Doce ex miembros de la FACH recurrieron a la justicia internacional, luego de que en 2001 la Corte Suprema no acogiera un recurso que pedía dejar sin efecto las condenas por sedición y traición a la patria dictadas en su contra por haberse opuesto al golpe militar de 1973. Comandante (R) Ernesto Galaz asevera que »no cometimos delito».
Más de dos años han transcurrido desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogiera a tramitación el caso de 12 suboficiales y oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que pidieron anular el proceso por traición a la patria caratulado como «Bachelet y otros», ya que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Recién este 12 de octubre, a las 11:30 horas, la Corporación y Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y representantes del gobierno chileno deberán verse las caras en la primera audiencia sobre el tema, que se efectuará en Washington.
La presentación de estas organizaciones fue realizada a nombre de los ex miembros de la FACH Álvaro Yáñez, Mario Cornejo, Omar Maldonado, Belarmino Constanzo Merino, Manuel López, Ernesto Galaz, Mario González, Jaime Donoso, Alberto Bustamante, Gustavo Lastra, Víctor Adríazola e Ivar Rojas.
Muchos ex integrantes de esta rama no pudieron suscribir la petición ante el organismo internacional porque en marzo de 2005 no se encontraban en Chile, como es el caso del actual subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, o el ex capitán de la Fuerza Aérea, Jorge Silva, quien vive en Inglaterra.
A ello se deben sumar los casos del general Alberto Bachelet, padre de la actual Presidenta Michelle Bachelet, quien falleció mientras se encontraba detenido en la Cárcel Pública, y del coronel Carlos Ominami, padre del senador socialista del mismo nombre.
Todos ellos integraron la lista de más de 70 oficiales y suboficiales de la institución que fueron detenidos tras el golpe militar de 1973, que sufrieron tortura y la condena de la justicia militar por sedición y traición a la patria, por haberse opuesto al derrocamiento de Salvador Allende o haber colaborado en su gobierno.
El pasado 2 de agosto, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar dictó la primera condena por las torturas registradas tras el golpe de Estado en la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar donde permanecieron recluidos los uniformados condenados por sedición.
El magistrado sentenció a los coroneles (R) de la FACH Edgar Cevallos Jones -ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)- y Ramón Cáceres Jonquera a 541 días, en calidad de autores de tormentos contra 17 personas.
Galaz: Esperamos una resolución favorable
Uno de los que firmó el escrito presentado ante la CIDH es el comandante (R) Ernesto Galaz, quien se declaró muy satisfecho con esta la primera audiencia pública sobre el tema, precisando que el objetivo final es conseguir la anulación del fallo.
Recordó que en 2001, la Corte Suprema rechazó una petición similar, "donde se solicitaba que el juicio Bachelet y otros fuera anulado, porque todas las penas fueron dictaminadas a raíz de nuestras declaraciones, que fueron obtenidas todas bajo tortura".
"Sin embargo, el máximo tribunal rechazó la petición aduciendo que ello ocurrió en tiempos de guerra y que no tenía ninguna facultad para poner algún tipo de restricciones a lo acontecido en dicha época, es decir, no se podían revisar", detalló.
El ex oficial explica que "en Chile gran parte de los capturados durante la dictadura militar fueron torturados y, prueba de ello, es que la Comisión Valech está indemnizando aquellos que fueron torturados. Nuestra petición esta siendo estudiada por los hechos que fueron refrendados posteriormente, de allí que la CIDH está tomando en serio nuestra petición".
-Si la CIDH falla a favor de ustedes, la resolución se hace efectiva para todos los miembros de la FACH que fueron caratulados en el juicio de Bachelet y otros.
-Por supuesto se haría extensivo a las 78 personas. Sólo se han muerto tres o cuatro porque la gente era bastante joven cuando fue detenida. Esperamos una resolución favorable de la justicia internacional.
Escabullir el tema
-¿Por qué cree que la Corte Suprema falló en contra de ustedes?
-La Corte Suprema de la época siempre trató de escabullir los bultos que eran más complicados y, en este caso, como ocurrió en tiempo de guerra dijeron que no tenían nada que ver. Hemos visto como han evolucionado los criterios de cómo juzgan nuestras instituciones y los derechos humanos no pueden ser vulnerados ya que quienes sufrieron se menoscabo debe ser reconsiderada.
-¿Pidieron sólo la anulación del fallo y ninguna indemnización?
-Nosotros no cometimos delito, pero no queremos quedar en la historia como individuos que sí los cometimos, por lo tanto, nuestro interés moral es que este fallo sea anulado porque no somos objeto de amnistía ya que eso se les aplica a quienes cometieron algún delito. Nosotros no pedimos ninguna indemnización.
-¿Ustedes deben recurrir a la CIDH porque no hay justicia en Chile a la vez que nuestro país quiere ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
-En aquella época cuando la Corte Suprema escabulle el buque se produjo un hecho negativo para la situación chilena, pero esto fue hace bastante años. Hoy pareciera que la conciencia nacional está un poco removida y respetuosa de todas las disposiciones internacionales.
-¿Confía que esta vez si lograrán su cometido?
-Ojalá la CIDH falle en términos de comprender de que semejante proceso fue una aberración jurídica y que quede eliminada la mancha que no merecemos. Es interesante que el gobierno concurra y apoye esta necesidad de recobrar lo que aconteció en aquella época.
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