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El 7 de noviembre del 2014 la Fiscalía le hizo llegar antecedentes

Por qué después de 133 días el SII no ha presentado una denuncia contra Soquimich

por 19 marzo, 2015

Por qué después de 133 días el SII no ha presentado una denuncia contra Soquimich
Hace más de cuatro meses la Fiscalía de Alta Complejidad entregó un informe al Servicio de Impuestos Internos donde detalla la entrega, para financiar campañas políticas, de boletas a CorpBanca, Ripley, Alsacia y SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet que ha estado en el epicentro de la polémica por no querer entregar su información contable al Ministerio Público. Aunque el Servicio dirigido por Michel Jorratt no ha presentado querella contra la empresa, sí conformó un equipo especial de investigación.
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La negativa de Soquimich (SQM) a entregar su información contable a la Fiscalía es una piedra de toque. La última frontera antes que explote una bomba poderosa. Al menos así lo temen en los pasillos de los partidos, donde se refirieron al “abismo” que significa Soquimich. El temor y la falta de certeza sobre quién entregó boletas falsas a SQM para allegar recursos a campañas políticas, ha desatado una ola de trascendidos. En las bancadas políticas del Congreso se habla de una lista de 19 parlamentarios que podrían salir “manchados” con platas de la minera. Otros comentan que hay más de 50 políticos involucrados e, incluso, varios medios han dado cuenta de la eventual existencia de boletas que complicarían incluso a La Moneda.

Pero solo son especulaciones. Nada oficial, debido a la postura de la empresa y a la decisión del SII, que no ha presentado acciones legales en contra de la productora de litio, a pesar de que hoy se cumplen 133 días desde que recibió los antecedentes relativos a SQM enviados por la Fiscalía el 7 de noviembre pasado.

Hoy la presión pública está sobre el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, quien debió salir a negar haber recibido presiones políticas de La Moneda. Esto, ante la información aparecida en los últimos meses y que vincula a parlamentarios de la Nueva Mayoría con el financiamiento ilegal de campañas por parte de Soquimich.

Las primeras sospechas frente al actuar del Servicio se levantaron cuando éste decidió acotar el período de investigación a SQM en el marco de la querella contra Pablo Wagner y Carolina de la Cerda. Pese a que la acción judicial en un inicio le permitía a la Fiscalía indagar la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014, luego se corrigió para que los fiscales solo pudieran acceder a los datos de julio del 2009.

Un movimiento que causó extrañeza y que dio pie para que la ex abogada del SII que destapó el fraude al FUT, Marisa Navarrete, declarara a El Mostrador que “el SII está obstaculizando la investigación de la Fiscalía”.

Al interior del Servicio de Impuestos Internos aseguran que están “trabajando día y noche” para escudriñar en el manejo tributario de la empresa productora de litio. Dicen que conformaron un equipo especial, a cargo del subdirector jurídico, Cristián Vargas, y del subdirector de fiscalización, Cristian Villalón, para hacerse cargo de la presión impuesta por la Fiscalía y poder entregar respuestas oportunas, pero que aún no han logrado acreditar los delitos y que, por tanto, no hay margen para presentar acciones judiciales.

Debido a estos movimientos, el Ministerio Público solo ha podido profundizar en un mes contable de la firma de Ponce Lerou, julio del 2009, y en ese mes aparecieron 19 personajes vinculados a campañas políticas emitiéndole boletas presuntamente falsas. En tal lista figuran asesoras del senador PS Fulvio Rossi, el DC Marcelo Rozas y el hijo del diputado Roberto León, además de otros asesores y cercanos a militantes de la UDI.

Un año después, el 2010, otras 39 personas ligadas a la política figuran emitiendo boletas a la misma empresa, según dio cuenta El Mostrador a partir de un informe de retención de honorarios obtenido por la Fiscalía.

Pese a que en el SII señaló que entregará al Ministerio Público la información voluntaria que le hizo llegar la minera de Ponce Lerou –“información parcial”, según afirmó el Servicio–, queda en el aire la pregunta de por qué el organismo no ha presentado denuncias ni querellas que involucren a SQM, no obstante los testimonios que señalan que la empresa utilizó boletas falsas para financiar al menos dos campañas políticas, la de Pablo Zalaquett, el 2013, y la de Joaquín Lavín, el 2009.

