Gremialismo asumió la posición más dura ante el anuncio del Ejecutivo de que solicitará un préstamo al BancoEstado para financiar el sistema de transporte capitalino. En este escenario, el timonel del partido, Hernán Larraín, advirtió que su colectividad estudiará »si cabe algún tipo de reclamación» para revertir la decisión de la autoridad.
El gobierno no pudo pensar en una fórmula más inapropiada para salvar el déficit del Transantiago que solicitar un préstamo al BancoEstado. Así lo ven en la Alianza, donde, pese a algunos matices, estiman que La Moneda cometió un error y que lo más "sano" hubiera sido optar por el 2% constitucional para catástrofes.
La posición más radical fue la asumida por la UDI. Pasada la sorpresa inicial, la tienda puso a sus expertos a estudiar el mecanismo y el timonel del partido, senador Hernán Larraín, concluyó que la propuesta del gobierno es "una acción de dudosa legalidad", por lo que advirtió que analizarán "si cabe algún tipo de reclamación", aunque se negó a adelantar los próximos pasos.
A juicio de Larraín, la polémica fórmula demuestra que el gobierno va de "una cuchufleta tras otra, fundada en resquicios legales que nos hacen pensar que estamos frente a una maniobra sucia", añadiendo que tampoco "es digno deshacerse de los cachos traspasándoselos al gobierno siguiente", en relación a los dos años de gracia con que se acordó el crédito con BancoEstado.
El primer resquicio, según Larraín, se refiere al mecanismo de pago del crédito solicitado. Ello, porque se haría a través del aumento de tarifas o de una ley que se enviaría a futuro, con el fin de autorizar estos fondos adicionales. Al respecto, estima que "si este crédito va ser financiado por una ley el gobierno, lo debió haber pedido hoy día directamente".
"Es una nueva cuchufleta del gobierno. Si el financiamiento tiene que ser por ley, entonces, hágalo, pídalo derechamente y no esconda la mano, no haga por resquicios legales lo que no puede hacer derechamente", sostuvo. Una frase sólo retórica, pues si el gobierno hubiera enviado la ley al Congreso, tampoco habría contado con el respaldo de la Alianza, que exige una reformulación total del sistema.
Lo que hace dudar a la UDI de las intenciones del gobierno, y en esto coincide también RN, es el que -según Larraín- no está claro quién es el que se endeuda ni cómo. "Quién es el sujeto que tomó la deuda, quién es el deudor de la deuda… Se dice que es el Sistema de Transportes, pero qué es el Sistema de Transportes", interrogó.
Y agregó que "aparentemente" los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Transportes, René Cortázar, apelan a la ley que creó la Cuenta de Reembolso destinada, como su nombre lo indica, sólo al reembolso de los aportes efectuados por el Fisco al Transantiago, para justificar la legalidad del gasto.
No obstante, Larraín advirtió que la mencionada "es una cuenta de reembolso creada por la ley que le dio plata al Transantiago para que, a través de ella, se le reembolse (…) y no para pagar nuevos déficit operacionales de dudosa legalidad", por lo que recalcó que la UDI estudiará la fórmula "para verificar si efectivamente corresponde o no presentar algún tipo de recurso o algún tipo de reclamación que evite un acto ilegal del gobierno como aparentemente lo sería".
Por otra parte, objetó que el Ejecutivo tome un crédito con dos años de gracia, lo que implica que se le estaría traspasando la deuda al próximo gobierno. "Es decir, pareciera que el gobierno aprendió la lección del ex Presidente Lagos y le traspasa el forro al gobierno siguiente. Este toma una deuda de 160 millones y se la traspasa al gobierno que sigue. Tampoco es una operación muy limpia ni muy digna esto de deshacerse de los cachos traspasándoselos al siguiente".
"La Constitución señala que el endeudamiento del gobierno tiene que ser hecho por vía legal, pero cuando excede el período presidencial tiene que ser con una ley de quórum calificado. Lo hace más difícil, precisamente para evitar que los gobiernos le traspasen los forros a los gobiernos siguientes, para que sea el responsable en el ejercicio financiero de su período", dijo al respecto Larraín, quien consideró una "irresponsabilidad" la decisión de la actual administración.
En todo caso, lo que sí está claro es que si el gobierno efectivamente llega a necesitar el respaldo de una ley para darle sustento a su fórmula, no tendrá los votos de la Alianza.
Larraín agregó que el préstamo constituye "un mal precedente, le causa un grave daño al Banco Estado. Qué clase de banco es éste, ¿es una sucursal política del gobierno o es un banco independiente que trabaja con eficiencia las platas de todos los chilenos? El gobierno ha dañado el sentido del Banco Estado por esta operación, que tiene una finalidad estrictamente política. Por la incapacidad de asegurar el debido financiamiento a una política pública diseñada por este gobierno".
Por último, Larraín comparó lo sucedido con el Transantiago a una tragedia shakespeareana, pues en su opinión "un error inicial se va agudizando con una red, con una cadena de errores sucesivos y termina en el drama total".
Además, paralelamente, está el hecho de que en abril el Ejecutivo debiera enviar el proyecto que la derecha espera reformule el sistema y la operación realizada par el financiamiento no contribuye a mejorar la actitud de la Alianza en esta área. De hecho, en la UDI señalaron que la tienda también está trabajando en una propuesta que le dé una solución al Transantiago.
RN descarta ilegalidades
Por su parte, el presidente de RN, Carlos Larraín, tiene similares dudas a las de su par gremialista en cuanto a quiénes serán los deudores del préstamo, por qué no se licitó el crédito y si se invitó a otros bancos comerciales a participar en el proceso, porque estos últimos "aplican criterios rigurosamente técnicos al ponderar las posibilidades de repago".
No obstante, discrepa con sus socios en cuanto a que exista una ilegalidad en que el gobierno solicite un crédito que deba pagar la próxima administración. "Yo no creo eso porque, entre otras cosas, si se lee entre líneas aquí hay una noción de puente que ellos (el gobierno) pretenden cubrir cuando venga la discusión de la ley definitiva. Yo entiendo que están esperando hasta abril a que se le asignen los fondos y, con esos fondos, van a prepagar el crédito", explicó Larraín.
Dado este escenario, señaló que a su juicio el gobierno no requiere una ley de quórum calificado para solicitar un préstamo cuyo pago exceda el período presidencial, pero sí estima que la decisión de la autoridad "no está suficientemente respaldada comercialmente", por lo que "aunque, no descubro ilegalidades, sí hay peculiaridades que ponen en duda el criterio comercial con que debe manejarse un banco". Tampoco coincidió con su par de la UDI en cuanto a que la decisión del gobierno sea una "cuchufleta", sino que la definió como "la salida más cómoda".
