«Este proyecto mantiene el endeudamiento de los estudiantes y sus familias, a través del Crédito con Aval del Estado. Con ello, se mantiene también la presencia de los bancos, quienes se enriquecen con aportes fiscales a costa de la posibilidad real de gratuidad, de la construcción de educación pública y del bolsillos de todos los chilenos y chilenas», dicen los autores entre los que se encuentra el diputado Gabriel Boric acompañado de presidentes de federaciones de estudiantes.
El movimiento social por la educación lleva más de diez años en proceso de articulación y movilización. Desde las primeras movilizaciones contra el crédito con aval del Estado, pasando por la revolución pingüina que exigía la derogación de la LOCE, lo cierto es que el 2011 nuestras denuncias sobre la crisis del sistema educacional (ese sistema implementado en dictadura pero acogido y perfeccionado por los gobiernos de la transición) y la exigencia de una reforma estructural a nuestro sistema educativo, terminaron de cuajar y de convertirse en una reivindicación de sentido común para la mayoría de la sociedad chilena. A pesar de los recambios generacionales y la criminalización permanente de nuestra protesta, cinco años después del estallido social más significativo de los últimos 20 años, la lucha por una nueva educación sigue igualmente vigente.
Durante estos años, el movimiento ha empujado con fuerza para construir una nueva educación pública, gratuita, de calidad, democrática y no sexista. Este año en particular, hemos visto cómo muchas universidades privadas, antes indiferentes a las demandas que se forjaban, ahora son un actor relevante que se suma para ensanchar las espaldas del movimiento estudiantil. Articulados por la evidente fragilidad y crisis del sistema y de algunos establecimientos en particular -como la Universidad del Mar y la Arcis-, en torno al fin al lucro, al endeudamiento y a la necesidad de mayor democracia interna en las instituciones, dando participación preponderante a estudiantes y trabajadores, han robustecido la voz del movimiento que exige la erradicación del mercado educacional y la instauración de una política de estado capaz de garantizar efectivamente el derecho a la educación.
Por eso que, tras tan largo periodo de luchas sociales, resulta lamentable el proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno. En nombre de la educación pública y la gratuidad, este proyecto mantiene el endeudamiento de los estudiantes y sus familias, a través del Crédito con Aval del Estado. Con ello, se mantiene también la presencia de los bancos, quienes se enriquecen con aportes fiscales a costa de la posibilidad real de gratuidad, de la construcción de educación pública y del bolsillos de todos los chilenos y chilenas.
Así mismo, mantiene el sistema de financiamiento a la demanda en vez de consolidar un sistema de aportes directos a las instituciones, por los que éstas tendrán que seguir compitiendo por recursos. Todo esto, sin considerar además que la única certeza que tenemos en torno a la gratuidad universal, es que quizás nunca sea posible.
Pero lo que nos parece más grave, es que este proyecto no demuestre un interés real por construir un sistema de instituciones educacionales realmente públicas, es decir, laicas, democráticas, feministas, inclusivas y con sus intereses puestos en el mejor desarrollo de nuestro país. Con este proyecto seguiremos relegando a miles de personas a estudiar en universidades-empresas, que tratan a sus estudiantes como consumidores, que venden su conocimiento a otras empresas y que compiten en un mercado, ahora más regulado, pero no por eso menos cruel.
Sin embargo, para quienes luchamos hace más de diez años por el derecho a la educación, el proyecto del gobierno no nos sorprende. El rechazo transversal de este proyecto es consecuencia de la política de las coaliciones de la transición que ha apuntado permanentemente a la exclusión de los actores sociales relevantes y mayoritarios, para terminar legislando a favor de los intereses del sector empresarial. Nada nuevo bajo el sol.
Y es que la imposibilidad del gobierno de hacer una reforma con apoyo social, da cuenta de que el problema de la educación en Chile no ha sido causado ni por dificultades ni errores técnicos ni tampoco por falta de recursos -con lo que se nos ha querido enredar-, sino que es un conflicto fundamentalmente político que enfrenta a quienes luchan por una reforma que asegure la educación como un derecho y quienes pretenden mantener la educación como nicho de mercado y enriquecimiento privado.
Por eso, ante el anuncio de cierre del ciclo de reformas educacionales que hizo la presidenta en cadena nacional el pasado 3 de julio, el mundo social y las distintas organizaciones políticas comprometidas con un cambio estructural al modelo, debemos ser capaces de rearticular una fuerza que, desde la movilización, la unidad y la comprensión del carácter profundamente político de esta disputa, se proponga mantener abierto el conflicto educacional, avanzando en aquellos elementos que caminen hacia una educación pública para todos/as, pero también asumiendo el desafío de proyectar la lucha por un nuevo sistema de educación, ese por el que hemos venido movilizándonos y que no se logra con esta reforma.
Sabemos que sólo unidos y unidas, con organización y construyendo nuevas alternativas que proyecten los intereses mayoritarios de la sociedad, podremos conquistar esa nueva educación que es condición de posibilidad de un futuro que nos pertenezca a todos y todas. Sin miedo a disputar la reforma ni de enfrentar aquellos elementos que profundicen el mercado y a quienes lo sostiene: con la esperanza intacta.
Gabriel Boric, Diputado Movimiento Autonomista
Jorge Rauld, Presidente FEPUCV
Eliana Adams, Secretaria general FEUTAL
Felipe Rodríguez, Presidente FEUV San Felipe
Pamela Contreras, Presidenta FEUMAG
Nataly Campusano, Presidenta FEV UNAB
