Chile Vamos plantea que Gobierno extienda Beca Bicentenario a instituciones privadas
El Ejecutivo implementó una serie de medidas para evitar que Chile Vamos acuda al Tribunal Constitucional y que este declare como “discriminatoria” la gratuidad vía Glosa Presupuestaria para el 2017. El Mineduc fijó los cuatro años de acreditación como mínimo, junto a la prohibición del lucro; también envió un proyecto especial para que los CFT e IP interesados en acceder a la gratuidad pudieran modificar su personalidad jurídica, al tiempo que estableció que los recursos frescos asignados a la gratuidad irían a estas instituciones y no a la ampliación del alcance en los deciles.
La discusión por la implementación de la gratuidad parece ser una teleserie de nunca acabar. La principal promesa del programa del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet –con la que intentó dar salida institucional a una de las principales demandas del estallido estudiantil 2011– aún depende de la voluntad parlamentaria a la hora de votar la glosa presupuestaria.
Aunque no era una sorpresa que el retraso en la tramitación de la Reforma a la Educación Superior, congelada en la Comisión de Educación de la Cámara, obligaría a que la gratuidad fuera vía glosa presupuestaria, el fantasma de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró como “discriminatoria” la glosa de 2015, ronda por los pasillos del Congreso.
Luego de que se aprobara la partida de educación en la Cámara, los diputados de Chile Vamos señalaron que acudirán al TC si la referida glosa se aprueba en el Senado, debido a que establece –dicen– una «discriminación inaceptable» para los estudiantes. Esto prendió nuevamente las alarmas en La Moneda, ya que pasar otra vez por el “bochornoso episodio del Tribunal Constitucional sería inaceptable”, señalan fuentes cercanas a Palacio.
Para evitar que la oposición logre trabar de nuevo la gratuidad, el Ejecutivo dispuso de medidas especiales en la glosa actual. Fijó los cuatro años de acreditación como mínimo, junto a la prohibición del lucro; envió un proyecto especial para que los CFT e IP interesados en acceder a la gratuidad pudieran modificar su personalidad jurídica, al tiempo que estableció que los recursos frescos asignados a la gratuidad irían a estas instituciones y no a la ampliación del alcance en los deciles.
Pero eso no fue todo. A pesar de que se especulaba que la partida de educación –que cuenta con cerca de cien artículos– sería votada en la sesión del Senado del miércoles 23 en la tarde, esto no ocurrió, ya que hasta mediodía no existía un acuerdo con Chile Vamos para evitar el TC. Ante esta situación, tanto la ministra de Educación, Adriana Delpiano, como el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, se desplegaron en una serie de reuniones con la oposición y asimismo con el bloque gobernante, para cuadrar la votación de la Nueva Mayoría, lo que habría conseguido.
Por esta razón las expectativas de la votación que se desarrollará este jueves, en una maratónica jornada que está fijada hasta medianoche, son altas. No solo porque existe la incógnita ante la postura de Chile Vamos y el TC, sino también porque “es necesario lograr aprobar el presupuesto de educación, después de los problemas para aprobar el reajuste para el sector público”, agregan cercanos a La Moneda.
El presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados destina $10.312.300 millones totales para Educación Superior. Establece un incremento de un 55,2% de los recursos para Gratuidad respecto al 2016; incremento que –según explica la especialista en Educación Superior de Fundación Crea, Marjorie Cuello– no apunta al “aumento de cobertura de gratuidad en las universidades, sino que a la inclusión de los CFT e IP, de esta forma se amplía la matrícula, las instituciones, pero no el alcance en los deciles”.
Las condiciones para entregar los dineros de gratuidad son iguales a las establecidas en la Ley Corta de 2015, con la que el Gobierno logró aplicar la gratuidad: que no tengan fines de lucro y estén acreditados por 4 años, explica Cuello.
Cabe recordar que durante la tramitación del presupuesto 2016, los IP y CFT quedaron fuera de la gratuidad, esto luego de que el Tribunal Constitucional definiera como “discriminatorios” los requisitos solicitados por el Mineduc, ante lo cual el Gobierno creó tres tipos de becas Nuevo Milenio para los estudiantes de los cinco primeros quintiles de estas instituciones.
Con el fin de incluir a los IP y CFT durante el 2017, el Gobierno despachó una ley para que estas instituciones cambien su personalidad jurídica y pasen a ser “corporaciones sin fines de lucro”. Dicha ley permite a CFT e IP con fines de lucro que entreguen la documentación al Mineduc antes del 15 de diciembre de 2016, y tienen como plazo final para concretar el cambio a “sin fines de lucro”, vía escritura pública, hasta el 31 de enero de 2018, pudiendo acceder de esta forma a la gratuidad durante el 2017.
