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PAÍS

Diócesis de San Felipe: las críticas a la gestión del obispo Contreras Molina en una de las “zonas rojas” de la Iglesia

por 25 junio, 2018

Allí se concentra la mayor cantidad de casos de sacerdotes investigados y condenados por abusos, son hechos conocidos y comentados por los vecinos y forman parte de la lista negra que confirman desde el obispado. Un triste récord –según un religioso– que “ha generado gran desazón no solo entre los fieles, sino también en quienes quieren ser sacerdotes, casi no hay vocaciones sacerdotales”. Pero a esta situación se añade un elemento que molesta profundamente: que el lugar sirva para amparar a algunos religiosos cuestionados. “Es muy fácil esconder a alguien ahí”, dice una de las víctimas.
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Nadie podía ignorar la brutalidad de la escena: era marzo de 2017 y la Parroquia San Esteban estaba llena de gente. La madre de Susana Sanhueza –una joven encontrada muerta en una bodega en San Felipe– intentaba hablar en medio de un balbuceo doloroso ante quienes despedían a la mujer y los que también querían justicia. Una imagen que era casi igual de brutal también para Mauricio Pulgar, quien no tenía nada que ver con Susana, aunque sí con el sacerdote que dirigía la misa, el que le hablaba de resignación a la familia, haciendo una plegaria sobre el amor de Dios y la fe, era el mismo que a él se la había arrebatado.

Allí estaba el sacerdote Humberto Henríquez y viendo esa imagen estaba Pulgar, quien 5 años antes había presentado una querella contra el presbítero por abusos sexuales, hechos que habría cometido después de drogarlo.

“La diócesis de San Felipe es como el patio para trasladar a los curas con problemas. Los pillan en algo y los mandan para allá. Lo que pasa es que se da, también, porque en realidad es una diócesis grande, para llegar a la parroquia son dos horas en auto y además es una diócesis protegida económicamente, se trabaja mucho con mineras y con empresas… es muy fácil esconder a alguien ahí”, dice Mauricio Pulgar sobre el lugar que protegió al sacerdote que llegó a la zona después que, a comienzos de los 90, fuera denunciado por otro ex seminarista, como él.

Las acusaciones contra Henríquez las inició Marcelo Soto, quien a comienzos de la década del 90 ingresó al seminario San Rafael de Lo Vásquez. Quería ser sacerdote, sin embargo –según denunció por esos años– Henríquez y sus conductas lo obligaron a cambiar de rumbo.

Henríquez recién había sido ordenado sacerdote cuando intentó abusar de él y, pese a que Soto recurrió al entonces vicario general de la diócesis, Gonzalo Duarte –hoy renunciado–, y al obispo auxiliar de Valparaíso, Javier Pardo, nadie lo escuchó y su denuncia cayó al vacío.

Solo en 2012 y atendiendo a las denuncias de Pulgar, la diócesis tomó la decisión de investigar. El caso Karadima ya había estremecido a las iglesias por dentro y no eran tiempos de hacer vista gorda. Por eso, el comunicado enviado entonces por el obispo, Cristián Contreras Molina, destacaba que el presbítero había sido liberado de su responsabilidad como administrador parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Los Andes, mientras durara la investigación, la que después –de acuerdo a la Iglesia– no tenía “verosimilitud”.

"Si se supone que quienes denunciamos a Henríquez mentimos, entonces no sé por qué igual lo sancionaron", se pregunta Pulgar.

En efecto, desde la diócesis confirman que, en el ámbito canónico, Henríquez se encuentra en proceso penal administrativo, con medidas cautelares y sin encargo pastoral, aunque destacan que en el ámbito civil, el año 2014, se decretó el sobreseimiento definitivo del caso. “Sin embargo, la sentencia señala que el delito habría prescrito con los años, por eso no se podía investigar, no que fuera falso”, retruca Pulgar.

La diócesis –que abarca a las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca– atiende a unos 300 fieles. En ella hay 27 sacerdotes diocesanos y solo uno de ellos ha sido incardinado en los últimos 15 años, es decir, solo uno de ellos ha sido vinculado permanentemente al lugar. Ese sacerdote, nacido en San Felipe, provenía del clero secular.

En el ámbito canónico, Humberto Henríquez se encuentra en proceso penal administrativo, con medidas cautelares y sin encargo pastoral, aunque en el ámbito civil, el año 2014, se decretó el sobreseimiento definitivo del caso.

