Conflicto mapuche ha tensionado al oficialismo con acusaciones de persecución política
La investigación que terminó con ocho dirigentes claves del pueblo mapuche en prisión preventiva por al menos cuatro meses, ha desatado una fuerte controversia en el país. Mientras para un sector la Operación Huracán ha sido uno de los principales despliegues estratégicos del servicio de inteligencia de Carabineros, en conjunto con el Ministerio Público y la mirada “activa y vigilante” del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, para otros ha significado la consolidación de una política de Estado persecutora, represora y violenta en contra de los mapuche, sus demandas y acciones reivindicativas legítimas.
El clima “siempre ha estado en tensión” en la llamada “macrozona” en el sur de Chile, calificativo que le ha dado el Gobierno a los sectores en conflicto con distintas comunidades mapuche. Desde que se tomó la vía reivindicativa de la recuperación de tierras y de la demanda por la autonomía y autodeterminación, por parte de algunos sectores del pueblo ancestral, la denominada “zona roja” del conflicto ha estado tensionada por la delgada línea entre lo que las comunidades en recuperación han definido como un “Estado de Excepción de facto”, y por la política que han definido las distintas directrices del Ministerio del Interior desde el retorno a la democracia: como una “acción directa del Estado, para controlar a pequeños grupos radicales en la zona”, aseguran desde la cartera del Interior.
Pero el pasado sábado se marcó un punto de inflexión. La denominada “Operación Huracán”, resultado de casi seis meses de investigación de Carabineros, bajo la Ley de Inteligencia, trajo consigo la detención y prisión preventiva –durante los cuatro meses de investigación–, de ocho históricos dirigentes mapuche, entre ellos, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Esto, en el marco de las investigaciones por el robo de madera y el denominado Caso Iglesia, según detalló el subsecretario Aleuy.
El despliegue –presuntamente coordinado con el Ministerio Público– alcanzó mayor visibilidad debido a la huelga de hambre que llevan los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, junto a Alfredo Tralcal, comuneros que cumplen prisión preventiva hace más de un año acusados de la quema de una Iglesia Evangélica y desde el 9 de junio están sin recibir alimento. Un caso que ha captado la atención de la opinión pública, tanto así que desde La Moneda autorizaron la intermediación del sacerdote jesuita Felipe Berríos.
La última jugada que se dio desde Palacio, con la venia de la Presidenta y de todas “las autoridades involucradas”, fue el anuncio de la solicitud de la rebaja de las cautelares que tienen hoy en prisión preventiva a los comuneros. “Gesto político que busca generar una pronta salida a ese conflicto”, indican desde el oficialismo, principalmente luego que el lonko Alfredo Tralcal fuera trasladado a un centro asistencial, por sangrado digestivo.
Además de este gesto, que según el ministro del Interior, Mario Fernández, depende únicamente de los tribunales de justicia, también se anunció el envío al Congreso de dos iniciativas “para agilizar la tramitación, con las debidas urgencias, de la ley que tipifica conductas terroristas, que actualmente se encuentra en el Senado. Trasladando completamente, los delitos que ella contempla al Código Penal». A esto se le suma la modificación del «Código Procesal Penal en lo que respecta a los requisitos y plazos respecto a la prisión preventiva”.
Con lo anterior, el Gobierno “busca producir las condiciones para que los cuatro ayunantes pongan fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad”, sentenció el ministro del Interior. La muerte de cualquiera de ellos sería un problema político mayor.
La reacción desde La Moneda es una muestra más de que este conflicto tiene bajo la lupa al Ejecutivo por la forma de abordar el conflicto que tomó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, por decisión directa de la Presidencia.
Dentro del círculo político oficialista más ligado al mundo de los Derechos Humanos, se había prendido la alarma por la “escala de violencia por parte del Estado en La Araucanía”, que afirman estaría protagonizada por “la mano dura” del subsecretario a la hora de abordar el conflicto. “Semana a semana nos llegan denuncias de operativos en la zona, que no solo incluyen la entrada a las comunidades sino que también la acción en contra de niños y mujeres mapuche, por parte de efectivos de fuerzas especiales. Es un tema que no se puede negar”, apunta un parlamentario oficialista.
