Entre la abulia y el populismo penal
Luego de las expulsiones desde el PS y los enérgicos puntos de prensa expresando el rechazo a una evidente captura de un municipio por parte de traficantes de droga, la clase política y, particularmente, la Nueva Mayoría han mantenido un conveniente mutismo. El episodio, por cierto, es combustible para las críticas desde la derecha y para generar más preocupación en el Frente Amplio a la hora de tender puentes con el oficialismo. Pero nadie parece querer actuar con dureza ante el tema.
El último episodio policial que involucró a la Municipalidad de San Ramón no tuvo que ver con algún avance en la investigación judicial que lleva adelante el Ministerio Público contra las posibles irregularidades cometidas en la gestión del alcalde ex PS Miguel Ángel Aguilera. Por el contrario, abrió otra arista criminal y oscurece aún más las cosas.
El 24 de noviembre fue detenido en un control policial Roberto Martínez, que hasta ese momento se desempeñaba como jefe de seguridad municipal, dependiente directo del alcalde. Según las grabaciones de la policía, el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto, también ligado al aparato municipal antes de caer preso en septiembre, le encargó a Martínez recolectar municiones y armas para ingresarlas a la cárcel. La PDI –que luego del reportaje de ‘Informe Especial’, de TVN, exhibido en octubre, allanó el municipio– seguía la pista del jefe de seguridad.
Enterado de la detención, Aguilera cerró el capítulo con un escueto comunicado donde informaba que Roberto Martínez había sido despedido de sus funciones el mismo día de su detención. Un mero acto administrativo y con eso bastó para que todo volviera a la normalidad.
Las reacciones en el mundo político sobre el escándalo ocurrido en San Ramón, gobernado por un vicepresidente del Partido Socialista, hoy expulsado de la colectividad, han sido muy escasas. Más aún de parte del PS frente a su responsabilidad pública como partido oficialista, y prácticamente nulas en el entorno del candidato de la coalición de Gobierno. Al menos para abordar con un planteamiento de fondo la gravedad del tema de la evidente captura de una importante comuna del sur de Santiago por parte de una red de narcotraficantes, algo que para muchos es la punta de un iceberg que pronto podría implicar, de manera irreparable, a los territorios aledaños e incluso a otras instituciones importantes del Estado. “El narcotráfico precisa impunidad territorial y para ello trata de captar amparo e influencias políticas”, apunta un experto.
El abogado Mauricio Daza, magíster en Derecho Penal, cree que “la captura de la autoridad pública a través de pagos o beneficios ilícitos por parte de un particular, es una conducta grave que en nuestro país no tiene una sanción ejemplar. Esto resulta especialmente preocupante cuando estos delitos son cometidos por narcotraficantes, por representar un mayor riesgo para el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones, al tratarse de una forma de delincuencia particularmente violenta e invasiva, y con acceso a muchos recursos”.
Dada esta gravedad es que la omisión y el silencio de la elite resultan preocupantes.
Daza llama la atención acerca de la actitud seguida por gran parte del mundo político sobre este asunto. “Sorprende que esta realidad no genere una atención más consistente y profunda ante la opinión pública. Además llama la atención que no exista una voluntad real de actuar decididamente, legislando para establecer formas especiales de soborno y cohecho, con penas que de verdad tengan algún efecto preventivo”.
En su análisis explica que hoy esos delitos, cometidos en el contexto del narcotráfico, se sancionan con penas comunes que son muy bajas, las cuales en ningún caso garantizan su cumplimiento efectivo. “En este ámbito no existe ninguna propuesta concreta hecha por alguna candidatura para cambiar esta realidad, lo que en todo caso es consistente con la lamentable y permanente actitud de nuestros legisladores, quienes por lo general son excelentes para exigir penas ejemplares en contra de quienes cometen delitos de alta connotación social contra la propiedad, bajo la lógica del populismo penal, pero cuando se trata establecer normas que castiguen de manera eficaz ilícitos que atentan en contra de la probidad, cometidos por ellos mismos o por otros funcionarios públicos, guardan un silencio transversal”, afirma.
La derecha, por su parte, aprovechó el escándalo para fustigar la abulia del oficialismo en este caso, en cuyo marco, apenas se destapó, este hizo algunos movimientos grandilocuentes como expulsar a Aguilera y Pedro Jaque –uno de los hombres de confianza del jefe comunal y vital para obtener las firmas en el territorio de San Ramón y que sirvieron para inscribir la candidatura de Alejandro Guillier–. Pero rápidamente se olvidó del tema.
