La Nación Gate III: todo el poder de Colliguay S.A.

El paquete de acciones preferentes de la Empresa Periodística La Nación que estaban en poder de Radio Nacional aumentaron drásticamente su valor comercial tras el perdonazo tributario que benefició a la primera en febrero de 1991. Sin embargo, las autoridades designadas en la emisora estatal, aparentemente, desconocían ese hecho cuando se las vendieron, en septiembre del mismo año y a precio de huevo, a Enrique Alcalde Undurraga.

El perdonazo tributario, que convirtió a La Nación en una empresa próspera, se aprobó y se publicó mientras Myriam Fliman era todavía la gerente general del diario. Luego, ella se trasladó a Radio Nacional donde le correspondió rubricar la venta de las acciones a Alcalde.

Aunque resulte inverosímil, Fliman afirmó, en un proceso judicial, que desconocía el verdadero valor de ese paquete accionario, liquidado en apenas 16 millones de pesos.

El empresario Santiago Agliati compró Radio Nacional al fisco y descubrió, al poco asumir su administración, que la emisora había prácticamente regalado el paquete accionario de La Nación. En 2002, Agliati presentó una demanda de nulidad de derecho público, en contra de Colliguay S.A., alegando que hubo tales vicios que ese traspaso debía anularse.

La justicia civil rechazó la demanda, declarándola prescrita, pero Agliati apeló y la decisión de la Corte de Apelaciones está aún pendiente.

En ese proceso, Myriam Fliman declaró que en el tiempo en que ocurrió el traspaso de acciones, ella estuvo recuperándose de un accidente que la mantuvo ajena al proceso.

Sin embargo, según consta en las actas del directorio de Radio Nacional, Norma Acevedo, la mano derecha de Fliman, le pidió un informe al abogado de la radio, César Mattar, antes de realizar la venta, para que este evaluara la importancia y valor de esas acciones.

El informe del asesor está firmado el 5 de septiembre de 1991, cinco días antes de que Tironi informara al directorio sobre la primera propuesta de Alcalde.

Mattar aclaró que el valor de las acciones era muy superior a cero:

«Radio Nacional de Chile es propietaria de 11.440 acciones preferidas de la Empresa Periodística La Nación S.A., de un total de 98.400 acciones emitidas, lo cual representa cerca del 12 por ciento del total del capital social (…) La situación económica de la empresa, solucionados los problemas de impuestos que la afectaban, se ve sana, y si bien este año su resultado será negativo, el próximo año tendrá que tener resultados mejores. El valor de esta empresa es muy superior a su valor libro».

Y, como para despejar dudas, agregó:

«La condición de Radio Nacional como accionista preferente le permite nombrar un director de la empresa y esta sola circunstancia valoriza en gran medida su paquete accionario, por sobre el valor normal de las acciones ordinarias», agregó.

Sin embargo, por razones no aclaradas judicialmente, el presidente del directorio de Radio Nacional, Eugenio Tironi, y Norma Acevedo, aparentemente desconocían el informe de Mattar.

El informe tampoco llegó a conocimiento de los representantes de las Fuerzas Armadas en el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de Radio Nacional volvió a reunirse en forma extraordinaria para tratar exclusivamente este tema, el 23 de septiembre de 1991. Allí, Tironi y Acevedo informaron que Alcalde había subido su propuesta a 16 millones. Para decidir, los consejeros estudiaron el balance de La Nación de 1990 en que, como se ha dicho, la empresa aparecía con números rojos. El balance no mencionaba el perdonazo tributario que había revertido su situación financiera y disparado su precio de mercado.

Según las actas de la sesión, el informe del abogado Mattar no estuvo sobre la mesa.

«No recuerdo haber tenido a la vista el informe solicitado a la señora Acevedo, pero se nos informó que este paquete de acciones no tenía valor comercial, no podía ser transado en la bolsa y que tenía un valor nominal de un peso. Además, que no afectaba al fisco, porque éste era dueño del 70 por ciento de las acciones y porque este era un paquete extraordinariamente chico», declaró a la justicia el oficial de Marina (R) Gustavo Marín.

