La ofensiva agenda de los particulares subvencionados
Desde empresas destinadas a cerrar colegios para vender los terrenos a inmobiliarias, hasta listas públicas de sostenedores dispuestos a terminar con sus establecimientos. Los dueños de escuelas particulares subvencionadas están en pie de guerra. Dicen que la reforma que se vota esta semana en el Congreso los dejará fuera del negocio, aunque apuestan todas sus fichas a lograr cambios en el Senado.
El 29 de julio cerca de 80 sostenedores de colegios particulares subvencionados se reunieron en asamblea en el Estadio del Banco Estado en la Región Metropolitana. Entre los expositores se contaban expertos en materia tributaria y comercial; el diputado UDI Jaime Bellolio; miembros de la FIDE –Federación de Instituciones de educación particular–, y los representantes de Facility Advisers –quienes convocaron a la cita–, empresa creada especialmente para ayudar a los sostenedores que quieran salirse del negocio de la educación en medio de la reforma que impulsa el gobierno.
La empresa les planteó a los sostenedores venderles los terrenos donde actualmente funcionan sus colegios, ofreciéndoles además realizar ellos el trámite de cierre en el Ministerio de Educación. Aunque no se sabe con certeza cuántos dueños de escuelas aceptaron la oferta, la acción de esa empresa refleja el clima bajo el cual se tramita la reforma educacional en el Congreso.
Hay cartas de sostenedores circulando entre profesores y apoderados. La amenaza de un cierre masivo de colegios se hace carne cuando los dueños de los establecimientos plantean que no podrán sobrevivir a los cambios que implementará la reforma, la que terminará con el lucro, el copago y la selección en colegios que reciban subvención del Estado.
Entre los dueños de los establecimientos se percibe inquietud e incomodidad. Algunos hablan de vender los establecimientos y olvidarse de todo, otros apuntan a transformarse en particulares pagados y otros, en voz baja, reconocen que la idea es presionar y amenazar con un cierre masivo de escuelas para generar la presión suficiente y lograr que los cambios al actual sistema no sean tan radicales.
[cita]El miedo e incertidumbre de algunos sostenedores ha sido terreno fértil para el surgimiento de empresas que ven en la confusión actual una posibilidad de negocio. Facility Advisers es una firma registrada por los hermanos Gonzalo y Cristián Jiménez Cocq, los que se dedican a comprar, vender, asesorar y administrar proyectos inmobiliarios. [/cita]
El miedo e incertidumbre de algunos sostenedores ha sido terreno fértil para el surgimiento de empresas que ven en la confusión actual una posibilidad de negocio. Facility Advisers es una firma registrada por los hermanos Gonzalo y Cristián Jiménez Cocq, los que se dedican a comprar, vender, asesorar y administrar proyectos inmobiliarios.
Durante el desarrollo del seminario al que convocaron a decenas de sostenedores a fines de julio, desde la empresa les explicaron que, si accedían a formar parte de su red, tendrían a disposición un equipo de asesores, para “cotizar servicios de normalización contable, tributario legal y administrativo de su establecimiento educacional, a modo que usted pueda evaluar en este periodo de estudio y luego aplicar una de las dos acciones que deberá decidir y que será estratégica para su patrimonio financiero; el traspaso formal a particular pagado o corporación sin fin de lucro, o el cierre y evaluación en el valor de venta de su activo inmobiliario, desarrollando la negociación con una inmobiliaria, junto con una acción de un plan de desarrollo de inversión inmobiliaria, y evitar el desarrollo de conflictos que afecten su situación financiera”.
Para este 21 de octubre habían convocado a una nueva reunión, pero– según uno de los dueños de Facility Advisers, Gonzalo Jiménez– esta no se llevará a cabo. “La idea era ayudar a los sostenedores que quieren cerrar, pero ya no, no vamos a hacer nada. Si alguien quiere individualmente seguir ayudando, puede hacerlo, pero nosotros como empresa no lo haremos. Les avisamos a los sostenedores y esto no sigue. Somos apolíticos”, asegura Jiménez, en relación a las reacciones generadas luego de un reportaje de CNN Chile que mostró el funcionamiento de la empresa.
