La jefa de Estado sostuvo que las razones que la impulsaron a desarrollar estas modificaciones al sistema educacional son “éticas”, ya que “se basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad. La educación es un derecho social que no puede depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias”.
La Presidenta Michelle Bachelet aseguró este miércoles, en su primer mensaje al país en lo que es su segundo mandato, que la reforma estudiantil que impulsa su gobierno consagrará la educación de calidad como un derecho y no como un bien de consumo, la cual le “devolverá a la educación pública el valor y la centralidad que nunca debió haber perdido”.
Durante su alocución en el Congreso Pleno en Valparaíso, la mandataria explicó las reformas que impulsará su administración, la cual a su juicio será un “cambio estructural a la educación en Chile en todos sus niveles”.
Bachelet explicó que la reforma consagrará a la educación de calidad “como un derecho y no como un bien de consumo, una reforma que devolverá a la educación pública el valor y la centralidad que nunca debió haber perdido, una reforma integral, que abarca la educación preescolar, la educación general básica y media, y la educación superior”.
La jefa de Estado sostuvo que las razones que la impulsaron a desarrollar estas modificaciones al sistema de educación son “éticas”, ya que “se basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad. La educación es un derecho social que no puede depender de los recursos económicos de los estudiantes o sus familias”.
Agregó que el futuro de la economía nacional también avala la decisión asumida por el Ejecutivo, ya que “sólo si invertimos fuertemente en un sistema educativo de calidad, que potencie los talentos de sus alumnos, tendremos entonces en el mediano plazo una economía dinámica e innovadora”.
En ese sentido, la mandataria se refirió a la educación parvularia, en donde se aumentará la cobertura y se asegurará la calidad.
“Incorporaremos 90 mil niños y niñas –entre 0 y 2 años– en las 4.500 salas cuna que vamos a construir en estos 4 años. A esto se agregaran, 34 mil niños y niñas de 2 a 4 años, lo que demanda la habilitación de 1.200 nuevas salas en jardines infantiles”, mencionó.
Bachelet afirmó que con lo anterior se cerrarán las brechas y se acercará a los estándares de la OCDE en materia de cobertura de salas cuna, pasando del 17% al 30% en un plazo de cuatro años, lo cual significa que “durante mi gobierno aumentaremos un 88% la cantidad de niños y niñas asistiendo al nivel inicial”.
También anunció que se fortalecerá la formación y capacitación de los profesionales y técnicos de la educación parvularia.
En cuanto a la Educación General, Bachelet dijo que “el objetivo que nos hemos propuesto es lograr que todos los niños y niñas de Chile reciban –sin distinción de ningún tipo– una educación de calidad. En esa línea buscamos, en un primer momento, terminar con el lucro con fondos públicos, así como con la discriminación en la selección y progresivamente con el copago en nuestro sistema educacional”.
Y añadió que la evidencia internacional muestra que el mejor promotor de una educación de calidad no es el incentivo al lucro, sino que los proyectos educativos y la vocación por enseñar a las nuevas generaciones que se forman.
Además, señaló que los establecimientos particulares subvencionados pasarán gradualmente a constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, si así lo determinan estas instituciones, aclarando que la reforma que impulsa contempla mecanismos claros y apoyo estatal para estos.
En cuanto al fin del copago, precisó que esto implica eliminar gradualmente el financiamiento que actualmente pagan las familias y “en paralelo, y para mejorar la calidad, el Estado irá aumentando lo que invierte en cada estudiante. Así estaremos haciendo realidad concreta el derecho a obtener calidad con gratuidad”.
“¡Si la educación es un derecho de todos, entonces debemos financiarla con recursos públicos, y no con el sacrificio de las familias, especialmente de las más vulnerables!”,exclamó.
Respecto a la «discriminación que se realiza través de la selección en el ingreso, la experiencia nacional e internacional muestra que esa práctica es fuente de segregación social, y hace un enorme daño a los y las estudiantes y a toda la sociedad”.
Por tal motivo, explicó que “se terminará con las discriminaciones que viven muchas familias en este proceso y se asegurará la libertad de los padres y madres de elegir, en igualdad de condiciones, los establecimientos donde deseen que estudien sus hijos e hijas”.
“Quiero ser muy clara en este punto: en el caso de los llamados ‘establecimientos emblemáticos’ no podrán seguir seleccionando alumnos mediante pruebas o test académicos, pero podrán realizar sus procesos de admisión en base a aquellos estudiantes del 20% de mejor rendimiento de cualquier establecimiento escolar”, aclaró.
