Estudio busca develar el trasfondo político en la entrega de fondos del Estado
Los creadores del informe “¿Tienen los concursos de Fondecyt un trasfondo político?”, señalan que hay “cambios importantes en años políticamente claves”, que marcan de una u otra forma la entrega de fondos para la investigación a las universidades del país.
A finales de 2015 se desató lo que fue denominado como “la furia de los científicos”, quienes protestaron a lo largo de todo Chile para poner en jaque el objetivo de la generación de conocimiento en el país, visibilizar la precariedad laboral en el sector y además exigir un aumento del 20% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).
A meses de lo ocurrido y a días de que se definiera la nómina de beneficiados por los Fondecyt regulares de este año 2016, se dio a conocer el informe «¿Tienen los concursos de Fondecyt un trasfondo político?«, realizado por el Centro de Investigación Sociedad Economía y Cultura (CISEC), el que busca revelar si existe influencia de los vaivenes políticos a la hora de los Fondecyt, en un proceso de investigación más amplio que lo entregado.
Tema sensible para el mundo que se dedica a la generación de conocimiento y desarrollo de las ciencias, ya que esta institución por su denominación de origen busca establecer criterios técnicos y de sustento de la propuesta (70%) y “meritocráticos”, de antecedentes académicos (30%) para entregar los fondos que provienen del Estado y buscan fomentar distintas áreas productivas del país..
Según el estudio, que analiza las asignaciones de Fondecyt a las universidades chilenas entre los años 2007 y 2015, este criterio no es el único y hay “cambios importantes en años políticamente claves”, que “se pueden vincular fácilmente al perfil político que cumple una universidad en la discusión del país sobre la política educativa”, indica el sociólogo Alberto Mayol, uno de los titulares de la investigación.
El informe entrega un análisis a nivel institucional de los resultados del concurso Fondecyt en vista de las distintas asignaciones entregadas, entre los años 2007 y 2015, a distintas universidades según su grado de confesionalidad, su paradigma en la política universitaria (derecho a la educación y la libertad de enseñanza) y su pertenencia al Consejo de Rectores, G9 y el Cuech.
Según el “grado de confesionalidad”, el estudio establece que, a pesar de que en el año 2015 hay mayor financiamiento a instituciones no confesionales (61,21% – 30,07%), hay un cambio relevante de otorgamiento de Fondecyt desde 2010 en adelante. Según el informe, “se configura un nuevo orden, que tiende a estar más orientado hacia universidades confesionales”, lo que se mantiene hasta el año 2015, salvo en el año 2012 en que la balanza se corre hacia las universidades laicas.
Respecto a las instituciones que comprenden al paradigma de la política universitaria como “el derecho a la educación”, frente a las que lo ven como “la libertad de enseñanza”, de acuerdo al documento “la primera tiende a la educación pública, la segunda al mercado”. Los resultados establecen un comportamiento homogéneo entre 2007 y 2009 y luego un cambio drástico en 2010, “las universidades pro libertad de enseñanza pasan de 26% a 41%”. Se produce “un reflujo de este proceso en 2011 y 2012, para finalmente generar un nuevo orden”.
En cuanto a su pertenencia al CRUCH, se establece que la asignación de Fondecyt “ha seguido un proceso de incremento relativamente sinuoso, en el que se expresa una tendencia constante a aumentar los proyectos otorgados a instituciones fuera del Consejo de Rectores».
Por otra parte, si se analiza la distinción entre universidades del Estado versus entidades no estatales, hay “un cambio radical en 2010 en favor de las no estatales, un rebote de los datos en 2011 y 2012, para terminar con aprobaciones de concursos regulares de Fondecyt en los años 2013 a 2015 equivalentes a las del año 2010 en la distribución estatal versus privada”. Por ejemplo, en el año 2015 se estableció un 35% a universidades del Cuech frente a un 67% a instituciones privadas.
Finalmente, respecto a la pertenencia al G9 –universidades privadas del CRUCH– y las adjudicaciones de Fondecyt regulares por parte de estas entidades, el informe establece que su comportamiento es diferente a las otras clasificaciones, pero “coinciden en un salto importante en favor de las entidades no estatales en 2010 y un fuerte reflujo en 2012. En 2013, año de su fundación, recupera lo perdido en 2012 y lo mantiene hasta hoy”.
Una de las principales conclusiones que arroja el informe es que en las cuatro dimensiones investigadas hay un cambio importante de los datos de Fondecyt regular asignados en el año 2010, lo que coincide con la llegada de Sebastián Piñera al Gobierno. “De haber politización de los resultados, las instituciones afines a las posturas educativas de derecha debieran mejorar sus rendimientos. Y eso es exactamente lo que acontece. Y de un modo notorio”, señala el documento.
[cita tipo=»destaque»]Para Matías Delgado hay una sobrestimación de la empresa privada por sobre las comunidades locales o la sociedad civil a la hora de definir la asignación de fondos, “ejemplo de esto es la presencia de Álvaro Acevedo, gerente de SOFOFA Innova, dentro del consejo asesor de Fondef. Nos preguntamos si el desarrollo científico hoy es funcional a las necesidades de la sociedad chilena o solo al sector empresarial.”[/cita]
Se establece que entre 2009 y 2010 el cambio en el comportamiento de los datos en los 4 clivajes con más impacto es mayor al 12%, en circunstancias que los cambios entre un año y otro se suelen mover en ritmos de entre 1% y 5%. “Conocidos los contenidos de esa postura que podemos llamar la ‘derecha educativa’, es posible imputar que las modificaciones entre 2009 y 2010 son todas coherentes con un movimiento de derechización”, se expresa.