Marín también recuerda que les llamó la atención que Alcalde subiera su propuesta inicial de 12 a 16 millones, pues no estaba compitiendo con nadie, pero, afirma, Tironi los tranquilizó diciéndoles que él había logrado ese mejor precio, aprovechando «el interés que tenía el comprador, quien ya poseía acciones del Diario La Nación y pretendía tener una mayor participación en esa empresa, y ratificó que la venta no afectaría los intereses del fisco».

Sin embargo, en ese momento, sí los afectaba, pues el Estado, con ese paquete podía nombrar a uno de los dos accionistas preferentes. Ese voto, sumado a los tres que le correspondían por las acciones ordinarias, le permitía al Estado (y más concretamente, al gobierno de turno) retener el control económico y administrativo de la empresa.

En su testimonio judicial, Norma Acevedo no recordó muchos detalles de este traspaso, pero sí la situación de emergencia que vivía la radio, en que todos los días tenía que echar mano a algún activo de la emisora para pagar sueldos y deudas. Eso explicaría la desprolijidad de la venta: no se llamó a licitación, ni se informó a Contraloría, que debía fiscalizar las operaciones de la radio, por tratarse de una empresa estatal.

El acuerdo del Consejo fue vender al contado. El día de la firma de la escritura, sin embargo, Alcalde pagó con un cheque de Colliguay que, encima, ¡salió protestado! No obstante, Radio Nacional esperó pacientemente un mes para que el comprador reuniera el dinero prometido y con eso pagó dos meses de sueldos a los empleados de la emisora.

Tironi insistió en la entrevista para este reportaje: «Mirados a la distancia estos hechos, se pudiera pensar que se le pudo sacar un mejor precio a las acciones y a muchas otras cosas que vendimos en la radio, como los terrenos en Quilicura y que hoy costarán quizás cuánto. Pero es lo que pasa cuando alguien está en la quiebra y apurado de plata. No tiene tiempo para esperar vender en el momento en que pueda obtener mayor ventaja».

En esas circunstancias, el que se beneficia es el comprador. Según un peritaje ordenado por el Primer Juzgado Civil de Santiago, el precio pagado por Colliguay por las acciones de Radio Nacional fue 11 veces inferior al valor que esas acciones tenían en el mercado en aquel momento. O quizás 27 veces más bajo, si se hace caso del informe de una consultora privada, que consta en el mismo tribunal.

El fisco, que fue el perjudicado con esta operación, no la impugnó.

Hombres de confianza

Paralelamente, y poco antes de que Colliguay adquiriera las acciones de Radio Nacional, hubo un segundo movimiento que terminó por consolidar la posición de la recién creada sociedad en el diario La Nación.

Juan Jorge Lazo también le vendió sus 17.608 acciones preferentes a la sociedad creada por Enrique Alcalde, quien, hasta ese momento, había sido su representante en el directorio de La Nación. Estas acciones, según dijimos en el primer capítulo de este reportaje, las adquirió Lazo a la sucesión Herud y al actual director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, cuando el régimen militar usaba a sus funcionarios como palos blancos para ejercer el control en la empresa periodística.

Según lo que consta en la escritura pública, Colliguay pagó apenas un poco más de tres millones por las acciones de Lazo. Es decir, 171 pesos por acción.

De acuerdo a lo afirmado por una fuente ligada a la sociedad, a condición de anonimato, en realidad, bajo cuerdas, se pagó una suma superior que no se registró públicamente para ahorrarle el pago de impuestos a Lazo. En cualquier caso, cualquiera haya sido el precio real, el comprador lo pagó a sabiendas de que los beneficios compensarían la inversión.

Alcalde sabía, pues era parte del directorio de La Nación, que comprar las acciones de Jorge Lazo sólo tenía sentido si Colliguay podía adquirir, además, las de Radio Nacional. Sólo con ambos paquetes podría competir con el fisco en el control de la empresa.

Así, cuando Colliguay compró a Lazo lo hizo apostando a que también podría comprar el paquete de Radio Nacional.

Juan Cavada, uno de los socios originales de Colliguay, prefirió no hablar del tema de Radio Nacional, mientras esté pendiente el juicio sobre nulidad de la venta de esas acciones. No obstante, dijo estar convencido de que él no participó en la compra de bienes fiscales: «Yo entiendo que lo que compramos fueron acciones a un particular», dijo en una entrevista para este reportaje.

