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Opinión

Los niños “castigados” del Sename

por 30 octubre, 2016

Los niños “castigados” del Sename
Mi libro lo llamé “Castigados”, ya que en el fondo esos niños, niñas y jóvenes estaban siendo castigados por errores que ellos no cometieron. El principal hallazgo fue que la mayoría de quienes sobrevivieron al Sename fueron jóvenes que recibieron una mano auxiliadora desde la propia sociedad. No del Estado. Para terminar o más bien dicho para poder graficar esto último está la historia de una joven que tras dar su PSU y haber sido egresada de una casa de menores, quería ser profesora. Quedó en una universidad estatal y no le dieron ningún tipo de beneficio. Su tutor golpeó muchas puertas y fue una universidad privada, la que tras el contacto con uno de sus dueños, le otorgó media beca por mérito. Hoy trabaja en una cárcel.
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En el año 2011 y a dos meses de dejar el Diario El Rancagüino me tomé por accidente con un caso que cambiaría mi vida.

Estaba yo en la sala de redacción cuando me piden atender a un hombre que venía a exponer un problema financiero que él consideraba una injusticia y quería que lo denunciáramos. Pero ese hombre no tenía los suficientes argumentos y lo tuve que despachar rápido. Sin embargo una mujer esperaba también ser recibida por un periodista. El recepcionista me señaló que llevaba varios minutos y que él no entendía lo que ella quería. La mujer lloraba desconsoladamente.

La hice  pasar a una salita donde se atendía a las personas que iban a exponer sus historias o denuncias. Silvana era su nombre. Ahí me contó su martirio.

Llevaba dos meses tratando de recuperar a sus hijos ( cuatro) que habían sido enviados a dos residencias que estaban bajo la tutela de Sename. Los más pequeños a Rengo, y los más grandes a Quinta de Tilcoco. Su caso me impactó y sus denuncias también. Habían sido sacados en forma, por decirlo menos, irregular. Ella aún amamantaba al menor.

Mi editor me autorizó a tomar el caso, por lo que la acompañé a ver a los más pequeños y también visité el hogar de Quinta de Tilcoco, donde estaban los dos más grandes. Ahí conocí decenas de otras historias  similares. Fue tal mi conmoción que incluso  a esas madres les presenté a un abogado amigo para que las ayudara. Algo hizo.

En esa oportunidad también me encontré con la historia de Paulina, una mujer que perdió a sus dos hijas, Javiera y Magdalena, todo tras ser acusada de madre negligente. Conocí a  Juan, un hombre cuya esposa era minusválida y a quien le habían arrebatado dos hijos pequeños, también uno de pecho. Y a Yamilet, a quien las encargadas de la organización Esperanza hasta le exigían cambiar el color de los cubrecamas, pues “ no eran adecuados” decían las supervisoras, advirtiéndoles que era una condición para recuperar a sus hijos .

Así, con  excusas que rayaban en lo insólito mantenían cautivos a estos niños y niñas; y a sus madres subyugadas a un organismo del Estado que decía protegerlos y que al final solo los tenía prisioneros en un sistema que ya en esos años no daba para más.

Hice varios reportajes que me fueron publicados. Es más, el año 2013 cuando sale a la luz el informe Jeldres, mandé esta misma historia a Mónica González quien me publicó en Ciper Chile el artículo Niños en Hogares, el Castigo por ser Pobres.

Tras la publicación comenzaron a contactarme desde todo Chile personas que de una u otra forma estaban ligadas al tema. Experiencias, egresados de casas de menores, padres o hermanos que habían perdido a sus niños o niñas, y también un profesor de la universidad de la Frontera quien hizo una bella obra preocupándose de una joven que había estado desde los dos años recluida en un hogar en Lautaro.

Fue así como comencé a escribir las historias que me llegaron. Lo hice en forma novelada para guardar la identidad de los protagonistas, o cualquier forma o antecedente que atentara contra su actual vida, en el caso de quienes habían logrado sobrevivir.

