«Pediremos a Corte Interamericana un relator por condiciones carcelarias»

Este martes los abogados Domingo Lovera y Jorge Contesse, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, expondrán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crítica situación carcelaria en Chile, caracterizada por un fuerte hacinamiento, la existencia de tratos crueles y degradantes; y un débil trabajo de rehabilitación, según lo constatan ya varios informes de esa casa de estudios.



Desde Washington DC, los profesionales, que cursan actualmente estudios de postgrado -Lovera una maestría en Columbia y Contesse un doctorado en Derecho en Yale- adelantaron para El Mostrador.cl, los principales contenidos de su alegato ante la justicia internacional, y también comentan los avances y retrocesos del caso chileno en la materia.



El Programa de Derechos Humanos de la casa de estudios ya emitió sendos informes muy críticos de la situación carcelaria del país en 2004 y 2005, los que fueron, en lo esencial, desestimados por Gendarmería. Las conclusiones de este último, debidamente actualizadas, son las que se exponen este martes ante la CIDH. Y bastante agua ha corrido bajo el puente, partiendo por un fallo del mismo organismo internacional por negación de acceso a información de entidades públicas en Chile en el caso Trillium y el fallo sobre la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía.



– ¿Considera que el anunciado, por parte del Gobierno, destrabamiento de las operaciones de concesiones a privados en materia de infraestructura carcelaria pudiera representar una mejoría en el corto y mediano plazo en la situación carcelaria del país?
– Lovera: Es posible pensar en una respuesta en tres niveles para esta pregunta. Primero, en el informe del año 2005 ya habíamos hecho ver que la construcción de más cárceles no es, en sí, una solución de fondo. Como se ha señalado varias veces, no conocemos país del mundo donde las cárceles tengan espacios disponibles. Ello es especialmente cierto en el caso chileno, el país con la tasa per capita de presos más alta de América Latina.



Segundo, una vez descartado que el país no está en condiciones de construir cárceles que permitan augurar que nunca más habrá problemas de hacinamiento, resta analizar si acaso la intervención de privados en estas áreas es aconsejable. La experiencia comparada indica que privados y organismos de gobierno trabajan con lógicas, objetivos y responsabilidades distintas, situación que merece atención especial tratándose de la administración de la población penitenciara del país. Y finalmente, la construcción de más cárceles, un proceso que ha estado plagado de deficiencias en su implementación, no responde las críticas de fondo del informe relativas a la ocurrencia de torturas, abusos y tratos crueles inhumanos y degradantes.



– En el informe de la UDP, citando análisis de Flacso, se hacen una serie de cuestionamientos de fondo al sistema de concesiones realizado en Chile. En esta área, considera que existen cambios positivos en materia de costos, estándares de calidad, espacios y otros, producto de los cambios al proceso en los últimos meses, o derechamente se requiere de inyectar más recursos públicos?
– Lovera: Primero, y reiterando lo anterior, creemos que la respuesta al hacinamiento va más allá de un tema de recursos. No creemos que la única solución sea la construcción de más cárceles. Un aumento del número de cárceles disminuirá en algo el hacinamiento. Pero esas construcciones son irrelevantes si no se va de la mano con una política criminal razonable en que se busquen salidas alternativas a la privación de libertad. Las penas, en Chile, por ejemplo para los delitos contra la propiedad, son extremadamente altas.



Segundo, es preciso que se mejoren las condiciones de los gendarmes. Es inaceptable que ellos, por ejemplo, deban costear sus uniformes. De todas formas, ello es sólo uno de los factores a considerar. Nadie pretende que mejorando las condiciones de los gendarmes se solucionen todos los abusos. Las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes no se debe a la precaria condición de los funcionaros, sino a la ausencia de una política clara de asumir, y entrenar a los funcionaros en esa vía, que quienes están privados de libertad conservan todos sus demás derechos fundamentales.



– Ustedes han afirmado que tuvieron muchos problemas para acceder a datos claves referidos al funcionamiento del sistema carcelario chileno, tales como el número de reclusos muertos en un período determinado. ¿Cómo estiman que queda esa situación de problemas de acceso a información de entidades públicas después del reciente fallo que condenó al Estado chileno en caso del proyecto forestal Trillium?
– Lovera: Este es un asunto de la mayor importancia. Gendarmería ha desestimado los dos informes previos, los que califica como una opinión más sobre la situación carcelaria en Chile. En general, han señalado que el informe carece de rigurosidad en cuanto a la información que se presenta, así como en cuanto a la metodología de entrevistas que se utiliza para recabar los antecedentes. Entonces, el negocio de la institución estatal acá es redondo. No entrega información; luego descalifica las apreciaciones críticas.



