Marta Herrera, directora de la unidad del Ministerio Público, dice que a lo anterior se suma la escasa cantidad de testigos.
La directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, hace hincapié en la necesidad de contar con más herramientas investigativas para poder enfrentar los delitos de corrupción pública, con el objetivo de proteger los antecedentes de la investigación.
En entrevista con El Mercurio, la abogada sostiene que la investigación de los delitos de corrupción es «muy compleja», con elementos como falta de denuncia, poca colaboración de testigos, ausencia de pruebas directas, entre otros.
«Y el cohecho, además de recoger todas estas complejidades, añade que se trata de un acto súper clandestino», agrega la además directora jurídica del Ministerio Público.
Detalla que existen diversos tipos de cohecho, si se trata de funcionarios públicos: «El propio, que es cuando se recibe una dádiva por ejecutar actos propios del cargo; el impropio, que es aquel donde el cohechado omite o falsea actuaciones de su responsabilidad; y el unilateral, que se consolida por la sola oferta. Este último, por lo general, no es difícil de configurar, porque surge de una denuncia directa».
«El problema está en el bilateral. En este caso, ni el funcionario público que recibió la plata, ni quien la entregó van a querer hablar. O sea, no tenemos nada», acota la abogada.
Y de ahí parten los desafíos investigativos: primero, cómo se desarrolla la investigación, y después cómo se construye un caso que permita convencer al tribunal, «porque principalmente estamos llevando pruebas indiciarias. Acá, de flagrancia ni hablar. El mundo ideal de tener en una escucha telefónica la prueba de un cohecho, pasa poco».
«Los correos electrónicos son un antecedente importante en virtud del cual nosotros comenzamos a construir el indicio. El cohecho puede acreditarse con algunos elementos como el correo electrónico, pero también tengo que acreditar que se recibió el beneficio económico. Entonces, hay que iniciar una investigación de tipo patrimonial. Hay ocasiones en las que el dinero no se recibe directamente. Tenemos que empezar a seguirlo, lo que puede hacerse en la medida que se use el sistema financiero habitual. Además, también tenemos el ‘hombre del maletín’, o sea el pago en efectivo del cohecho», ahonda Herrera.
A eso se suma, dice, la escasa cantidad de testigos. «Hay amenazas, gente que no quiere meterse por no tener problemas laborales. En los casos de corrupción también tenemos los factores políticos asociados, o sea el silencio es lealtad. Y en el plano jurídico, hay un punto con el primer elemento del cohecho, que es que tiene que haber una infracción a los deberes del cargo o una omisión de los actos propios del cargo. Uno podría entender que eso es un deber de probidad, pero a veces los tribunales nos han dicho que no, que tiene que estar bien establecido en algún reglamento específico o en el contrato de trabajo cuál es el deber que se infringió», afirma.
Respecto a las filtraciones, admite que «con todo el respeto que le tengo a la libertad de prensa», el impacto en la opinión pública que genera la revelación de antecedentes que involucran a importantes personajes públicos añade una complejidad extra a la indagatoria.
«Cuando tenemos un antecedente como el caso de los correos electrónicos entre el ex senador UDI Pablo Longueira y el ex gerente de SQM Patricio Contesse, de inmediato vamos a empezar diligencias investigativas, que es lo que se ha hecho en este caso. El punto está en que nosotros, para poder proteger esas diligencias y también, hablando más francamente, cuidar ciertas cosas en las que estamos siendo criticados los fiscales, debemos andar con mucho cuidado», declara.
«Queremos ceñirnos a los principios del sistema. Creemos en la presunción de inocencia y tratamos de respetarla, pero hay cosas que escapan de nuestras manos (…) entonces, estamos tratando de actuar y de hacerlo sigilosamente», añade.
¿Y si las filtraciones salen del entorno de la investigación?, le preguntan. Ella responde: «Es un tema que preocupa mucho al fiscal nacional. Se han adoptado medidas que pueden resultar severas, como sumarios administrativos o investigaciones penales, pero en lo neutro necesitamos tener más armas que nos permitan proteger la información, como las que se aplican en delitos de lavado de dinero».
