La compleja exposición de un conglomerado acostumbrado al bajo perfil
Los aportes sospechosos de haber financiado campañas políticas suman, hasta ahora, $748 millones. Abarcan a todas las empresas matrices: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur antes de su venta. Los destinatarios conocidos son Asesorías y Negocios, Harold’s & Johns, Jaime Orpis y colaboradores de Marta Isasi, Andrés Velasco, MEO, Harboe, Zalaquett y Moreira. José Tomás Guzmán, quien aparece como el único responsable de los aportes –a excepción de Corpesca– está citado a declarar en la Fiscalía. El costo ha sido brutal. Dicen que Roberto Angelini, la cabeza del grupo, está destruido.
Para un conglomerado económico fundado por un inmigrante, la aceptación y el respeto de la comunidad son probablemente más apreciados que para un empresario local. Por eso, lo ocurrido ha golpeado con especial fuerza a Roberto Angelini Rossi (67), cabeza del grupo creado por su tío Anacleto, quien no tuvo hijos. Quienes lo conocen dicen que está destruido. Y no es para menos: el escándalo del financiamiento ilegal a la política hace rato salió de la esfera de Corpesca para arrastrar a todas las matrices: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Inversiones Siemel y hasta Seguros Cruz del Sur, que fue vendida en junio de 2013 a Security.
La respuesta del grupo ha sido un riguroso silencio. O bien explicaciones del tipo cuando la empresa equis supo de la existencia de boletas y facturas falsas rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos y pagó los tributos adeudados. Frente a un terremoto de esta magnitud, ¿puede acaso haber una explicación?
La estrategia ha sido, hasta ahora, dejar que el abogado José Tomás Guzmán (87) aparezca como el único responsable de los aportes entregados por Empresas Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur. Asesor histórico de Anacleto y Roberto Angelini como socio del estudio Portaluppi, Guzmán & Bezanilla –ubicado en el piso 18 de la Torre de El Golf 150, uno más abajo que la oficina de Roberto Angelini–, ha sido mencionado por Jorge Rosenblut, recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei, como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho Giorgio Martelli, dueño de Asesoría y Negocios.
Guzmán está citado a declarar en la causa Soquimich, que llevan los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias. Su abogado defensor Carlos Balbontín no quiso confirmar el hecho ni revelar si se acogerá o no a su derecho a guardar silencio.
No existen querellas ni denuncias del SII en contra de las empresas del grupo Angelini, ni de sus directivos, a excepción de Corpesca, que corre por otra arista y cuenta con un cúmulo importante de acciones legales de distinta procedencia. La causa fue declarada secreta por seis meses, porque la Fiscalía indaga el delito de lavado de activos.
En la causa de Corpesca el SII interpuso en mayo pasado querellas en contra de Francisco Mujica, ex gerente general de la entidad, por delito tributario, y en contra de Giorgio Carrillo, ex asesor comunicacional de la ex diputada por Iquique Marta Isasi, esto por aceptar $27,7 millones en 2009 por servicios no prestados y que fueron a la campaña de la referida ex parlamentaria. Mientras, el año pasado el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por sobornos y cohecho en contra de Mujica, Isasi y Carrillo.
Sobre el senador UDI Jaime Orpis pesa una querella por cohecho de la Fundación Ciudadano Inteligente por haber aceptado pagos por $230 millones, a través de terceras personas, y a título personal, entre 2010 y 2013, con el objeto de saldar los gastos de su campaña a la reelección por Iquique en 2009. Asimismo, otra del diputado PC Hugo Gutiérrez, por cohecho agravado.
El asunto de fondo es que tanto Orpis como Isasi votaron a favor de la Ley de Pesca, representando a la zona donde opera Corpesca. La pesquera también entregó $12 millones a Asesorías e Inversiones Arrieta, de propiedad del abogado Raúl Arrieta, ex colaborador del senador PPD Felipe Harboe, quien fue citado a declarar ante el SII, pero guardó silencio.