[cita tipo=»destaque»]Para el abogado Sergio Millamán, en la mayoría de los casos en que se establecen investigaciones por Ley Antiterrorista, los acusados pasan a ser formalizados posteriormente por delitos comunes, por lo tanto, se utiliza a la Ley Antiterrorista con el fin de generar mayor impacto comunicacional y presentar testigos protegidos, más que para lograr comprobar un acto terrorista, “de esta forma la Fiscalía termina litigando por medio de la prensa y perdiendo los casos en Tribunales”, lo que no tiene los mismos efectos mediáticos que el proceso de investigación. Lo que indicaría la relevancia del proceso persecutorio, más allá de la resolución de los juicios.[/cita]
El diputado y militante del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que “lo que le hemos pedido es que si puede interceder el Gobierno en esto, que se apure el juicio, que sea lo antes posible, ojalá sea así”. Por su parte, desde la Vicepresidencia Indígena del PPD, señalaron que les “preocupan las recientes detenciones y las diversas causas en las que se encuentran siendo investigados hermanos mapuches, como es el caso de comuneros que actualmente se encuentran en huelga de hambre”.
Según un comunicado de esta entidad, a los comuneros se les ha extendido “de manera artificial su situación de permanencia en cárceles, por la invocación de la Ley Antiterrorista y mantención de investigaciones por lapsos de superiores a los que la ley común establece normalmente, discriminando con ello la legítima defensa y afectando directamente la presunción de inocencia”.
Pero esta no era la única presión. A las reclamaciones del mundo indígena, se suman las constantes acciones por parte de la multigremial de camioneros, la oposición y miembros del oficialismo, que exigían disponer de mayores operativos por quemas de camiones y una acción más enérgica ante la presunta “radicalización” de algunos grupos específicos del pueblo mapuche.
Según el senador de la zona, Alberto Espina (RN), la evidencia tras la quema de una iglesia evangélica fue lo que logró que la política del Gobierno de Michelle Bachelet, impulsada por Aleuy, diera un giro “positivo, un cambio de 180 grados”. Este cambio se observó con mayor claridad, según Espina, con la formalización de los comuneros por la Ley Antiterrorista, pese a que la misma Presidenta había asegurado que no se invocaría la señalada ley.
Desde La Moneda manifiestan que la Presidenta Michelle Bachelet no ha dejado de monitorear la escalada del conflicto mapuche, pero centrada puntualmente en lo relacionado con los cuatro huelguistas de hambre.
Cabe recordar que durante el Gobierno de Sebastián Piñera también se desarrolló una extensa huelga de hambre por parte de comuneros mapuche, la que fue resuelta sin que existiera ninguna pérdida humana. Es en este contexto que la preocupación presidencial, de Aleuy y La Moneda, en este aspecto, sería evitar a toda costa que se llegue al punto de que alguno de los cuatro comuneros muriera. “A este Gobierno no se le puede morir un huelguista”, reconocieron con preocupación en Palacio. Es por eso que el Ejecutivo “ha tomado control absoluto” del tema y, llegado el momento, recalcan que “la justicia tendrá que actuar” para salvar la vida de los comuneros.
De acuerdo a cercanos a Palacio, las constantes críticas a Aleuy no estarían en cuestión. Este martes, tras un sinfín de reuniones con distintos representantes del oficialismo, y emplazamientos para que se explique la inacción ante la huelga de hambre de los comuneros y la denominada “Operación Huracán”, el subsecretario fue claro con su línea y aseguró que “mantendremos la conducta que hemos tenido hasta ahora, de garantizar el Estado de derecho”.
Esta dura línea es la que le ha costado ser visto públicamente como el malo de la película, porque, más allá de que dicho ministerio sea el que en la forma y en el fondo lleve las riendas de la toma de decisiones gubernamentales respecto al conflicto en La Araucanía, la autoridad socialista es la figura clave de esta administración en el tema, es él quien ha aplicado el criterio de La Moneda y de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el modus operandi en la IX Región.
Dicen que Aleuy sabe que quedará como el malo y que eso no le hace mella, lo que coincide con lo que siempre reconocen en Palacio sobre el rasgo más característico del estilo político y forma de trabajo del subsecretario: la sangre fría que tiene para tomar las decisiones más complejas, por impopulares que sean.
Salvo las declaraciones del PC, parte del PPD y la bancada del PS, el grueso de los parlamentarios y rostros del oficialismo han optado por mantenerse al margen del tema y han decidido no dar opiniones. Esto, en la práctica, ha dejado a Aleuy “bastante solo”, ya que no cuenta con una dupla que políticamente lo acompañe en las decisiones, como sucede con otros temas, donde diputados, senadores, dirigentes o autoridades se transforman en un soporte real. Además de que el ministro del Interior, Mario Fernández, “brilla por su ausencia” en esta materia, apunta un colaborador de Interior.
