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Los beneficios vitalicios de los ex generales directores de Carabineros: institución les financia auto, chofer, bencina y tag La norma también ha sido utilizada por el Ejército

Los beneficios vitalicios de los ex generales directores de Carabineros: institución les financia auto, chofer, bencina y tag

Los ex alto mandos usuarios de esta medida son Rodolfo Stange (último comandante en jefe durante la dictadura), Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon (quien será formalizado por el delito de malversación de caudales públicos) y Gustavo González Jure.


Entre 2015 y 2017 Carabineros de Chile desembolsó más de $75 millones en combustible para los seis ex generales directores con los que cuenta la institución. Las ex autoridades de Carabineros, Rodolfo Stange (último comandante en jefe durante la dictadura), Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon (quien será formalizado por el delito de malversación de caudales públicos) y Gustavo González Jure, son los usuarios de esta medida.

Esto, porque en 1998 el general director en ejercicio asignó dicho beneficio que contempla medidas de seguridad para los ex altos mandos con el fin de “proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, medidas de protección y seguridad para quienes hayan ejercido el mando superior de Carabineros de Chile”, según detalla la información obtenida por Transparencia.

En reportaje de La Segunda, se explica que las medidas incluyen la asignación de un automóvil ya que, según la institución, “deben contar con un vehículo que reúna las características para brindar seguridad”, y conductor personal para cada uno —servicio entregado por el Departamento de Protección de Personas Importantes—, el financiamiento de combustible, tag, seguros, reparaciones y mantenciones de los mismos, lo que les ha costado más de $83 millones considerando sólo estos gastos, entre 2015 y 2017.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, lo primero que llama la atención “es que estos beneficios se mantengan en autoridades que son de bastante antigüedad”.

“Las medidas debiesen tener que ver con una relación directa en cuanto a la protección de la seguridad y eso tiene que justificarse. Uno esperaría que hubiese mayor explicación en cuanto al porqué ex generales directores tienen que tener este tipo de asignaciones”, agrega Precht a La Segunda. 

Según la información, los automóviles utilizados actualmente para este fin son cinco Volkswagen Passat Luxury 2.0 (2015) que, de acuerdo a la tasación de vehículos del Sistema de Impuestos Internos, están avaluados en $13 millones cada uno, y un Hyundai Santa Fe GLS (2010), cuyo valor supera los $7 millones, y que usan desde diciembre de 2015.

Además, en los últimos tres años, la institución ha desembolsado otros $7 millones en reparación y mantención de los mismos, lo que se suma a los más de $75 millones en gasolina. Respecto de los costos correspondientes a TAG y seguros, Carabineros tiene una facturación “por el valor total mensual y no la individualidad de cada vehículo”, motivo por el cual no se pudo acceder al detalle requerido.

En junio de 2010 el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, hizo uso de este decreto cuando a Alberto Cienfuegos se le acusó de usar uniforme y vehículo fiscal durante su campaña parlamentaria en 2009. En esa oportunidad, la Contraloría General de la República consideró el decreto de 1998 para afirmar que “no existen antecedentes para sospechar la existencia de un mal uso de vehículo fiscal durante la campaña (…) y que existe una norma expresa que faculta al general director para asignar personal de Carabineros, así como vehículo y combustible institucional, para la protección y seguridad del señor Cienfuegos Becerra”.

Asimismo en febrero del año pasado, el Ejército también hizo uso de este beneficio para justificar el desembolso de casi $2 millones en la defensa del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, que fue investigado por la Fiscalía Centro Norte por el aumento injustificado de patrimonio y lavado de activos.

La institución justificó que el decreto “faculta al Ejército —y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad— a proporcionar con cargo a sus recursos, protección y medidas de seguridad a quienes hayan ejercido el mando superior en sus instituciones cuando sea requerido”.

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