La segunda resolución es que en el periodo 2011-2012 hay un flujo hacia la ‘izquierda’, período que coincide con las movilizaciones estudiantiles, críticas al lucro de las universidades privadas y el aumento de apoyo a la gratuidad. Se “devuelven las variables a la situación pre 2010 o a veces incluso supera el punto de origen. Es un claro movimiento de lo que vendría a ser en la tradición chilena una ‘izquierdización educativa’ o, al menos, un giro progresista”, indica el informe.
Finalmente, entre las conclusiones se establece que los años 2013 y 2015 el documento señala que “la Nueva Mayoría converge con la derecha”, datos que se asimilan con aquellos obtenidos en 2010: “En 2013 y, sobre todo, en 2014 y 2015, los proyectos de Fondecyt regular son asignados a instituciones de un modo muy parecido al primer año del gobierno de derecha”.
Alberto Mayol explica que “el cambio de clima político que generó el movimiento estudiantil trajo numerosas transformaciones, pero su duración –por definición de lo que es un movimiento social– es limitada, lo llamativo es que la Nueva Mayoría, a pesar de haber absorbido parte del movimiento estudiantil en su agenda educativa, no traduce esta visión a este escenario científico y, por el contrario, se alinea más con el primer año de Sebastián Piñera”.
Por su parte Javiera Araya, creadora del informe, establece que “no es novedad que exista una tendencia a la ‘derechización’ de la ciencia en términos de la incorporación de criterios de evaluación de proyectos basados en las publicaciones ISI y cantidad de publicaciones por sobre la calidad de estas. Sin embargo, resulta perturbador que esta tendencia no solo responda a los criterios de evaluación, sino que también –como lo sugieren nuestros datos– a las características ideológicas de las instituciones y a la coyuntura política del país”.
El informe ha generado distintas reacciones dentro del mundo científico. Para Mayol el principal problema de la incidencia de lo político es que “la asignación de concursos Fondecyt regular incumple su promesa de neutralidad política, al menos en el nivel institucional. Esto obviamente es muy grave para el principal concurso científico del país, que parece responder a la lógica de las cuotas”.
Por otra parte, otros reconocen que el informe pone en el tapete un tema que tiene relevancia y saber si hay o no incidencia de la política entre quienes deciden el destino de estos fondos, pero que hace falta ver un panorama más amplio.
Luis Castro, investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, se pregunta si “¿alguien podría pensar que la política es una variable por antonomasia ajena a la instalación de la investigación como una cosa pública?”.
“Valoro el estudio porque permite reflexionar sobre la investigación en Chile y los escenarios políticos, sin embargo, las conclusiones pretendidas no se sostienen al no haber una mayor finura, problematización, precisión y descripción de las categorías de análisis y las complejidades que las sostienen”, agregó.
Castro sostiene que “si es que acogiéramos las conclusiones deberíamos llegar a comprobar el rol de los evaluadores externos y de los Grupos de Estudio. Es necesario ampliar el debate en torno la relación entre la política y la investigación científica sin sesgos preliminares”.
En la misma línea, para Matías Delgado –director de educación de Fundación Crea– es complejo definir una incidencia política real, pero el panorama de asignación de fondos estatales para investigación es complejo y especialmente crítico respecto al aparataje administrativo y la definición de políticas públicas al respecto.
“Vemos con bastante resquemor la dinámica de conformación del Consejo Superior de Ciencias y el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico. Sin poner en duda la calidad de sus miembros, creemos que el sistema de elección, donde son los mismos integrantes de este consejo los que postulan a los reemplazantes, puede generar prácticas endogámicas bastante complejas”, señala, al tiempo que agrega que es necesario integrar “lógicas de accountability y prácticas más democráticas, y abrir estos espacios a distintos actores de la sociedad civil”.
Para Delgado hay una sobrestimación de la empresa privada por sobre las comunidades locales o la sociedad civil a la hora de definir la asignación de fondos, “ejemplo de esto es la presencia de Álvaro Acevedo, gerente de SOFOFA Innova, dentro del consejo asesor de Fondef. Nos preguntamos si el desarrollo científico hoy es funcional a las necesidades de la sociedad chilena o solo al sector empresarial”.
Por otra parte, Katia Soto –bióloga marina y miembro de “Más Ciencia para Chile”– indica que “desde nuestro punto de vista, asignarle una dirección político-partidista a Fondecyt es algo bastante más complicado y necesita más datos”, pero reconoce que “algo importante es lo que ocurre en el año 2010”. Para la bióloga es necesario “considerar que hay una fuerte presión para abrir el abanico al cual se están entregando los recursos. Hemos visto cómo han aumentado la cantidad de recursos a universidades privadas que no son del CRUCH y una diversificación de áreas”, lo que podría influir en la baja de recursos a algunos tipos de instituciones.
Pero para Soto “es mucho más importante el sesgo que puede haber dentro de los grupos de estudios de Fondecyt. El problema empieza con algunos vicios que tiene el sistema” y la solución parte por generar un plan de inversión en función de las necesidades prioritarias para el país. “Hay que definir hacia dónde vamos a ir inclinando la inversión” y que esta no dependa del Gobierno de turno.
Finalmente, para Matías Delgado el cambio “tiene que ser parte de una reforma educativa integral, donde la demanda de mayor democracia y planificación no solo afecte el interior de las universidades, sino que también la relación de estas con la sociedad y principalmente el entramado institucional que determine las políticas públicas de educación, investigación científica y desarrollo tecnológico”.
