Un niño de 10 años que fue detenido y humillado delante de otros clientes, un pequeño quemado con cigarro en el cuello por unos guardias en un supermercado del sur, son algunos de los casos que registra la justicia. Es la mano excesivamente dura de quienes por querer evitar el robo hormiga —que ha costado grandes sumas al negocio— hacen más de lo que deben. Un proyecto de ley pretende evitar abusos como los que usted leerá en esta nota.
Ese 7 de agosto de 2007, él era feliz. O más bien, casi feliz. Había una imagen que le había rondado en la cabeza durante los cinco años de encierro y ahora se abría ante él como una certeza: juntarse con sus hermanos y su mamá en la casa del familión del pasaje Profesor Teófilo Belmar, en Lo Prado. Quería dejar atrás la celda, el lúgubre espacio que le quedó en el corazón después que lo encerraron en la ex Penitenciaría, condenado a cinco años por robo con intimidación.
Ese día, Óscar Rojas Cruces, 1.85 mts, poco más de 100 kilos de peso, ojos oscuros, dejó de formar parte de los más de 5 mil reos que albergaba el recinto y salió caminando por la calle Pedro Montt con rumbo a Lo Prado. Y a pesar de la libertad, él era solo casi feliz.
—Lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí, es algo por el ‘Kaki’—había comentado a su hermano William, más de una vez. Así le decía a su mejor amigo, que murió mientras Óscar cumplía condena.
Ese 7 de agosto de 2007, cuando las puertas de la cárcel se abrieron y él se fue a la calle, enfiló junto a un grupo de niños y compañeros de pichanga hasta la cancha del Club Unión Antártica, la pasión de su barrio. Se puso la camiseta negra-amarilla y llenó la cancha con velas, el mismo lugar donde había muerto el “Kaki”, en medio de una balacera.
[cita]Para que el abuso no quede impune es que Pablo Moreira sigue adelante con su causa. En mayo de 2010 fue acusado de robar un lápiz cuando trabajaba como reponedor de una de las sucursales de Jumbo. Fue detenido, pasó la noche en un calabozo y terminó en el centro de Justicia por ello. La voz de alerta la puso una guardia del supermercado. “Lo que más me molesta y me sorprende es la impunidad que existe hacia los guardias, sean de empresas externas o del propio supermercado, cuando se resuelve que ellos han cometido algún tipo de abuso”, dice Pablo a dos años del hecho, que aún es investigado por la Fiscalía de La Florida, porque él interpuso una querella contra la guardia interna de Jumbo y contra el Administrador de turno.[/cita]
Por eso, cuando el pasado 3 de septiembre la familia se enteró que Óscar se había suicidado en un supermercado Líder de Lo Prado, después de hurtar una bandeja con carne —según la versión que conocieron de parte del supermercado—, pensaron que sus razones habían tenido que ver con el miedo de volver a la cárcel, perderse cosas tan simples como estar presente en el funeral de un amigo, pero sobre todo, retroceder en todo lo que había construido en los últimos cinco años.
Óscar Rojas murió al interior de un Lider en Lo Prado, a comienzos de septiembre. La versión oficial habló de un suicidio después que lo sorprendieran hurtando una bandeja de carne. La familia de Rojas cree que el procedimiento de detención no fue el correcto.
Pocos minutos después de ser sorprendido por los guardias del supermercado Líder, en la intersección de las calles Neptuno y San Pablo, Óscar Rojas se colgó con su propio cinturón en el pequeño cuarto hasta donde lo habían trasladado, según le explicaron a la familia. La causa de muerte, conforme registra el Servicio Médico Legal (SML), fue asfixia por ahorcamiento. “En esa sala fue dejado alrededor de 10 minutos, y a la llegada de personal uniformado fue encontrado sin vida (…) estamos investigando y realizando las primeras diligencias para establecer si efectivamente corresponde responsabilidad por parte de alguna persona”, dijo horas después de conocerse la noticia el comisario de la Brigada de Homicidios Pedro Calderón. La muerte de Óscar y el contexto de ésta, aún está en investigación.
