Hernán Soto Medina denunció en enero de este año ante la ministra de Salud, irregularidades que podrían revestir caracteres de delito en el centro asistencial. Sin embargo, las autoridades del lugar resolvieron trasladarlo a otro puesto, lo que fue interpretado como un acto de amedrentamiento. El organismo emitió un dictamen recordando que los denunciantes de actos de corrupción cuentan con »fuero» mientras termina la investigación.
La Contraloría decretó la protección de un testigo que en enero de este año denunció ante la Ministra de Salud, anomalías que podrían revestir caracteres de delito en el Hospital Salvador.
De acuerdo al dictamen N° 29.288 del 25 de junio de 2008, Hernán Soto Medina, hizo entrega de una serie de antecedentes respecto a irregularidades que involucran a ciertos funcionarios del centro asistencial.
Sin embargo, en abril de este año y mientras se desarrolla el sumario interno, la dirección del hospital resolvió trasladarlo desde la Unidad de Servicios Generales a la de Mantención y Talleres.
Algunas fuentes allegadas al caso explicaron que se trató de una medida de amedrentamiento en contra del denunciante. Otras cercanas a la dirección del servicio de salud explicaron, sin embargo que fue "por buen servicio", aunque declinaron pronunciarse respecto al dictamen de Contraloría, aduciendo que desconocían su contenido.
El organismo fiscalizador, en conocimiento de la situación a través de un escrito presentado por el propio Soto Medina, resolvió obligar a la autoridad hospitalaria a dejar sin efecto el decreto de cambio de lugar de trabajo.
En el dictamen la entidad de control le recordó que la ley N° 18.834 protege a las personas que denuncian hechos de corrupción, uno de los pilares que el gobierno ha querido destacar en la lucha contra las faltas al principio de probidad administrativa que se detecten en los servicios públicos.
Lea dictamen de la contraloria (En formato Word)