En este capítulo, Roberto Angelini debió tomar una decisión dolorosa: despedir a Francisco Mujica, histórico gerente general de Corpesca, a quien conoció cuando fueron compañeros en Ingeniería Civil en la U. Católica. Ambos son muy amigos, de visitarse en sus casas, de pasar fines de semana juntos en el campo de Mujica en Duao, en la Séptima Región. Mujica declaró en el caso cuando este estaba en manos del fiscal José Antonio Villalobos y recientemente frente a la fiscal Ximena Chong, a la que se le asignó la arista Corpesca.
El ex gerente general de la pesquera es defendido por Jorge Bofill, el mismo que tiene como cliente a Julio Ponce Lerou en los casos Cascadas y SQM, aunque no lo acompañó cuando fue a declarar a la Fiscalía, sino que fue con otro abogado del estudio Bofill Escobar.
Por los afectos involucrados, este episodio recuerda lo ocurrido con Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco, a quien Anacleto Angelini quería como al hijo que no tuvo. Se vio obligado a despedirlo en 2005, después de 15 años en el cargo, porque el Presidente Ricardo Lagos lo conminó a ello, a raíz del escándalo por la muerte de los cisnes de cuello negro en el Río Cruces.
Para un grupo conocido por la estabilidad, la escasísima rotación de gerentes, la lealtad que une a sus miembros, estas decisiones tienen un costo anímico y afectivo que excede por mucho lo netamente profesional.
SQM Salar, Empresas Copec y Celulosa Arauco poseen un denominador común: financiaron a Asesorías y Negocios, la sociedad constituida por Giorgio Martelli en noviembre de 2011, que pagó $327 millones a 26 personas de la Nueva Mayoría entre 2012 y 2013. Buena parte de ellos pasó a ocupar cargos de relevancia en el Gobierno de Michelle Bachelet. Rodrigo Peñailillo ($16 millones) fue Ministro del Interior; Héctor Curcumides ($20 millones), Robinson Pérez ($26 millones) y Flavio Candia ($24,8 millones) se convirtieron en asesores de Interior; Fidel Miranda ($42 millones) en asesor de Hacienda; Michel Jorratt ($15,5 millones) asumió como director del Servicio de Impuestos Internos; Harold Correa ($15,5 millones) fue nombrado jefe de gabinete del Ministerio de Educación; Rodrigo Sepúlveda ($27 millones) se transformó en jefe de gabinete del Ministerio de Energía; Estela Ortiz ($32 millones), íntima amiga de la Presidenta, en secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Empresas Copec le entregó $57 millones a Asesorías y Negocios; Celulosa Arauco, $151 millones. Mientras, la filial de SQM, $223 millones. En total, $431 millones.
“(No) se entiende que empresarios financien el sueldo de personas vinculadas a corrientes políticas que, a primera vista, no comparten, como es el caso de Bachelet (…). Ser financistas del sueldo de ciertas personas en forma casi permanente, es cruzar una línea mayor”, sostuvo el ingeniero comercial Andrés Benítez, rector de la U. Adolfo Ibáñez, en su columna de La Tercera el 23 de mayo.
“Acá no estamos hablando de donativos de campaña. Se trata del trabajo previo a estas. Es decir, de los equipos que preparaban el retorno de la actual Presidenta, ideando, entre otras cosas, el programa de gobierno que hoy tanto critican. Porque, en el fondo, con platas de las empresas se estudió la reforma tributaria, la laboral y muchas otras que hoy son consideradas antiempresa”, señaló.
Y agregó que no hay que ser ingenuos, ya que los empresarios buscan poner fichas en todos los sectores políticos. “¿Para qué? ¿Buscando favores posteriores? ¿Para tender redes de apoyo? Bueno, si es así, es peor. Es algo que se acerca al cohecho, pese a que legalmente no lo es. Pero, en el fondo, es parecido”.
