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No descartan llegar hasta instancias judiciales internacionales

La arremetida judicial de los endeudados CAE: buscan anular “cláusulas abusivas” de contratos para lograr condonar millonarias deudas

por 20 diciembre, 2016

La arremetida judicial de los endeudados CAE: buscan anular “cláusulas abusivas” de contratos para lograr condonar millonarias deudas
El 1 de diciembre más de mil endeudados CAE recibieron una feliz noticia, el 8° Juzgado Civil de Santiago decidió acoger a tramitación una demanda presentada en contra del Banco Estado, por cláusulas abusivas en los contratos firmados por los estudiantes. La primera de una arremetida que ha preparado la organización Deuda Educativa, que apunta directamente a la banca –involucrada en lo que han denominado “el millonario negocio del CAE”– y, de esta forma, busca anular contratos, obtener la negociación de una deuda “justa” y la condonación de los “usureros créditos”, que hoy tienen a más de 700 mil estudiantes endeudados a 20 años.
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Cerca de mil estudiantes endeudados con el Crédito con Aval del Estado (CAE) han tomado la iniciativa de impulsar una arremetida judicial en contra de los bancos que administran esta política para el financiamiento de la educación superior.

Hasta el momento el CAE tiene a cerca de 740 mil estudiantes endeudados, en más de $3,44 billones –sin contar intereses, ni costos operacionales–. En los últimos años ha sido denunciada una serie de irregularidades en los contratos firmados por los estudiantes, desde cuotas pactadas unilateralmente por la banca privada, hasta el cobro excesivo de multas por retraso en los pagos, las que tienen a miles de estudiantes en Dicom, con casas de sus familias embargadas y con una mochila de deuda que deben cargar por al menos 20 años.

Es frente a este panorama que la organización Deuda Educativa –que reúne a estudiantes endeudados y estafados por el Crédito Corfo, CAE y ex alumnos de la carrera de criminalística de la UTEM– realizó un llamado masivo a hacerse parte de la primera demanda colectiva en contra de los bancos que se han adjudicado la cartera de endeudados con este crédito: Scotiabank, Falabella, Santander, CorpBanca-Itaú, BCI y Banco Estado.

El objetivo de la demanda colectiva, que se presenta a través de la Ley de Protección al Consumidor, es “demostrar que durante diez años el Estado de Chile ha estado financiando a seis bancos que a través de un negociado se han enriquecido por medio de un contrato que es ilegal porque contiene cláusulas abusivas”, explica Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa.

La base de las seis demandas civiles –de las cuales han sido presentadas cuatro– es comprobar que el contrato que ha firmado casi un millón de estudiantes con CAE, contiene cláusulas calificadas como “abusivas”, las que deben ser declaradas como “no escritas”, por lo tanto, “se caen los pagarés". "Lo que estamos buscando es que no se pague el Crédito con Aval del Estado al banco, al ser declarado el crédito como ilegal”, agrega Rojas.

Por otra parte, según Rojas, la demanda tiene como objetivo la condonación de la deuda completa, “no solo de los intereses. Así como se condonan deudas millonarias  a privados, como es el caso de Johnson's, se debe dar el mismo trato en este caso”.

Es bajo este argumento que el 1 de diciembre el 8° Juzgado Civil de Santiago decidió admitir la demanda presentada por los endeudados CAE en contra del Banco Estado, lo que significa que es una demanda que “tiene elementos plausibles”, explica el abogado Belisario Prats, quien lleva la causa. Las iniciativas en contra de Scotiabank, BCI, Itaú-CorpBanca, aún están a la espera de ser admitidas en curso, mientras que durante esta semana se ingresarán las últimas demandas en contra de Banco Falabella y Santander.