Para la empresa, el personal de seguridad actuó de acuerdo a la ley y el procedimiento establecido que dispone que frente a un delito flagrante, el detenido debe ser conducido a una sala hasta que llegue la policía. Sin embargo, para la familia de Óscar, la forma en que fue detenido, no es tan clara: “Según los testigos, a él lo tomaron cuando estaba en el sector de las verduras. O sea, ni siquiera había traspasado las cajas. Es un abuso de poder”, afirma William, que aún no entiende lo que pasó ese 3 de septiembre. Óscar había sido microempresario y ahora trabajaba regularmente para una empresa constructora. Era querido no solamente por su familia, sino que también en el barrio. Uno de los vecinos recuerda que una vez hasta se hizo pasar por una autoridad para lograr que un niño bajara de una torre de alta tensión a la que había subido con vagas intenciones.
Por eso, el día miércoles siguiente a su muerte, su funeral fue multitudinario.
La presencia de guardias en los supermercados es casi tan antigua como el nacimiento de estos recintos. Pertenecen a los propios supermercados o de empresas que prestan este servicio. En Chile existen 3.180 supermercados y todos ellos cuentan con guardia. Están a cargo principalmente de la seguridad del recinto y de la integridad de los clientes. Pero también son los encargados de hacer frente a hurtos que cuestan grandes sumas de dinero al rubro. El año pasado, un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) y Adimark Gfk, determinaba que el 47 % de los comercios establecidos del país fueron víctimas de delitos durante el segundo semestre de 2010. De ellos, el llamado “robo hormiga” era el más común.
De acuerdo a cifras de Alto —empresa que asesora a tiendas de retail para bajar los índices de delitos— los hurtos registrados el año 2011 significaron para los supermercados una pérdida superior a los $857 millones y en cada incidente el monto sustraído equivalía a $30 mil pesos; una cifra que entiende la familia de Óscar, pero que no alcanza a explicar lo que ellos califican como una cadena de errores que permitieron la muerte de su hermano.
“Nosotros todavía no sabemos bien qué pasó. Ellos dicen que se suicidó, pero tampoco tenemos la certeza de eso. Lo claro es que a usted no se le puede morir una persona en su casa. Si a su casa llega una persona de visita, no se le puede morir. Y ellos tampoco pueden dejar encerrada a una persona con una puerta de fierro, sola y en un estado de presión. Además, esto fue a las 21:18 y la llamada de emergencia fue a las 22:00 recién”, reclama William.
En las páginas del diario El LLanquihue se publicó este caso el año pasado. Un niño de 13 años, relató así lo vivido, después de llegar con amigos hasta un supermercado: «Uno de mis amigos se comió un pan. Se acercaron dos guardias que nos llevaron a una bodega. Allí nos pegaron y nos dijeron que nos demos cabezazos contra una pared. Uno de los guardias me bajó el cierre de la chaqueta y el polerón y me quemó con un cigarro”.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibe reclamos por malos tratos de guardias en el retail en general, ya que el artículo 15 de la Ley del Consumidor regula esta materia y establece que los guardias deben entregar un trato digno y únicamente están facultados para poner a la persona a disposición de las policías. “La necesidad de vigilar la seguridad de una empresa no puede ser excusa para pasar sobre los derechos de los consumidores”, dice Juan Antonio Peribonio, director del Sernac. Y suma datos: “Los guardias o personal de seguridad no están facultados para registrar ni detener a la persona contra su voluntad. En el caso de la comisión de un delito flagrante debe ponerse de inmediato a disposición de la Policía”.
En diciembre de 2010, Sonia Echiburú, cliente del Unimarc de Iquique, salió del supermercado cuando fue interceptada por dos guardias de seguridad del recinto, que la acusaron de llevar carne entre la ropa. “Me sentí muy mal, fue lo peor, transpiré entera, quería que la tierra me tragara. Toda la gente me miraba”, recuerda con angustia el episodio. Después de comprobar que la acusación era falsa recibió disculpas, pero a ella no le bastaron y el año pasado recibió una indemnización de $1.500.000, después de denunciar el hecho en el Primer Juzgado de Policía Local de Iquique. “No me arrepiento para nada de haber esperado tanto, porque quería justicia”, dice Sonia.