Mi libro lo llamé “Castigados”, ya que en el fondo esos niños, niñas y jóvenes estaban siendo castigados por errores que ellos no cometieron.

Al trabajo que estaba realizando ya en forma independiente debido a que había dejado el diario, se sumaron otras periodistas de programas de reportajes de los canales de televisión abierta. Así , mucho antes que explotara el caso con las esquirlas que ha dejado por estos días,    comenzamos a investigar en forma colaborativa  y con conclusiones basta elocuentes. Y también hicimos varios hallazgos por los que hoy le pagarían millones a una de esas consultoras que contrata el gobierno desde Santiago y que tienen cero impronta con lo que sucede en regiones.

Uno de los problemas más grandes que debe enfrentar una familia cuyo hijo le es arrebatado por el Sename es la distancia hacia las residencias. Sobre todo en regiones extremas donde hay hasta 700 kilómetros entre una ciudad y otra provocando un irreversible desarraigo en los niños y niñas. Madres que deben recorrer 100 kilómetros para visitar a sus hijas e hijos difícilmente van a poder recomponer los lazos. Según una investigación  de Ciper Chile basado en el informe Jeldres  “en la Aldea SOS de Ancud, por ejemplo, la comisión estableció que de los 86 niños, 59 (69%) se encontraban a más de 100 kilómetros de su comuna de procedencia y “un 33% se encontraba en situación de completo abano (…) Cosa similar apareció en Malleco, donde el 35% de los niños se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y los niños calificados de “en completo abandono” alcanzaban el 17%.  En Antofagasta la comisión estableció que un 31% de los niños está en completo abandono. Entre ellos se detecta a un menor que está a 700 kilómetros de su residencia y de una niña que está a 16 horas de viaje de su casa, y que, por lo mismo, sólo recibe visitas esporádicas de su padre” dice el texto publicado en julio de 2013.

Es solo por nombrar ejemplos que grafican este problema del abandono que viven los niños y el martirio de sus madres o abuelas. Ellas deben demostrar a la autoridad que están en condiciones de cuidar a sus hijos, que les interesa recuperarlos;  y para ello es necesario trabajar, y así poder viajar a visitarlos y también “cambiar los cubrecamas” como decía Yamilet.

Era el drama de Silvana la mujer que me llevó a investigar este tema. Apenas tenía dinero para comer y debía correr entre dos pueblos alrededor de 100 kilómetros diarios promedio  para  a ver a sus niños más pequeños en Rengo y luego a otra ciudad a visitar a  los dos más grandes. Si no iba no podía saber cómo estaban y si habían recibido alguna agresión.

En una oportunidad me mostró fotos del más pequeño cuya piel estaba irritada porque no lo mudaban a tiempo. “ A mí jamás se me han cocido mis hijos” me dijo con los ojos llenos de lágrimas. También me hablaba de magulladuras en la piel y picadas de insectos.  Todo por una vecina que no fue capaz de acercarse a ella y ofrecerle ayuda. Prefirió llamar a carabineros y luego ver casi en un afán  casi de morbosidad   cómo se llevaban a esos pequeños niños a vista y paciencia de todos los vecinos y vecinas que por su puesto no hicieron absolutamente nada. El día en que Silvana perdió a sus hijos había salido a vender ropa usada a la feria para tener dinero para comer. Su problema era la pobreza, no la negligencia.

La desgarradora historia de Silvana no me hacía  sino pensar en que en Chile no habíamos  avanzado nada en protección a los niños y niñas en situación de riesgo social. Hay tantos programas sociales que se quedan en el olvido por el exceso de burocracia.