[cita tipo=»destaque»]“Es preocupante que la Nueva Mayoría intente tapar algo tan grave como es el vínculo del narcotráfico con la política. También nos sorprende la actitud pasiva del candidato presidencial Alejandro Guillier y la del Partido Socialista respecto a este caso. Por nuestra parte, la UDI mantiene la querella en contra del alcalde y la semana pasada me reuní con el fiscal de la causa, justamente para colaborar con la pronta aclaración de estos hechos que afectan a nuestra democracia”, dice el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas.[/cita]
Resulta evidente, a estas alturas, que la proliferación narco en la zona sur de la ciudad tiene antecedentes que se remontan más atrás y nadie desea salir a explicar nada. El PS timbró a Aguilera como el niño símbolo del escándalo, pero no ha hecho esfuerzo alguno por rastrear las situaciones similares que se dan en las comunas de Lo Espejo y El Bosque, territorios contiguos a San Ramón y zona de vasta influencia también de la UDI popular.
Con todo, la derecha y el Frente Amplio opinan con cuidado recelo sobre la grave situación.
“Es preocupante que la Nueva Mayoría intente tapar algo tan grave como es el vínculo del narcotráfico con la política. También nos sorprende la actitud pasiva del candidato presidencial Alejandro Guillier y la del Partido Socialista respecto a este caso. Por nuestra parte, la UDI mantiene la querella en contra del alcalde y la semana pasada me reuní con el fiscal de la causa, justamente para colaborar con la pronta aclaración de estos hechos que afectan a nuestra democracia”, dice el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas.
En la vereda del Frente Amplio, extraoficialmente admiten que este es otro de los temas que les preocupa a la hora de tender puentes con la Nueva Mayoría “Es muy preocupante a todo nivel. Entendemos que la presión por ganar en segunda vuelta y la posible derrota de Alejandro Guillier hayan generado una falta de atención sobre este tema, pero hay inquietud por la desatención que ha habido”, sostiene un dirigente.
Pero fuera de estas posturas que parecen de mera buena crianza, nadie de peso político central, ni en el Gobierno, en la Nueva Mayoría, el FA o la oposición, da muestras de preocupación real.
Mauricio Carrasco, del Movimiento Autonomista, ex candidato a diputado y uno de los querellantes por el caso de San Ramón, plantea que este ánimo de naturalización de hechos tan graves como la penetración del narcotráfico en comunas del país, en el caso del PS, responde a que el resultado de la primera vuelta descomprimió el ambiente en el Partido Socialista y también en sectores de la zona sur que controlan los municipios de San Ramón, El Bosque y las comunas del Distrito 13.
“Esto pasó porque el PS logró mantenerse en el poder con una importante cuota del Congreso, al mismo tiempo que logró ingresar la hermana del alcalde Aguilera como Core para el próximo periodo y, eso, relajó evidentemente los ánimos y las tensiones y pudo darle un ambiente de continuidad a la gestión corrupta que estaban realizando”, subraya.
Uno de los ángulos que merece toda la atención por lo preocupante –apunta Carrasco– es el hecho de que a la opinión pública en general se le haya intentado ocultar lo que está sucediendo en San Ramón hasta el día de hoy. “Recordemos que el Partido Socialista nunca tomó acciones contra la hermana de Aguilera , pese a que había casos de nepotismo evidente, de malversación de caudales públicos que iban en directo beneficio de familiares de los Aguilera, y que involucraban directamente a Mónica Aguiliera. Y también de las firmas falsas de Alejandro Guillier, cuestión en que el Servel no ha tomado las acciones correspondientes para poder periciarlas y verificar efectivamente la existencia de una falsificación”, indica.
Para Carrasco, el Frente Amplio debería tomar este caso como una bandera de lucha, “que se vuelva a instalar en la opinión pública, que se vuelva a discutir, la posible existencia de vínculos del narcotráfico en ciertos sectores políticos que hoy pueden ser Gobierno.
Ahora bien, si a esta evidente desidia de la elite política respecto a preocuparse sinceramente de la problemática y no con fines meramente electorales, le agregamos lo que ocurre en Carabineros, la pregunta es quién perseguirá a los criminales. Considerado el anuncio de ayer en la tarde, relativo a que alrededor de 130 carabineros serán formalizados por el fraude con fondos de la institución –la mayoría altos oficiales, situación que deja al descubierto a la mayor banda de crimen organizado de nuestra historia–, resulta aun peor el silencio de ambos candidatos frente a un problema que llegó al país para quedarse.