El abogado Alejandro Chaparro presentó una querella en abril pasado para que la Fiscalía de Viña del Mar investigara el presunto trato vejatorio y la detención de un niño de sólo 10 años, de iniciales I.G.A. Gilda, la madre del niño, relató así lo sucedido ese imborrable 21 de abril, cerca de las 22:00 horas: se encontraban en el Hipermercado Líder de calle 15 Norte, cuando el niño le pidió permiso para ir al baño. Un trámite para el que tuvo que cruzar las cajas de pago. “Entonces fue detenido por un guardia, que lo abordó y lo acusó inmediatamente de estar robando. Lo trató tanto verbal como físicamente de muy mala manera, insistiendo en que entregara lo robado.
El guardia revisó la chaqueta de mi hijo, hizo que abriera el cierre a fin de que le mostrara lo que llevaba en su interior, intimidándolo constantemente con acusaciones y tratándolo a viva voz de ladrón. Mi hijo nunca antes había sido detenido, por lo que su reacción fue de miedo y vergüenza, razón por la cual y atendida la ilegal y arbitraria detención de la cual fue víctima, la prepotencia con que fue tratado y la violencia que se ejerció en su contra, se defecó completamente, a la vista de todos quienes transitaban por aquel lugar, siendo humillado y denostado públicamente”, explicó la madre del niño al momento de presentar el caso de su hijo ante la justicia, pese a que en los minutos posteriores a la detención, personal del supermercado se deshizo en disculpas.
La acción judicial fue patrocinada por el abogado y diputado de ese distrito Rodrigo González, quien con impotencia vio que el juez se declaró incompetente porque “no había delito”. Por esa razón prepara un proyecto de ley que permita regular aún más la función de quienes custodian supermercados y tiendas de retail: “Esta ley debería regular esta actividad privada en todos los recintos y la idea es que vele por los requisitos, los derechos de los usuarios de esos servicios, las responsabilidades de los organismos privados, las formas de reparación de los daños, las multas, las penas que deban aplicarse por faltas o delito. Porque en algunas ocasiones, los guardias cometen delitos contra los usuarios”, señala González.
Para que el abuso no quede impune es que Pablo Moreira sigue adelante con su causa. En mayo de 2010 fue acusado de robar un lápiz cuando trabajaba como reponedor de una de las sucursales de Jumbo. Fue detenido, pasó la noche en un calabozo y terminó en el centro de Justicia por ello. La voz de alerta la puso una guardia del supermercado. “Lo que más me molesta y me sorprende es la impunidad que existe hacia los guardias, sean de empresas externas o del propio supermercado, cuando se resuelve que ellos han cometido algún tipo de abuso”, dice Pablo a dos años del hecho, que aún es investigado por la Fiscalía de La Florida, porque él interpuso una querella contra la guardia interna de Jumbo y contra el Administrador de turno. Del resultado de esto, saldrá una demanda civil contra Jumbo S.A.
El año pasado, otro caso del mismo tenor llegó hasta las páginas del diario El Llanquihue de la X Región. Un estudiante de sólo 13 años, alumno de la escuela rural de Alerce —en un día de cimarra— cambió el colegio por pasear por el supermercado Bigger de Mall Costanera de Puerto Montt. Jamás habría imaginado el final de ese día y, entonces, él lo relató así al medio regional: “Estuvimos dando vueltas por Alerce y como a las 12 horas nos fuimos al centro. Pasamos al supermercado Bigger y allí uno de mis amigos se comió un pan. Se acercaron dos guardias que nos llevaron a una bodega. Allí nos pegaron y nos dijeron que nos demos cabezazos contra una pared. Uno de los guardias me bajó el cierre de la chaqueta y el polerón y me quemó con un cigarro”, contó el niño, que mostró evidencias físicas de su relato.
Este caso también ingresó al Programa de Representación Jurídica del Sename de Puerto Montt. Se realizó seguimiento, pero, según informan en el Servicio, la causa finalmente fue sobreseída.