Y su conclusión fue que la estrategia fracasó, ya que las empresas hicieron sus aportes, pero la Presidenta “se desmarcó de ellas rápidamente” y aplicó un programa que “en nada beneficia a los empresarios”, por lo que, en lugar de alegar, “tienen que hacer un mea culpa (…) porque ellos mismos estuvieron detrás de todo lo que hoy está pasando”.
El grupo Angelini financió, además, al estudio de abogados penquista Harold’s & Johns Business & Law –formado por Harold Correa, íntimo amigo de Peñailillo, y Alex Matute, hermano del fallecido Jorge Matute–, que recibió $90 millones de Cruz del Sur mientras estaba en su poder. Y entregó también otros $30 millones a Asesorías y Negocios.
Curiosamente, fue el Security, el nuevo dueño de la compañía de seguros, el que revisó su contabilidad y se encontró con los pagos a esta oficina de abogados que no contaban con respaldo alguno e hizo la rectificación correspondiente ante el SII.
De no haberlo hecho, quizás nunca se habría abierto esta arista que parecía no tener una explicación. Pero la hay. La razón por la cual la filial de seguros del grupo Angelini se ligó a Harold’s & Johns fue porque José Tomás Guzmán, cuando conversó con Giorgio Martelli, le planteó que no quería que todos los aportes del grupo fueran a una sola empresa, sino también a una firma de abogados. Martelli –según una fuente de su entorno– le consultó a su línea de mando qué otra compañía podía ser. “Y él (Peñailillo) le respondió Harold’s & Johns”.
[cita] La estrategia ha sido, hasta ahora, dejar que el abogado José Tomás Guzmán (87) aparezca como el único responsable de los aportes entregados por Empresas Copec, Celulosa Arauco y Cruz del Sur. Asesor histórico de Anacleto y Roberto Angelini como socio del estudio Portaluppi, Guzmán & Bezanilla –ubicado en el piso 18 de la Torre de El Golf 150, uno más abajo que la oficina de Roberto Angelini–, ha sido mencionado por Jorge Rosenblut, recaudador de las dos campañas de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei, como su contacto con el grupo, del mismo modo que lo ha hecho Giorgio Martelli, dueño de Asesoría y Negocios.[/cita]
Se desconoce qué hizo el estudio de abogados penquista con los $90 millones aportados por Cruz del Sur. La fuente consultada afirma que sería necesario revisar la contabilidad de Harold’s & Johns, pero pensando en positivo debiese haber realizado algo similar a lo de Asesorías y Negocios, es decir, pagarles a personeros ligados a la Nueva Mayoría durante la precampaña. Hasta ahora, solo se sabe que Rodrigo Peñailillo prestó servicios al estudio de abogados de sus amigos.
Qué Pasa publicó en su última edición que Harold’s & Johns se vio también favorecido con $32 millones de Empresas Copec. Harold Correa, socio de la oficina, fue citado a declarar el pasado 27 de agosto ante la fiscal Carmen Gloria Segura, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Se negó a entregar la contabilidad de su estudio de abogados, así como el acceso a sus cuentas de correos electrónicos y cuenta bancaria hasta poder revisar, junto a su abogado Marcelo Torres –conocido penalista penquista–, la investigación. Alex Matute, también defendido por Torres, concurrió a la Fiscalía el 25 de agosto y guardó silencio.
Empresas Copec y Celulosa Arauco –según Qué Pasa– rectificaron boletas y facturas sin respaldos por $1.500 millones, correspondientes al período 2012-2014.
Sumando los montos conocidos hasta el momento, los aportes irregulares a la política de ambas empresas suman $318,5 millones. Desglosados de la siguiente forma: Asesorías y Negocios ($151 millones de Arauco y $57 millones de Copec); Cristián Warner Comunicaciones, empresa del periodista del mismo nombre que fue jefe de campaña del candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami ($30 millones de Arauco); la sociedad de Cristóbal Aninat, jefe político de la primera fase de la campaña de Andrés Velasco a las primarias ($16,5 millones de Copec); Asesorías Arrieta Ltda., del abogado Raúl Arrieta, ex colaborador del senador PPD Felipe Harboe ($20 millones de Copec); Harold’s & Johns ($32 millones de Copec); Inversiones La Manada, de propiedad del candidato UDI a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett ($12 millones de Copec).