“Henríquez no es el único sacerdote acusado que se fue a esconder a San Felipe”, comenta un cura que conoce de cerca la diócesis. “Hay muchos de su propio círculo que también están allá”, agrega Pulgar.

Según un sacerdote que vive en Santiago, para nadie es desconocido que San Felipe “le prestó refugio a Henríquez”, pero el mismo puntualiza que hasta ahora ha sido una estrategia común en la Iglesia. “Hay casos emblemáticos, como el de Rimsky Rojas, trasladado de Aysén a Valdivia, pero también hay otros casos más desconocidos. A veces son lugares muy apartados, la gente va a rezar no más, ni se preocupa de quién es el curita que llegó al pueblo”, comenta el religioso.

“Lo peor de todo es que esto siempre es apoyado por algunos obispos. Yo incluso tengo una grabación donde Henríquez me reconoció que fue monseñor Camilo Vial quien hizo que lo incardinaran en San Felipe”, sentencia Pulgar.

Una diócesis y un récord

Después de la visita a Chile del enviado de Papa, Charles Scicluna, hay varios obispos que presentaron su renuncia, aunque todavía continúan en sus puestos, a pesar de fuertes cuestionamientos al interior de la Iglesia. Entre ellos está el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, pero también Contreras Molina, quien es obispo de San Felipe desde el 25 de agosto de 2002.

Hasta hace pocos años, San Felipe tenía un récord: la mayor cantidad de sacerdotes acusados y declarados culpables por abusos sexuales en Chile.  “Esto ha generado gran desazón no solo entre los fieles, sino también en quienes quieren ser sacerdotes, en San Felipe casi no hay vocaciones sacerdotales”, indica un religioso.

Los casos que cruzan a la diócesis de San Felipe son conocidos en toda la zona, comentados por los vecinos y forman parte de la lista negra que confirman desde el obispado. El 6 de septiembre de 2010, Francisco Valenzuela fue removido de su cargo y suspendido del ministerio sacerdotal, después de confirmarse los abusos sexuales contra tres jóvenes cuando eran menores de edad.

Ese mismo año, Valenzuela, quien hasta entonces era un querido sacerdote en Putaendo, le pidió al Papa Benedicto XVI la dimisión del estado clerical, es decir, deja de ser sacerdote, la cual se aceptó de inmediato. Para los vecinos, el alejamiento del cura “Pancho” fue un balde de agua fría y muchos de ellos, impactados, incluso dejaron de tocar el tema. La justicia canónica fue severa, pero también la civil: actualmente cumple una pena de 15 de años en una unidad penal.

La diócesis –que abarca a las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca– atiende a unos 300 fieles. En ella, hay 27 sacerdotes diocesanos y solo uno de ellos ha sido incardinado en los últimos 15 años, es decir, solo uno de ellos ha sido vinculado permanentemente al lugar.

Julio Raúl Inostrosa es otro de los casos. Después de investigadas las denuncias en su contra –contra un menor y un adulto–, fue sometido a un proceso penal administrativo, el cual concluyó con medidas penales.  Actualmente, no está ejerciendo el ministerio debido a su avanzada edad.

Un camino de sanciones siguió también la vida de los sacerdotes Juan Carlos Orellana y René Benavides. En cuanto el obispo tomó conocimiento de la acusación en contra del primero de ellos, procedió a relevarlo y suspenderlo del ministerio. Le aplicó medidas cautelares y lo sometió a un proceso penal administrativo, el que culminó con medidas disciplinarias. El segundo, Benavides, fue sometido a un proceso penal judicial cuya sentencia culminó con la expulsión del sacerdote del estado clerical.

En San Felipe el propio obispo enfrentó acusaciones y, en enero de 2012, dos religiosos mexicanos –uno instructor y el otro notario– llegaron a Chile a investigar denuncias de abuso sexual en contra de Contreras Molina. El movimiento del que tenía conocimiento la Nunciatura fue bajo estricta reserva, sin embargo, se filtró a la prensa y la investigación y su término también se abrieron finalmente a la opinión pública. En ese momento, los denunciantes fueron sacerdotes de la propia diócesis: Ricardo Cortés y Pedro Vera.

Entonces, la investigación decretó la inocencia del obispo, quien se defendió diciendo que las acusaciones eran una venganza por las decisiones que había tenido que tomar respecto de otro sacerdote acusado.

“La investigación lo declaró inocente; sin embargo, amparar a sacerdotes acusados de abusos no puede ser una actitud católica de un obispo”, sentencia un religioso.

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