Ningún proyecto que privilegie el software libre ha logrado ser aprobado en el Congreso
Los lobbistas del gigante norteamericano se reunieron con varios diputados en los últimos meses, buscando bloquear el proyecto que instaba al fisco a utilizar software libre. El PPD Daniel Farcas, quien reconoce una “larga relación” con los desarrolladores de softwares pagados, fue el único que accedió a respaldarlos. En el Senado, la empresa operó a través del presidente de la Asech, Juan Pablo Swett, y en el gobierno de Piñera logró un jugoso beneficio tributario. La historia de Microsoft en Chile incluye cooptación de ex funcionarios públicos y millonarios tratos con el Estado.
“Vlado, lo conmino a decir la verdad… yo jamás he usado esas palabras. Lo de ‘perrito’, yo no hablo así”, le dijo el diputado PPD Daniel Farcas a su par del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, a minutos de que este presentara este martes –junto a un grupo transversal de parlamentarios– la Bancada por la Libertad Digital, en la sede del Congreso en Valparaíso.
Mientras las cámaras de la televisión apuntaban al grupo compuesto por Mirosevic, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Jaime Bellolio y Alejandra Sepúlveda, Farcas se paseaba nervioso tras ellos. “Es que hay que decir la verdad”, les comentaba a quienes querían escucharlo.
La inquietud de Farcas se debía a la información aparecida el fin de semana en la revista Sábado, y que el martes ya era comentario obligado en los pasillos del Congreso: la reunión que sostuvo con Microsoft y el proyecto de acuerdo que presentó para bloquear una iniciativa que buscaba impulsar el uso de software libre en las oficinas del Estado, el que había sido redactado por Mirosevic.
“No te piquís perrito, se lo dimos vuelta”, le habría dicho Farcas al jefe de gabinete de Mirosevic cuando este fue a pedirle explicaciones.
Los representantes de Microsoft, en compañía de abogados de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, se reunieron con tres diputados en el Congreso para manifestar su preocupación por el proyecto que Mirosevic se traía entre manos: el mismo Mirosevic, Daniel Farcas y el UDI Jaime Bellolio, quien les rebatió el argumento y les planteó que él es partidario del software libre. También intentaron juntarse con la RN Marcela Sabat, que aparecía como coautora del proyecto de software libre, pero la parlamentaria se negó a recibirlos. El único que accedió a su petición fue Farcas, que a la rápida se consiguió las firmas de otros diputados que patrocinaron su proyecto, el que apostó por que el Estado se mantenga neutral y no se incline ni por el software libre ni por el privado.
[cita]El gerente de asuntos legales y corporativos de Microsoft en Chile, Alex Pessó –quien participó en las reuniones en el Congreso representando a su firma–, fue durante siete años abogado de Chile Compra, entidad encargada de las adquisiciones del Estado de Chile. Allí ocupó los cargos de director legal y subdirector. En la actualidad, la relación entre Microsoft y Chile Compra es privilegiada. Incluso, un manual del servicio estatal para la compra de computadores y notebooks para el aparato público detalla los mecanismos que ofrece la empresa para adquirir sus softwares, sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Cuando se terminó el mandato de Ricardo Lagos, Pessó abandonó el gobierno y pasó a formar parte de la multinacional.[/cita]
La jugada fue grosera. Justo un día después que el proyecto de Mirosevic había sido aprobado, Farcas presentó su antítesis, y también logró la aprobación de la Cámara, anulando el proyecto anterior. En la argumentación de la iniciativa, el PPD incluyó un informe de la Universidad Católica que le había sido facilitado por los lobbistas de Microsoft.
Daniel Farcas, el delfín político de Guido Girardi y que llegó a la Cámara hace algunos meses con el apoyo del senador PPD. El hombre acusado de corrupción en el caso de las Becas Valech en la Uniacc, nuevamente está envuelto en la polémica, ahora como niño símbolo del lobby y como protagonista de una historia que vuelve a instalar el tema de la relación entre empresas y política, entre el mundo privado y el público… Aunque los nexos de Microsoft con el Estado excedan por mucho la buena llegada que pueda tener con un diputado en el Congreso.
