La investigación comenzó luego de detectarse un contrato por 60 millones entre la Universidad del Mar y Eugenio Díaz, quien prestó una asesoría a la casa de estudios. Esto dio inicio a sospechas de un posible cohecho, debido a que en dos semanas se acreditó el establecimiento por dos años, lo cual permitió que reciba recursos estatales.
El dueño y ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corvalán, fueron detenidos por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana bajo el cargo de negociación incompatible, en el marco del caso lucro en las universidades.
Además, también fue confirmada la aprehensión del ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, quien será puesto a disposición de los tribunales en horas de la mañana de este sábado por una orden del Octavo Juzgado de Garantía.
La ex autoridad de la casa de estudios superiores fue detenida, según señala radio Bío Bío, en el aeropuerto mientras ingresaba al país, proveniente de Estados Unidos, lo cual fue comunicado por el comisario de la Bridec, Pietro Hernández.
La UPV está siendo investigada al igual que la Universidad Del Mar, por supuestos sobornos a Eugenio Díaz para lograr la acreditación en el año 2010, la cual nunca antes habían logrado. En el caso de la Universidad Arcis, la cual fue mencionada por algunos medios de comunicación, este centro de estudios negó que haya alguna investigación sobre el tema en el que estén involucrados, afirmando que la institución se encuentra actualmente en proceso de acreditación ante la autoridad respectiva.
En el caso de la UPV, la acreditación fue recibida desde la Comisión Nacional el 29 de diciembre de 2010, sumándose así a otras 15 universidades, cinco CFT y 10 Institutos Profesionales, todos los cuales recibieron la aprobación de calidad de la CNA.
La investigación comenzó luego de detectarse un contrato por 60 millones entre la Universidad del Mar y Díaz, quien prestó una asesoría a la casa de estudios. Esto dio inicio a sospechas de un posible cohecho, debido a que en dos semanas se acreditó el establecimiento por dos años, lo cual permitió que reciba recursos estatales.
Por su parte, Maulén está acusado luego que las investigaciones de la fiscalía detectara que la casa de estudios superiores a la que representó también realizó contratos a Díaz en el periodo en que recibió su acreditación por un año.
En su declaración a la fiscalía, Díaz alegó que al firmar el contrato ya no era el presidente de la CNA, aunque fuentes del organismo, según cita La Tercera, habría permanecido en ese cargo hasta que fue designado su reemplazante, el 25 de enero de 2011.
El fiscal que lleva a cargo la investigación, Carlos Gajardo, en agosto pasado ya había confirmado que Díaz recibió 290 millones de pesos por asesorías a cinco universidades, por lo que se determinó ampliar las indagaciones a la Bridec ante posibles delitos de “corrupción y lavado de dinero”.
La Policía de Investigaciones realizó varias diligencias en la Universidad Internacional SEK,la Universidad Bernardo O’Higgins, Uniacc, la Universidad Andrés Bello y la UPV.
Patricio Basso y el destape de la “olla”
En agosto pasado, Patricio Basso, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo de la CNA, fue destituido por la mayoría de los miembros, lo cual provocó su reacción afirmando que su salida se debió a que las autoridades no quería destapar lo que él considera “lucro”.
En esa oportunidad, Basso dijo que existía una colusión entre la comisión, el gobierno y los dueños de las universidades y que “quieren hacer callar a quien denunció las irregularidades cometidas por el ex presidente Eugenio Díaz” con la U.del Mar.
Además, señaló que el 12 de junio envió oficios al ministro de Educación, Harald Beyer, en los cuales daba cuenta de lucro en dos universidades privadas, la U. Santo Tomás y la Uniacc, añadiendo que nunca acusó recibo de parte del titular de la cartera.
Comisión por el lucro
Este tema dio paso a que en 2011 se creara la Comisión Investigadora sobre la Educación Superior, la cual era presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), la cual finalizó con un informe que fue aprobado por siete de los 13 legisladores que participaron.
En el documento se da cuenta del fallo del Estado en su rol como ente fiscalizador de los planteles educacionales, agregando en uno de los puntos que “en 30 años de existencia del sistema de educación superior privado, jamás ha habido alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro”.
El informe de la Cámara también logró establecer la existencia de dos formas de lucrar, por compra y venta de universidades y por la relación que tienen las sociedades inmobiliarias.
Sin embargo, el informe fue rechazado en la Cámara de Diputados por 46 votos a favor de la oposición, 45 en contra de la Alianza y una abstención que correspondió al diputado Gaspar Rivas (RN).