A pesar de esas palabras, la página web www.facilityadvisers.cl sigue activa, aunque ahora de forma privada, con un acceso restringido a quienes posean una cuenta creada en el sitio, que era uno de los ofrecimientos que les hicieron a los sostenedores, a quienes prometieron “confidencialidad de sus datos”.
Uno de los consultores que participa de la empresa es Rodrigo Díaz, abogado jefe de los colegios reunidos en la FIDE, una de las dos grandes organizaciones que agrupan a los sostenedores privados. Según él, “esta empresa pertenece a dos hermanos cuya mamá tiene un colegio, colegio que se va a morir porque a ellos no les interesa seguir ni meterse en el tema de la educación, ellos se dedican a la administración de edificios, entonces vieron la posibilidad de ver quién quería seguir en el ámbito de educación por cómo está la reforma”, plantea Díaz.
A juicio del abogado, “es un tema muy delicado, porque con la reforma sí o sí va a haber personas que van a querer salirse del ámbito educacional, y puede que allí haya un mercado que a las inmobiliarias les interese tomar. Todos sabemos que la cantidad de terrenos en Santiago es escasa, y cualquier posibilidad que haya, se va a tomar. Entonces el nivel de plusvalía que se puede generar es fuerte”.
La suspendida reunión del 21 de octubre iba a contar con la presencia de la Inmobiliaria Simonetti, de los primos Alejandro y Felipe Simonetti, interesada en comprar terrenos donde actualmente funcionan colegios.
Los dueños de Facility Advisers también comparten la propiedad sobre otros emprendimientos, como gastoscomunes.com, dedicada a la asesoría a comunidades de edificios, y Facility Rent, firma que agrupa a inversionistas para comprar inmuebles y desarrollar la industria de los apart hotels.
En el Ministerio de Educación dicen que elevaron una consulta al Sernac para saber si la idea impulsada por la empresa tiene sustento, atendiendo a que su éxito podría dejar sin colegio a miles de escolares. Aunque también advierten que los pasos para cerrar los establecimientos no son simples, y que al recibir subvención estatal la situación es incluso más engorrosa.
En las páginas de la prensa de este domingo, 51 colegios particulares subvencionados firmaron un inserto donde advierten que, forzados por la Reforma, tendrán que cerrar o transformarse en particulares pagados.
Es la primera de tres publicaciones con las que –por dos domingos más– los sostenedores en desacuerdo con la reforma publicarán las listas con los nombres de los colegios empujados a dejar de funcionar como lo han hecho hasta hoy.
Una de las comunas donde los sostenedores mantienen la convicción de no seguir funcionando como particulares subvencionados es Padre Hurtado, donde de los 11 mil estudiantes en edad escolar, el 80% asiste a este tipo de establecimientos.
Juana Lazo es una de las sostenedoras de Padre Hurtado que apoyó el inserto en la prensa. Ella dice que apoya la idea de una reforma, sobre todo porque, en sus 30 años como docente, sabe que la única forma de salir de la pobreza es la educación. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma en que el gobierno ha llevado adelante la Reforma; y de seguir así –según dice– no podrá continuar con el complejo educacional Luis Pasteur. “Lo único que pedimos es que haya modificaciones a la ley que nos permitan alguna salida”, dice Lazo.
“Lo más complejo es que nosotros tenemos empresas relacionadas –como Juana Lazo y mis hijos son administradores–. No se puede vender a otras sociedades si los inmuebles están hipotecados y dos de tres de mis colegios están con esa figura. Un tercer punto es que abrimos nuestros proyectos en sectores vulnerables, por lo tanto, los avalúos fiscales son bajos y muchas veces llega al 50% del valor del inmueble”, comenta.