Me es imposible olvidar la descripción que hizo Sebastián, el hijo de Paulina,  la otra mujer que conocí en uno de los hogares y a quien le habían dado en adopción a sus dos niñas. Este pequeño  caminaba solo por la linea del tren para dirigirse de una casa de la desaparecida residencia El Olivar,  a un colegio en el sector norte de Rancagua. Había sido alejado de su madre porque supuestamente el padrastro - la pareja de Paulina- era un abusador. Pero tenía abuela y tías. O sea, una familia extendida dispuesta a cuidarlo y hacerse cargo. Había un exceso de indolencia en quienes enviaban a estos niños y niñas al sistema de protección. Su profesora me contó que este pequeño pasaba hambre y frío. Ella logró conversar con él un par de veces, pero no se podía hacer nada porque el sistema estaba por sobre lo que el colegio pudiera resolver. Era un niño tímido y a veces muy irritable.

Tiempo después y tras ser recuperado por su madre gracias a un compromiso de su abuela, Sebastián  relató a su familia que los niños mayores lo  obligaban a servirles, y los golpeaban cuando no hacía la voluntad de ellos. A veces se orinaba lo que provocaba burlas de los más grandes y el castigo de las guardadoras. Sin contar que más de alguna vez lo aislaron del resto de los niños y le negaban las raciones de comida. Sebastián era atormentado.

Estaba tan obsesionada con el tema que comencé a poner oreja a cada conversación donde el Sename era tema. “Salió a trabajar y se los encargó a una vecina, la vecina tuvo un accidente y se los dejó a una sobrina, y no faltó la otra vecina que llamó a los carabineros y se llevaron los niños a la comisaría. Luego se los iban a devolver pero vinieron las del SENAME y dijeron que las camas no eran las más adecuadas y que  no se los iban a devolver hasta que las cambiara. Por eso que estaba trabajando a trato para poder comprar camas nuevas y que le devolvieran a los niños”. Así un grupo de  mujeres a la salida de un jardín infantil de un sector muy vulnerable de la ciudad de Rancagua describían una mañana del mes de marzo al más puro estilo  de cahuin de barrio la historia de una vecina que lucha por recuperar a sus hijos y  cómo se daba este proceso de supuesta  protección a los menores que por una u otra razón iban a parar a una residencia institucional.

La historia que más me impactó fue la de dos  niñas que residían en un hogar del sector norte de la ciudad de Rancagua que habían escapado cuando se dirigían al colegio. No se sabía nada de ellas. Dejaron una carta en la que indicaban que se iban porque estaban cansadas de abusos y malos tratos. Que si su vida iba a ser así, preferían no estar protegidas y buscar sus propios destinos. Tenían 12 y 14 años. La Policía de Investigaciones montó un operativo impresionante en un sector vulnerable de la ciudad donde supuestamente vivían sus padres. Como si buscaran delincuentes. Pero ellas estaban con una medida de protección. No habían cometido ningún crimen.

Pasaron varias semanas y nada se sabía de ellas. Hasta que una mañana alguien alertó al Sename que en el sector de Pelequén habrían sido vistas ambas.  Al parecer estaban  en casa de una familia de campesinos, parientes de una de ellas. De inmediato se retomó el operativo. Las sacaron como si fuesen fugitivas de gran prontuario. Recuerdo que hice seguimiento a la noticia y entrevisté a una profesora del colegio del cual habían escapado. No eran niñas conflictivas, pero sí cansadas de tanto dolor.

La historia de estas menores encontradas en Pelequén me recordó a Yancarla, una niña que murió a los 16 años en Purén y que por años deambuló por hogares y casas de acogidas supervisadas por el Sename. Leí su historia en Ciper Chile y lloré amargamente cuando supe de su desenlace. Ya en 2010 se había escrito algo en un reportaje sobre la abrumadora realidad de los niños invisibles del Bicentenario.

Tras sufrir una insuficiencia hepática, Yancarla fue trasplantada de hígado tres veces y durante su primera estadía en el hospital reveló que había sido abusada por un familiar. El hecho fue confirmado por los informes médicos. De ahí  ingresó al sistema de protección. Los jueces de familia que vieron su causa hicieron lo posible e imposible por salvarla, pero ella simplemente no quería vivir. El daño que le habían provocado los abusos la tenían tan atormentada que no seguía los tratamientos adecuados que requería una persona trasplantada y eso abortaba su recuperación.