A Marjorie Cuello le llama la atención un ítem de este punto: la creación de un subsidio estatal para “los CFT que por el cambio de personalidad jurídica pierdan patrimonio. Esto es complejo, porque es un subsidio que se entregaría durante dos años y no hay certeza de dónde saldrán dichos recursos, puede ser que hasta provengan de la gratuidad”.
Un punto del presupuesto que trajo consigo una serie de resquemores fue el monto asignado al Crédito con Aval del Estado (CAE), el que, a pesar de ser menor que el de la gratuidad, alcanza un tercio del presupuesto para Educación Superior. La Ley de Presupuestos de 2017 aumentó en un 18% los fondos del crédito, llegando a los $706 mil millones, menor a los $748 mil millones destinados a la gratuidad, que incorpora a 240 mil jóvenes. En la Cámara de Diputados los parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una indicación que reduce el presupuesto para el CAE y lo iguala al de 2016 y, aunque fue respaldado en la Cámara, no creen que este pueda prosperar en el Senado, ya que “el Gobierno no se desgastará en apoyar esta iniciativa”, señalan desde la bancada oficialista.
Para el presidente de la Fech, Daniel Andrade, es grave el hecho de que se mantenga una fuerte inyección de recursos para el crédito. “De parte de la Confech se ha pedido que se elimine el CAE, no sOlo a los bancos sino el sistema de créditos completo. Uno de los vicios que tiene el CAE es que entregan recursos públicos a instituciones cuestionadas por lucro. Por ejemplo, de los recursos asignados al CAE, el financiamiento mayoritario va a parar al Grupo Laureate”, indica Andrade.
[cita tipo=»destaque»]Marjorie Cuello cree que es imposible mantener una medida de largo plazo como la gratuidad universitaria vía glosa: “Lo que está haciendo el Gobierno, al apostar por Glosa Presupuestaria, es evitar el problema de disputar la Reforma a la Educación Superior en el Congreso, así la transforma en una política de Gobierno y no de Estado”.[/cita]
Finalmente, otro ítem que ha despertado resquemores entre distintos actores del mundo educacional, es que la cantidad de recursos que van a las universidades estatales es menor que la entregada a las universidades privadas del Cruch, que están agrupadas en el denominado G9. Basadas en el programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública y el de Educación Superior, las universidades estatales recibirán $515.318 millones, unos $28 mil millones para cada una, mientras que las privadas del Cruch recibirán $353.023 millones, un promedio de $39.224 millones para cada plantel.
Además, tras la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), los aportes basales a las instituciones también se han visto modificados. Las universidades estatales accederán a $187 mil millones por este tipo de aportes, mientras que las del G9 tendrán $125.500 millones; las nuevas universidades de O´Higgins y de Aysén obtendrán $7 mil millones para infraestructura. De acuerdo a parlamentarios de la Nueva Mayoría, esta distribución de recursos deja en evidencia que “a pesar de que hay un fuerte avance en fortalecer a la educación estatal, la columna vertebral de los recursos tiene a ir a las universidades públicas que no son del Estado”.
A pesar de que era un hecho que la gratuidad 2017 se daría vía glosa presupuestaria, las críticas a que se utilice este mecanismo para una política pública del Estado se han dejado caer, principalmente porque mantendría la lógica de “mercado de la educación”, al insistir en la utilización del voucher y, además, si la Reforma a la Educación Superior no logra ser aprobada antes de las elecciones de 2017.
El presidente de la Fech, Daniel Andrade, enfatiza que desde la Confech “se ha planteado enérgicamente que la gratuidad vía glosa no es lo que se necesita”, ya que mantiene la lógica del financiamiento vía voucher. “Actualmente la gratuidad es lo que llamamos una beca de gratuidad, que mantiene las lógicas de mercado, ya que no se ha generado un marco regulatorio para que las universidades no lucren”, expresa.
Marjorie Cuello cree que es imposible mantener una medida de largo plazo como la gratuidad universitaria vía glosa: “Lo que está haciendo el Gobierno, al apostar por Glosa Presupuestaria, es evitar el problema de disputar la Reforma a la Educación Superior en el Congreso, así la transforma en una política de Gobierno y no de Estado”.