Las escrituras demuestran que las acciones de Lazo las compraron, en persona, Alcalde, Cavada y Ricardo Halabí, los primeros socios de Colliguay, pues la sociedad era tan nueva que aún no había elegido a su representante. Para el traspaso de las acciones de Radio Nacional, en cambio, la escritura la firmó Alcalde en calidad de representante legal de Colliguay.

En ese momento, el Gobierno ya había decidido sanear las deudas de la radio, a través de un proyecto de ley, y luego llamar a licitación para su venta. Es obvio que, por cálculo político, convenía traspasar las acciones de Radio Nacional en La Nación, a gente de confianza, antes que dejarlas en manos de un comprador desconocido. En Colliguay estaban bien representadas las dos principales corrientes concertacionistas: la DC y el Partido Socialista.

La bendición de palacio

Fuentes de la administración de La Nación de aquel entonces, afirman, a condición de anonimato, que detrás de la formación de Colliguay estuvieron las manos del ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, quien era el hombre de los medios en la DC, y las del secretario general del Gobierno, el PS Enrique Correa.

Juan Cavada negó esa ingerencia. «A Correa dejé de verlo antes de que asumiera su cargo en el gobierno», afirmó. No obstante, admitió que su motivación personal para participar en esa sociedad fue política: impedir que La Nación se privatizara y quedara en manos de la derecha.

Otra visión sobre este tema la brinda uno de los socios actuales de Colliguay, quien pidió hablar a condición de anonimato: «Aquí no hay platas políticas. Estas compras de acciones se hicieron con dineros nuestros, pero obviamente que recibimos la bendición del Gobierno para meternos en esto. El ministro Enrique Correa no participó en la operación, pero nos instó a hacerla».

Pero, ¿era confiable una sociedad representada por el abogado Alcalde, un partidario de la UDI, cercano al Opus Dei, que ha colaborado en las campañas políticas de Joaquín Lavín y Hermógenes Pérez de Arce?

En los tiempos en que reinaba el espíritu de la transversalidad, por qué no. «Enrique Alcalde es un hombre liberal que tiene muy clara su opinión en contra de las violaciones a los derechos humanos», lo defendió uno de los actuales socios de Colliguay. «Por sobre todo, es un hombre de negocios», lo definió Juan Cavada.

Así, el viernes 20 de Septiembre de 1991, la Empresa Periodística La Nación S.A., emitió el Título Nº 51, certificando que las 17.608 acciones preferentes, que hasta esa fecha pertenecían a Juan Jorge Lazo, pasaban a ser de dominio y propiedad de Colliguay S.A.

Pocas semanas después, el 23 de octubre de 1991, se emitió el Título No. 52, reconociendo la propiedad de Colliguay sobre las 11.440 acciones que habían sido de Radio Nacional.

Los certificados los firmó, en nombre de La Nación, Raimundo Valenzuela de la Fuente, el hombre que fue designado presidente del directorio en representación de las acciones del fisco tras la recuperación de la democracia. Los recibió Enrique Alcalde, en nombre de Colliguay S.A.

No mucho después, Valenzuela y Alcalde se convirtieron en socios.

Aterrizaje silencioso

Entre septiembre y octubre de 1991, con sólo 19 millones de pesos, Sociedad de Inversiones Colliguay se hizo de los dos paquetes más importantes de acciones preferentes, con lo que se convirtió en la titular de un tercio de la Empresa Periodística La Nación S.A., que, en ese entonces, además, poseía el Diario Oficial y una moderna imprenta, instalada en su propio edificio.

Con esos títulos, Colliguay adquirió el derecho a nombrar dos integrantes de los cinco que componían el directorio hacia fines de 1991. Y, sin embargo, se abstuvo de hacerlo.

Enrique Alcalde abandonó el asiento que ocupaba en nombre de Juan Jorge Lazo, y Juan Irarrázaval perdió el puesto que le había concedido Radio Nacional. Pero en vez de poner a hombres suyos en reemplazo, Colliguay permitió que el gobierno designara a los nuevos integrantes. (Alcalde, por cierto, podría haber continuado en el directorio, ahora como socio de Colliguay, pero tampoco lo hizo).

Fue así como en 1992 subieron al directorio el DC Carlos Figueroa y el periodista Fernando Villagrán. Gracias a la gentileza de Colliguay, el gobierno tuvo mayoría absoluta en el directorio de La Nación hasta que concluyó el mandato de Patricio Aylwin.