Tras el tercer trasplante los especialistas dijeron que no resistiría uno más. Mientras tanto el sistema se la pasaba como un objeto caliente entre una y otra institución. Los jueces debían mendigar cupos para ella. Pero no resistió más. Y aunque no fue ella quien materializó su muerte, falleció el 30 de junio de 2012. Justo dos años después que se publicara por primera vez su historia. Hubiese sido oportuna una intervención real cuando comenzó este proceso. Una internación en una clínica psiquiátrica especializada con médicos y terapeutas expertos en casos como el de ella. Al menos en otros países de verdad desarrollados así se procede y también en los estratos altos de nuestra sociedad. Pero cuando Yancarla podía salvarse el subsidio del Estado para casos complejos como el de ella no superaba los 170 mil pesos men- suales. En Chile por un reo de las cárceles concesionadas se pagan alrededor de 600 mil pesos mensuales.

Al igual como sucedió con las niñas que huyeron del hogar en Rancagua, cada vez que Yancarla escapaba era emitida una orden de captura amplia.

No solo porque ella estaba en riesgo, sino porque además atacaba a otros niños que se le cruzaban. Si el sistema hubiese funcionado para ella desde el comienzo, tal vez todo habría sido distinto.
La protección a menores en situación de riesgo es necesaria y debe ser garantizada por el Estado. Más allá de que cuente con organismos colaboradores privados. Hace más de 25 años que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño y la Niña, y al parecer hemos cumplido muy poco.

A pesar de  la desgarradora historia de esta niña de Purén pude conocer varios casos de jóvenes que lograron sobrevivir. Hoy varios de ellos son profesionales y también felices padres de familia. Me llama la atención eso. Cómo una persona que creció en tal condición de vulnerabilidad, sin ejemplos ni modelos a seguir puede formar una familia. Ellos me decían que no sabían ni siquiera comprar en un supermercado. No sabían elegir ni un cuaderno y menos un par de zapatos. Sin embargo se las arreglaron para criar a sus hijos y convertirlos en personas normales. Sin ataduras ni traumas. Es que durante todo este tiempo he descubierto que quienes más han aportado en la inserción de estos jóvenes han sido ciudadanos comunes y corrientes. En ningún caso el Estado.

Mariana ( que no es Mariana) era una niña que vivía en Lautaro. Vio cómo a muchos de sus hermanos de residencia se los llevaron en adopción. Incluido su hermanito biológico  menor que fue a parar a Italia. Ella vivía con la esperanza de que también un día fuera la elegida. Jamás sucedió. “Cuando éramos muy pequeñas soñábamos que iba a llegar nuestra madre a rescatarnos. Apenas teníamos vagos recuerdos de ella pero sabíamos que las madres amaban a sus hijos y que algo muy malo debió sucederles para que estuviéramos ahí. Pero eso nunca pasó. Luego nuestra esperanza era que nos adoptaran, y nos cruzábamos ante esas familias que iban a “vitrinear” a ver si nuestra mejor cara lograba conquistarlas. Pero nunca sucedió.

Un día y ya con resignación nos pusimos a pensar en qué iba a ser de nuestras vidas cuando nos abrieran la puerta y nos dijeran que ya éramos mayores y que debíamos partir. Claro, antes nos harían un  par de talleres  para hablarnos de la vida fuera del cautiverio, pero eso era todo. Yo me acostaba con mis compañeras de “prisión” a  mirar el techo y pensar en cómo nos íbamos a quitar la vida cuando eso sucediera. Porque no imaginaba mi existencia sin saber dónde ir ni de qué vivir. Gracias a Dios un profesor de la Universidad de la Frontera que ya había apadrinado a otra chica antes, me ayudó a encontrar un hogar junto a una mujer sola quien me adoptó por unos meses. De ahí salí a buscar mi propio rumbo y con el firme propósito de estudiar”. Es el testimonio de esta joven quien hoy trata de recuperarse de esta triste pesadilla que vivió tras su traumático proceso de egreso de una residencia del Sename.