A pesar de que en las últimas horas desde Chile Vamos no han confirmado su asistencia al Tribunal Constitucional, la posibilidad de que acudan a esta instancia está latente. Daniel Andrade asegura que “se ha vuelto una práctica repetida de Chile Vamos ocupar resquicios que quedaron instalados desde la dictadura para bloquear reformas. Es por esto que nosotros apostamos a transformaciones profundas y a un cambio en la Constitución”.
La diputada, miembro de la Comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), agrega que “los parlamentarios de Chile Vamos permanentemente, cuando el Estado trata de priorizar a las instituciones del Estado, acuden a instancias extraparlamentarias como el Tribunal Constitucional”.
Marjorie Cuello señala que lo preocupante de un fallo del TC, similar al de 2015, es que “sienta un precedente para la discusión de la Reforma, ya que en protocolo de rediseño se aumentan los requisitos para acceder a los dineros de la gratuidad. Entonces es peligroso, porque serían dos veces en que el TC falle en contra de los requisitos para las instituciones”. Por su parte, Andrade agrega que esto pondría “en riesgo los requisitos de fin al lucro para CFTs e IPs, ya que se les podría entregar recursos de todos los chilenos a instituciones que lucran”.
Ante la posibilidad de que nuevamente el TC falle en contra de la gratuidad vía glosa, la diputada Girardi subraya que, como diputados de la Nueva Mayoría, “vamos a plantear que solamente se les entreguen recursos a las instituciones estatales. Yo prefiero eso a que se les haga entrega de recursos a todas”.
La diputada pone de ejemplo a las universidades, IP y CFT del Grupo Laureate: “Todo el mundo sabe que retira utilidades. Efectivamente ellos (Chile Vamos) están de acuerdo en que estas instituciones se lleven toda la plata de los chilenos para afuera, lo que me parece muy grave”.
A juicio de la parlamentaria, si la partida para la gratuidad llega hasta el TC, La Moneda también tendrá que asumir culpas. “El Gobierno ha tenido su cuota de responsabilidad. Siempre planteé que la gratuidad no puede ser un voucher más, como está ocurriendo hoy en día, la gratuidad debe ser una consecuencia del financiamiento. El Estado debía definir la oferta que quería financiar y la gratuidad terminó siendo lo contrario, un financiamiento para la demanda”, afirma.
Girardi agrega que la “derecha algo de razón tiene desde la lógica que se planteó la gratuidad como un voucher. Si tú planteas que la gratuidad es para los quintiles más bajos vía voucher, claro, en los quintiles más bajos está todo el sistema. Si el propio Gobierno no se da cuenta que está metiendo la pata al plantear la gratuidad de esta forma, es que no ha entendido que aquí no hay una reforma estructural al sistema”.
El diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Educación, Jaime Bellolio, es claro y señala que “para nosotros el concepto completo que queremos que salga de la glosa es la discriminación arbitraria, que en donde más se ve reflejada es en la materia de las becas en universidades, como por ejemplo la Beca Bicentenario”.
El diputadopuntualiza que “si tú eres un estudiante vulnerable y vas a una universidad del Consejo de Rectores, te entregan Beca Bicentenario, que es sobre el arancel de referencia, pero si ese mismo estudiante va a una universidad privada, que tiene la misma acreditación que esa universidad del Cruch, o incluso mejor acreditación que la del Consejo de Rectores, recibe una beca mucho menor, de $1.150.000, que se llama Juan Gómez Millas”.
Para el diputado de Chile Vamos esto es una “discriminación arbitraria e inaceptable, cambian las condiciones en las que tú tratas a un estudiante solamente en base a que una institución pertenece al Consejo de Rectores o no; y no en base a la calidad de la institución o a la vulnerabilidad del estudiante”.
Frente a este panorama, el parlamentario plantea una salida, que puede tener acogida mañana durante la votación: en vez de aumentar la gratuidad a universidades privadas no inscritas en la gratuidad, ampliar “la Beca Bicentenario a aquellos estudiantes vulnerables y que haya algún criterio de calidad. En el caso de las Becas Nuevo Milenio queremos exactamente lo mismo, que permita hacer gratuidad en los efectos”. Además, agrega que “en caso de que las instituciones estatales no cumplan con la calidad, se les de un plazo para que la alcancen”.
De esta forma se cubriría prácticamente el arancel de referencia completo para estudiantes pertenecientes a instituciones que no acceden a la gratuidad, pero que pueden acceder a becas del Estado y cumplen con años de acreditación necesarios para ser calificados como de “calidad”.
