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Senadores, diputados y dirigentes enfrentan procesos en la Justicia

Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales

por 18 febrero, 2015

Ni tan honorables: el desfile de políticos en tribunales
El último mes ha estado marcado por los procesos judiciales que enfrentan senadores como Carlos Bianchi, Eugenio Tuma, Iván Moreira y Ena von Baer. A ellos se suman diputados como el socialista Cristian Urízar –quién será formalizado por fraude al fisco– y el diputado UDI Felipe de Mussy, quien forma parte del ramillete gremialista cuestionado por el Caso Penta. Según analistas, una ciudadanía crítica, un mayor acceso a la información y un hastío por cómo la clase política dirige al país, cambiaron las condiciones que reinaron en la transición y pusieron un potente foco sobre los movimientos del poder.
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A pesar de que la Cámara de Diputados debiera sesionar con 120 honorables, hace meses que solo funciona con 119 representantes. El 12 de mayo del 2014, el entonces diputado de RN, Rosauro Martínez, fue desaforado por la causa que se sigue en su contra, donde se lo acusa de homicidio calificado de tres miristas en 1981.

Las acusaciones contra Martínez no son un cuento nuevo. Hace años que organizaciones de derechos humanos venían acusando al militante de Renovación Nacional por sus actuaciones durante la dictadura, cuando era comandante de la Compañía de Comandos de la Cuarta División del Ejército. Esas denuncias no tuvieron eco y Martínez fue reelecto en cinco ocasiones con la primera mayoría como diputado por Chillán. Pero hace unos meses una investigación judicial sí llegó a puerto y hoy el parlamentario está a la espera del juicio que determinará su responsabilidad. No es el único caso.

El sociólogo de la Usach Alberto Mayol señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley”.

En los últimos meses los casos de políticos cuestionados por la legalidad de sus actuaciones se han multiplicado. La Fiscalía ya inició una investigación en contra del senador del PPD, Eugenio Tuma, quien es acusado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por fraude al fisco. Su ex colaboradora lo acusa de financiar con fondos públicos la fallida campaña de su hija, Romina Tuma, al Congreso, además de pagos a personas que nunca trabajaron en la oficina del senador y gastos cotidianos que no siempre se veían reflejados en su labor parlamentaria.

“Todos los meses el senador llegaba con una pila de boletas y me decía: 'Esto se presenta al Senado'. Lo único que yo hacía era recibir una serie de boletas que él me pasaba, las pegaba en una hoja, las enviaba al Parlamento y eran reembolsadas, pagándose el total en su cuenta corriente. Yo no ejercía ninguna fiscalización", detalló Claudia López a La Segunda.

Por el mismo delito, fraude al fisco –además de negociación incompatible–, será formalizado el 10 de marzo el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, a quien la Fiscalía lo acusa de utilizar triquiñuelas para desviar recursos fiscales a familiares de su cónyuge, inflando el precio del arriendo que paga por una sede parlamentaria, propiedad en un inicio de su suegra y, actualmente, de su cuñada.

Aunque Bianchi ha acusado una “persecución política” en su contra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el senador. “Aquí nosotros pensamos que no se trata de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes", dijo el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, al momento de justificar la acción judicial.

El 20 de febrero, también será formalizado por fraude al fisco Christian Urízar, diputado del PS, acusado de desviar fondos públicos por $100 millones originalmente destinados a proyectos deportivos y de seguridad ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso.

Todos estos casos se suman al ramillete de la UDI involucrado en los líos de Penta, y específicamente en la arista de financiamiento irregular de la política. También hay parlamentarios en ejercicio: Iván Moreira y Ena von Baer, quienes habrían facilitado boletas falsas de cercanos para allegar recursos a sus campañas, abultando así los gastos de sociedades ligadas al holding Penta, lo que hacía crecer las devoluciones de impuestos que estas obtenían gracias al FUT. Todo esto, según información contenida en la carpeta que maneja la Fiscalía.

Entre los diputados está involucrado Felipe de Mussy, y fuera del Parlamento otros connotados nombres del gremialismo forman parte de la investigación: los ex senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, el ex alcalde Pablo Zalaquett, además de los ex candidatos presidenciales apoyados por la UDI: Pablo Longueira y Laurence Golborne.

Dentro del mismo caso, el ex diputado RN, Alberto Cardemil, además del presidenciable de Fuerza Pública, Andrés Velasco, y el actual ministro del MOP, Alberto Undurraga. El fiscal Carlos Gajardo consultó además a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– por eventuales aportes a la campaña senatorial del DC Jorge Pizarro, aunque en la investigación no existen más antecedentes al respecto.

Y si bien no es clara la posibilidad de que alguno de estos dirigentes llegué a la cárcel por los delitos de los que se les acusan –ni tampoco que se logre acreditar su culpabilidad–, sí marca una tendencia el número de militantes de partidos que hoy gozan del ejercicio del poder involucrados en casos nebulosos, relacionados con desvíos de fondos o financiamiento ilegal de sus campañas. Hay consenso en varios analistas de que el fenómeno obedece a los cambios que en los últimos años ha experimentado la sociedad chilena.

