Documento establece crear la figura del agente encubierto
“No deja de ser comprensible el que las señales que entregó el gobierno desde el comienzo en esta materia como asimismo la conducta de los representantes de la Concertación durante la administración anterior, llegando a sostener que los hechos terroristas eran ‘montajes’ del gobierno, sean hoy cuestionadas desde la oposición”, precisa el texto.
Un grupo de once diputados de la Alianza elaboró un informe que contiene 25 propuestas para reformar la Ley Antiterrorista, cuyo objetivo es el de contribuir al debate y ser un insumo para el Ejecutivo o para una eventual propuesta que haga la oposición, como también para desarrollar indicaciones a la iniciativa del gobierno.
Sin embargo, el documento titulado “Perfeccionamiento de la institucionalidad antiterrorista y prevención temprana de la violencia” apunta en forma directa a la responsabilidad del gobierno en el manejo de acciones terroristas, acusándolo de provocar un “rebrote” de este tipo de actos.
“No deja de ser comprensible el que las señales que entregó el gobierno desde el comienzo en esta materia como asimismo la conducta de los representantes de la Concertación durante la administración anterior, llegando a sostener que los hechos terroristas eran ‘montajes’ del gobierno, sean hoy cuestionadas desde la oposición”, precisa el texto que publica hoy El Mercurio.
El documento consta de 39 páginas y será presentado al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, estando dividido el informe en cambios constitucionales, modificaciones legales, fortalecimiento de la institucionalidad antiterrorista, protección especial y reparación a víctimas, rehabilitación de condenados por delitos terroristas y prevención temprana de la violencia y desórdenes públicos.
Además, el informe critica el rol del Estado en esta materia, al señalar que “mientras por estos días discutimos el mayor involucramiento del Estado en una serie de ámbitos en los cuales su rol busca ser más intenso que el de mero regulador (…) nos encontramos con un Estado ineficaz para hacer frente a su rol esencial: proveer seguridad”.
En cuanto a las facultades a la ANI, el texto señala que es necesario reestructurarla como agencia técnica, independientemente del gobierno, “que la institución pase a ser un órgano colegiado, dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo sus integrantes nombrados por el Presidente y con la conformidad del Senado. Ello implica además reforzar los mecanismos de rendición de cuenta de la institución. Se aumentarían recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos, asegurando continuidad a los funcionarios. Propone asimismo mejorar la coordinación al interior del Sistema de Inteligencia”.
El documento elaborado por los diputados, equipo encabezado por Arturo Squella (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN), plantea también un nuevo tipo penal terrorista que se ajuste a las normas constitucionales e instrumentos internacionales, las cuales puedan ser aplicadas a individuos y no solo a organizaciones.
“Se propone establecer como nueva sanción el comiso de bienes empleados por el acusado al momento de cometer el delito terrorista, incorporar la figura de cooperación eficaz como atenuante; y la de desistimiento de la tentativa como eximente; para la responsabilidad penal. Agregar como nueva figura el delito de amenaza de conductas terroristas y la participación de una agrupación terrorista. Además, aumentar las penas por financiamiento del terrorismo, e incorporar como técnicas investigativas y procesales: agentes encubiertos e informantes; toma de huellas dactilares y muestras de ADN aun sin consentimiento de los imputados; y establecer medidas cautelares personales de mayor eficacia”, explica.
