Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales plantea la necesidad de rebajar la carga laboral de sus colegas que según sus datos asciende a 1.500 por profesional. Otro de los desafíos es igualar sus condiciones laborales con las de los magistrados, tanto en materia de sueldos como de seguridad.
Aunque se trata de una demanda que ha sido planteada en reiteradas ocasiones por el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, todo indica que será una de las banderas de lucha de la flamante Asociación Nacional de Fiscales: el constante déficit en el número de prosecutores.
En conversación con El Mostrador.cl, el timonel de la recién creada entidad gremial, Francisco Bravo, asegura que de acuerdo a los datos que manejan en la actualidad cada fiscal lleva cerca de 1.500 causas del nuevo sistema procesal penal y que, en consecuencia, es necesario reforzar la entidad con al menos 100 nuevos funcionarios.
No obstante, las demandas no se limitan a rebajar la carga laboral, sino a igualar sus sueldos con lo de los magistrados, y a conseguir un nivel de seguridad para su integridad física semejante a la que gozan los jueces, particularmente con los antecedentes de agresiones como el Centro de Justicia.
-¿Cómo ha funcionado en sus primeros días la Asociación de Fiscales?
-La comunicación ha sido fluida, hemos estado operado bastante bien, los miembros de la directiva nos hemos estado reuniendo permanentemente. Asimismo, tenemos fijadas una serie de reuniones para plantearles nuestras inquietudes y aspiraciones a las autoridades correspondientes. Después de muchísimos intentos conseguimos una audiencia con el ministro Maldonado, estamos reuniéndonos con los senadores Frei y Espina, junto con gestionar un encuentro con el ministro Viera Gallo, para los próximos días.
-¿Cuántos afiliados y a cuántos aspiran?
-El nivel de adhesión es prácticamente de un 100%, todos los fiscales han mostrado su interés de incorporarse a la asociación. Todas las regiones han elegido ya un representante. Nosotros somos 647 fiscales y de ellos tenemos una afiliación por sobre los 600.
-¿Insistirán en la petición de paridad de sueldos con los funcionarios judiciales?
-Ahí ha habido versiones muy distintas. El Fiscal Nacional le hizo la prevención al ministro Maldonado, que era que él entendía que cualquier beneficio que se le pudiera hacer a los funcionarios y a los jueces, por una cuestión legal, exclusivamente por una disposición del artículo 75 de la ley orgánica del Ministerio Público, debe hacerse extensivo a los fiscales. Es decir, esto no es una cuestión de voluntad de querer o no querer, es un asunto simplemente de aplicar la ley. Si a nosotros nos excluyen del proyecto éste sería inviable por inconstitucional.
-¿Uno de los temas que ha sido demandado por el Ministerio Público es la escasez de fiscales? ¿Esto se ha resuelto?
-Yo considero que faltan 100 fiscales aproximadamente, más aún cuando pronto va a empezar a regir la ley de responsabilidad juvenil, que refiere que se necesitan fiscales especializados. Si uno hace una proyección del ingreso del año 2006 de un millón de causas, estamos hablando de alrededor de 1.500 causas por fiscal hoy.
Esa es una carga de trabajo enorme, este trabajo yo creo que no ha sido bien comprendido ni valorado, tanto desde el punto de vista de la importancia del rol social que se cumple, como de a de la perspectiva de la carga de trabajo. Quienes sostienen al sistema procesal penal, es el ministerio Público y concretamente, los fiscales.
– Otro problema que se genera es la falta de magistrados. ¿También abogarán por agilizar la designación de jueces de garantía y orales?
-Desde nuestra perspectiva de asociación gremial nos preocupa que al más breve plazo posible puedan ser proveídos estos cargos porque evidentemente eso agiliza naturalmente las investigaciones y los procesos.
Bonos y críticas
-¿Qué ha sucedido con el tema de los bonos de desempeño y gestión institucional, en dónde hubo una reducción del 30%?
-Nosotros le manifestamos al Fiscal Nacional en torno a eso. Él nos respondió que la petición que había hecho el Ministerio Público era superior en prácticamente mil millones de pesos a la asignación que había entregado el Ministerio de Hacienda. Piedrabuena se comprometió a pedir un suplemento presupuestario y la posibilidad de reasignar recursos internos, diligencia que realizó mediante un oficio enviado el 21 de marzo.
Hasta el momento no hemos tenido respuesta a esta solicitud. Demandamos que el bono se pague de manera íntegra, porque la misma ley establece que el bono forma parte del sistema de remuneración. De no ocurrir esto, habría una merma en el salario, lo cual sería extremadamente grave.
-Una de las críticas de estos bonos de gestión es que virtualmente obliga a los fiscales a privilegiar sólo las causas donde tienen convicción de que podrían llegar a juicio. ¿Cómo reciben estas críticas?
-Hay un sistema de evaluación que yo creo tiene que ser revisado, porque hay que tener un modelo de gestión que pueda medir el rendimiento de sus funcionarios y sus empleados.
A priori yo no estoy en contra de eso, de que a uno lo puedan medir de acuerdo a si cumple o no determinadas metas. Pero no es el único factor o criterio que se utiliza para evaluar a un fiscal, hay otros que no tienen que ver con estadísticas. Si es buen litigante o no, si tiene o no un compromiso institucional, por ejemplo.
Fiscales en peligro
-¿Qué sucede con la seguridad personal de los fiscales en los tribunales ?
-Nosotros lamentamos que si bien la Cámara de Diputados hace algunos meses sacó un proyecto de acuerdo que instaba a los distintos poderes del Estado, entiendo que se enviaron oficios al respecto, a tomar medidas concretas para resguardar la integridad física de los fiscales. Sin embargo, esas medidas no hemos visto que se hayan concretado.
Hay algunas que dependen del Poder Judicial, de que les permitan acceder a los fiscales por los ascensores que ocupan los magistrados y los funcionarios en general. Yo creo que ahí simplemente tiene que ver con un tema de voluntad y generosidad. La respuesta que hubo de parte de la Corporación Administrativa de este poder del Estado es que no se podía por razones técnicas que no comparto, el argumento era que esos ascensores (del Centro de Justicia) habían sido diseñados para el ingreso de los funcionarios judiciales y no para los fiscales.
Creo que esa contestación no demuestra una preocupación por la seguridad de nuestro gremio, porque estamos hablando de un problema real, en donde ha habido agresiones serias no sólo contra los fiscales, sino también contra la persona de los defensores y los jueces.
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Un funcionario interno para Fiscalía Nacional
