y Seguridad de la Comisión de Defensa del PPD, "el principal problema con la Ley Reservada del Cobre es que establece que las Fuerzas Armadas deben gastar o comprometer obligadamente, cada año, una cantidad de dinero en proyectos de adquisición o renovación de material. En su forma actual, la ley establece un piso, el que debe ser gastado sí o sí por las Fuerzas Armadas, porque está ahí y en teoría sólo puede ser usado para ese fin. Esto es muy típico de nuestro país, muy acorde con ese dicho que habla de poner la carreta delante de los bueyes".
En opinión de Higuera, "la renovación del equipamiento de la Defensa debe ser definida, planeada e implementada en función de las necesidades reales que tiene el país en este campo, y no ser dictada por la disponibilidad de unos recursos financieros que por un lado están garantizados y, por otro lado, deben ser forzosamente gastados».
Agrega que «es por eso que, en su forma actual, la Ley Reservada del Cobre constituye un factor de distorsión, que dificulta hacer una efectiva planificación en el mediano y largo plazo de los ciclos de adquisición, renovación y reemplazo del equipamiento de las FFAA".
Respecto de la entrega de mayores recursos bajo los gobiernos de la Concertación, el especialista del PPD subraya que "la Ley Reservada del Cobre, en su forma actual, con el piso de 270 o 290 millones de dólares y la distribución en tres tercios, fue introducida al final del régimen del general (R) Pinochet, cuando este ya había sido derrotado en el plebiscito de 1988 y se veía venir el primer gobierno de la Concertación. Había entonces un enorme temor en los mandos de las Fuerzas Armadas, que pensaban que los gobiernos civiles intentarían dejar a sus instituciones sin financiamiento".
"La economía nacional nunca fue tan robusta durante el régimen de Pinochet, y es por eso que, salvo la emergencia que representó la crisis de 1978 con Argentina, a la que siguió una gran depresión en los años 80a, el presupuesto de Defensa se mantuvo relativamente bajo en ese periodo. Y a eso se sumaban los embargos impuestos por distintos países, prohibiendo a sus fabricantes vender equipo militar a nuestro país».
Explica que «por un lado no habían muchos recursos financieros y por otro tampoco había mucho equipo disponible para comprar. Por ejemplo, la Armada, que necesitaba modernizar su flota para enfrentar la amenaza aún latente de Argentina, tuvo que implementar un drástico plan de reducción de personal. Seis mil oficiales y gente de mar fueron entonces llamados a retiro, focalizando la selección en aquel personal que no tenía antigüedad suficiente para irse con una pensión mayor. Fue con los recursos ahorrados por esa vía, y no con un mayor ingreso de recursos, que el general Pinochet le negó, que la Armada financió su programa de modernización Olimpo de los años ochenta".
"El presupuesto destinado a la adquisición y renovación del equipamiento militar debe ser fijado en base a las necesidades objetivas del país, según las políticas de Defensa y Relaciones Exteriores, y con criterios que privilegien la visión conjunta y de mediano y largo plazo», indica.
Higuera concluye que «eso requiere de un marco financiero y legal que puede o no estar ligado a las exportaciones de Cobre de Codelco, pero que debe considerar variables como el Producto Interno Bruto (PIB) del país y el Presupuesto General de la Nación. Lo importante es que sea flexible pero a la vez establezca límites, para evitar la situación absolutamente irreal e insostenible en el tiempo generada por los excedentes del Cobre. Dentro de las condiciones antes mencionadas, ese marco financiero debe garantizar una estabilidad financiera, para que las Fuerzas Armadas puedan mantener las capacidades operacionales que el cumplimiento de sus tareas requiere" .
mlopez@elmostrador.cl
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