Jefe del persecutor Gajardo tuvo encuentro con presidente y secretario general UDI
Las declaraciones del fiscal jefe de la zona Oriente, en las que le bajó el perfil a eventuales delitos en la arista política del Caso Penta, fueron leídas como una señal a la UDI. El asunto incluso le valió un round público con el timonel del PS, Osvaldo Andrade. El punto se complica más considerando que Ayala aparece como uno de los posibles reemplazantes del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, lo cual se resolverá el próximo año.
El 19 de noviembre –antes de las 9 de la mañana– en el segundo piso de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala se topó en el pasillo con Ernesto Silva, presidente de la UDI, y Javier Macaya, secretario general de la tienda. Los políticos venían de reunirse con el fiscal José Veizaga, encargado de investigar las filtraciones a la prensa en el Caso Penta. Ayala los detuvo en su camino y conversaron por escasos minutos acerca de lo que les parecía el tema. Los miembros de la directiva de la UDI quedaron conformes con la reunión con Veizaga, pero también con el pequeño intercambio de palabras con Ayala en un tema que ha sido crucial para ellos.
Hay quienes aseguran que ese encuentro fue totalmente casual. Son los mismos que también reconocen que el manejo político de Ayala es de excepción. “De hecho, es el más político de sus pares”, asegura una fuente de Fiscalía. Participó en la Vicaría de la Solidaridad en una de las épocas oscuras de Chile, fue abogado de la Corporación de Asistencia de Valparaíso y ha sido Fiscal Regional en Santiago, Antofagasta y Los Lagos. También fue abogado durante años de la empresa Soquimich (SQM), razón por la que debió inhabilitarse en el Caso Cascadas que involucra al dueño de dicha compañía, Julio Ponce Lerou. Respecto a SQM, según trascendió en la prensa, está entre los nombres de las compañías que podrían sumarse a la investigación del fiscal Carlos Gajardo postdenuncia del SII al respecto.
A pesar de quienes señalan que la conversación de noviembre fue totalmente informal, algunos en la UDI comentan que efectivamente el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, se ha reunido en privado con el timonel del gremialismo; un encuentro posterior al público y oficial que tuvo el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, durante los primeros días de octubre, en el primer “apretón” de la UDI para evitar que los datos de la investigación del llamado caso Pentagate siguieran ventilándose a la prensa.
Consultado sobre el punto, al salir de una ceremonia en La Moneda, este martes Ayala desmintió que se hubiera reunido con la UDI: “Ellos (la UDI) se han reunido en su calidad de intervinientes, tengo entendido, con el fiscal que lleva la causa y el fiscal les ha señalado categóricamente que estamos investigando las filtraciones”, comentó, al tiempo que señaló que ya han citado a numerosos periodistas para que se refieran a las filtraciones.
El asunto despierta suspicacias, considerando que el jueves 11 de diciembre el fiscal Ayala afirmó que eventuales aportes adicionales a campañas parlamentarias –como las que habría insinuado el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, en el registro de una conversación que tuvo en septiembre pasado con el controlador de dicho grupo, Carlos Eugenio Lavín, y que se filtró a la prensa– «pueden ser muy cuestionados, pero no constituyen delito (y) no tienen por qué ser investigados».
[cita]Ayala evita hablar de su posible candidatura y considera que no es correcto hacerlo con tanta anticipación, que quedan muchos meses de gestión de Chahuán. Pero, más allá de eso, en el oficialismo dicen que es sabido que el Fiscal Metropolitano Oriente está interesado en postular como sucesor de Chahuán, y al interior del Ministerio Público es comentario que Ayala se sometió a un riguroso chequeo médico para constatar si su estado de salud es compatible con la demanda del cargo de Fiscal Nacional por ocho años. Agregan que una vez que tenga los resultados de todos los exámenes, Ayala le informaría a Chahuán sobre los mismos, así como de su decisión formal de competir, si su salud se lo permite. [/cita]
Acto seguido, el timonel del PS, Osvaldo Andrade lo rebatió públicamente el viernes 12 y dijo que «hay que esperar el desarrollo de la investigación, no existen condiciones en este momento para hacer afirmaciones tan categóricas».
Este martes, el fiscal Ayala aclaró el punto: “Lo que yo señalé, y quiero ser muy categórico y claro, es que no todo aporte eventualmente irregular puede ser constitutivo de delito. Pueden existir aportes o podrían existir aportes que infringen la ley electoral, que tiene sanciones que constituyen multas y esa conducta solo podría constituir delito penal o regulado por el Código Tributario en la medida que exista falsificación”.
Ayala dijo que incluso fue más allá y le explicó el punto al propio presidente del PS para evitar una polémica. “Yo conversé personalmente con el diputado Andrade, le pregunté de dónde había sacado esa información y al parecer fue un malentendido. Nunca como Fiscalía hemos sostenido lo contrario; por lo demás, el caso comenzó por una denuncia del Servicio de Impuestos Internos que tenía como base la supuesta falsificación de boletas, eso es delito en la legislación chilena y quiero ser muy claro en la legislación chilena (…). Él lo entendió muy bien, es abogado de la PUC, nos conocemos hace mucho tiempo, y entendió que fue una información errónea que le transmitió un periodista”.
