Al igual que el Consejo Nacional de Televisión o el Tribunal Constitucional, el consejo directivo del Servicio Electoral está compuesto por actores que, más allá de sus conocimientos técnicos y trayectoria profesional, están ligados a los grandes partidos: la DC, el PS, la UDI y RN tienen hombres cercanos a sus filas en un organismo que, en la práctica, debe tomar decisiones que afectan a los intereses del mundo político. Un ejemplo de ello es el anuncio de que, si bien entregarán los montos de los aportes reservados solicitados por el Ministerio Público con la venia de la justicia en el caso “Donaciones”, no se darán detalles sobre a quiénes beneficiaron estos dineros.
El miércoles 23 de enero de 2013, por 34 votos a favor y dos abstenciones, el Senado ratificó la designación de los cinco miembros del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel) realizada por el entonces Presidente Sebastián Piñera.
Fue así como el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, los abogados José Miguel Bulnes, Gonzalo Molina, Patricio Santamaría y el sociólogo Alfredo Joignant llegaron a ocupar el cargo en la institución. Todos, a excepción de Cheyre, ligados a partidos políticos de los dos grandes conglomerados del país: la entonces Concertación y la Alianza por Chile.
Este consejo directivo del Servel es el que rayó la cancha a la solicitud del Ministerio Público, avalada por la justicia, en torno a la entrega de antecedentes relativos a los polémicos aportes reservados para campañas políticas realizados por varias empresas: Cencosud, Quiñenco y AntarChile. A la que luego se sumó una petición del mismo juicio relativa a los aportes de Soquimich, pero que no cuenta con orden judicial.
La respuesta del organismo –que acaba de obtener la autonomía constitucional, incluida entre las metas de probidad impulsadas por el gobierno– fue simple: se está recopilando la información sobre los aportes reservados para entregarla al fiscal Ezio Braghetto, quien tramita parte de las querellas por apropiación indebida presentadas por un accionista minoritario. Pero el Servel solo remitirá los montos que estas compañías aportaron a las candidaturas en los períodos solicitados, sin el detalle de los candidatos que recibieron tales donaciones.
Según explicó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, “vamos a entregar lo que se nos solicite en la medida que se cumplan las disposiciones legales. En este caso, se está investigando una querella de accionistas minoritarios, y se nos solicita, con la autorización del juez de Garantía, acreditar los montos que esas empresas aportaron de manera reservada y eso es lo que vamos a entregar”. El abogado explica que los integrantes del servicio “estamos afectos hasta a 541 días de presidio si revelamos información sujeta a secreto bancario, por lo que vamos a respetar la resolución judicial tratando de no afectar a funcionarios, para que no enfrenten sanciones de presidio”.
El secreto bancario entra en el juego porque la normativa a la que recurrió el accionista minoritario Óscar Gajardo junto a sus abogados se encuentra dentro de la Ley General de Bancos.
La decisión del Servel podría marcar la pauta a futuras solicitudes judiciales –de hecho, son 10 las grandes compañías involucradas en las querellas por apropiación indebida en contra de accionistas minoritarios– relativas a este tipo de aportes, profundamente cuestionados en medio de los escándalos que han puesto en la mira de diversas investigaciones judiciales a la relación política-dinero.
Según fuentes ligadas al caso, “la resolución del tribunal es clara al ordenar entregar los montos de estos aportes y toda la documentación relacionada (…) es obvio que hay un intento de restringir la información. Es lo que se ha tratado de hacer en todas las instituciones. Y el cuoteo con que se eligen sus miembros genera suspicacias respecto a qué tan independiente puede ser el Servel para entregar información”.
