La derecha tenía vetado a Cerda por el rol que jugó como juez —uno de los pocos— en plena dictadura en causas de Derechos Humanos, como la que llevó adelante en 1984, cuando ordenó el procesamiento de 40 ex efectivos de la FACh, incluido el ex comandante en jefe Gustavo Leigh, por la muerte de 10 dirigentes comunistas, asesinato atribuido al Comando Conjunto.
Las dos quinas aún están sobre el escritorio del Presidente Sebastián Piñera, esperando que de cada una elija un nombre para proponer al Senado. Y si bien el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, ha estado en todas las últimas listas, hoy finalmente enfrenta un escenario propicio para poder ascender al máximo tribunal del país, luego que se levantaran los vetos políticos que desde la derecha pesaban sobre él, básicamente por el papel que jugó desde tribunales en la defensa de los derechos humanos en plena dictadura.
Las dos vacantes pendientes en la Corte Suprema corresponden a la del abogado externo —que se produjo en febrero con la muerte de Roberto Jacob— y la que dejó la ministra Gabriela Pérez, que jubiló en enero. Ambas llevan semanas esperando que Piñera elija un nombre, decisión que se ha postergado por los conflictos en la derecha por la candidatura presidencial y los anuncios de proyectos de reforma al sistema binominal, que deben ser discutidos —al igual que los nombramientos a la Corte Suprema— en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y luego en la sala.
En La Moneda reconocen que ante el turbulento escenario político de las últimas semanas y considerando las tensiones que hubo con la última nominación que se hizo, la ministra Gloria Ana Chevesich, no se habían abocado de lleno al tema y que, dado que esta semana el Congreso retoma sus tareas luego del receso distrital, es más propicio que el tema “se decante en estos días”.
En el gobierno están conscientes que en esta ocasión el escenario es favorable para Cerda. Es más, en la propia Moneda recalcan que “el Presidente Piñera jamás ha expresado que tenga un veto sobre este juez” como respuesta a la posibilidad de nominarlo en esta ocasión.
Además, en Palacio agregan que la actitud de la Alianza no debería ser un problema, ya que más de uno de sus parlamentarios le daría su voto a favor —para lograr el quórum de 25 que requiere en la sala—, porque “las cosas a estas alturas han cambiado” y “ya no existe” el rechazo en bloque que había en la UDI y RN hacia el magistrado.
[cita]lgunos senadores UDI vinculados estrechamente al tema judicial desde hace un tiempo se han abierto a la idea que llegue Cerda a la Corte Suprema, no sólo porque le reconocen su calidad jurídica, sino porque sería una forma —agregan— de dar un paso adelante y terminar con “la lógica de uno de los nuestros y uno de la Concertación” con que generalmente se han hecho las nominaciones, dejando de lado a veces criterios sobre la calidad jurídica real para llegar al máximo tribunal del país.[/cita]
En el gobierno saben que los argumentos que se esgrimieron en público y en privado para defender la polémica nominación de Chevesich, en esta ocasión corren de la misma manera, ahora a favor de Cerda.
Uno de los datos más relevantes es que en la quina que el máximo tribunal del país elaboró el 12 de julio, Cerda obtuvo la primera mayoría con diez votos y actualmente tiene una calificación de desempeño de 6,86, la tercera mejor a nivel nacional.
Por semanas, tanto los parlamentarios de la UDI y RN, como el gobierno, reclamaron en defensa de Chevesich que no podían primar vetos políticos y que había que centrarse en el desempeño judicial de la nominada, quien tenía las mejores calificaciones y había obtenido la mayor cantidad de votos en la quina.
Todos estos requisitos hoy el juez Cerda los cumple a cabalidad, un escenario del que en La Moneda tienen plena conciencia.
Desde la oposición, recalcan que es un nombre largamente esperado, porque Cerda es considerado uno de los mejores jueces que existen en estos momentos y que su nominación, a diferencia de las anteriores que ha realizado el gobierno de Piñera, sería respaldada sin contratiempos.