LAS DIFERENCIAS CON PENTA

Los tiempos que se ha tomado el SII para analizar los antecedentes relacionados con Soquimich han sido más extensos que en el caso de la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. La primera denuncia que estampó el Servicio contra Penta –y que le permitió a la Fiscalía formalizar delitos tributarios contra los imputados–, fue el 26 de agosto del año pasado, cuando se denunció a los controladores y algunos ejecutivos del holding por uso de boletas falsas para reducir la carga tributaria de sus firmas.

Esa acción judicial fue interpuesta un mes después que los persecutores allanaran las oficinas ubicadas en El Bosque Norte 0440, y permitió ampliar las diligencias encargadas por los fiscales. De hecho, el pie en el acelerador que significó la denuncia llevó a otra acusación, la presentada el 8 de octubre contra los mismos Délano, Lavín y otros, además de incluir a quienes “de acuerdo a los antecedentes obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas”.

Esa mención permitió que funcioanrios de la PDI, previa diligencia encargada por la Fiscalía, allanaran las oficinas de Reactor Spa, Inversiones y Mandatos, Cactus, Vox Comunicaciones y demás sociedades vinculadas a los primeros políticos involucrados en la causa: Pablo Zalaquett, Andrés Vélasco, Laurence Golborne y Jovino Novoa, entre otros.

El 9 de enero el SII presentó una querella contra Pablo Wagner y su cuñada, Carolina de la Cerda, también por utilización de boletas falsas emitidas a diversas empresas, incluidas SQM y Penta. Esta acción fue la que abrió el periodo de sospechas ante el actuar del Servicio, ya que inicialmente permitía la incautación de la documentación contable de Soquimich entre  2009 y el 2014, pero luego aclararon que el período sólo se refería a julio de 2009.

La investigación sobre el holding de Délano y Lavín avanzaba a ritmo acelerado, y el 2 de febrero el fiscal Pablo Norambuena envió a Andrés Vio, jefe de la defensa judicial y tercero a bordo del SII, un informe con 20 contratos forwards irregulares firmados entre 2008 y 2012 entre el holding Penta y empresas del grupo Cruzat.

Solo un mes después, el 2 de marzo, el organismo fiscalizador amplió una querella contra los dueños de Penta por la utilización de los contratos a futuro para reducir su carga tributaria.

La comparación entre la celeridad con que la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha actuado en el caso de Penta y la lentitud con que parece estar haciéndolo con los datos relativos a SQM, ha llamado la atención de más de uno. Aunque en el Servicio se defienden y afirman que la indagatoria ha seguido un cauce normal.

Al interior del Servicio de Impuestos Internos aseguran que están “trabajando día y noche” para escudriñar en el manejo tributario de la empresa productora de litio. Dicen que conformaron un equipo especial, a cargo del subdirector jurídico, Cristián Vargas, y del subdirector de fiscalización, Cristian Villalón, para hacerse cargo de la presión impuesta por la Fiscalía y poder entregar respuestas oportunas, pero que aún no han logrado acreditar los delitos y, por tanto, no hay margen para presentar acciones judiciales.

Ayer, Cristian Vargas declaró que “no vamos a participar de ninguna maniobra que entorpezca la investigación de la Fiscalía respecto de SQM”, haciéndose cargo del cuestionamiento a viva voz suscitado por la demora del Servicio en presentar acciones legales contra la empresa de Julio Ponce.

Hay resquemor y desconfianza, porque la arista de la investigación relacionada con la minera se enfrentó con obstáculos justo cuando empezaron a circular nombres vinculados a la Nueva Mayoría, y el hecho de que el SII dependa del Ministerio de Hacienda es un dato que no ha pasado colado. Después vino la negativa de la empresa a entregar su información a los fiscales y, ulteriormente, la decisión del Tribunal Constitucional, que congeló cualquier medida intrusiva –como un allanamiento–, hasta que comiencen los alegatos respecto del recurso presentado por el abogado Samuel Donoso y que busca frenar la acción del Ministerio Público.

EL TIEMPO VALE ORO

A pesar de las desconfianzas, quienes conocen el trabajo del Servicio de Impuestos Internos señalan que el caso SQM está “dentro de los plazos normales”, y añaden que los fiscalizadores requieren siempre tomarse un tiempo para darles piso a sus denuncias, de modo de no presentar acusaciones apresuradas.