El periodista y ex director de La Nación, Abraham Santibáñez, fue protagonista de algunos hechos que explicarían este arranque de modestia de Collliguay. Santibáñez recordó, en entrevista para este reportaje, que cuando asumió su cargo en 1990, Raimundo Valenzuela le permitió asistir a las reuniones de directorio como un gesto de cortesía. Así, el director periodístico se mantenía al tanto de las discusiones sobre el manejo de la empresa, aunque legalmente no tenía derecho a voto.

Sin embargo, pronto comenzó a tener discrepancias con Valenzuela, principalmente por asuntos editoriales. «Un día, a mi regreso de vacaciones, sin mediar ninguna explicación, se me informó que ya no podría asistir a las reuniones del directorio», recordó Santibáñez.

Paralelamente, percibió movimientos raros. Oyó rumores. No de aquellos que escucha cualquier persona en la calle, sino del tipo que escuchan los directores de medios: información que no se publica, pero que, la mayoría de las veces, se demuestra cierta. Santibañez escuchó que habría un vuelco en la propiedad del diario, un traspaso poco transparente de las acciones del fisco. Se decía que el ministro Correa operaba en las sombras, aunque de eso no había constancia, ni evidencia. (Él, por lo demás, siempre lo ha negado).

«Yo expresé mi preocupación por el destino del diario a alguien del Gobierno. No puedo decir a quién, pero era una persona de mucha importancia y con capacidad de decisión. Después de ese encuentro, apareció en el directorio Carlos Figueroa, que se sabe que simpático no es», relató Santibáñez. «Yo interpreté que su nombramiento era la respuesta del Gobierno a mis planteamientos y pensé que con eso se había frenado la cosa».

Santibáñez dejó el cargo al terminar el mandato de Patricio Aylwin, en 1994, convencido de que el gobierno retenía el control accionario de la empresa periodística. Muchos años después, se sorprendió al enterarse de que Raimundo Valenzuela había pasado a ser integrante de Colliguay y representante en el directorio, no ya a nombre del fisco, sino de los accionistas privados.

«¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? No sé. ¿O es que todo lo que intuí en un momento efectivamente ocurrió?», se pregunta Santibáñez ahora. «Yo encuentro poco presentable que una persona que tuvo una ingerencia tan fuerte en una empresa del Estado, después tome parte en la propiedad en ella como accionista privado. No lo logro entender».

Lo que Santibáñez ignoraba es que la designación de Figueroa y Villagrán permitió salvar las apariencias, pero no detuvo el avance de Colliguay.

Traje a la medida

En cuanto se instaló Colliguay como el principal socio del fisco en la propiedad de la Empresa Periodística La Nación, comenzaron una serie de reformas a los estatutos, movimientos imperceptibles, pero fundamentales para otorgar más facultades a las ya poderosas acciones preferentes.

En una Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de Abril de 1992, se determinó que las preferencias de las acciones «Serie A» mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2042, fecha en la que probablemente los actuales accionistas de Colliguay habrán fallecido.

Además, los accionistas preferentes obtuvieron poder de veto sobre el nombramiento del presidente del directorio y, quizás más importante, sobre la conducción editorial del diario La Nación y del Diario Oficial, y cualquier otro medio que la empresa pudiera fundar.

«También se requerirá el voto favorable de a lo menos uno de los directores elegidos por las acciones preferidas para la designación y remoción del Presidente del Directorio, del Director o Directores de él o los medios de comunicación de la sociedad y de él o los gerentes de la misma», reza la reforma aprobada.

Anteriormente, la designación de estos cargos se resolvía por simple mayoría, lo que significaba que el Estado, con los tres representantes que tenía en el directorio, podía decidir sin consultar el parecer a sus socios privados.

El 2 de abril de 1993, emergió una reforma dictada a última hora, que despojó al fisco de una facultad indispensable para quien posee casi el 70 por ciento de la propiedad en la empresa: la de disponer y transferir libremente sus acciones. En el Artículo Noveno de los mencionados estatutos, se estableció que cualquier accionista con más de tres mil acciones que quisiera venderlas, deberá primero comunicar su intención al directorio y dar derecho preferente a los demás socios para comprárselas. Si no llegasen a acuerdo en el precio, un árbitro determinará el valor.