UNA LUPA GIGANTE

Para la directora de investigación e incidencia de la fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, el actual panorama se configura a partir de dos hechos claves: la promulgación de la Ley de Transparencia y la indignación ciudadana con los abusos y la forma de hacer política en Chile: “La ciudadanía está más indignada por el tema de los abusos. Es un tema bastante mundial, yo creo que la ciudadanía está pidiendo más participacion en los asuntos públicos, ya no estamos tan desde afuera, estamos exigiendo más. Más rendición de cuentas, más transparencia”.

“Ahora tenemos más información, ahora uno se puede meter a la página del Congreso y va viendo cómo van gastando sus asignaciones los senadores y diputados. Hay indignación ciudadana por el tema de aumento de sueldos... todo esto empezó con los cambios a las leyes del 2003, pero sobre todo con la promulgación de la Ley de Transparencia. Antes se llegaba a acuerdo, recuerdo el caso de la diputada Claudia Nogueira, donde se llegó a acuerdo con la Fiscalía y no pasaba mucho. Pero hoy la gente no aceptaría que pasara esto”, agrega Jaraquemada, haciendo alusión al caso donde la diputada de la UDI fue formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, pero en el que ella solo tuvo que devolver recursos y finalmente mantuvo su cupo parlamentario.

De hecho, la investigación de la Fiscalía en esa ocasión logró probar que Nogueira desvió recursos de asignaciones parlamentarias, que no se realizaron, a la cuenta corriente de su marido –Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta–, lo mismo que supuestos dineros pagados para un arriendo de una sede, pero que solo fueron a engrosar su patrimonio. En septiembre del 2010, Nogueira restituyó $30 millones al fisco, donó $5 millones a la fundación Un Techo Para Chile y firmó en Fiscalía durante ocho meses, evitando así un juicio en su contra y asegurando su continuidad en el Congreso.

Otro que llegó al Congreso y que ha protagonizado escándalos judiciales es el PPD Daniel Farcas, quien ha sido investigado por el fraude de las becas Valech en la Uniacc, universidad de la que Farcas era rector cuando el 2010 una investigación periodística reveló irregularidades en la obtención de esos recursos.

Entre 2006 y 2010, la Uniacc se embolsó $15 mil millones por becas Valech, pese a que entre los matriculados en la casa de estudios se contaron personas que no habían terminado el colegio, y otras analfabetas. A eso se sumó que los cursos dictados por la universidad eran excesivamente caros y sin utilidad clara. Además, testigos denunciaron que el plantel obtuvo la base de datos de los beneficiarios de esos fondos gracias a las redes de Farcas. Antes, debió renunciar al Sence, luego que un subalterno apareciera ligado al desvío de fondos de capacitaciones para financiar campañas políticas. Hasta el momento, Farcas tampoco ha pagado costos por estos escándalos.

El sociólogo de la Usach Alberto Mayol, señala que hay un cambio en la forma en que se aplica la Justicia a quienes ostentan cargos políticos o que tienen redes extendidas entre la elite, y que ese cambio es producto de los procesos políticos que se desatan en la sociedad: “Los procesos sociales son estructurales. Una de sus manifestaciones más importantes se encuentra en la distinción entre lo justo y lo injusto. Y aunque los sistemas legales son básicamente formalistas y tratan de definir escenarios más allá del clima ambiente, no es menos cierto que los cambios en las correlaciones de fuerzas modifican la hermenéutica jurídica, es decir, la interpretación de la ley. En ese sentido, lo que antes era normal, puede pasar a ser considerado hoy delito. Pasó con los 'supremazos' durante 2012 y 2013. Y hoy nos encontramos con un escenario donde los mismos hechos que antes eran, cuando mucho, inmorales, pasan a ser objeto de procesos judiciales. No es algo que ocurre en el derecho o en el Poder Judicial, es algo que ocurre en la sociedad”, plantea Mayol.

El decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, agrega que el hastío de la ciudadanía con la clase política también colabora en poner el foco sobre las irregularidades y delitos cometidos por la autoridad: “En el caso de las movilizaciones, lo que hay es un cuestionamiento a la elite política y a sus decisiones, y a un estilo de hacer política que la gente no comparte. Porque en Chile la política está centrada en defensa de intereses. La discusión política en Chile no es discusión de ideas, no es ideológica, es defensa de intereses: empresas, pero también de grupos de animalistas, estudiantes, etc. La gente hoy cuestiona eso”, asegura Moreno.

El cientista político suma a este panorama el rol asumido por los medios de comunicación y la Justicia. Según él, el caso MOP-Gate marcó un punto de inflexión respecto de cómo se venían haciendo las cosas durante la transición.

“Se viene produciendo desde la década del 2000, con el MOP-Gate. Ese caso marcó un quiebre importante en la institucionalidad política desde el punto de vista de la transparencia, y los medios empezaron a atreverse a fiscalizar y a denunciar este tipo de cosas, y los ciudadanos quisieron estar informados al respecto. El tema de las redes sociales ayudó también, porque todo se viraliza muy rápido”, comenta Moreno.

A juicio del analista, esta nueva lógica viene a entrometerse en el ejercicio cotidiano del poder: “Los medios están jugando un rol muy clave, de transparentar esta opacidad que caracterizó a la política chilena desde el retorno a la democracia. Los medios de comunicación y la Justicia están ocupando un rol de fiscalización en la sociedad que la oposición no cumple, y no lo hace porque también forma parte de estas malas prácticas, esta cultura de permisividad de los partidos políticos. Todos son parte, es parte de la oligarquización de la política”.

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