Cláusulas abusivas

El Crédito con Aval del Estado fue implementado en el año 2006 bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando Sergio Bitar era ministro de Educación. La política pública buscaba ampliar el acceso de los estudiantes más vulnerables a la Educación Superior por medio de un crédito especial. El argumento de utilizar a la Banca como intermediario fue la escasez de recursos por parte del Estado para financiar créditos blandos que ayudaran a aumentar la matrícula en la educación superior. De esta forma, los privados entraron de lleno a ser los financistas de más 700 mil estudiantes, quienes eran respaldados por el Estado, un seguro llamativo, en un negocio que ha significado el pago de 79,78 millones de UF desde el fisco a los bancos, correspondientes a la compra de carteras de créditos CAE y al sobreprecio cobrado por estas instituciones, según indicó el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, realizado por los investigadores de Fundación Sol, Marco Kremerman y Alexander Páez.

En el año 2011, en medio de las fuertes presiones que ejercía un álgido movimiento estudiantil, el entonces Presidente Sebastián Piñera implementó una serie de ajustes a la Ley 20.027, los que consistían en reducir de un 6% a un 2% la tasa de interés del crédito, además de establecer que la cuota a 20 años  no podía exceder el 10% de la renta de los estudiantes, cambios que intentaban apaciguar las intensas críticas en contra del crédito.

Pero hubo un cambio que no se realizó aquel año. Una serie de disposiciones en el contrato del CAE que establece el pacto unilateral por parte del banco del número de cuotas y el monto del crédito, una letra chica que, además, contiene vacíos que permiten “cobros excesivos” cuando los estudiantes se retrasan más allá del día 5 de cada mes en pagar la cuota, y el alza al 6% original de interés, para los estudiantes que adquirieron el CAE antes del año 2011.

Son estas disposiciones las que han sido identificadas como “abusivas” por el abogado Belisario Prats, quien señala que las disposiciones deben ser anuladas de los contratos “por infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y por infracción a la Ley del Sernac Financiero”.

De acuerdo al abogado, la demanda se sustenta en la búsqueda de la deuda justa. Actualmente, “los bancos le prestan al estudiante $10 millones a 20 años y terminan pagando $20 millones y, si el estudiante no puede pagar, lo demandan por $30 millones”, señala Prats. Según el abogado que lleva la causa, la intención es “anular ciertas cláusulas abusivas, o llegar a un acuerdo con el banco en orden a definir una deuda justa. Porque la deuda educativa es distinta a la de un Crédito Hipotecario, si yo compro una casa a lo mejor estoy dispuesto a pagar tres veces por el valor de una casa, pero una deuda por educación no es lo mismo”.

Desde Deuda Educativa no descartan “acciones a nivel internacional, si no obtenemos respuestas a nivel político”. “Mi lógica es llegar con esto hasta las instancias finales, aun si el los juzgados civiles rechazan la nulidad de esas cláusulas tengo la intención de defender a cada uno de los deudores de la demanda colectiva”, asegura el abogado Prats.

Otra razón es que “la ley del CAE se denominó como una ayuda estudiantil con sentido social, pero no es así. Al final a los estudiantes que contrataron el CAE se les puso un salvavidas de plomo, porque quedaron sobreendeudados y no se analiza para nada si esto le impide acceder, por ejemplo, a otros créditos, no pueden acceder a viviendas, quedan fuera de la línea del financiamiento bancario. Lo que parecía una ayuda social, no lo es para nada, parece un castigo”, agrega Prats.

La demanda presentada en contra del Banco Estado, que fue admitida en el tribunal, contiene el detalle de las cláusulas definidas por la banca, y que son identificadas como abusivas por los demandantes. La cláusula décima del contrato CAE establece que “corresponderá siempre al deudor probar los abonos y pagos que hubiese efectuado a los créditos”. Esto, según la demanda, “deja al estudiante en una total indefensión y víctima de posibles y grandes injusticias”. “El banco no asume ninguna obligación de prueba. Si yo no tengo esos comprobantes de abono, pierdo la posibilidad de probarlos, lo que es abusivo”, agrega Prats.