Esta reforma se aplica sólo al fisco y a Colliguay, porque, aunque una pequeña porción de acciones está en manos de particulares, ninguno supera la barrera de las tres mil acciones.

En realidad, el único perjudicado por esa modificación fue el Estado de Chile, pues Colliguay tiene abierta una puerta que para el fisco está cerrada: puede modificar internamente su composición. O sea, cada socio de Colliguay puede vender su participación a un tercero, sin necesidad de comunicárselo al fisco.

A la Junta de Accionistas en que se resolvió este delicado aspecto no fue invitado el presidente del Sindicato Mixto de La Nación, Pedro Guzmán. Su voto pudo evitar que se produjera este pacto.

Otras reformas posteriores dejaron aún más desmedrada la posición del fisco: se aumentó el número de integrantes del directorio de 5 a 7 (cuatro por las acciones ordinarias y tres, por las preferentes), estableciéndose que el quórum mínimo para sesionar sería de cinco miembros. Es decir, para resolver cualquier asunto debe estar presente, al menos, un integrante de Colliguay. Antes, cuando el directorio era de cinco integrantes, el quórum para sesionar era de tres y, por lo tanto, el fisco podía tomar decisiones en ausencia de los privados.

También se dispuso que para asuntos de implicancia en la vida económica de la empresa sería necesario contar con los votos de al menos dos de los directores preferentes. Además, se estableció el mismo quórum especial para decidir sobre la designación y remoción del presidente del directorio, de los directores de los medios de comunicación de la empresa y de los gerentes.

Antes, para decisiones de este tipo, el fisco necesitaba sólo uno de los votos de los accionistas preferentes y, mientra mantuvo la propiedad de las acciones de Radio Nacional, tenía garantizado el quórum a su favor.

De esta manera el Estado, pese a mantener el 69,3 % de las acciones, perdió el control de su empresa. O dicho de otra manera: pasó a ser cuantitativamente mayoritario pero cualitativamente minoritario.

Por último, el 25 de febrero de 1994, poco antes de que asumiera el Presidente electo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se puso la guinda a la torta: una Junta Extraordinaria de Accionistas determinó que, en adelante, el monto mínino de distribución de utilidades cada año aumentaría del 30 al 40 por ciento.

Amigos y fortuna

En mayo de 1994, con Frei ya en La Moneda, se dio forma al nuevo directorio de siete integrantes de la Empresa Periodística La Nación. Por las acciones del fisco, asumieron, respetando los equilibrios de la alianza gobernante: Marco Colodro, Román Alegría y el director del diario oficial, Florencio Ceballos. Por los privados, asumieron los tres socios de Colliguay, en pleno: Enrique Alcalde, Ricardo Halabí y Juan Cavada.

Raimundo Valenzuela cedió su puesto de presidente del directorio a quien había sido su gerente general, Sergio Granados, pero no tenía intenciones de alejarse de la vida del diario.

En aquél tiempo comenzaron a circular rumores que atribuían la presencia de Colliguay en el directorio de La Nación a una operación del Partido Socialista.

En los ambientes políticos se comentaba con suspicacia el destino que los dirigentes de esa colectividad podían darle a las ganancias que entonces generaba, principalmente, el Diario Oficial. Muchos se preguntaban cómo, funcionarios de gobierno, se habían convertido en accionistas privados del diario estatal.

A tanto llegaron los comentarios que el gobierno le encargó una investigación al ministro secretario general de Gobierno, Víctor Manuel Rebolledo. Según cercanos al ex ministro, Rebolledo le habría representado a los socios de Colliguay el malestar de La Moneda por la forma en que habrían tomado el control del diario. Sin embargo, se impuso la idea de que los inversionistas actuaron de manera «legal» y no hubo intentos por parte del fisco de reclamar irregularidades en el proceso. Rebolledo, en tanto, no duró mucho en el cargo.

Sin embargo, el comidillo afectó el ánimo de Juan Cavada, quien decidió salirse de Colliguay, a mediados de los 90.