El miércoles 16 de abril, a las 14:30 horas, el diputado Vlado Mirosevic se reunió con Alex Pessó, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft en Chile. En la cita también estaban representantes de ACTI, Gechs (Software y Servicios Chile AG) y Factor C, la agencia de comunicaciones de Microsoft, cuya dueña y directora ejecutiva, Javiera de la Cerda –esposa del alcalde UDI de Las Condes, Francisco de la Maza– se apersonó en el Congreso para participar de la cita.
Las empresas bajo el alero de Microsoft se habían enterado por la prensa que Mirosevic preparaba un proyecto de ley para que el Estado considerara el uso de software libre en el aparato público y debiera fundamentar en el caso de optar por un software pagado.
En la reunión los lobbistas argumentaron que no necesariamente el software libre iba a significar un ahorro para el Estado, que existían experiencias internacionales que les daban la razón, y que era necesario que el país mantuviera su política de neutralidad tecnológica, “ya que aunque parezca extraño el software libre también cuenta con una captación comercial. Y donde el Estado no se puede casar con una tecnología”, como aseguró Javiera de la Cerda, según consta en el acta de la reunión, a la cual El Mostrador tuvo acceso.
El argumento de Microsoft, Factor C, ACTI y Gechs, fue que el Estado debe permanecer neutro, no tomar una postura entre una u otra alternativa, aunque esa inercia signifique que la mayoría del aparato público continúe utilizando, y pagando, por los programas Microsoft.
Mirosevic aclaró su postura y no llegó a acuerdo con los representantes de las empresas, los que luego solicitaron reuniones a otros diputados buscando bloquear la iniciativa que por esos días se preparaba. Llamaron a algunos de los diputados que aparecían como coautores del proyecto. Marcela Sabat era una de ellas, pero no quiso recibirlos: “Fui coautora del proyecto con Vlado, y Microsoft trató de comunicarse conmigo, en varias oportunidades, pero yo sabía para qué era y, como no tenía interés de ser presionada, no la sostuve simplemente”.
Uno al que llamaron y que sí accedió a juntarse fue el UDI Jaime Bellolio, aunque este se negó a los argumentos que le presentaron: “Me junté con ellos y les dije que yo era partidario del software libre, que era usuario de software libre y que había desarrollado software libre. Además de creer que era lo mejor para el Estado. Yo creo que no les gustó mucho mi respuesta”, asegura el legislador.
La cuarta fue la vencida. Daniel Farcas accedió, les creyó y preparó un proyecto de acuerdo que bloqueara el que iba a presentar Mirosevic. Para lograrlo, se consiguió una serie de firmas de otros diputados que patrocinaran su iniciativa. Aunque con técnicas mañosas.
Una de las diputadas que firmó, la también PPD Cristina Girardi, asegura que Farcas jamás le mencionó la reunión que había sostenido, ni que el proyecto iba en la línea de lo solicitado por Microsoft: “La invitación que me hizo Daniel Farcas a mí fue para apoyar a una agrupación que reunía a pequeños empresarios que desarrollan software en el país, nunca mencionó que en ese grupo estaba Microsoft”.
Lo mismo señala la DC Yasna Provoste, que también puso su rúbrica en la iniciativa de Farcas: “Nunca tuve conocimiento de un encuentro privado entre esa empresa y parlamentarios. Yo lamento que una instancia como son los proyectos de acuerdo se estén utilizando para este tipo de prácticas”, plantea.
El RN Gonzalo Fuenzalida, que también firmó el proyecto, dice que no se informó bien de qué se trataba, y que es habitual que los diputados se presten las firmas: “Los diputados tenemos un acuerdo de reciprocidad, de que nos colaboramos en la presentación de los proyectos, y el diputado Farcas me pidió que firmara y consideré justo que pudiese haber apertura… pero él no mencionó a Microsoft”, señaló.
Un caso más extremo es el del PC Daniel Núñez, que aparece patrocinando la iniciativa, pero según él la que aparece en el documento no es su firma: “Me sorprende figurar en el proyecto de resolución. La firma que figura en el documento no es mía. Pediré que se investigue la situación, porque no firmé la declaración”, aseguró a El Mostrador.
Otras dos que se desmarcaron fueron la radical Marcela Hernando y la independiente Daniella Cicardini, quienes aseguraron en el Congreso que no estaban de acuerdo con lo planteado por Farcas.