Uno de los párrafos del inserto que comenzó a circular este domingo, y que cada fin de semana incluirá más nombres, señala que todos los sostenedores firmantes habrían querido participar en las transformaciones necesarias desde “las políticas públicas para mejorar la calidad de la educación, pero no hemos sido escuchados y, en cambio, nos han hostigado y desprestigiado, como si nos hubiéramos dedicado a algo deshonroso o ilícito”.
Otro de los firmantes es el colegio Patricio Meckis. Patricio Campos, representante legal de ese establecimiento, tiene claro el panorama del llamado Eje Melipilla, forma en que se han reunido los sostenedores por sector. “La totalidad de los establecimientos de mi zona se va a cierre si la reforma sigue como está planteada”, dice.
Beatriz, profesora de uno de los colegios de Padre Hurtado que amenazan con su cierre, dice que han sentido la presión de los sostenedores, “porque lamentablemente se nos ha comunicado que, de seguir la reforma como está, nuestra fuente laboral se acaba de aquí a dos años… esto también quiere decir que seremos muchos los cesantes y también habrá una sobrepoblación de estudiantes en colegios públicos”.
La misma profesora –que ha presenciado reuniones de sostenedores de la comuna– dice que la mayoría de los sostenedores de Padre Hurtado decidieron no vender los establecimientos al Estado. Además, trae una serie de consecuencias dejar al Estado que administre o compre sus colegios. “Una de ellas es que, si ellos mueren, no pueden heredar los familiares y eso les parece injusto”, señala Beatriz.
“Ahora, en lo personal, yo creo que si esto llega a suceder y la reforma sigue, la educación tendrá serias consecuencias a corto plazo y muchos de nosotros quedaríamos cesantes”.
Sobre si ha sentido presiones, dice que no, pero su esposo, que es profesor en otro establecimiento, sí. “En nuestro colegio no es obligación, pero en el caso de mi esposo, sí. Le dijeron que si quería pega para el próximo año, tenía que asistir a la marcha”, dice la profesora en relación a las movilizaciones que cada tanto convocan los sostenedores y la Confepa –que agrupa a apoderados del sistema– para manifestar el rechazo a la reforma.
Hernán Herrera es el vocero a sueldo de la Conacep –que agrupa a buena parte de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro del país– y advierte que, si la reforma que se tramita en el Congreso no sufre cambios en el Senado, la amenaza de un cierre masivo de establecimientos se hará real.
“Lo único que estamos diciendo, responsablemente, es que en la medida que se apruebe este proyecto de ley, en las condiciones en que está en la Cámara, esos colegios, y muchos más, pasarían a particulares pagados o dejarían de prestar el servicio”, advierte Herrera.
El vocero agrega que “nosotros seguimos confiados en que el Senado solucione este tema, porque los sostenedores no quieren vender ni salirse del sistema”. Aunque reconoce que 40 sostenedores de la Región de Coquimbo han manifestado la idea de deshacerse de sus establecimientos, aunque solo si se mantiene el proyecto como está.
Es una amenaza. Herrera plantea que los dueños de los colegios no quieren perder su patrimonio, y que por ello resienten el tener que transformarse en fundaciones sin fines de lucro. “Hemos dicho que el 70% de los sostenedores no son dueños de la propiedad, la propiedad en la mayoría de los casos es de terceros, aunque sean terceros relacionados (parientes y socios de negocios). La mayoría no quiere perder su patrimonio, el que han construido durante toda la vida. La mayoría no está dispuesta a traspasar la propiedad a una corporación sin fines de lucro. Lo que decimos es que, lo que es viable para la Iglesia católica, es viable para todos. Si hablan de arriendo regulado, no hay razón para que impongan la prohibición de lucro”, argumenta.
Los temores y las posturas de los sostenedores chocan con lo que ha pedido el movimiento social por la educación: que esta deje de ser un negocio y que el Estado se preocupe de otorgar una educación de calidad a todos los chilenos. El martes, la Sala de la Cámara votará el proyecto de reforma, el que entre sus puntos más discutidos contiene el fin del lucro en las ATE –agencias externas que asesoran a los colegios– y la penalización del lucro para aquellos que sigan haciendo negocios con la educación.