«Mi trabajo en Mideplán es evaluar proyectos de inversión social y uno de los aspectos más importantes de mi pega es la ética», afirmó en 2006, en una entrevista para este reportaje (Cavada ahora trabaja en el Ministerio de Educación). «Aunque podía demostrar que, en mi caso, las platas que aporté eran personales y no políticas, no podía tolerar que esos rumores de café pusieran en duda mi integridad como persona».

Además, a Cavada le parecía que los peligros de privatización del diario, por los cuales había entrado a Colliguay, ya habían desaparecido y mantenerse allí para gozar de las utilidades de su inversión no era algo que le atrajera. «Soy economista de profesión, pero lo mío no son los negocios. Yo estaba ahí por otras razones», dijo.

Cavada vendió su parte en Colliguay a una sociedad creada por Raimundo Valenzuela. Según afirma el funcionario de Mideplán, el precio que cobró por su participación le permitió recuperar los dineros invertidos y, tal vez, un poco más, «pero nada para hacerse rico».

Personeros de la Concertación afirman que Cavada decidió salirse de la sociedad por discrepancias profundas con Valenzuela, pero él niega esas versiones. «Aunque hace mucho que no nos vemos, seguimos siendo amigos», afirmó.

Desde ese momento, entonces, Valenzuela pasó a ser accionista privado del diario.

Otro cambio se produjo en el asiento ocupado por Ricardo Halabí, quien del Ministerio de Agricultura había pasado a dirigir el Fondo de Inversión Social, Fosis. Según cercanos al ex funcionario, Halabí también sentía que su cargo público era incompatible con su condición de socio en Colliguay. Del Fosis pasó a la Junaeb y por último a Indap, precisamente porque se le juzgaba un hombre probo, que podía enderezar entuertos dejados por antiguos directores de esos servicios. Además, según un cercano suyo, a mediados de 1990 tenía dificultades para pagar la deuda que había contraído para participar en Colliguay.

Justo en ese entonces, Luis Eduardo Thayer, amigo personal de Ricardo Halabí -muy cercano también a Raimundo Valenzuela, pues ambos trabajaron juntos en Odeplán en los años 60- se ganó el Loto y aceptó invertir parte del premio comprando a Halabí su participación en Colliguay.

Thayer no era ajeno a la historia del diario pues, de hecho, Valenzuela le había ofrecido primero a él el lugar que, en 1992, ocupó Halabí. Pero, en ese tiempo, Thayer pasaba por dificultades económicas. Este abogado laboralista se destacó en los años 80 por defender a dirigentes sindicales que poco y mal pagaban su trabajo (Thayer es considerado el «creador» de la figura de Rodolfo Seguel) y su especialidad tampoco fue favorecida con el advenimiento de la democracia. Sin embargo, con el premio del Loto la rueda de la fortuna giró a su favor y, en 1996, entró al directorio de la Empresa Periodística La Nación como representante de Colliguay.

Según cercanos a Thayer, el abogado entró a Colliguay a través de una sociedad. Aunque la fuente mantuvo en reserva el nombre de esa entidad, coetáneamente con su ingreso a Colliguay, Thayer se asoció con Francisco Feres, el actual gerente general del diario y otro de los buenos amigos de Valenzuela.

De acuerdo a registros públicos, el 4 de julio de 1996, Feres y Thayer crearon la Sociedad Inversiones y Rentas Atlántida S.A., cuyo giro es, entre otros, la inversión de capitales en acciones, promesas de acciones y bonos.

Esta sociedad nació el mismo año en que Francisco Feres asumió un asiento en el directorio de La Nación, representando el papel que le correspondía a Raimundo Valenzuela, como socio de Colliguay.

Con la llegada de Ricardo Lagos al gobierno, en el año 2000, Valenzuela se despojó de los pudores y se integró al directorio de La Nación, como representante del socio privado del fisco, Colliguay. Feres se incorporó a la empresa como gerente general. El experto electoral del PS, Mahmud Aleuy, siguió como presidente del directorio.

Más que amigos

Desde la llegada de Feres al directorio de La Nación, se convirtieron en rito los encuentros entre socios de Colliguay y miembros del directorio en el Club Sportman, ubicado en el centro, donde hasta hace poco no se permitía el ingreso a las mujeres. No era difícil encontrarse un día viernes allí a Francisco Feres compartiendo con Raimundo Valenzuela, Luis Eduardo Thayer, Enrique Alcalde y el notario Pedro Reveco.

