Los cuestionamientos que surgen tras la aparición de sus hijos en la arista Soquimich
La aparición de boletas ideológicamente falsas emitidas por una sociedad de los hijos del recientemente electo presidente de la falange, cayó como una bomba de racimo en la colectividad, donde se han rechazado públicamente las defensas corporativas en este caso e, incluso, se acordó que ningún militante involucrado en los escándalos de financiamiento irregular de campañas podría estar en cargos de responsabilidad en el partido. Desde La Moneda, consideran que la situación del senador es la más complicada entre los nombres que aparecieron en la denuncia presentada por el SII.
Antes de que el senador Jorge Pizarro ganara las elecciones como presidente de la Democracia Cristiana (DC), le aseguró a su contrincante, Ricardo Hormazábal, que no estaba involucrado, ni nadie de su lista, en la entrega de boletas truchas a SQM.
Así lo relata Hormazábal, quien explica que “le dije que era un tema definitorio y clave para nosotros. Él dijo que no estaba involucrado, que no había ningún problema con ninguno de los integrantes de su lista, y coincidió en la necesidad de que se investigue el tema”.
Pero la denuncia presentada este jueves por el Servicio de Impuestos Internos (SII) –que involucra 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones– incluyó a una sociedad que sí está vinculada a Pizarro. Se trata de Ventus Consulting, perteneciente a Jorge Ignacio Pizarro Cristi y Sebastián Andrés Pizarro Cristi, hijos del parlamentario.
“Si esto es verdad”, asegura Hormazábal, “quiero escuchar primero lo que él diga antes de entregar mi opinión”.
En todo caso, señala que “es evidente que cualquier parlamentario que esté involucrado en actos de boletas ideológicamente falsas no está en condiciones morales de asumir ningún cargo directivo ni parlamentario. Digo que si se acredita la existencia de facturas ideológicamente falsas es un acto delictual y aunque no haya sentencia creo que la ética es más exigente que cualquier otro tipo penal”.
Desde La Moneda consideran que, de los nombres vinculados al oficialismo y las boletas truchas a la minera de Julio Ponce Lerou, el más complicado es justamente el de Pizarro. “Ellos tendrán que aclararlo”, dicen.
La situación de Pizarro también es compleja dentro de la tienda, donde se ha rechazado públicamente efectuar defensas corporativas por el caso e, incluso, se acordó que ningún involucrado podría ocupar algún cargo directivo.
Así lo explica un vicepresidente de la directiva de Jorge Pizarro, que asegura que el acuerdo asumido por la mesa es que ningún militante involucrado en los escándalos de financiamiento irregular de campañas podría estar en cargos de responsabilidad en el partido.
De hecho, durante el período de campaña de la DC, el vicepresidente electo y presidente de la comisión investigadora de SQM, Fuad Chahin, declaró que “así como la DC no puede hacer condenas anticipadas, tampoco vamos a hacer defensas corporativas. No vamos a actuar con el doble estándar de la UDI».
El diputado Chaín afirmó a El Mostrador que la mesa directiva no se va a referir al tema hasta que se reúnan y definan una posición común. Además, adelantó que los hijos de Pizarro emitirían una declaración pública.
Un miembro de la directiva saliente y amigo cercano de Jorge Pizarro, comentó estar muy afectado con los nuevos antecedentes que vinculan a los hijos del senador con el caso SQM y afirmó que “esto es un problema muy grande en el partido, esto va a terminar mal”. La misma fuente recalcó que esta semana tuvo una larga conversación con el senador, en la que abordaron el caso SQM y éste último no le comentó nada al respecto.
El temor que se había instalado en las fuerzas oficialistas por la aparición de SQM en la investigación impulsada por la Fiscalía en el marco del Caso Penta, terminó de concretarse tras conocerse que al menos hay 10 personas vinculadas al oficialismo en trabajos sin respaldo para la minera, ya que era un secreto a voces que Lerou financiaba campañas políticas del sector.
De estos –según publicó Ciper–, siete están ligados a la Democracia Cristiana, entre los que se encuentra Roberto Javier León Araya, hijo del diputado Roberto León, y tres al PPD, como el caso del abogado Juan Marco Moreno, asesor de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y presidente del Tribunal Supremo del PPD, que operó como enlace territorial de la última campaña de Michelle Bachelet.
Según fuentes ligadas a la Nueva Mayoría, la aparición de más nombres “se veía venir y va a ser un terremoto grande”.
El abogado y columnista Jorge Navarrete dice que “me imagino que esto es similar a cuando te anuncian que un ser querido va a morir pronto. Pese a que uno se concientizó con tiempo y supone estar preparado, cuando ocurre el acontecimiento nos golpea con igual fuerza. De esa manera, nadie podría mostrarse sorprendido con lo que está ocurriendo, pero, de igual manera, es evidente que estamos frente a una crisis política de gran envergadura”.
Además, asegura Navarrete, “con la Presidenta severamente dañada, el Gobierno perplejo e inmovilizado, la oposición destruida y ahora el oficialismo en el banquillo de los acusados, la pegunta es obvia: ¿quién llena este vacío y con qué liderazgo puede superarse este difícil momento? Lagos, Enríquez-Ominami y otros están haciendo el intento. Se trata de un esfuerzo importante, pero no es suficiente”.
Y agrega que “si miramos fuera de la política profesional, tampoco hay mucho donde afirmarse. La dirigencia empresarial pasa por uno de los peores momentos, a los jueces y fiscales no les compete este rol, mientras que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, pese a ser los principales depositarios de la soberanía popular, no cuentan con los procedimientos o una cultura que les permita organizarse desde una perspectiva propositiva, más allá de las legítimas quejas y rabia acumulada”.
Al respecto Ricardo Hormazábal opina que “Bachelet debe asumir el liderazgo correspondiente. No podemos tener parlamentarios sometidos a cuestionamientos de esta envergadura. Chile no resiste el desprestigio del Parlamento con senadores y diputados involucrados en acciones ilegales. Esto genera una crisis institucional de tremenda gravedad”.
El ex líder de la DC, insiste en que la Presidenta debe “tomar el toro por las astas y cambiar la Constitución, que es posible, para que personas implicadas en este tipo de actos no puedan seguir siendo parlamentarios. No podemos ser gobernados por personas con este grado de conexión con grupos económicos fraudulentos”.
Con respecto a Lagos, señala que “hay que darse cuenta que hay acuerdos políticos que construyen engendros. Lagos, que anda pontificando sobre los resguardos, tiene que reconocer que él junto con Longueira son los padres de este engendro que tenemos hoy en Chile: la ley de financiamiento de campañas políticas, que ha permitido que se generara una cultura de la impunidad y se blanquearan platas que se usan de manera delictual”.
Jorge Navarrete apunta a la Asamblea Constituyente como una alternativa. “¿Hay un ganador como consecuencia de este proceso? Es difícil decirlo, pero por el momento la idea de un proceso deliberativo, inclusivo y democrático se torna más necesario y viable que nunca. Y eso hoy se llama Asamblea Constituyente”.
