Respecto del déficit de gestión de la cartera a su cargo, de las desproligidades administrativas -que tuvo en tanto actor político respecto de todo lo que ocurre en su área de poder, aunque no haya intervenido directamente- y de los errores en que incurrieron sus asesores no se dice mucho, cuando más bien se omite.
Salvo por algunas excepciones, en forma transversal desde el oficialismo y hasta sectores de la oposición –especialmente algunos parlamentarios y líderes concertacionistas- se ha valorado la renuncia de Magdalena Matte al Ministerio de Vivienda en medio de la polémica por el caso Kodama.
Tanto desde La Moneda –varios ministros acompañaron a la ex ministra durante el anuncio de su renuncia- como desde los partidos oficialistas se han destacado las virtudes personales de la ex ministra: honestidad, integridad, dignidad y corrección. La puesta en escena de su dimisión con sus símbolos y con la validación de la elite política económica y social, dio lugar -desde el punto de vista comunicacional- a una suerte de funeral de Estado que buscó presentar frente a la opinión pública la renuncia de la ex ministra como un acto de inmolación frente a la política.
Respecto del déficit de gestión de la cartera a su cargo, de las desprolijidades administrativas -que tuvo en tanto actor político respecto de todo lo que ocurre en su área de poder, aunque no haya intervenido directamente- y de los errores en que incurrieron sus asesores no se dice mucho, cuando más bien se omite. Salvo lo señalado por el vicepresidente de RN Manuel José Ossandon, quien califico la situación de mal manejo político, no se han escuchado voces que planteen el fondo de la cuestión: el fracaso del diseño del “gabinete de gerentes” y de la despolitización de las decisiones que estuvo a la base de dicho diseño presidencial.
Se sostiene que no ha habido daño al patrimonio del Estado por lo que no habría en estricto rigor ningún tipo de responsabilidad. Lo anterior equivale a decir que no hay responsabilidad política sin responsabilidad penal. Pero esto vale tanto, como afirmar que sólo existe la segunda.
[cita]La puesta en escena de su dimisión con sus símbolos y con la validación de la elite política económica y social, dio lugar -desde el punto de vista comunicacional- a una suerte de funeral de Estado que buscó presentar frente a la opinión pública la renuncia de la ex ministra como un acto de inmolación frente a la política.[/cita]
Magdalena Matte asumió su responsabilidad política enfatizando que lo hacía para “dar testimonio de integridad, humildad y corrección” omitiendo las desprolijidades de su gestión en un ministerio que estaba en condiciones de darle máxima visibilidad al gobierno para probar su eficacia gubernamental y hacer carne el desafío de la llamada “nueva forma de gobernar”. Es necesario insistir que el objeto de la responsabilidad política son los errores en la gestión, tanto los propios como los de los subordinados, se conozcan o no. El reconocimiento del error generalmente se asume mediante la renuncia al cargo. Esto fue lo que en definitiva ocurrió. Lo otro es un intento comunicacional por desviar la atención sobre el fondo.
Por ahora el gobierno puede estar tranquilo. Despejó el fantasma de un nuevo affaire tipo Van Rysselberghe y con el nombramiento express del nuevo Ministro Pérez Mackenna minimizó el lobby de la UDI para nombrar a un militante de sus filas en un ministerio de alta visibilidad. Pero el informe de la Contraloría que se espera para los próximos días puede volver a complicar la agenda del gobierno. No olvidemos que la oposición se ha ido empoderando con los éxitos políticos anotados. Por otro lado la responsabilidad política es una responsabilidad fusible, que se ubica generalmente debajo de la cúspide del poder y arriba de las estructuras de ejecución. En casos muy graves esta podría afectar a la cúspide. Lo que en verdad ocurre es que el sistema privilegia la estabilidad del mando y descarga, la responsabilidad política sobre las primeras líneas de las jerarquías de implementación. Así, la apuesta de La Moneda es que los hechos no terminen escalando y amenazando el sello de la eficiencia y la probidad de la actual administración.