Cuatro de los consejeros del Servel tienen cercanía con partidos políticos. Si bien por ley al momento de asumir debieron renunciar a sus tiendas políticas en caso de estar afiliados, no es casual que además de su experticia y conocimientos en materias electorales, sus vínculos partidarios estuvieran presentes a la hora en que fueron seleccionados por el entonces Presidente Sebastián Piñera y aprobados por el Senado, respondiendo a la lógica del cuoteo político que marca a otras instancias, como el Consejo Nacional de Televisión, el Tribunal Constitucional (TC), el directorio de TVN y todas las principales instancias de la institucionalidad pública nacional.
En el caso de Patricio Santamaría, es un antiguo militante de la Democracia Cristiana (DC), partido del que fue vicepresidente. Cercano a los “colorines”, aunque según el ex líder de la falange, Ricardo Hormazábal,“después trabajó con independencia, empezó a tomar actitud transversal, no es un tipo de lotes, incluso trabajó en mi directiva. Es un tipo muy capaz. Es experto en temas electorales desde siempre, es muy calificado y sabe mucho de estos temas. Tiene una característica especial, él estuvo siempre muy cerca de la señora Anita (Fresno), esposa de Bernardo Leigthon”. También es conocida su amistad con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón. Es más, fue él quien la alertó de un “cuento del tío” que enfrentó la secretaria de Estado a principios de este año.
[cita]Según fuentes ligadas al caso, “la resolución del tribunal es clara al ordenar entregar los montos de estos aportes y toda la documentación relacionada (…) es obvio que hay un intento de restringir la información. Es lo que se ha tratado de hacer en todas las instituciones. Y el cuoteo con que se elige a sus miembros genera suspicacias respecto qué tan independiente puede ser el Servel para entregar información”.[/cita]
Santamaría es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue subsecretario General de Gobierno durante el gobierno de Ricardo Lagos, entre 2003 y 2005, y ha sido asesor legislativo en la tramitación de leyes de los ámbitos económico, de la mujer y educacional. También ha prestado asistencia técnica en materia de Derecho y Política Electoral, asesoría legal ante Tribunales Electorales y el Tribunal Calificador de Elecciones.
El sociólogo Alfredo Joignant, en tanto, está vinculado al Partido Socialista (PS), donde es cercano al lote de la renovación del ex senador Ricardo Núñez. Ex panelista, entre 2006 y 2012, de ‘Estado Nacional’, programa de TVN donde también está instalada la lógica del cuoteo. Fue director ejecutivo del think tank Expansiva, fundado por Andrés Velasco.
El doctor en ciencia política de la Universidad de París I Pantheón-Sorbonne Francia, fue miembro por un año del Comité Académico del Instituto Igualdad, fundación creada por el PS. Joignant ha participado en diversas comisiones asesoras y paneles de expertos gubernamentales, y ha sido ampliamente reconocido por su labor docente y profesional. Además ha prestado asesorías a diversas instituciones del Estado, como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la Secretaría General de la Presidencia.
Su hermana, Ginette Joignant, es una antigua amiga y actual jefa de comunicaciones del vocero de Gobierno, el también socialista Marcelo Díaz.
Las redes políticas del abogado Gonzalo Molina están en la UDI. El actual socio del estudio de abogados Infante Valenzuela Molina Abogados SpA, es representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos, junto a Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993. Dentro del directorio de Asuntos Públicos estuvo el ex timonel Jovino Novoa. Esta es una de las 24 empresas que aparecieron en una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), por emitir facturas sin respaldo para SQM, que incluían a sociedades con vínculos a partidos.
Según publicó Ciper Chile la entidad es dueña de la “Casa de los Senadores”, una propiedad en calle Lota aledaña al domicilio de la tienda gremialista, donde funciona la sede metropolitana de la UDI.
En tanto, el abogado y socio del estudio Vial y Cía, José Miguel Bulnes, es cercano a RN. El único miembro del consejo directivo que no está ligado a un partido es el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien inicialmente fue nombrado presidente de la instancia, cargo que dejó luego de diversos cuestionamientos relacionados con Derechos Humanos (DDHH). Esta causa, en la que Cheyre ha sido careado e interrogado en varias oportunidades, está siendo investigada por el ministro Vicente Hormazábal, y el abogado que lo representa es Jorge Bofill, que también patrocina a Julio Ponce Lerou en el caso SQM y a ex ejecutivos de Penta.
