Cómo transitar por el miedo de las elites hacia una nueva Carta Fundamental
Participativa, representativa y que incorpore la historia y tradición de nuestro país. Son las condiciones que puso el lunes la candidata al mecanismo a través del cual se elabore una nueva Carta Magna. Eso implica agotar todas las instancias institucionales, descartando el decreto presidencial y dejando sólo como última opción la controvertida Asamblea Constituyente. Mañana jueves se hará pública la estrategia.
No se amarró con una fórmula, aunque tampoco le dio un portazo a la idea. No fue tajante ni categórica sobre el punto, pero las razones de Michelle Bachelet para esquivar una postura más contundente sobre la asamblea constituyente (AC) en el debate televisivo del lunes en la noche, obedecían a respetar el ideario que tiene en materia constitucional. También su discurso respondió a la necesidad de usar esa plataforma para dar un par de señales ante las protestas desde la elite, que públicamente reclama ante la posibilidad que se realicen cambios estructurales al sistema.
“Aquí se necesita una nueva Constitución. Se han hecho reformas pero no han logrado romper los cerrojos (…) hay varias opciones, tiene que ser por la vía institucional, que sea participativa, que sea representativa y que incorpore la historia de la tradición de nuestro país”, dijo Bachelet en el debate cuando se le preguntó por la asamblea constituyente. Luego, en la conferencia de prensa, aclaró que ella “no demoniza” la asamblea, sino que considera que hay “distintos pasos y distintas fases» y que “no tiene que partir por la última que, en este caso, sería la asamblea constituyente”.
Los objetivos de Bachelet en este tema eran claros.
Poner el acento en que no está ni estará disponible para saltarse la institucionalidad, punto no menor, explican, considerando que días previos al debate y desde diferentes frentes —como las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y del senador PS, Camilo Escalona— comenzaron las señales de alerta que advertían sobre la amenaza de una desaceleración económica y la radicalización del programa. “Fue una señal a los Larraín, los Escalona y todos los que la quieren instalar fuera de la institucionalidad”, recalcaron desde el bacheletismo.
Pero también quiso remarcar que el punto es sí o sí una nueva Constitución y no reformas a la actual, sin casarse públicamente, ahora ya, con una fórmula específica, porque esta —reconocen en su entorno— no está definida.
[cita]Participativa, representativa y que incorpore la historia y tradición de nuestro país. Son las condiciones que puso el lunes la candidata para el mecanismo a través del cual se construya una nueva Carta Magna. Eso implica agotar todas las instancias institucionales, descartando el decreto presidencial y dejando sólo como última opción la controvertida AC. Mañana jueves se hará pública la estrategia. [/cita]
Lo que sí tiene claro es que no le convence ni le acomoda la “fórmula” de recurrir a un decreto supremo para convocar a una asamblea constituyente, tesis propuesta por el abogado, Fernando Atria, miembro de la comisión especial que trabaja este tema para Bachelet en el comando. Tan claro lo tiene que así lo sentenció la candidata minutos antes de retirarse, al ser interceptada por CNN para una última reacción: “Jamás por decreto”.
No fue portazo a la asamblea, insisten, sino que “un rechazo a la solución del decreto de Atria”. Es más, la AC es parte del debate interno —reconocen— que oscila entre quienes consideran que no tiene sentido perder tiempo y las visiones que apuntan a agotar primero todos los pasos previos, que estos caigan por el choque con el propio sistema —entiéndase el Congreso y sus altos quórums—, lo que dejaría sin apelación a la asamblea como segunda opción.
Esta semana —el jueves inicialmente— se daría a conocer la propuesta de Bachelet en materia constitucional, a la luz del trabajo que hizo la comisión ad hoc. En todo caso, explican en el entorno que las “definiciones finales” al respecto no están tomadas ni se tomarán antes de las primarias del 30 de junio, porque sí o sí “hay que esperar el desembarco de la DC” a la campaña, al comando y al complejo tema.
Un factor que a muchos genera resquemores, considerando que eso incline la balanza a posturas más moderadas. Sin embargo, más de uno hace notar que algo de camino está avanzando, porque fue el propio Eduardo Frei en la campaña presidencial del 2009 y en su programa quien ya habló de una nueva Constitución y en septiembre de ese año, proponía la idea de convocar a una Alta Comisión de Reforma Constitucional para que en seis meses hiciera una propuesta de Nueva Constitución. “Durante años nos han querido convencer que lo más importante de un país es el modelo económico. ¡No señores: lo más importante es su Constitución!, porque de ahí se deriva su orden económico, su orden social y su orden político”, dijo Frei en esos días.
“Hay una camisa de fuerza, cómo se rompe sin saltarse la institucionalidad es el gran dilema y la única forma para eso es vía una negociación política para poder correr los umbrales institucionales, eso está haciendo Bachelet, tratando de correr los umbrales”, comentó el analista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.