A excepción del resto de parlamentarios que firmó, el diputado DC Gabriel Silber –otro delfín de Guido Girardi en Santiago Poniente–, defiende la iniciativa, aunque asegura no haberse reunido con empresarios por este tema: “Me invitó el diputado Farcas, vi el contenido del proyecto, el tema de la neutralidad tecnológica, y consideré que es lo más compatible de lo que debe ser en un Estado de derecho. ¿Te imaginas un Estado centralista que decidiera desde antes qué tipo de tecnologías usar en todos los servicios? No es aconsejable. Cada institución tiene que decidir, no se pueda optar por uno u otro”.
El diputado PPD Jorge Insunza, también firmó el proyecto de acuerdo. Insunza trabajaba en Imaginaccion (empresa de lobby de Enrique Correa) antes de ser electo para ocupar un escaño en la Cámara; de hecho, ejercía ese papel mientras negociaba por el PPD la lista parlamentaria de la Nueva Mayoría para las elecciones del año pasado. No contestó a los llamados de El Mostrador para conocer su postura. En otros medios ha asegurado que los proyectos de Mirosevic y Farcas “no son incompatibles”.
Según Vlado Mirosevic, el gran tema que plantea esta polémica es el del lobby que deben enfrentar las autoridades: “Los parlamentarios somos objetos de lobby, el que durante mucho tiempo ha estado desregulado, esperamos que con la nueva ley esto se regule, aunque es una ley bastante podada”.
El diputado agrega que ha sido un tema histórico en el Congreso intentar potenciar el software libre en desmedro de los programas de Microsoft, pero que el bloqueo de esas iniciativas demuestra el poder de fuego de la multinacional: “Si uno mira la historia, nunca ha sido posible meter un proyecto sobre software libre. Incluso en las discusiones de Presupuesto, cuando intentan reducir la glosa para software patentado, se pegan contra la cabeza. Microsoft tiene alto poder aquí en el Congreso”.
Daniel Farcas dice que no quiere que se lo vea como un diputado lobbista. “Quiero desmentir –y le pido que sea tajante en su reportaje–, que yo no soy fruto del lobby. Yo tengo una convicción. Tuve la misma reunión que el diputado Mirosevic, y yo llegue a una conclusión y él a otra”, argumenta el diputado PPD.
El legislador dice que cree en su proyecto, que busca el desarrollo del país y que la combinación planteada por los empresarios del software le pareció una trilogía positiva: “La trilogía positiva era uso de software libre, neutralidad tecnológica y el desarrollo de emprendedores e innovadores de tecnología local. Entiendo que el tema es complejo, pero hay que ser muy miope y tener la mente muy estrecha para no entender que un país que está abocado esencialmente a la exportación de materias primas, tiene aquí una oportunidad de desarrollo. Hay que tener la mente muy estrecha…”.
El diputado reconoce que tiene una relación con los empresarios de ACTI, asegura que los conoce desde hace años y que prefiere que lo relacionen con ellos, porque “decir Microsoft suena como ‘el mal’”.
Cuando Farcas fue director del Sence entre 2000 y 2002 –desde donde debió salir por su responsabilidad política en el Caso Coimas–, cultivó una serie de amistades con pequeños, medianos y grandes empresarios. En sus propias palabras: “Cuando yo estuve en el Sence tuve relación con la Conapyme, con la ACTI, con la Sofofa y con todos, porque nosotros promovíamos, además de la capacitación, el desarrollo del e-learning y las nuevas tecnologías”. Sobre ACTI, reconoce que “tengo una larga relación con ellos”, aunque niega que hayan participado en el financiamiento de su campaña a diputado. “No, lamentablemente. Me hubiera gustado, pero no”.
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, ACTI, agrupa a más de 160 empresas abocadas al desarrollo de softwares. Las hay chilenas y extranjeras. Chicas, pequeñas y gigantes. Entre sus socios más renombrados: Microsoft, Sonda, Lenovo, Intel, Ericcson, Telefónica Empresas, Dell, Nextel, McAfee, Entel, Hewlett Packard, IBM, entre otras.