Con todo acá hay dos temas. Es preciso recordar que la negativa de Gendarmería de entregar información que se solicitó para elaborar los informes (relativa, por ejemplo, al número de denuncias y sumarios administrativos efectuados al interior del servicio) gatilló un juicio interno. Tanto en primera instancia, como en la Corte de Apelaciones, se reconoció el derecho del Programa de DDHH —y de la ciudadanía toda—de acceder a la información solicitada. El problema particular en este caso, es que la Corte de Apelaciones estableció que Gendarmería podía cobrar un monto por la elaboración de los datos que se solicitaban —datos que Gendarmería, por lo demás, afirmó tener.



Otra cosa es el efecto de la sentencia de la Corte Interamericana en las normas chilenas sobre acceso a la información y transparencia. En el caso concreto de Gendarmería, este servicio debería asumir cuán importante resulta que la información sea puesta en manos de la comunidad para que ésta evalúe su desempeño. Los estándares sobre transparencia y publicidad deberían ser incorporados por Gendarmería, es cierto, pero también por todo otro servicio público y poder del Estado.



– También cuestionan bastante el rol de los jueces de Garantía, que al final no hacen mucho por recoger los reclamos de la población penal. ¿Es posible pensar en algún tipo de figura especial o que la llamada Comisión Defensora Ciudadana, pudiera actuar en este campo?
– Contesse: En el derecho comparado existen distintas salidas para este problema. En algunos países, como España o Colombia por nombrar algunos, existen los denominados jueces de ejecución de la pena. A su cargo tienen la responsabilidad de supervigilar el cumplimiento de la sanción penal que ya ha sido impuesta en juicio, velando por que tanto los derechos de la víctima como los de la sociedad sean resguardados, sin desatender la protección de los derechos fundamentales del condenado. Creo que este último punto es el más sensible hoy en Chile: debemos, en primer lugar, entender que los presos no pierden todos sus derechos cuando cumplen una condena. Basta recordar la infame idea de tener una isla con presos relegados: fue Joaquín Lavín quien la anunció al calor de la contienda electoral, pero no debe olvidarse que la propia Concertación evaluó en algún momento ese proyecto. Eso es propio de otra época.



Lo que el informe da cuenta, y que ha sido confirmado por la propia fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, es que una vez que una persona en Chile es condenada por un delito, su condición humana comienza a deteriorarse, transformándose en definitiva en un elemento ajeno a la comunidad. Si es eso lo que queremos como sociedad, entonces construir cárceles alejadas del territorio nacional es una posibilidad; si, como suele decirse, creemos, o queremos creer, en la rehabilitación de quienes delinquen, entonces necesitamos abordar ya este problema.



– ¿La Defensoría Penal Pública no tiene atribuciones para ejercer un rol fiscalizador de las condiciones de los reos? ¿Qué le parece la presentación que hicieron algunos parlamentarios, en orden a hacer más efectiva y urgente la independencia de la Defensoría Penal Pública, que tuvo una fuerte controversia con el ministro del Justicia, sobre la situación carcelaria?
– Lovera: Los defensores penales tienen el deber legal de realizar visitas a los recintos penitenciarios, y recoger las denuncias y quejas que los internos posean. En la práctica estas visitas no han funcionado. De una parte, la visita se ha transformado en un trámite meramente formal. Los defensores van a las cárceles, pasan lista, entregan información relativa, por ejemplo, a los delitos por los cuales se han formalizado a algunos imputados. Pero no funcionan como una vía de escape y control a las denuncias sobre abusos. De otra parte, es cierto que Gendarmería hace las cosas difíciles. Por ejemplo, es común que en las entrevistas entre defensores e internos esté siempre presente personal de Gendarmería, lo que desincentiva, por razones obvias, las denuncias.



Ahora, es cierto también que algunos esfuerzos tampoco encuentran eco en las autoridades judiciales superiores. Cuando el Juez Daniel Urrutia comienza sus investigaciones y entrega plazos a Gendarmería para que adecue sus instalaciones, de suerte que se respeten los derechos fundamentales de los internos, la Corte Suprema se reúne en pleno para evaluar si acaso él estaba actuado dentro de sus facultades. ¿Y qué hay de las violaciones? Y este tipo de situaciones es importante para evaluar la necesidad de la implementación de la Defensoría del Pueblo. Curiosamente cuando dicha iniciativa se propuso a comienzos de los 90, la Corte Suprema la calificó como innecesaria, pues entre sus facultades ya se encontraba contemplada la defensa de los derecho humanos. La inexistencia de una Defensoría del Pueblo es, nos parece, una muestra clara de la más absoluta falta de voluntad política.



