Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana sostiene que otras alternativas, como la derogación y la interpretación, sólo servirían para legitimar la polémica norma y »eso significaría un peso político tremendo, el hecho de justificar cómo un gobierno socialista esté validando, en algún momento, esa ley que constituye un rechazo a la conciencia del país».
Mientras el Gobierno escucha las opiniones de distintos sectores respecto al mejor mecanismo para terminar con la vigencia del Decreto Ley de Amnistía, ya están surgiendo voces respecto a que no existe otra opción para el Ejecutivo que la de inclinarse por la nulidad de esta polémica norma, que extingue la responsabilidad penal de quienes violaron los derechos humanos durante los primeros años del régimen militar.
Esa es la opinión del abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana, Manuel Jacques, para quien sería «impresentable» que el Ejecutivo recurriera a plantear otras alternativas, como la derogación o la interpretación, para dar cumplimiento al fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado de Chile que la Amnistía «no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción» de los responsables de dichos delitos.
El también dirigente de la Izquierda Cristiana y el Juntos Podemos Más ha participado en los últimos días, junto a otros expertos, en las reuniones convocadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para estudiar el tema, las que sirvieron a la entidad para fijar una posición oficial que será conocida en los próximos días.
«La nulidad es un imperativo jurídico, ético y político»
En conversación con El Mostrador.cl, el académico manifestó que la anulación de la amnistía «es un imperativo jurídico, ético y político», por cuanto se trata de una normativa que constituye una «perversión y una aberración» en esas tres dimensiones.
«Jurídico, en primer lugar, porque no es posible que pueda seguir existiendo un Decreto Ley de las características que tiene la Ley de Amnistía. No existe hoy día, en la conciencia jurídica mundial, la posibilidad de que leyes de esa naturaleza sean legitimadas por el orden social y por el pueblo. Desde el punto de vista jurídico, es entonces un atentado a la justicia y a la legitimidad de las naciones el hecho de que exista un decreto de estas características, que establece el auto perdón», sostuvo.
Agregó que en el plano de la ética, la conciencia del país no puede permitir la existencia de un ley que protege a quienes cometieron «los delitos más aberrantes que existen y que se pueden concebir, que son los de lesa humanidad y que hoy día la conciencia mundial también ha sancionado imperativamente», como lo demuestra el fallo de la CIDH.
Y en términos políticos, Jacques afirma que cualquier otra alternativa distinta de la nulidad sería «blanquear el autoperdón», estableciendo que lo que se hizo en esa época (de la dictadura) estuvo bien hecho, «porque si bien no provoca efectos en adelante, no se objeta el efecto que produjo. Eso significaría un peso político tremendo, el hecho de justificar cómo un gobierno socialista esté validando, en algún momento, esa ley que constituye un rechazo a la conciencia del país».
El dirigente de izquierda señaló que si se anula, en cambio, la Ley de Amnistía, «todo lo que se haya resuelto en base a ella tiene que ser reconsiderado, volverse a ver», por cuanto «no existe el principio de cosa juzgada y así lo establece la Corte Interamericana, cuyo fallo es extremadamente claro».
Riesgos para la democracia
Manuel Jacques advierte también que cualquier acuerdo político para interpretar o derogar el Decreto Ley dictado en plena dictadura significaría un atentado contra la democracia, en el sentido de que ésta se construye «sobre la base de la convivencia nacional y sobre la base de acuerdos fundamentales respecto a que hay ciertas cosas que no pueden ser violadas, entre otras, los derechos humanos fundamentales».
«La democracia no puede ser entendida en reglas del juego en que uno de los jugadores viola y ofende al pueblo de esa manera; o sea, aquí hay una ofensa de carácter jurídico, hay una ofensa de carácter político, en términos de la ofensa a la democracia, y una ofensa de carácter ético a la conciencia y a la reserva moral que un pueblo debe tener para poder sentirse limpio en la convivencia y en la construcción social».
En ese sentido advirtió que este asunto debe separarse de la discusión política en términos pragmáticos, ya que con ella «se buscan acuerdos para no herir susceptibilidades de un sector u otro».
No a la reinterpretación
Bajo ese argumento planteó su discrepancia con los alcances del proyecto de ley que se tramita en el Parlamento y que busca terminar con los efectos de la Amnistía por la vía de la reinterpretación del artículo 93 del Código Penal.
«Yo creo que el acuerdo de parlamentarios para establecer una ley interpretativa o para establecer un acuerdo con las características que tiene una ley de esa magnitud, generaría un blanqueo político a una situación que no puede ser aceptada, y entonces en ese sentido yo tengo una posición discrepante», sostuvo.
Al respecto el académico insistió en que «aquí no hay un problema de conveniencia, de utilitarismo, de lo conveniente o no conveniente por el acuerdo político, por lo que va a ser, o lo que no van a decir, etcétera. Eso no corre aquí, porque fundamentalmente se trata de un imperativo ético que no se puede soslayar, y como es una discusión ética no puede transarse, no puede negociarse, porque de alguna manera se valida la atrocidad y la conculcación de los derechos fundamentales».
Derechos humanos y globalización
Finalmente, Manuel Jacques sostuvo que el gobierno chileno «está en una situación en que no puede desoír lo que es la voluntad colectiva a nivel internacional», la que se ha manifestado en las últimas décadas a través de una globalización que no se expresa sólo en aspectos económicos y del mercado, sino que también con el surgimiento de organismos que establecen una regulación mínima de respeto a los derechos fundamentales.
«A partir de esa regulación fundamental mínima que debe existir a nivel de los pueblos del mundo, se han creado distintas instancias jurisdiccionales y una de las más importantes es la Corte Interamericana. Por eso se han dictado tratados, pactos y acuerdos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que Chile ratificó en 1990».
Por ello, estimó que «el gobierno de Chile tiene que someterse a estos criterios de regulación mínima de la convivencia mundial, sin lo cual el mercado y la perversión de determinados gobiernos harían lo que quisieran con los pueblos. Necesariamente entonces, el gobierno no tiene que desoír los criterios que se están dictando a nivel mundial en relación a estos aspectos y la Corte Interamericana ha sido extremadamente clara en que no puede haber cosa juzgada, y que la Amnistía es un decreto que debe ser anulado».