Una fuente, especialista en Derecho Tributario, señala que el fiscal ‘no puede estar bajándole el perfil’ a un caso como este. “Es una cuña extraña, porque él no es precisamente del sector de la Alianza, por lo que pareciera que no logró comunicarlo bien”, dice.
La periodista de la Fiscalía Oriente, Marcela Andrés, también envió una carta a La Segunda para aclarar que las palabras de Ayala habían sido mal interpretadas.
Entre los delitos que investiga el fiscal Gajardo se encuentran la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas, es decir, pagos por servicios que no se prestaron. Por eso es que las declaraciones de Ayala sembraron una serie de dudas sobre el tema.
Para la abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, Bárbara Salinas, la explicación del fiscal sólo tiene una interpretación y es que el Ministerio Público sólo puede investigar aquellos hechos que sean constitutivos de delitos.
“En el marco del caso Penta hay situaciones que son constitutivas de delitos, como los eventuales aportes justificados con estas boletas ideológicamente falsas. Pero también hay, dentro de toda esta investigación, situaciones de financiamiento a las campañas que son anómalas, pero que no necesariamente son delitos. Lo que quiere decir el fiscal es que en ese aspecto por muy criticables que puedan ser esas situaciones no son competencia del Ministerio Público”, señala Salinas.
Una lectura similar hace otro abogado de la plaza que se especializa en el ámbito tributario, pero que prefiere hablar fuera de micrófono. “Los delitos tributarios son el uso de las boletas ideológicamente falsas. Lo que dice Ayala es que puede haber delitos tributarios pero que, respecto de donaciones políticas donde no hubo boletas falsas, puede ser que no haya una norma que los considere delitos. Las donaciones pueden tener un delito tributario acompañándolas, como pueden no tenerlo. Cuando no lo tienen, la pregunta es si hay otra regla que las cubra y en este caso puede que no las haya”, dice esta fuente, que agrega que en ningún momento se “pone en duda el hecho de que las boletas ideológicamente falsas son un delito”.
La figura del fiscal Ayala no pasa inadvertida en el mundo judicial; especialmente por un importante punto: el próximo año el actual Fiscal Nacional Sabas Chahuán dejará su cargo y él es uno de los nombres que más suena para sucederlo.
Ayala evita hablar de su posible candidatura y considera que no es correcto hacerlo con tanta anticipación, que quedan muchos meses de gestión de Chahuán. Pero, más allá de eso, en el oficialismo dicen que es sabido que el Fiscal Metropolitano Oriente está interesado en postular como sucesor de Chahuán, y al interior del Ministerio Público es comentario que Ayala se sometió a un riguroso chequeo médico para constatar si su estado de salud es compatible con la demanda del cargo de Fiscal Nacional por ocho años. Agregan que una vez que tenga los resultados de todos los exámenes, Ayala le informaría a Chahuán sobre los mismos, así como de su decisión formal de competir, si su salud se lo permite.
En octubre se debe conformar la quina –por parte de la Corte Suprema– con los nombres propuestos para suceder a Chahuán. Esa nómina es enviada a La Moneda, donde la Presidenta Michelle Bachelet –como lo hizo el 2007 con el actual Fiscal Nacional– deberá escoger un nombre que proponer al Senado para su ratificación.
En las intenciones de Ayala se cruzan otros fiscales a los que también les gustaría suceder a Sabas Chahuán. El Fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, sería uno de los interesados y se afirma que es el candidato predilecto de los “supremos”, lo que habría quedado de manifiesto con el gesto de dos ministros del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas y Hugo Dolmestch, que asistieron el 10 de diciembre a su cuenta pública en la Municipalidad de La Cisterna.
Otro interesado en la contienda sería el fiscal a cargo de la Centro Norte, Andrés Montes –hijo del senador PS por Santiago Oriente–, respecto de quien, cercanos al Ministerio Público, aseguran que ya le habría comunicado hace varios meses a su círculo de mayor confianza la decisión de entrar a la carrera para ser el nuevo Fiscal Nacional.
Quienes conocen a Ayala, cuentan que sabe manejarse políticamente, que tiene muñeca, no solo en su trato con autoridades y parlamentarios –tiene especial cercanía, afirman, con el senador RN Alberto Espina–, sino que al interior del Ministerio Público para evitar ganarse enemigos.
Un rasgo que ha caracterizado a Ayala es la astucia para mantenerse sucesivamente como Fiscal Regional, casi en una suerte –comentan desde el mundo del Ministerio Público– de “sillita musical”.
Los fiscales regionales pueden estar solo ocho años en sus cargos y no pueden ser reelegidos en el mismo lugar. Ayala ha sabido moverse, explican, cambiándose de zona antes de que venzan sus plazos: ingresó al Ministerio Público el año 2000, a cargo de la Región de Antofagasta, el 2007 se trasladó a la zona de Los Lagos y, el 2011, a la Metropolitana Oriente, cambios con los que –dijeron– “asegura su permanencia”.
En el oficialismo precisan que “todo el mundo sabe que está en carrera” y no son pocos los que advierten que “eso lo hace vulnerable a la UDI, porque necesitará de sus votos para llegar a ser Fiscal Nacional”, como tampoco resultaron pocos los que la semana pasada prendieron las alarmas con sus declaraciones, que fueron interpretadas como una relativización de los delitos de los involucrados en el caso Penta.