Las mismas fuentes señalan que, a diferencia de lo ocurrido con Penta, en esta arista no habría aún “hugos bravos” que entreguen información clave respecto del funcionamiento de la firma. Dicen que lo de Penta fue una avalancha. Primero los testimonios de ejecutivos como Bravo o Marcos Castro, que reconocieron ilícitos. Luego, correos electrónicos y más declaraciones. Secretarias, contadores y familiares que sustentaron una a una las sospechas de la Fiscalía y que le dieron la certeza al SII de que estaba en presencia de una conducta reiterada de evasión.

En el Servicio comentan, además, que lo que a ellos les preocupa es devolver al fisco los dineros que no se han pagado producto de estas prácticas, y que la llamada arista política nunca ha estado entre los objetivos de la investigación, la cual se ha centrado en los mecanismos para burlar el pago de impuestos. Por lo demás, aseguran, los delitos vinculados al financiamiento de campañas estarían prescritos, debido a la norma que regula el funcionamiento de los comicios y que tiene que ver con el Servel.

“El SII siempre va por los peces gordos”, asegura alguien que ha conocido este proceso de cerca. Bajo esa lógica, si no se comprueba que Soquimich ha utilizado de forma reiterada mecanismos como boletas falsas o contratos forwards irregulares para rebajar su carga tributaria, el que haya recibido unas cuantas boletas para aportar a campañas sería un hecho menor y no habría mayor interés en perseguirlo porque, a diferencia de Penta, no se ha comprobado que sus controladores utilizaran boletas truchas hasta para pagarse las vacaciones. No habría reiteración, al menos en la teoría.

En todo caso, no existen plazos tan perentorios para concluir la indagatoria. La prescripción de los delitos tributarios que pudieran haberse cometido durante gran parte del 2009 –año en que parte la solicitud de información de la Fiscalía–, recién se producirá en abril del 2016. Este 2015 vence la facultad de fiscalizar el año tributario 2009, que considera los movimientos realizados entre abril del 2008 y abril del año siguiente.

Pero éste no es un caso puramente técnico ni tributario. La crisis política que ha generado la constatación de que altos dirigentes parlamentarios y de los partidos más poderosos del país utilizan mecanismos ilegales para financiar sus campañas, ha hecho que el ojo ciudadano se pose sobre el sistema en su conjunto y ponga en entredicho una institucionalidad en que la relación de la política con el dinero se constituye en un territorio de márgenes difusos, donde se permitirían las irregularidades con tal de retener el poder logrado.

El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Fernando Atria, pone el acento en la dependencia del Servicio de Impuestos Internos respecto del Ministerio de Hacienda. A juicio del académico, el gobierno no puede simplemente desmarcarse de las decisiones que toma el Servicio, ya que este depende directamente de él.

Atria plantea que la dificultad no reside en que el SII no sea autónomo del Gobierno, sino justamente en lo contrario. “Es decir, como el SII no es autónomo del Ministerio de Hacienda, las decisiones del director del SII son decisiones donde el ministro de Hacienda es responsable. Entonces es legítimo ir donde el ministro y preguntarle por qué no se ha querellado. Está bien que no sea autónomo, de modo tal que si se considera que la decisión del director es una decisión que está motivada para cubrir a alguien, entonces esa responsabilidad es también del ministro. La responsabilidad puede escalar. Esa es la lógica del asunto”.

El constitucionalista agrega que hay un doble discurso. Por un lado, se dice que el Servicio es independiente –desligando así la responsabilidad política del Gobierno en sus decisiones–, pero, por otro, se reconoce que no se trata de un Servicio autónomo: “Se escudan en decir que es independiente. Si fuera independiente, el Gobierno estaría más protegido. Porque ahí se muere la responsabilidad política. Si es dependiente, el Gobierno no puede desligarse”, asegura Atria.

A pesar de insistir por varios días, el Departamento de Comunicaciones del SII no respondió las preguntas formuladas por El Mostrador, señalando que estaban en “temas más urgentes”. Por lo que quedan en el aire las interrogantes sobre la investigación en torno a SQM, la prescripción de los delitos que se investigan y la pertenencia o no de la minera al grupo de 200 empresas que forman parte de un plan especial de fiscalización lanzado por el organismo hace una semana, y en el que se dijo que se considerarían como atenuantes las autodenuncias que efectúen ante la autoridad.

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