En la cláusula décimo quinta se establece que “los pagarés deberán ser entregados a la institución financiera con todas sus menciones completas salvo las menciones relativas al monto adeudado y la fecha de vencimiento, los cuales serán llenados por el legítimo tenedor del pagaré en caso de que (...) estimen necesario proceder a la cobranza ejecutiva de los créditos y/o pagarés”. La demanda indica que “esto se traduce en el derecho para llenar el pagaré por el monto respectivo que la entidad financiera desee, incluyendo no solo los intereses, sino que además definiendo capital, agregando comisiones, gastos de cobranza ilimitados, y cualquier otro concepto adicional”.

Además, en la disposición dieciseisava se señala que existirá un “mandato e instrucciones para el llenado de pagarés” y un mandato “especial irrevocable”, lo que, como reza en la demanda, “genera un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor”. Según el abogado Prats, “estas facultades han generado la emisión de títulos ejecutivos ‘injustos’”.

A juicio del abogado, la legislación chilena otorgó la posibilidad a las entidades financieras de “corregir estas cláusulas abusivas, lo que nunca se cumplió, generándose la infracción y, como consecuencia, la sanción decretada por la Ley 20.555, consistente en que las cláusulas abusivas deben tenerse por no escritas o, tal como lo señala la Ley 19.496, deben declararse nulas”, y esto, en opinión del jurista, refleja que “el Banco Estado ha incurrido en falta o abuso”. Además, “el 99% de los estudiantes no tuvo posibilidades reales para leer y comprender dichos contratos”, detalla la demanda.

El abogado Belisario Prats aclara que el hecho de que “se anule el pagaré no significa que se acabe la deuda”, sino que esto da espacio para cambios en el contrato, negociar una “deuda justa” y que el Estado se haga cargo de la diferencia con el monto de deuda que actualmente tienen los estudiantes.

Los demandantes

Hasta el momento, la organización lleva cerca de mil demandantes adscritos al proceso de las cuatro iniciativas ya presentadas en contra de los bancos. Uno de ellos es Sebastián Labra (28), quien es titulado de Técnico Jurídico del CFT Santo Tomás y hoy se encuentra en proceso de sacar la carrera de Derecho en la Universidad Santo Tomás.

Su carrera ha tenido un costo total de $14.445.000, los que financió con el Crédito con Aval del Estado por medio del banco Scotiabank. “Era la única forma que había en su minuto para financiar los estudios, de otra manera no hubiera podido, ya que mi familia es de clase media”, recalca Sebastián. Para el joven y su familia lo importante era tener “la opción de aspirar a una vida mejor, ya que nadie en mi familia había accedido a la educación superior”, aunque reconoce que “lo pensaría dos veces” antes de tomarlo de nuevo, “ya que finalmente son varios años en los cuales se mermará uno para pagar la deuda”.

Sebastián cree que el CAE es una política injusta: “Dejas amarrada a toda una generación de estudiantes que aspira a acceder a estudiar, razón por la cual muchos están pagando un crédito usurero”. Es por este motivo que se hizo parte de la demanda colectiva: “Tome la decisión pensando en mi situación a futuro, en la cual estaré endeudado toda una vida”.

Otro de los demandantes es Javier Ruiz, médico veterinario de la Universidad Austral de Valdivia. Javier financió sus cinco años de estudio con un CAE del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). “Empecé a pagar mi crédito en octubre del 2012, siempre al día, y hasta ese momento no sabía cómo habían aprovechado el deseo de estudiar y la falta de dinero para lo mismo”, dice Ruiz.

El joven explica que ha reclamado por dos “grandes interrogantes, varias veces al banco y a Ingresa, sin recibir respuesta clara y satisfactorias”. Desde julio de 2014 la entidad agregó una comisión extra de 0,28 UF, “según las bases de licitación el monto final de comisión es de 0,09 UF. Actualmente me están cobrando dos comisiones por administración, a pesar de que el contrato solo menciona una”, detalla Javier. Agrega que “el contrato dice que serán cuotas fijas mensuales, lo cual tampoco no se respetó, porque agregaron esta comisión excesiva sin aviso previo”.