El presidente del directorio de ACTI es Carlos Busso, quien plantea que su motivación para acudir al Congreso es defender la neutralidad tecnológica del Estado: “En este caso, la persona que participó de las reuniones con los diputados fue el abogado que tiene la ACTI, y ahí se tocaron los temas de la posición de nuestra asociación, nosotros vamos a apoyar toda la neutralidad tecnológica, porque dentro de nuestra asociación hay empresas que utilizan software libre y otras con software licenciado. El tema es qué problema se quiere solucionar con la tecnología, la idea es que haya más opciones y que la oferta sea amplia”.
Las visitas de ACTI al Congreso no son una rareza. Según reconoce el abogado de la agrupación que participó de la reunión con Mirosevic: “Nosotros tenemos una amplia experiencia en este tema. De hecho, venimos casi una vez al mes al Congreso y sobre todo en el periodo presupuestario”.
El directorio de la ACTI es transversal. Jaime Pacheco Matte –hermano del actual ministro de Energía–, está ahí en representación de Sonda, mientras el PPD Sergio Bitar participa en calidad de “director invitado”. Victoria Hurtado Larraín, sobrina del senador Andrés Zaldívar y directora además en Comunidad Mujer, también forma parte del directorio.
La ACTI integra asimismo la Asech, la agrupación de emprendedores presidida por Juan Pablo Swett, quien negoció por ellos en el protocolo de acuerdo de la Reforma Tributaria que se tramita en el Congreso, y que como beneficio obtuvieron una “exención de impuesto de tasa adicional por servicios de publicidad y uso y suscripción de servicios tecnológicos de internet”. La exención quedó estampada en el protocolo de acuerdo al que arribó el gobierno con los senadores de la derecha. Según cuentan quienes conocieron de las tratativas, hubo ocho reuniones entre la Asech y Hacienda, y en esos encuentros Swett negoció la ayuda para los “emprendedores” tecnológicos.
Antes, en la Reforma Tributaria que impulsó el Presidente Sebastián Piñera, habían obtenido su ganancia más jugosa: la “exención de impuesto adicional, sobre las cantidades que se paguen desde Chile al exterior por concepto del uso, goce o explotación de programas computacionales, comprendiéndose dentro de este concepto las licencias de uso de los denominados ‘software estándar’”.
Esa exención tributaria es especialmente beneficiosa para Microsoft, y quedó estampada en la Ley 20.630, dictada el 27 de septiembre del 2012, sin que nadie en su minuto advirtiera su entrada en vigencia.
Cuando el senador del MAS, Alejandro Navarro, leyó por la prensa la batahola generada por el proyecto de acuerdo levantado por Daniel Farcas, no se sorprendió en lo más mínimo.
Según su testimonio, “cada vez que hay un proyecto de ley que apoye al software libre, Microsoft hace ofertas al Estado, regalías para las escuelas, becas… El único proyecto que se ha presentado por el software libre para establecerlo en el Estado, fue declarado inadmisible”, comenta.
“Dimos una batalla contra (Andrés) Velasco (entonces ministro de Hacienda) para que se estableciera un mecanismo para introducir de a poco el software libre en el Estado… y, a pesar de su oposición, fue aprobado, pero actualmente no se ocupa”.
Navarro cuenta que, en el 2001, la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora que indagara en las repercusiones que podía tener en Chile un fallo de la Justicia de Estados Unidos que condenó a Microsoft por prácticas monopólicas, y que incluyó una millonaria multa para el gigante de los softwares.
“El senador Espina (entonces diputado) en la Comisión planteaba que la Cámara de Diputados no podía investigar a una empresa privada, y solicitó que se suspendiera la Comisión y que se interrumpiera la transmisión televisiva. Quien presidía la Comisión (Carlos Kuschel, también RN) accedió y se suspendió la transmisión”, dice Navarro.
Eso sí, el senador Espina descarta tener algún tipo de relación con Microsoft, además de negar que su estudio de abogados asesorara a la empresa en esos años. Eso sí, reconoce ser partidario de que el Estado no se entrometa en asuntos legales de empresas privadas.
Para Navarro, la neutralidad del Estado en estas materias no asegura nada: “Se ha apostado no a la neutralidad tecnológica, sino al libre albedrío para privilegiar el uso de software privativo”, señala.
