A juicio del ex diputado y querellante en la causa, la alternativa presentada por el Ministerio Público que obliga a los ejecutivos a capacitarse en “ética empresarial” y a hacer donativos a instituciones de beneficencia es “la santificación definitiva de que nuestro ordenamiento penal no es capaz de estar a la altura de los graves delitos económicos que a diario ocurren y que causan daños de enorme magnitud, enriquecen a unos pocos a costa de millones de chilenos”.
Como una “vergüenza nacional” y un “hazmerreír desde el punto de la persecución penal” calificó el ex diputado Jaime Mulet el acuerdo que alcanzó el lunes la Fiscalía con 10 ejecutivos imputados en el caso de la colusión de precios de las farmacias y que permitió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago disponer la suspensión condicional del procedimiento durante un año, lo que en la práctica dejó sin efecto el juicio en su contra.
En su calidad de abogado querellante, Mulet apeló poco antes del mediodía ante la Corte de Apelaciones de Santiago “con el fin de que ésta se haga cargo del problema y entregue el veredicto definitivo sobre la materia”.
“El Ministerio Público órgano del Estado encargado de sostener la acción penal, ha llegado a un acuerdo con las personas que cometieron los delitos y le ha ofrecido una salida que constituye una vergüenza nacional, un hazmerreír desde el punto de vista de igualdad de la persecución penal y lo que es más grave, la santificación definitiva de que nuestro ordenamiento penal no es capaz de estar a la altura de los graves delitos económicos que a diario ocurren y que causan daños de enorme magnitud, enriquecen a unos pocos a costa de millones de chilenos”, dijo el profesional en una declaración pública.
Agregó que “este querellante no puede conformarse por la decisión adoptada por el tribunal de garantía acogiendo un acuerdo económico risible y la imposición de condiciones, que se quieren hacer aparecer como penas que no solo afrentan el sentido común de los ciudadanos libres, sino de los miles y procesados y condenados que se encuentra en nuestras cárceles que jamás ha recibido ni recibirán ningún trato tan obsecuente y demostrativo del alto estado de descomposición moral en que se encuentra en nuestra sociedad y que motiva el justo reclamo que miles de personas hay hacen a nuestro sistema de representación y en este caso en particular de persecución criminal”.
Además de considerar insuficiente la resolución del tribunal de Garantía, que estableció que los ejecutivos se sometan durante un año a una capacitación en “ética empresarial” y que entreguen donativos a instituciones de beneficencia por un monto que suma 225 millones de pesos, Mulet afirmó que, de mantenerse, “difícilmente podrá esperar algúnciudadano la debida protección del Poder Judicial y del Ministerio Público en delitos contra la seguridad o de otro tipo. Con esta resolución se debilita el ethos cultural y en definitiva se produce un grave deterioro de la confianza en las instituciones”.
Asimismo, criticó con dureza el hecho que parlamentarios que aparecían en calidad de querellantes en el caso colusión, como los senadores Camilo Escalona (PS) y Guido Girardi (PPD) se hayan desentendido de la gravedad del asunto, el primero por ausentarse de la audiencia y el último por haber dado el visto bueno al acuerdo.
“Me resulta completamente inexplicable que dos senadores en ejercicio, uno no haya concurrido a la audiencia, el señor Escalona y el otro, el senador Girardi haya aceptado las condiciones en calidad de querellante”, dijo, enfatizando que con el ejemplo que están dando ambos en este caso “el país puede así aquilatar cual es el nivel de compromiso de estos parlamentarios con las políticas criminales de persecución económica”.