Es por esto, aseguran desde la Nueva Mayoría, que “la cruzada de fuego de Aleuy en La Araucanía estaría más visada por la acción de la derecha, sepultando completamente la línea que alguna vez intentó impulsar Huenchumilla”. No obstante, igual se señala que desde sectores de senadores oficialistas habría también una preocupación de índole electoral, por lo que habrían solicitado directamente a La Moneda que se tomará una mayor acción respecto al conflicto en el sur, afirma un alto asesor oficialista del Congreso.
Esta mano dura –en opinión de un parlamentario oficialista de la zona– se aprecia en que la labor de Fuerzas Especiales de Carabineros en el sector comenzó a materializarse desde el minuto en que se produjo la salida de Huenchumilla y la llegada del ex Intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, pero precisa que “siempre ha sido comandada por Aleuy”.
Para Sergio Millamán, abogado defensor en distintas causas en contra de comuneros mapuche, «el Gobierno tiene que fortalecer su gestión en algunos temas, como los que le interesan a los sectores más conservadores o a los sectores económicos. Por esto es que utiliza este tipo de acciones. Si bien el Ministerio Público es el que encabeza las investigaciones, el Ministerio del Interior, a través de las gobernaciones e intendencias, se hace parte de todos los procesos y es uno de los principales promotores, y así ha sido con todos los gobiernos”.
En todo caso, la intensificación de la operación de Fuerzas Especiales de Carabineros y de los servicios de inteligencia, según reconocen dirigentes mapuche, no es más que una línea continua desde el periodo de la Concertación. “La represión se viene viviendo desde el momento en que el pueblo mapuche decidió recuperar sus tierras, el agua. Desde ahí ha sido igual para todos. La diferencia es que el temor que existe en muchas comunidades es a expresar, a manifestar su descontento con la operación que tiene el Estado, eso ya es una represión”, sostiene Nelson Maripil, vocero de la comunidad Pewenche kawñiku, Los Chenque, ubicada en Alto Bío Bío .
La sangre fría de Aleuy no quita que en La Moneda esté instalada la sensación de que enfrentan “un escenario de alta complejidad” y que en nada ayuda el error cometido por el Gobierno de evitar quedar a ojos públicos como que su única respuesta al conflicto mapuche es la represión. En el Ejecutivo reconocen que esa ha sido una gran equivocación política y comunicacional, porque nadie tiene en la retina que la administración Bachelet ha puesto el acento, durante estos tres años, en tratar de revertir los aspectos de pobreza dura que hay en la IX Región, con inversión, construcción de escuelas, un hospital, accesos a agua potable, consultorios y caminos.
Uno de los cuestionamientos internos en el Gobierno de más larga data, ha sido la carencia de los ministros sectoriales para poner el acento público en esos avances, como parte de la respuesta del Estado a las demandas de La Araucanía de una manera más integral, especialmente en Salud y Desarrollo Social.
Policialmente la “Operación Huracán”, “dirigida por Fiscalía, en colaboración –me imagino– con el Gobierno, ha sido exitosa”, asegura el senador Espina (RN). Añade que la causa “contribuye a la paz social en La Araucanía”, porque ayuda a desbaratar “una organización de tinte terrorista”, pero asume que la parte más difícil es comprobar el fin terrorista de los actos, por los que están formalizados los ocho dirigentes mapuche.
Espina confía en el trabajo de inteligencia realizado por Carabineros, que se basa en una serie de intervenciones a los teléfonos de los dirigentes mapuche, mensajes de WhatsApp, que darían cuenta de una coordinación para una serie de quema de camiones desarrollada en agosto de este año, además del financiamiento extranjero a la CAM y la posibilidad de la introducción de armas a territorio mapuche.
Una mirada bastante dispar a la que mantienen desde el pueblo mapuche y organizaciones que colaboran con la causa en el Wallmapu.
Para el vocero Nelson Maripil, detrás del operativo mancomunado entre Interior, Fiscalía y Carabineros existe una “operación política” dirigida en contra de los principales voceros de los sectores mapuche más activos con las causas reivindicativas. “Esta operación va más allá de lo que se le acusa a los peñis. Se les hizo allanamientos y detención por actos terroristas, sin embargo, esto no es más que una persecusión política”, esto –dice– debido a que los imputados son “dirigentes históricos y han marcado una lucha más radical y con los puntos más claros respecto a las demandas que tenemos como pueblo hacia el Estado chileno”, asegura.
Maripil explica que la «Operación Huracán» es parte de una acción permanente del Estado chileno en contra de los sectores “más radicales”. “Tenemos peñis procesados, en investigación por robo y hurto de madera y usurpación a la propiedad privada, eso ya es una persecusión. La vigilancia con drones, sobre todo en mi casa, a veces despierto y andan drones vigilando, los de Carabineros y la PDI constantemente. Es un hostigamiento constante el que se vive en el territorio”.