Pero las relaciones entre ellos y con otros conspicuos personajes de la vida nacional son mucho más que sociales. Veamos:

Al comienzo de los 90, Raimundo Valenzuela era socio del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, en la Consultora EFES Ltda.

Cruz era el gerente general de esta empresa cuando, a fines de 1994, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) le encargó que preparara las bases de licitación para la privatización de Radio Nacional de Chile. Para estos efectos, EFES nombró a Enrique Alcalde como consultor responsable, encargado de diseñar todos los aspectos legales de la operación.

El domicilio que EFES registró en esas bases de licitación coincidía con la oficina de Alcalde. El número de fax, era el mismo de ICATEL, una ONG creada a fines de los años 80 para recibir fondos de la Cooperación Italiana y que la justicia de ese país investigó por posible desvío de las donaciones hacia actividades políticas. Los fundadores de Icatel fueron, entre otros, Enrique Correa, Carlos Cruz, Carlos Ominami, Fernando Bustamante y Jaime Estévez.

El 28 de septiembre de 1995, poco antes de asumir un cargo en el Ministerio de Obras Públicas, Carlos Cruz transfirió sus acciones en EFES a Enrique Alcalde y entonces la empresa se dividió, en partes iguales, entre Alcalde y Raimundo Valenzuela.

Según versiones de prensa, Cruz conoce a Alcalde desde la década de los 80. De hecho, cuando el ex ministro estaba preso, La Tercera anotó que Alcalde lo visitaba y publicó un reportaje bajo el título: «El amigo UDI de Carlos Cruz».

El 20 de junio de 2002, en la notaría de Pedro Reveco, Carlos Cruz reingresó a la sociedad, después de su accidentada salida del Ministerio de Obras Públicas. En esa ocasión, también se hizo parte de la sociedad el ex ministro Enrique Correa.

Cuando la prensa, que andaba tras el caso MOP-GATE, le preguntó a Correa por esta asociación a EFES, el ex ministro reveló que la consultora «trabajó con una fundación alemana en los años 80».

Probablemente, Correa se refería a la Fundación Friedrich Ebert, de la que Raimundo Valenzuela fue representante en Chile y que canalizó recursos para el plebiscito de 1988. De hecho, Correa afirma que fue Valenzuela quien lo invitó a participar en EFES. Sobre el giro de la empresa, Correa respondió que era: «Básicamente, hacer consultorías a empresas que puedan interesarse en transacciones con la Unión Europea».

Valenzuela, además de su cargo en La Nación, presidió el directorio del Puerto de Arica hasta su privatización en 2003 y, es miembro del directorio de la Empresa Portuaria Austral, aún dependiente de Corfo.

Puerto Madero

Desde 1991, la Empresa Periodística La Nación S.A. no ha dejado de generar utilidades. Hasta el año 2000, sólo en dietas a los directores se repartieron casi 5.900 UF. En cada período presidencial ha habido personas que reciben sueldos por tareas que no cumplen o que están sobrevaloradas. Los expertos electorales de los partidos de la Concertación han trabajado en el diario. Se han impreso volantes y dípticos de los partidos políticos a bajos precios y con amplias facilidades de pago.

Pero ningún gasto ha mermado las utilidades de la empresa. El producto Diario La Nación continúa arrojando pérdidas, pero bajo el ojo atento de los socios de Colliguay, sus costos se han ido recortando progresivamente.

El Diario Oficial sigue siendo la fuente principal de recursos, pero ha ido cediendo espacio a los negocios generados por la imprenta que, en 1998, se modernizó y se trasladó a un local propio en Pudahuel.

En la imprenta de La Nación se imprimen hoy, a precios convenientes, la mayoría de los medios independientes y alternativos -hecho que los socios de Colliguay resaltan en respuesta a cualquier asomo de crítica-, pero también se imprimen medios de gran tiraje.

Tal vez estimulados por este éxito, a fines del 2004 el directorio de la Empresa Periodística La Nación S.A. aprobó convertir a la imprenta en una empresa aparte, bajo el nombre de Puerto Madero S.A. Para su funcionamiento, se replicó la estructura de propiedad de La Nación: 70 por ciento para el fisco, 30 por ciento para los privados, y con los mismos privilegios que las acciones preferentes ejercen sobre el accionista estatal.