Pero existe otra realidad para quienes crecen institucionalizados. La más dura de todas. La que tratan de ocultar con la excusa de que son niños y niñas egresadas. Es que no es llegar a los 18 años en un hogar lo más tremendo para   estos menores. Hay un factor que hace que esta otra posibilidad sea la más temida por todo el sistema. Le ocurre principalmente a  aquellos niños que crecen violentados en las residencias. Esos que fueron sacados del nido familiar donde eran vulnerados, para ser protegidos, y terminan violados, torturados y abusados en el sistema que debía velar por su integridad. Aquellos que son castigados brutalmente por orinarse en la cama, e incluso privados de alimentos durante largas jornadas. Esos pequeños que  son usados como empleados de los  más grandes y que viven  la violencia sexual  intraresidencial; algo muy frecuente entre niños que vivieron altos niveles de promiscuidad en sus hogares. Estos son los que escapan y viven en la clandestinidad, convirtiéndose en presa fácil de delincuentes, proxenetas  y narco traficantes.  Éstos últimos son quienes   los usan de soldados de primera línea en estas especies de guerras que se dan entre pandillas y carteles de droga. Cuando son detenidos por robo, u otros delitos son abandonados a su suerte por los cabecillas quienes los usaron principalmente porque son inimputables. Ahí conocen la otra cara del Sename. La peor de todas. Los centros  de encierro o cárceles de menores. Algunos logran la libertad al poco tiempo, y otros  simplemente escapan. De ahí comienza un peregrinaje de centro en centro hasta que finalmente son adultos y conocen la cárcel. Ese es el otro camino. El más desgraciado y cruel de todos.

En aquellos años en que comencé este proceso de conocer  que esto sucede en Chile pensaba en cuál era la solución. Reconocerlo abiertamente y pedir perdón. Luego ir a la acción y comenzar a cambiar el amargo destino de estos niños. Para ello es necesario conocer la verdad. Por  eso junto a este profesor de la Universidad de la Frontera -quien también me contactó tras el artículo de Ciper-  pensábamos que  era fundamental que se  elaborara  un Informe sobre los crímenes que en Chile se han cometido en contra de menores que edad que estaban bajo la protección del Estado. Que se indagara  hacia atrás  y que en algo mucho más potente que una comisión parlamentaria se buscaran los testimonios  de personas que lograron sobrevivir a este inhumano sistema de crianza masiva de seres humanos. Como se hizo con el Informe Rettig. Nadie hoy puede negar su veracidad.

Quienes pasaron por esta dolorosa situación  podrían testimoniar acerca de lo que les tocó ver o sufrir.  Si lo han hecho países como Irlanda o Australia, con las públicas disculpas de los actuales Primeros Ministros, no veo por qué Chile no pudiera hacer lo mismo.

Se lo planteamos a la diputada Sabat antes de interpelar a la ministra de justicia. No queríamos que este gran problema que ya pasa a ser una violación de los derechos humanos y de niños ocurridos en Chile en tiempos de democracia y por el propio Estado se convirtiera en una guerrilla entre políticos. Es un tema mucho más amplio que debe ser tomado en serio. Pero en serio. No podemos dejar pasar esta oportunidad.

Y es que en mi investigación el principal hallazgo fue que la mayoría de quienes sobrevivieron al Sename fueron jóvenes que recibieron una mano auxiliadora desde la propia sociedad. No del Estado. Para terminar o más bien dicho para poder graficar esto último está la historia de una  joven que tras dar su PSU y haber sido egresada de una casa de menores, quería ser profesora. Quedó en una universidad estatal y no le dieron ningún tipo de beneficio. Su tutor, ( el profesor de la Frontera) golpeó muchas puertas y fue una universidad privada, la que tras el contacto con uno de sus dueños, le otorgó media beca por mérito. Hoy trabaja en una cárcel.

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