Por otra parte, desde la Vicepresidencia Nacional Indígena del Partido por la Democracia manifestaron “su absoluta preocupación por los últimos acontecimientos en que se han visto involucrados diversos miembros de comunidades mapuches, representantes de organizaciones y activista indígenas, consistentes en allanamientos y detenciones por medio de fuerza militarizada de Carabineros, a quienes se les han aplicado rigurosamente las atribuciones vinculadas a la Ley Antiterrorista”.
Para gran parte del mundo mapuche, la detención del principal líder de la CAM, Héctor Llaitul, justo en el marco de un proceso de apertura y “socialización” de la línea indigenista impulsada por la Coordinadora Arauco-Malleco, no es más que un acto de índole política. Esto, agudizado por la cercanía de las elecciones presidenciales y por la visita del Papa Francisco, que tiene como uno de sus objetivos tratar el tema del conflicto mapuche.
Llaitul era una de las cartas fuertes que sonaba, entre la comunidad mapuche y un sector del mundo jesuita –a cargo de la visita papal–para reunirse con Bergoglio y tratar el tema, información que habría molestado a algunos sectores que son parte de la organización de la visita.
Es más, el mismo subsecretario Aleuy viajará a Argentina para coordinar, entre otros temas, la visita de una delegación del Ministerio de Seguridad trasandino a la zona de La Araucanía, cuando el Papa Francisco visite la zona.
Para Maripil, “todos los actos que ha expresado el Estado chileno contra el pueblo mapuche son estratégicos para no visibilizar y no dar respuesta a nuestras demandas. Si el peñi Llaitul está detenido es claramente una estrategia estatal, que lo viene persiguiendo hace mucho tiempo”. El dirigente agrega que “esto no va a cambiar la ideología política que tienen los peñis encarcelados, y creo que no va a hacer que bajemos los brazos. Es una alarma para que los que están dormidos despierten, mucha gente se ha dado cuenta de que el Estado está atropellando a nuestras comunidades y están deteniendo a las principales autoridades, dirigentes históricos. Eso es estratégico, creen que son ellos los que comandan una lucha de un pueblo y eso lo llevan las comunidades enteras”.
Pero en Palacio insisten en que para el subsecretario Aleuy “hay evidencia sobre la mesa” y que este nuevo nivel de acción que se desplegó por parte del Gobierno se explica en que los grupos más radicalizados de lucha de la causa mapuche, minoritarios pero con alta resonancia pública, pasaron a una nueva fase de acción, la que busca agudizar las contradicciones con el Estado. “Se radicalizaron, por eso se tuvo que cambiar la estrategia, no se podía mirar al techo”, reconocieron en La Moneda.
A este punto se le suman las constantes críticas a la Ley Antiterrorista, modificada por última vez bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, la que no aseguraría un debido proceso para los imputados y que, además, respecto a resoluciones exitosas en materia judicial para los querellantes, tampoco ha rendido frutos. Por ejemplo, desde el año 1990 hasta la fecha, más de 60 procesos han sido absueltos y uno sobreseído.
Para el abogado Sergio Millamán, en la mayoría de los casos en que se establecen investigaciones por Ley Antiterrorista, los acusados pasan a ser formalizados posteriormente por delitos comunes, por lo tanto, se utiliza a la Ley Antiterrorista con el fin de generar mayor impacto comunicacional y presentar testigos protegidos, más que para lograr comprobar un acto terrorista, “de esta forma la Fiscalía termina litigando por medio de la prensa y perdiendo los casos en Tribunales”, lo que no tiene los mismos efectos mediáticos que el proceso de investigación. Lo que indicaría la relevancia del proceso persecutorio, más allá de la resolución de los juicios.
Por su parte, el senador Alberto Espina (RN), plantea que la Ley Antiterrorista es perfectible, ya que se le deben dar mayores facultades investigativas a la Fiscalía y a Carabineros, al igual como ocurre en la Ley de Drogas. El senador de la zona reconoce que, a pesar de las críticas, la ley cumple con su rol persecutor, pero es “sumamente difícil” comprobar la idea de que el acusado tenía como objetivo causar terror, ya que se encuentra en un plano subjetivo.
“Quien lleva las investigaciones en Chile es el Ministerio Público”, señaló el subsecretario Mahmud Aleuy, negando cualquier información que liberara a la Fiscalía del proceso investigativo y de la posibilidad de que esta no tuviera conocimiento de la investigación hasta solo dos días antes de que se realizaran los allanamientos.