Cuando el Senado aprobó la designación conjunta de los miembros del consejo propuesta por Piñera, que reemplazó a la antigua Dirección del Servicio Electoral, los únicos parlamentarios que se abstuvieron fueron la actual ministra Ximena Rincón (DC) y el líder del MAS, Alejandro Navarro.
Las razones de Rincón apuntaban a la falta de presencia femenina en la nómina.
En tanto y durante la discusión en Sala, Navarro esgrimía como uno de los motivos para abstenerse “que aquí ha habido un acuerdo político –yo no reniego de la posibilidad de su realización, porque estoy en la política–, que beneficia nuevamente al duopolio: la Democracia Cristiana y el Partido Socialista o Renovación Nacional y la UDI. Para el Gobierno,el resto de los partidos sigue no existiendo”.
La nominación del Consejo Directivo del Servel fue abordada por la comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, liderada por Eduardo Engel. Allí, según explica uno de sus integrantes, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, “hicimos algunas propuestas. Llegamos a la conclusión de que evitar el cuoteo es imposible, porque en el sistema que quieras nunca va a haber independencia total. No creo que en un sistema político o social puedas encontrar a alguien puro que no tenga posición política. Partiendo de ese supuesto la pregunta que nos hicimos fue cómo garantizas que las decisiones sean lo más transparentes posibles, y la única forma es el chequeo y balance de poderes, o sea, que la composición de los miembros no se incline brutalmente para un lado sino que sea una constitución colegiada y con mayor transparencia en la selección”.
Fuentes señala que “el cuoteo no es malo intrínsecamente, el punto es que tengan la calidad técnica suficiente para ejercer su rol. Creo que en este consejo no se han cometido grandes errores, no hay grandes cuestionamientos al Servel, salvo lo que pasó con Cheyre”.
En esa línea, explica, “lo importante es que tienes que elevar el estándar institucional: para ello propusimos que la Alta Dirección Pública (ADP) haga un elección de unos 10 o 12 candidatos y que luego el Presidente de turno elija a los miembros y que los presente al Senado. Y que el Senado tenga que hacer audiencias públicas de modo que el elegido no sea solo por el cuoteo político sino que los senadores puedan ver su currículo, que es lo que pasa con el contralor. Hoy no lo hacen”.
Pero estas propuestas no tuvieron eco en el Gobierno, ya que no las incluyó en las indicaciones sobre el Servel que envió el 31 de agosto al Congreso, donde se discute el proyecto de ley sobre Transparencia y Fortalecimiento de la Democracia. “Se abordaron aspectos asociados a las atribuciones del consejo del Servel pero nada sobre el mecanismo de selección de los consejeros, lo que debería incluirse en el debate, porque es muy relevante avanzar hacia un mecanismo lo más transparente posible y que te garantice el mayor debate ante su selección, para evitar lo que pasó con el Tribunal Constitucional, donde progresivamente fueron los partidos eligiendo gente más leal a ellos, sin mucho perfil técnico. Y el Servel es clave, porque es la institución que va a controlar a la política”, asegura el doctor en Ciencia Política.
Los desafíos que debe enfrentar el Servel no son pocos. Para las próximas elecciones municipales, a celebrarse en 2016, y pese al remezón causado por el financiamiento ilegal de la política que se destapó con el caso Penta hace un año, la institución no contará con las facultades necesarias para fiscalizar el origen de los recursos y cómo se gastan en las campañas, ya que el Congreso aún no ha aprobado las normas necesarias para ello, ni tampoco el presupuesto asociado. Es más: el presupuesto para el próximo año solo considera un aumento de mil millones de pesos, lo que fue calificado públicamente como “insuficiente” y “provisorio” por Santamaría.