Si bien el coronel (r) Sergio Cea declaró como testigo, la intención del CDE sería demostrar que los tribunales castrenses se prestaron para ocultar a los verdaderos responsables de la venta ilegal de material bélico, en 1991. En tanto, el ministro Alejandro Solís también interrogó al ex fiscal militar Alberto Rozas y al otrora ministro de Defensa, el DC Patricio Rojas.
En una diligencia desarrollada en dependencias de la Corte Marcial, el ministro en visita Alejandro Solís interrogó este miércoles en calidad de testigo al ex fiscal general del Ejército Sergio Cea Cienfuegos, en el marco de la investigación por el contrabando de armas a Croacia detectado en noviembre de 1991.
La declaración indagatoria corresponde a una serie de diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que busca aclarar si durante los 13 años que la causa estuvo en manos de la Fiscalía Militar hubo maniobras de ocultamiento para proteger a los verdaderos responsables de la transacción ilegal.
El envío quedó al descubierto en noviembre de 1991, luego de que en el aeropuerto de Budapest, Hungría, se encontraran 11 toneladas de pertrechos que ex funcionarios de la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae) enviaron a la ex Yugoslavia, durante el período en que sobre esa nación pesaba una prohibición internacional de adquirir armamento dado la guerra interna que atravesaba.
Tras más de una década de investigación, en agosto del año pasado, el Segundo Juzgado Militar sólo condenó a cinco años y un día, como autores de exportación ilegal de armas, al capitán (R) de la FACH Patricio Pérez Villagrán y al entonces capitán de Ejército y jefe (S) del Centro de Negocios de Famae al momento de los hechos, Pedro Araya Hermosilla. Asimismo, sancionó con 540 días de pena remitida el ex empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana, por fraude aduanero.
Sin embargo, tras la decisión de la Corte Marcial de reponer la causa a estado de sumario, por las graves omisiones que se cometieron en primera instancia, en sólo ocho meses el juez Solís procesó a los generales (r) Guillermo Letelier Skinner, Carlos Krumm, Vicente Rodríguez (Fach), además del mayor (r) Carlos Sepúlveda Cataldo, el coronel (r) David Fuenzalida González y el empleado civil y encargado de Finanzas de Famae José Sobarzo Poblete, como autores de exportación ilegal de armas, junto a la ex secretaria del general (r) Krumm, Carmen Molina, como cómplice del mencionado ilícito.
Participación
Según estableció Solís tras realizar un peritaje a las firmas que constaban en la fase sumaria del antiguo expediente del caso, el primer fiscal militar a cargo de las indagaciones fue el coronel (r) Raúl Rozas, a quien también interrogó en calidad de testigo. En una segunda etapa se hizo cargo el coronel (r) Sergio Cea, quien ocupó hasta el año pasado el cargo de fiscal general de Ejército, es decir, jefe del Ministerio Público Militar, parte querellante en el caso.
Si bien el CDE solicitó que ambos fueran requeridos en calidad de inculpados, el magistrado primero optó por tomarles una declaración indagatoria como testigos, ya que para exhortarlos a decir verdad tendría que ser por medio de una querella de capítulos, pues ambos tienen rango de juez de primera instancia.
Aunque oficialmente no se conoció el resultado de estas diligencias, trascendió que habrían sido de poca ayuda para establecer el posible delito de prevaricación que quiere demostrar el organismo fiscal.
En todo caso, sólo estos dos ex funcionarios militares serían los responsables directos de la investigación de la justicia castrense, ya que en 1991 el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Ricardo Gálvez (hoy supremo) se declaró incompetente, y el general Miguel Trincado sólo participó en la fase plenaria del proceso y se limitó a dictar las condenas.
Declaración de ex ministro
Por otra parte, el pasado 18 de agosto el ministro Solís interrogó al que en 1991 ocupó el cargo de ministro de Defensa del primer gobierno de la Concertación, el DC Patricio Rojas, quien visó la venta del armamento que supuestamente se dirigiría a Sri Lanka.
Esta diligencia se realizó a petición de la defensa del general (r) Guillermo Letelier Skinner, quien a esa fecha ocupó el cargo de director de Famae.
Según trascendió, el ex secretario de Estado reiteró sus dichos referentes a que fue «engañado» por el mencionado uniformado al momento de pedir la autorización para la venta de material bélico presuntamente obsoleto a Sri Lanka.
En ese sentido, aseguró haberse dado cuenta de esa situación luego de que las armas fueron descubiertas en Hungría y comunicarse con su par de la mencionada nación y que éste aclarara que nunca hubo intenciones de realizar ese negocio por parte de ellos.
Requerido por la fecha en que realizó la denuncia ante los tribunales de justicia, el médico dijo no recordarla, pero que en esa época fue realizada ante el 18° Juzgado del Crimen y, posteriormente, se pidió a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita.
Además, sostuvo que en la acción judicial se acompañaron copias de los documentos de dicha transacción pero que ni él, ni su entonces subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, tuvieron acceso a los originales.
Rojas añadió que, tras el escándalo en Hungría, incluso tomó contacto con el entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien le reconoció que si bien conoció la operación, también tenía entendido que el cargamento estaba dirigido a Sri Lanka, y que en ese sentido estuvo de acuerdo por considerarlo un buen negocio para Famae, pues se trataba de material en desuso. Sin embargo, el ex secretario de Estado aclaró que el otrora jefe castrense le dio una respuesta vaga al inquirirlo sobre si le constaba fehacientemente que eran elementos obsoletos.
Nuevos interrogatorios
En las últimas semanas el magistrado ha intentado interrogar a los otros compradores que quisieron cerrar el trato para vender armas a Croacia.
Sin embargo, sólo ha podido tomar declaración en calidad de testigo al intermediario Pedro del Fierro, quien habría señalado que obtuvo los papeles que supuestamente eran del Ministerio de Defensa de Sri Lanka en su empresa de origen portugués.
Aunque Del Fierro reconoció que el destino final era Croacia, producto de un retraso en la recepción del dinero para concretar la transacción, finalmente las armas las compraron Ives Marzialle y Sydney Edwards, quien representaban a otra compañía.
Fuentes allegadas a la investigación informaron que aún se encuentra pendiente el peritaje patrimonial de los procesados y que el magistrado solicitaría un nuevo peritaje sobre el valor de las armas. Asimismo, están citados a declarar el ex subsecretario de Investigaciones en 1991, coronel de Ejército Jorge Pantoja, y el entonces director de la policía civil Horacio Toro.
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