La información oficial de Carabineros detalla que la “exitosa” “Operación Huracán” tardó al menos seis meses en cuajar, pero no aclara en qué momento el Fiscal Regional se hizo parte de la investigación.
Aleuy aclaró que “nosotros no hacemos investigaciones paralelas o nada por el estilo, todas las investigaciones las lleva el Ministerio Público». Pero, según la Fiscalía, el pasado jueves 20 recibió un informe de Carabineros, basado en operaciones autorizadas bajo la Ley de Inteligencia Policial, a raíz de lo cual le pidió una nueva diligencia a Carabineros.
Tras esto, expuso las pruebas ante el juez de Garantía y solicitó las órdenes de detención y la incautación de bienes en la misma causa. Explican que “la investigación de Carabineros no tiene como fin el proceso de la causa, sino la toma de decisión por parte de la autoridad”. Y que “todas las diligencias que hizo la policía fueron autorizadas por el juez Aner Padilla, de la Corte de Apelaciones de Temuco”.
Por lo tanto, el Ministerio Público se hace parte de una causa que ya estaba abierta, la de la quema de 18 camiones de la empresa Calafquen, hecho registrado en agosto pasado y adjudicado por el grupo Weichan Auka Mapu (WAM), la que se amplía a dirigentes de otras organizaciones mapuche, como la CAM.
Una vez que fueron detenidas las personas el día sábado, se les incautaron 30 teléfonos. En la audiencia del día domingo se expuso la información recabada de un solo celular, perteneciente al comunero identificado como M.C., quien fue apresado en el campamento de apoyo a los presos en huelga de hambre. Al periciar el teléfono, se habría dado con las mismas conversaciones de WhatsApp contenidas en el informe entregado por Carabineros, “lo que le da sustento a lo que contenía el informe”, explican desde el Ministerio Público. Además, enfatizan que la «Operación Huracán» dice relación con “una investigación que para la Fiscalía recién comienza”.
La duda respecto al momento en que el Ministerio Público se hizo parte del proceso investigativo está abierta, en La Moneda hay conciencia de las críticas, pero las atribuye –igual que en otros casos– a los problemas de la propia Fiscalía Nacional por la ausencia de un liderazgo central fuerte, que ordene internamente y neutralice la desatada competencia interna.
Por otra parte, para el abogado Millamán es importante agregar a esta tríada entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y Carabineros, el rol que han jugado los jueces, una arista que también enfocan desde La Moneda. “Poco se habla ni se trata de buscar la explicación en la debilidad de los jueces, en la ‘mano blanda’, como se dice en algunos sectores, y no en las razones de hecho y de derecho que se exponen en esos procesos”.
La salida al conflicto con el pueblo mapuche parece no tener una vía única, los distintos abordajes apuntan a que es importante que la sistemática judicialización no es un aporte y que es necesario abrir un marco de resolución política al conflicto, lo que escaparía a la acción del Ministerio del Interior.
Para el senador Espina es evidente que el “Gobierno tiene una deuda pendiente, que es que, sin perjuicio de la persecución penal, el Gobierno no ha avanzado nada en una propuesta integral por la paz social. Hace tres años recibió una propuesta mía, entregada junto a García Ruminot, otra que hizo el propio Francisco Huenchumilla, luego convocó a una mesa de diálogo con monseñor Vargas, que tuvo un informe en enero, y no ha pasado nada”.
Por su parte, desde el oficialismo, Guillermo Teillier (PC) manifiesta que “debe seguirse con el máximo de urgencia, discutiendo las leyes que tienen que ver con la conformación del Ministerio de Pueblos Indígenas y con los Consejos de Pueblos Indígenas y todas las medidas que sean pertinentes, que se llevarían a cabo aprobándose esas leyes, incluso la posible representación de los pueblos originarios en el Parlamento de Chile”, lo que es apoyado –en título personal– por el senador Espina.
Para Nelson Maripil, vocero de la comunidad Pewenche kawñiku, desde el pueblo mapuche el conflicto se ha enfrentado “de diferentes maneras, el pueblo mapuche ha hecho huelgas de hambre, ha habido encarcelamientos, asesinatos, montajes y todo ha quedado impune y, por lo tanto, creo que el camino que se debe tomar es el de conversar y juntarse entre territorios, y pararse de una vez, para poder liberar a nuestro pueblo. El pueblo mapuche está pacífico, no se ha levantado para enfrentar el atropello que se ha estado haciendo”.
“El mensaje que nos han dejado nuestros antepasados es que el pueblo mapuche liberó a nuestra nación peleando y la perdió peleando, y yo creo que para recuperar hay que pelear. Y para eso, hay que prepararse y pelear, no nos queda otra”, sentencia.