Cuando La Moneda propuso a Chevesich, la ministra fue criticada con dureza por sectores de la oposición por varios de sus fallos en materia de derechos humanos: haber invocado “irreprochable conducta anterior” a favor del ex jerarca de la DINA, Manuel “mamo” Contreras en el caso del asesinato de tres miritas; inclinarse por la excepción de prescripción en materia civil en la muerte en 1973 del médico ecuatoriano, José García Franco.
A pesar de ello y del conflicto interno que generó en el seno de la oposición, la mayoría de la DC y sectores del PS le dieron su respaldo en la sala. Para algunos de los senadores que apoyaron a Chevesich, dicho respaldo fue visto “como el precio que había que pagar para que llegue Cerda”, uno que “bien vale el costo” y que esperan que ahora sea el momento.
De la quina que surgió la nominación de Chevesich -24 de mayo- el juez Cerda obtuvo cinco votos, pero ahora contó con el doble del respaldo, con diez ministros que votaron por él: Milton Juica, Sergio Muñoz, Pedro Pierry, Haroldo Brito, Guillermo Silva, Hugo Dolmesch, Juan Araya, Héctor Carreño, Lamberto Cisterna y Carlos Kümsemüller. Una señal no menor que manda la propia Corte Suprema de quien debería ser el elegido por La Moneda.
Es más, se comenta que es visto con buenos ojos desde el máximo tribunal, incluso por los magistrados que no votaron por él, que el elegido en esta ocasión sea el juez Cerda
En el mundo judicial es reconocida la solidez intelectual y destreza jurídica del magistrado y en la Corte Suprema, puntualmente, lo ven como la mejor propuesta que puede hacer hoy La Moneda. Saben que no hay argumentos de peso para no nominar a Cerda y menos, para rechazarlo en el Senado, sobre todo si se tiene como antecedente previo la defensa que se hizo de Chevesich, que deben regir igual ahora para el juez.
El pleno de la Corte Suprema almorzó el jueves con el Presidente Piñera en La Moneda. Una invitación del gobierno, un gesto para mantener en buen pie las relaciones entre estos dos poderes del Estado, considerando las tensiones públicas que hubo hasta fines del año pasado.
Solamente días antes, el lunes, el propio presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, tuvo una bilateral con Piñera.
Desde el Eejcutivo y la corte aseguraron que en ambas citas no se tocó el tema de los ascensos al tribunal. Es que los guiños de la corte dando a entender que miran con buenos ojos el nombre de Cerda ya han sido claros.
Además, lo que más preocupa al máximo tribunal es la demora excesiva que ha habido para zanjar los ascensos, porque entrampa el buen desempeño de la Corte, que —en gran medida— se debe a que el Ejecutivo ha dilatado la decisión de un nombre y luego el Congreso hace lo suyo con las discusiones, conflictos y vetos.
Esta no sería la primera nominación de Cerda. Ya el 2006 fue propuesto casi al final del gobierno de Ricardo Lagos y su nombre fue votado en la sala del Senado en pleno gobierno de Bachelet, pero su ascenso en ese momento fue rechazado en bloque por la UDI y RN.
La derecha tenía vetado a Cerda por el rol que jugó como juez —uno de los pocos— en plena dictadura en causas claves de Derechos Humanos, como la que llevó adelante en 1984, cuando ordenó el procesamiento de 40 ex efectivos de la FACh, incluido el ex comandante en jefe Gustavo Leigh, por la muerte de 10 dirigentes comunistas, asesinato atribuido al Comando Conjunto.
Sin embargo, el 2005 cayó en sus manos —cuando fue designado para reemplazar a Sergio Muñoz— la investigación del origen ilegitimo de la fortuna de Augusto Pinochet y sus cuentas en el Banco Riggs, con lo que terminó de ganarse el rechazo de buena parte de la derecha.
Algunos senadores UDI vinculados estrechamente al tema judicial desde hace un tiempo se han abierto a la idea que llegue Cerda a la Corte Suprema, no solo porque le reconocen su calidad jurídica, sino porque sería una forma —agregan— de dar un paso adelante y terminar con “la lógica de uno de los nuestros y uno de la Concertación” con que generalmente se han hecho las nominaciones, dejando de lado a veces criterios sobre la calidad jurídica real para llegar al máximo tribunal del país.