– ¿Qué le parece la posibilidad de que un relator especial de la Comisión Interamericana para el tema carcelario visite Chile el próximo año?
– Lovera: La visita del Relator sobre Condiciones Carcelarias es necesaria. Creemos que es una buena forma de transparentar qué es lo que ocurre en los recintos penitenciarios chilenos. Con el relator en Chile, el Estado —y Gendarmería, en particular— debe abrir sus puertas y entregar toda la información que el relator, luego, utilizará para confeccionar su informe. Ese resultado podrá ser luego cotejado con las demás denuncias que hemos efectuado y sentará, nos parece, las bases para el trabajo futuro de las instituciones penitenciarias chilenas, siempre dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Somos de la opinión de que el Estado chileno debe extender la invitación al Relator. Nosotros así lo solicitaremos. Quien nada hace, nada teme. Si las cosas no son cómo se describe en el informe, supongo que al Estado chileno le gustará tener un informe latinoamericano que confirme que nuestras cárceles —como señalan— funcionan bien.



Relaciones sociales criminalizadas



– El gobierno parece dispuesto a escuchar lo que están diciendo los tribunales internacionales, por ejemplo, con el reciente fallo sobre la nulidad de la Amnistía. ¿Cuáles serían las tres medidas centrales, según su criterio, que debiera adoptar el Ejecutivo para dar una solución más integral al tema carcelario en Chile?
– Contesse: Lo primero, creemos, es abandonar la idea según la cual a mayor número de cárceles, mejores condiciones. Está probado que ello no es así. Más cárceles da cuenta de una comunidad que tiende a crear relaciones sociales criminalizadas —una separación entre buenos y malos, que ayuda mucho a la inseguridad ciudadana—, no de una sociedad que quiere terminar con el delito. Segundo, debe establecerse un sistema de incentivos para la población penitenciaria que hoy no ve cómo estar en la cárcel pueda ayudarle a revertir su carácter delictual. La cárcel en Chile o profundiza los rasgos de marginación social o crea nuevos allí donde no existían. Por último, y esto debiera ser lo primero, debemos reorientar la política criminal. No es posible que el país que tiene las tasas de delitos más bajas de la región sea el que tiene las tasas de población carcelaria más altas. Algo anda muy mal allí.



– Específicamente en el tema rehabilitación parece existir un déficit muy pronunciado. ¿Qué cabe desarrollar allí?
– Contesse: Efectivamente. Debe reconocerse que el Ejecutivo ha realizado esfuerzos encaminados a que los llamados "primerizos" eviten, en lo posible, el contacto con delincuentes comunes. Pero los esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo y, más aún, han de responder a una política criminal coherente que es, precisamente, lo que falta en Chile. Si las autoridades abandonan la actitud de negación ante la crítica que se hace desde centros de estudios, podríamos trabajar juntos en idear soluciones para efectivamente rehabilitar a quienes están presos.



Por ejemplo, se pueden establecer convenios laborales en determinadas áreas: si un preso cumple con determinados estándares y se le ofrece la posibilidad real de acceder a un trabajo, bajo la supervigilancia de un juez de ejecución de la pena, tendrá más obstáculos a la hora de aceptar entrar a la banda delictiva que lo seduce en la cárcel. Pero si a mí no me ofrecen nada, nada, ¿por qué voy a abandonar lo que algunos llaman, con poca fortuna, la carrera delictual? Quien diga, ante esto, que a los que delinquen más que andar ofreciéndoles incentivos lo que hay que hacer es simple y solamente castigarlos, entonces de nuevo, la idea de construir cárceles en islas lejanas asoma como posible y, de paso, borramos de una plumada los compromisos internacionales sobre derechos humanos a los que nos hemos obligado.



– ¿Qué puntos centrales buscan ustedes subrayar ante la Comisión Interamericana respecto de la situación carcelaria del país y cuáles son sus aspiraciones respecto de las decisiones o determinaciones que pueda adoptar?
– Contesse: Ante todo queremos darle seguimiento a una situación que se viene planteando a la Comisión desde hace un par de años: hacinamiento, tratos crueles e inhumanos dentro de las cárceles, falta de respuesta estatal ante solicitudes de información pública y poca receptividad a la hora de enfrentar críticas. La Comisión se ha interesado mucho en este tema y el Relator Especial quiere visitar el país, pero aún falta el compromiso del Estado. El Gobierno debe invitar formalmente al Relator. Queremos discutir con el Estado cómo avanzar en este problema, a través de un diálogo inteligente y constructivo. Ello supone, desde luego, reconocer los esfuerzos que el Estado realice y denunciar las situaciones que no son aceptables bajo los estándares de derechos humanos.



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