Hay, entonces, $1.181 millones sin destinatarios conocidos.
Los nuevos nombres ligados a Enríquez-Ominami, Velasco, Harboe y Zalaquett están registrados en los libros de compras y rectificaciones ante el SII que hicieron Copec y Arauco en abril –de acuerdo a Qué Pasa–. Información que, unida a las de otras empresas del grupo que hicieron aportes irregulares a la política, se mantuvo en total reserva en el Servicio, pese a que la Fiscalía la solicitó en julio, no obstante lo cual la respuesta fue parcial e insuficiente. A comienzos de agosto, la Fiscalía volvió a la carga y despachó otro oficio al SII, solicitando la información contenida en un pendrive, la que le fue entregada el viernes antepasado.
El semanario de Copesa precisa que el grupo Angelini no especificó a qué personas naturales o sociedades entregó los dineros, por lo que la Fiscalía deberá chequear los antecedentes de la contabilidad y los libros de compras. Dicha tarea ya está en manos de la Bridec, de la PDI.
Siemel, otra firma del conglomerado, pagó $7,9 millones a Eduardo Montalva, ex asesor del senador UDI Iván Moreira.
José Tomás Guzmán tuvo una infancia compleja, ya que su padre murió cuando él –penúltimo de 11 hermanos– tenía 9 años. A los 14, comenzó a trabajar los domingos en la portería del Club Hípico.
Gracias a un parentesco político, terminó ligándose a Anacleto Angelini. Su hermana Carmen Guzmán se casó con Aquiles Portaluppi, abogado de origen italiano que se convirtió en el mejor amigo y consigliere de Angelini. Guzmán entró a trabajar al estudio de Portaluppi, se convirtió en socio e ingresó a los directorios de las empresas de Angelini. Hoy es vicepresidente de Empresas Copec y director de Arauco, Siemel, Corpesca y lo fue de Cruz del Sur hasta que se vendió. También es accionista de Inversiones Angelini, la sociedad madre de todos los negocios del grupo, donde solo participaban Anacleto y sus sobrinos Roberto y Patricia Angelini Rossi. Un hecho que revela la confianza del fundador en su consejero, quien tendría un 1,9% de la propiedad, cifra que se conoció en 2005, cuando Alejandro Pérez –el ya renunciado gerente general de Arauco–, entró a la dicha propiedad con un 0,5%, que luego vendió.
Guzmán, además, es dueño del 2,86% de AntarChile, holding del que se descuelgan las principales empresas del conglomerado, lo que se traduce en US$130 millones, de acuerdo al valor en bolsa de Antar.
Su papel dentro del conglomerado ha sido siempre el de un asesor que entrega su opinión en los directorios. “Tiene algunas características fundamentales: es una persona muy confiable, hace exactamente lo que le dicen y ha sido muy leal con don Anacleto y con Roberto”, dicen quienes lo conocen.
Hasta 2007, año en el que Anacleto Angelini murió, a los 93 años, este era el patriarca del clan –nacionalizado chileno por gracia en 1994–, quien controlaba todo. De allí en adelante, su sobrino y heredero Roberto Angelini tomó la posta, pero, a diferencia de su tío, cuando toma una decisión lo hace escuchando a sus asesores. Un grupo compuesto –entre otros– por Guzmán; el abogado Manuel Enrique Bezanillla, socio de Portaluppi, Guzmán & Bezanilla; y Jorge Andueza, gerente general de AntarChile, presidente de Siemel, vicepresidente de Arauco y director de Empresas Copec.
Guzmán es un hombre que nunca ha manejado presupuestos en las empresas. Por eso –dicen aquellos que conocen la estructura del grupo y el rol de Guzmán–, es muy probable que los aportes a la política hayan pasado por Roberto Angelini. Versión que niegan con fuerza al interior del conglomerado.