Puerto Madero tiene su propia estructura de mando: un directorio y una gerencia general separada de La Nación S.A. La decisión se redujo a escritura pública en la Notaría de Pedro Reveco, en vísperas de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2004.

Esta división fue cuestionada ante los tribunales por el Sindicato No. 2 de la empresa, que todavía dirige Carlos Ponce (el hombre que junto a Pedro Guzmán impidió la privatización del diario en las postrimerías del régimen militar).

«Nuestra sospecha es que la división es el primer paso para la privatización total de la imprenta y, por lo tanto, la antesala de los despidos masivos. Si no permitimos que esto pasara en dictadura, ¿Por qué lo vamos a tolerar ahora», explicó Ponce.

Ponce recibe sueldo, pero no tiene asignada ninguna función en la empresa.

Según él, la organización que dirige ha sido objeto de maniobras, razón por la cual de los 200 socios con los que contaba en los 80, en la actualidad tiene sólo 14.

A pesar de su debilidad, el sindicato de Ponce obtuvo un pronunciamiento de la Controlaría General de la República que declaró nula la división de la empresa entre La Nación S.A. y Puerto Madero S.A., por ilegal e inconstitucional.

En un dictamen emitido el 12 de septiembre de 2005, el contralor Gustavo Sciolla ordenó retrotraer la situación de la empresa al momento previo a su división.

Sin embargo, la administración de La Nación consideró que el fallo del contralor era una simple «opinión» y consiguió un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que bendijo la legalidad de la creación de Puerto Madero S.A.

Fuera de época

El primer director del diario La Nación en democracia, Abraham Santibáñez, es uno de los que piensa que no se justifica que el Estado tenga un diario. Cree que en los primeros años de democracia, el periódico cumplió un papel necesario, pero ahora no le ve sentido. «En ningún país democrático el Estado tiene diarios. En algunos, mantiene estaciones de radio y de televisión, con objetivos sociales, pero los diarios estatales sólo se han dado en dictaduras africanas», opinó en una entrevista para este reportaje.

Sin embargo, cree que ningún proceso de privatización debió hacerse a escondidas y otorgando participación en la propiedad a los mismos que gestionaron la empresa a nombre del Estado. «Esto recuerda las privatizaciones del tiempo de Pinochet, en que funcionarios de gobierno se quedaron con Endesa y Chilectra. Los gobiernos democráticos no debieron seguir ese mismo modelo», dijo.

«Yo estoy de acuerdo con que La Nación debió privatizarse al término del gobierno de Patricio Aylwin, pero cualquier acción debió considerar algo que es una parte muy esencial de esa empresa: la opinión de los trabajadores», continuó. «Ellos han desarrollado por más de 30 años una cultura de defensa del diario, y se resistieron a la privatización en dictadura. Ellos tienen una vinculación emotiva con la empresa sólo comparable a la que tienen los campesinos con la tierra. Aunque no tengan derechos patrimoniales, por tratarse de una empresa constituida con recursos del Estado, cualquier decisión sobre el destino del diario debió considerarlos».

Sin embargo, la cruzada de Carlos Ponce por defender la integridad y el carácter estatal de la empresa no cuenta siquiera con el apoyo de los demás sindicatos. Pedro Guzmán, el hombre que lo acompañó en la oposición a los intentos privatizadores de Pinochet, fue despedido en 1998 por necesidades de la empresa.

El propietario de Radio Nacional, Santiago Agliati, dio una batalla en solitario por anular el traspaso a Colliguay del paquete accionario que la emisora tuvo en La Nación, y consiguió en 2008, después de mucho bregar, comprar una acción del periódico. Estaba feliz porque pensaba que de ese modo podría obtener la información sobre las operaciones de La Nación que siempre se le negó por los canales normales. Sin embargo, un violento cáncer consumió su vida en un par de meses y falleció.

Los socios de Colliguay siguen disfrutando de las ganancias que produce una empresa constituida originalmente con dineros fiscales. La Radio Nacional, que Agliati nunca logró sacar del fondo del pozo, sigue operando en una pequeña habitación en la calle Santa Helena. Por sus ondas, los pocos auditores que oyen radio en frecuencia A.M., escuchan el horóscopo de Yolanda Sultana y los tangos de Aníbal Troilo.