También anunció que se enviará un proyecto que termina con la municipalización y crea una nueva organización de la educación pública.
“La educación que hoy administran los municipios se depositará en el Estado, a través de instituciones descentralizadas territorialmente que incorporan a la comunidad. Por otra parte, estamos conscientes de que en esta búsqueda de calidad, los profesores son protagonistas principales. Por eso es necesario que exista una Política Nacional Docente que valorice la carrera y su desarrollo profesional”, precisó.
Otro de los anuncios hechos durante su discurso fue el envío de un proyecto que crea una nueva carrera profesional docente, la cual se trabajará con el Colegio de Profesores para “desarrollar un nuevo pacto para construir, en conjunto, una profesión valorizada y con más capacidades”.
Bachelet afirmó que la reforma de largo alcance debe complementarse con una agenda corta que contenga medidas potentes que impacten en lo inmediato en la calidad de educación que se entrega en la sala de clases.
“Esto significa, entre otras cosas, que iniciaremos un fuerte programa de inversión en infraestructura y equipamiento de los colegios, capacitaremos profesores y apoyaremos a directivos, quienes son pilares fundamentales en cualquier proceso de cambio”, explicó.
Respecto a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), la mandataria hizo un guiño a los estudiantes, afirmando que su uso se extenderá a los 12 meses del año, por lo que “los estudiantes podrán usar todo el año esta tarjeta de transporte”.
Sobre la educación superior, “su objetivo central es asegurar que las universidades, institutos y centros de formación técnica cumplan efectivamente con sus funciones públicas de formación, extensión e investigación”.
“Partimos estos cambios reconociendo la importancia de la educación técnico-profesional en nuestro país. Es por eso que el lunes anunciamos la ubicación de los primeros cinco centros de formación técnica estatales, que serán creados al amparo de universidades públicas en regiones que tienen un importante déficit de oferta de CFTs. Con esto estamos dando una señal clara de la relevancia que tiene esta educación en Chile”, explicó.
Bachelet también anunció el inicio del Programa de Preparación para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior, el cual estará destinado a estudiantes de sectores vulnerables que estén cursando tercero medio.
Además, a ese programa se integrarán el primer año 7.000 estudiantes de 65 liceos de cinco regiones, y a más tardar en marzo de 2016 este programa tendrá cobertura nacional.
Tales estudiantes recibirán apoyo académico y vocacional, por lo que al salir del colegio tendrán un sistema de acceso preferente a las universidades y apoyo mientras cursan sus carreras.
Además, en el segundo semestre de este año, despachará el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, «una de cuyas funciones será asegurar el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro”.
“Hemos enviado recientemente el proyecto de ley que crea la figura del Administrador Provisional y de Cierre para las instituciones de Educación Superior. Esto permitirá prevenir y limitar los efectos, a veces irreparables, de situaciones como las vividas por alumnos de algunas universidades, institutos o CFTs que han tenido que cerrar y con ello han dejado a tantos jóvenes en la indefensión”, agregó.
La mandataria también anunció que antes del 19 de junio próximo se enviará al Congreso el proyecto de ley que crea dos universidades estatales en las regiones de Aysén y O’Higgins, las cuales tendrán como misión “involucrarse con el desarrollo local”.
“Esto no es sólo una señal del compromiso que tenemos como Gobierno con la educación universitaria estatal, que es el pilar fundamental del sistema universitario chileno. También es un reconocimiento a la labor clave que han tenido, tienen y deben tener las universidades públicas en el desarrollo productivo y cultural del país, en especial en las regiones de Chile”, sostuvo.
También dijo que el Estado acordará con las universidades estatales la realización de programas de investigación de interés público mediante convenios específicos, con lo que se pretende “estimular investigación de primer nivel y que a la vez sea relevante a las necesidades del país y las regiones”.
“Para nadie es un misterio que si queremos mejorar la calidad de la educación superior debemos mejorar el sistema de acreditación. Pondremos especial énfasis en modificar el proceso de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, introduciendo estándares rigurosos que garanticen su buen funcionamiento”, añadió la mandataria.
Por tal motivo, “crearemos un sistema de superintendencia, financiamiento y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria que nunca más permita que se juegue con las esperanzas y sueños de las familias”.
Respecto al financiamiento de los estudiantes, la jefa de Estado precisó que muchos quedan fuera de la educación superior porque no pueden pagarla o egresan de sus carreras con altas deudas, por lo que “para evitar esto, instauraremos el derecho de gratuidad para los estudiantes que accedan a la educación superior. Ello permitirá que todos puedan estudiar en la universidad, sin hipotecar ni su futuro ni el de sus familias”.