Entre el 2009 y el 2013, el Estado ha desembolsado US$ 324 millones en pago de licencias de softwares. La cifra se obtiene sumando el subtítulo 29, item 7 (“programas informáticos”) de cada una de las partidas del presupuesto de la Nación. Aunque no todas las licencias que se compran pertenecen a Microsoft, en el gobierno reconocen que las que benefician al gigante norteamericano deben superar el 90% del total, tomando en cuenta que en casi todas las reparticiones públicas utilizan Windows y los programas de Office (Word, Excel, Powerpoint, etc).
Las actuales caras visibles de Microsoft en Chile son viejos conocidos del aparato público.
El gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft en Chile, Alex Pessó –quien participó en las reuniones en el Congreso representando a su firma–, fue durante siete años abogado de Chile Compra, entidad encargada de las adquisiciones del Estado de Chile. Allí ocupó los cargos de director legal y subdirector.
En la actualidad, la relación entre Microsoft y Chile Compra es privilegiada. Incluso, un manual del servicio estatal para la compra de computadores y notebooks para el aparato público detalla los mecanismos que ofrece la empresa para adquirir sus softwares, sin ofrecer ningún tipo de alternativa.
Cuando se terminó el mandato de Ricardo Lagos, Pessó abandonó el gobierno y pasó a formar parte de la multinacional. Ese 2006, coincidentemente, Chile Compra firmó una alianza con Microsoft (Alianza para el acceso a la tecnología), que significó proveer software de la multinacional a todos quienes lo solicitaran. En su sitio web, Microsoft asegura: “(La alianza significó) una solución relevante que consiste en todo lo que necesitaría un pequeño negocio no técnico para empezar, incluyendo: Windows Vista ® y Microsoft ® Works 8.5 software para transacciones y operaciones comerciales, un contable de la memoria y el paquete de software administrativo, un procesador Intel equipo -Olidata, y conectividad a Internet. También se incluyeron capacitación sobre cómo utilizar la solución de software y acceder al portal ChileCompra”.
La ventaja para quienes compraran su software fue que podían pagar en 36 meses y con una tasa de interés “muy competitiva para el mercado chileno”. No es el único caso.
El actual gerente general de Microsoft en Chile, Oliver Flögel, fue el secretario de Desarrollo Digital del gobierno de Sebastián Piñera hasta enero del 2013. Desde ese cargo, fijó la política de Chile en estas materias al menos hasta el 2020, como informó The Clinic.
Un año antes de dejar su cargo en el Estado, Flögel firmó con Microsoft un acuerdo de colaboración, donde el gigante norteamericano se comprometía a asesorar a pequeñas empresas nacionales con softwares y capacitación tecnológica. Aunque no se reveló el monto de aquella colaboración, probablemente era menor a los más de $35 mil millones que el nivel central del Estado gastó en licencias de software privativo durante el 2012.
Desde su cargo de gerente general de Microsoft Chile, Flögel ha defendido la gestión que su empresa realizó en el Congreso para evitar que el Estado privilegie el software libre frente a sus productos pagados. En una carta a El Mercurio, aseguró: “En la audiencia (con Mirosevic) expusimos nuestra postura, consistente en la defensa de la libre competencia y la libertad tecnológica, de tal modo que todos los proveedores tengan las mismas oportunidades de participar en el proceso de compras públicas sin discriminación”.
Los convenios de Microsoft con el Estado son múltiples. La empresa hace donaciones de computadores a colegios, participa en el programa “BiblioRedes”, y desde el 2001 mantiene un convenio con el Ministerio de Educación que se ha ido renovando. En una línea paralela funcionan los acuerdos específicos. Como el que firmó el 2013 el entonces ministro de Educación, Harald Beyer, que compró 450 licencias “Academia Microsoft” para capacitar a estudiantes de liceos técnicos en el uso de los softwares Microsoft.
Los críticos aseguran que de esta forma la empresa “alfabetiza digitalmente en sus plataformas”, y obliga a que los ciudadanos sepan usar Windows y Microsoft Office, pero no otro tipo de programas. “En el fondo están creando demanda. Y es legítimo, pero el Estado no puede casar su soberanía con una tecnología en especial”, plantea el diputado Vlado Mirosevic.
A pesar de haber sido contactado, Microsoft declinó entregar su versión a El Mostrador.