Según Javier, la respuesta fue que, cada año que estudió, “se tomó un crédito aparte –a pesar de que solo te piden tu firma en un papel que decía 'renovante'– y, por eso, cada año fue una comisión distinta  y se sumaron todas para hacer el cobro final”.

Su otra duda surge cuando, revisando los papeles para un crédito hipotecario que pidió la ejecutiva de su banco, esta le dijo que no entendía por qué según Ingresa solicitó un crédito mayor al que supuestamente pidió inicialmente. Según sus cálculos, los cinco años de CAE le dan un total de 504,2827 UF, “porque pasé todos mis ramos". "Pero al revisar el certificado de crédito del banco BCI, tengo un crédito de estudio de 640,3506 UF, más otro crédito de comisión de 16,4477 UF”, un total de 136,0679 UF extra. “No sé cómo aumentó tanto, los montos no calzan, empecé a pagar cuando correspondía y nunca me he atrasado”, afirma.

“Realmente siento que estudiar no valió la pena. Me hubiera gustado saber más cuando firme ese crédito, y no sentirme acorralado. Pero qué joven de 18 años sabe de créditos, intereses, UF. La sociedad te dice que tienes que seguir estudiando y ser un profesional, pero a qué costo, carreras caras, sobrecopadas, sin empleabilidad”, sentencia Javier.

¿Demanda entre privados?

Una de las principales críticas al Crédito con Aval del Estado es el hecho de que incorpora a la banca privada a una política pública que tenía un objetivo social. Esto, a juicio de distintos parlamentarios, como la diputada Cristina Girardi (PPD), dirigentes estudiantiles y organizaciones de deudores, terminaría con el principio de la educación como un derecho y la establecería como “un bien de consumo”.

Es por esta razón que ha causado extrañeza que se levante una demanda civil por las deudas CAE, dejando la problemática como un conflicto entre privados. Juan Pablo Rojas explica que “lamentablemente hoy en día la Comisión Ingresa continúa ofreciendo el CAE como un beneficio social, avalado por el Ministerio de Educación, siendo que es un crédito de consumo, que lo que único que hace es obligarte a contraer una deuda por 20 años, que es muy equiparable a un crédito hipotecario”.

El dirigente añade que como Deuda Educativa defienden el principio de la educación como un derecho social, pero precisa que “hoy en día el Sernac es el encargado de defender a los deudores, porque lamentablemente se concibe como un bien de consumo a la Educación Superior y no como un derecho social, como lo prometió la Nueva Mayoría. Nunca nadie se ha atrevido a demandar a los bancos, pero tenemos la certeza de que vamos a ganar la demanda”.

Agrega que “aquí hay una deuda política y nosotros no nos olvidamos de esto, pero vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para conseguir soluciones concretas y efectivas para los deudores educacionales, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el Estado de Chile y el mundo político por implementar estas políticas públicas”.

Rojas detalla que, si se ejercía una demanda directa contra el Estado, se podría repetir la historia de las demandas por los casos de criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. “Allí la respuesta que nos daban del Mineduc es que había que dejar que la justicia actuara, porque estaba judicializado el proceso y, lamentablemente, tuvimos que llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos a buscar soluciones. Por eso la estrategia es no atacar al Estado, sino demandar a los bancos en el país”.

Desde Deuda Educativa no descartan “acciones a nivel internacional, si no obtenemos respuestas a nivel político”. “Mi lógica es llegar con esto hasta las instancias finales, aun si el los juzgados civiles rechazan la nulidad de esas cláusulas tengo la intención de defender a cada uno de los deudores de la demanda colectiva”, asegura el abogado Prats.

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