Observa que en estos momentos, el problema que tiene Bachelet es que la AC como “tema en la agenda pública ha avanzado más rápido que su comisión”. Pero el conflicto mayor es que cuando en un sistema político “la confianza en las instituciones políticas es muy baja y la brecha con la ciudadanía va en aumento la solución debe ser estructural y para muchos no es así, no existe ese problema”.
Ahí es donde las ideas de cambios estructurales chocan con la férrea resistencia de la elite. Una que quedó de manifiesto con el ministro Larraín advirtiendo sin tapujos que la asamblea es “es una fuente enorme de incertidumbre institucional, las decisiones de inversión en un país dependen de las certezas mínimas sobre sus instituciones. Instituciones que, por lo demás, hemos mantenido por veintitantos años”.
Para Fuentes, este tipo de señales reflejan lo que la “historia demuestra, un miedo de la elite a perder el poder. Nunca se han establecido mecanismos de participación ciudadana para definiciones institucionales, eso es parte del ADN de la elite y, por tanto, se genera resistencia”.
El punto es que la elite no cruje solo de su lado derecho, sino que del otro también. “Las fuerzas o grupos que pretenden el cambio revolucionario caen en el error de pensar que un golpe audaz, una acción afortunada, puede de golpe realizar aquellas añoradas transformaciones”, planteó Escalona en una columna de opinión esta semana, donde añadió que “radicalizar artificialmente el programa que se propondrá al país como alternativa de gobierno, sólo redundará en el fortalecimiento de las fuerzas más conservadoras”.
En esta nueva saga de los “fumadores de opio”, Escalona llamó a los militantes del PS a no promover la acción de “minorías mesiánicas” ni caer en las “tentaciones del izquierdismo”.
Un discurso que le valió los aplausos y reconocimientos de la derecha. Un botón: el timonel UDI, Patricio Melero, dijo que mostraba “sentido de país y cordura” al cuidar el patrimonio “más importante que Chile ha tenido en los últimos 23 años: estabilidad política, social y económica”.
Para el sociólogo y cientista político, Alfredo Joignant, las críticas tan destempladas que ha despertado en la derecha el anuncio de cambios constitucionales, no hacen más que llevar a inferir que hay “un miedo difuso a un cambio que viven casi en clave de fantasía” y esto mismo hace que no vean lo que está ocurriendo realmente en Chile.
“En el país se abrió una brecha hegemónica que permite disputar en otros términos la batalla de las ideas, y hay una reacción muy defensiva por parte de la derecha. Ellos ponen todo tipo de epítetos: pánico al desorden, miedo a la barbarie… y para las mentes más alocadas es retornar a la Unidad Popular. Son imágenes fantasiosas y eso hace difícil discutir racionalmente”, añadió.
La principal propuesta de Rafael Correa, cuando aún era candidato a la presidencia de Ecuador, fue convocar una asamblea constituyente cuando llegara al poder. Y lo hizo. No fue un proceso fácil y también despertó el miedo de una parte de la sociedad de ese país.
Gina Chávez, abogada miembro de la AC-Ecuador, dice que “el juego de las elites siempre ha sido guardar las instituciones del Estado como una garantía de sus intereses y las asambleas rompen con ese modelo porque emerge lo que denominamos como poder popular, que se toma el diseño de la Constitución, esto es el diseño de la sociedad que quiere y un instrumento para la realización de derechos. Esto va en contra de lo que ha sido el modelo tradicional de Estado”.
La habitual “satanización de la asamblea” sólo pudo ser enfrentada con un equipo de personas vinculadas a los movimientos sociales que habían recogido el descontento social y el conjunto de las reivindicaciones, de una manera trasversal.
El profesor constitucionalista de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, Dalmo Dallari, cree que en Chile aún falta información sobre lo que es una AC. “No se trata de eliminar derechos anteriores o algo parecido”, asegura y apunta a un pilar de este mecanismo para levantar una nueva Constitución: “Importa mucho el grupo que lleva adelante la asamblea. Es indispensable que no sea radical, que sea responsable, que tenga como preocupación fundamental los privilegios de todos”.
Roberto Viciano, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España y conocedor de los procesos constituyentes de Latinoamérica, cree que el temor de las elites no se debe a la falta de información, sino a “que los procesos de cambios siempre asustan al dinero. El dinero es muy cobarde y cuando ve cualquier inestabilidad se reciente”.
Pone un ejemplo no menor ante la satanización que abunda en Chile con la AC. “El proceso constituyente de Bolivia fue visto como una amenaza de inestabilidad, pero los capitales se quedaron en el país y en este momento Bolivia tiene, por primera vez, 14 mil millones de reservas internacionales, cuando siempre ha sido un país que no podía llegar a fin de año sin pedir un préstamo internacional”.
Con ese argumento, el académico resaltó las amenazas de caos que genera el tema “son más bien maniobras de amarre para evitar los cambios, amenazas de los poderes fácticos para impedir que lo que la gente quiere se lleve a cabo”.
