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Gestiones oficiosas en favor del ex comandante en Jefe del Ejército

Cheyre, el protegido

por 11 julio, 2016

Cheyre, el protegido
En los últimos dos meses y ante el inminente procesamiento de Juan Emilio Cheyre, el lobby de distintas autoridades de Gobierno se intensificó. Las conversaciones no solo apuntaron al propio ministro Mario Carroza sino que asimismo habrían llegado hasta algunos consejeros del CDE, organismo que también podría haber pedido el procesamiento del ex máximo oficial del Ejército, lo que finalmente llevó a cabo el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
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Cerca de las seis de la tarde del jueves pasado, un correo del abogado Jorge Bofill salió desde uno de los computadores de Imaginacción, la consultora del lobbista Enrique Correa. Era la primera reacción del representante del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, ante el procesamiento dictado por el juez Mario Carroza. “En nada cambia mi convicción sobre la inocencia de Juan Emilio Cheyre, quien durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es general del 'nunca más'”, señalaba el comunicado de prensa.

La resolución del juez sorprendió a muchos en el entorno de Cheyre y también a varias personas en el mundo de los Derechos Humanos. El ex comandante en Jefe del Ejército se había convertido en un intocable y en los últimos dos meses había sido el centro de un cauteloso lobby.

El periodista Javier Rebolledo –autor de la investigación más completa sobre los cuarteles de exterminio de la DINA– develó que, aunque no sirvió de mucho, una de las presiones vino del ministro de Defensa José Antonio Gómez, quien se reunió con el ministro Carroza para “recordarle lo importante que había sido Juan Emilio Cheyre para la transición y lo importante que es para la democracia”. Esto lo contó Rebolledo el pasado viernes en radio Concierto.

Ni Carroza ni Gómez se han referido a dicho encuentro. Consultado sobre eventuales presiones, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que "los jueces están preparados para recibir cualquier tipo de influencia de cualquiera, pero el Poder Judicial no se deja influenciar por nadie".

Fuentes ligadas al caso, señalaron a El Mostrador que el encuentro fue real y habría ocurrido después de que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitara procesar al militar.

El escrito fue presentado el 7 de junio de este año, pero descansó durante meses en el Ministerio de Interior. Estaba redactado y listo desde fines de marzo de este año y, antes que provocara el procesamiento de Cheyre, desató también la salida del entonces jefe del área jurídica y abogado del Programa, Rodrigo Lledó.

A fines de mayo, el secretario ejecutivo del mismo Programa, Sebastián Cabezas, solicitó la renuncia a Lledó, quien en sus últimos días de funciones presentó los antecedentes a la Justicia con el fin de acreditar la participación de Cheyre –como encubridor– en la muerte de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena. Así se ponía fin a tres meses de dilación.

Para Cristián Cruz –abogado querellante en la causa– la mayor protección de Cheyre ha venido del mismo Ejército, pero también desde el mundo político. “Creo que lo más emblemático es lo que ocurrió con Lledó. En una reunión, él se comprometió con pedir el procesamiento ante una veintena de personas. Y sabemos lo que pasó después”, dice.

En una entrevista, Lledó señaló que aunque no le consta la existencia de presiones desde el Gobierno, hasta antes de la llegada del ministro Jorge Burgos –y con Rodrigo Peñailillo a la cabeza– el Programa actuaba con total libertad, sin que la contingencia política “impidiera su marcha regular”. Con la llegada de Burgos esa relación se estrechó más.

Las reuniones y la coordinación se intensificaron y Burgos mostró una “preocupación especial” por Cheyre. Fuentes ligadas al caso señalan que el interés del hoy ex ministro del Interior incluso lo habría llevado a conversar con algunos miembros del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este organismo también es parte de la causa y podría haber solicitado el procesamiento del militar. Sin embargo, no lo hizo.

La opinión de un ex parlamentario ligado al actual bloque de Gobierno, va en el mismo sentido: “Cheyre se convirtió en una especie de hijo putativo de la Concertación y, por lo tanto, fue favorecido primero con el nombramiento de comandante en jefe y luego abrió otros ámbitos para que se desarrollase en su carácter de persona civil. Cheyre pertenece a una camada que tiene un estilo de comportamiento en el Ejército más amigable y son mucho mejores relacionadores públicos”.

Consultado por El Mostrador sobre estas gestiones, Burgos señaló que no ha “hablado con nadie para incentivar ni para evitar acciones judiciales en ese u otro caso”.

Cheyrelovers

Después de conocida la detención y procesamiento de Cheyre, distintas figuras de la Concertación se volcaron en su defensa.

Ante la figura de Cheyre se cuadran con la misma intensidad varios nombres del espectro político. Tiene de su lado al propio Ricardo Lagos, y José Antonio Kast es capaz de decir que su procesamiento es una “cortina de humo” para tapar los problemas de Andrade por la abultada jubilación de su ex esposa en Gendarmería.

Cuando hace unas semanas TVN emitió un 'Informe Especial' con “El laberinto de Cheyre”, en el departamento de Prensa hubo bastante incertidumbre por cuáles podrían ser las repercusiones.

Enrique Correa lo asesora comunicacionalmente, aunque no es la primera vez que el lobbista y vicepresidente de la Fundación Salvador Allende hace lo mismo con un militar en problemas: también asesora al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, investigado por eventual enriquecimiento ilícito, según señala el libro Milicogate, del periodista  Mauricio Weibel.

En el entorno de Cheyre creen que la estrategia judicial que busca su procesamiento es una maquinación que viene desde Punta Peuco y muchos de quienes lo defienden se cierran en su discurso del “Nunca más”. Y es que entre los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH. el ex Comandante en Jefe es considerado un traidor. Esto, debido a que, en noviembre de 2004, Cheyre publicó el documento "Ejército de Chile: el fin de una visión", donde asumió la responsabilidad del Ejército en los crímenes de la dictadura.

Constituyó el intento de marcar un hito político entre lo que fue el Ejército pinochetista y lo que desde allí sería un cuerpo militar apolítico, sometido al poder civil. Todo esto bajo una cuidada puesta en escena coordinada con el Gobierno del Presidente Lagos, que exhibe la operación de Cheyre como uno de sus más grandes logros.

Sin embargo, el Ejército nunca ha colaborado de forma categórica en el esclarecimiento de los crímenes en dictadura y, como lo ha recordado en varias oportunidades el diputado Hugo Gutiérrez, durante su periodo como comandante en Jefe del Ejército (2002-2006), Cheyre aseguró que esa institución no contaba con una lista de agentes de la DINA, aunque dos años después que Cheyre abandonara su cargo, el general Óscar Izurieta –su sucesor– le entregó al juez Alejandro Solís una lista de más de mil nombres de agentes que habían pertenecido al organismo represor.

Cheyre se convirtió en uno de los militares con uno de los mejores vínculos con el mundo político, transversalmente. El año 2012 fue designado por Sebastián Piñera –con acuerdo del Senado– como miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel). Primero, como presidente y, desde 2013, como consejero. El viernes, sin tener en cuenta que se trata de una investigación judicial, el Servel apoyó a su consejero en un comunicado público.

“Cheyre se convirtió en una especie de hijo putativo de la Concertación y, por lo tanto, fue favorecido primero con el nombramiento de comandante en Jefe y luego abrió otros ámbitos para que se desarrollase en su carácter de persona civil. Cheyre pertenece a una camada que tiene un estilo de comportamiento en el Ejército más amigable y son mucho mejores relacionadores públicos”, señala un ex parlamentario ligado al actual bloque de Gobierno.

El Mostrador intentó comunicarse con el abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, pero no se obtuvo respuesta.

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