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Otro año de aspirinas al moribundo: solo paleativos para la compleja realidad de las personas en situación de calle PAÍS

Otro año de aspirinas al moribundo: solo paleativos para la compleja realidad de las personas en situación de calle

De acuerdo a las cifras más recientes del Ministerio de Desarrollo Social, 12 mil 416 personas se encuentran actualmente en situación de calle en Chile y de ellas, el 43% están en la Región Metropolitana. Los programas en marcha no resuelven el problema de fondo. El economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, recalca que «el gran problema de las políticas que se han diseñado en Chile en las últimas décadas, incluido este Gobierno, es que son de corte asistencial, son focalizadas, no son políticas vinculadas a derechos para las personas”.


La cara más dura de la pobreza extrema, la vulneración total de los derechos más fundamentales de un ser humano. Esa es la realidad que día a día, noche tras noche, deben enfrentar las personas en situación de calle, quienes durante el invierno resisten a la intemperie los embates de las temperaturas bajo cero y la lluvia para sobrevivir.

Ya a principios de junio se registraron tres muertes de personas en situación de calle debido a las bajas temperaturas en las comunas de Quinta Normal, Peñalolén y Estación Central. Y restan los dos meses más crudos del invierno.

De acuerdo a las cifras más recientes del Ministerio de Desarrollo Social, hay 12 mil 416 personas que se encuentran actualmente en situación de calle en Chile, de las cuales 5 mil 565 (43%) están en la Región Metropolitana, otras 1.420 en Valparaíso y 1.173 más en la zona del Biobío. Otro antecedente, en su mayoría hombres (10.454 personas).

La lucha de estas personas contra el hambre y el frío es diaria. Quienes habitan las calles ven como sus derechos más básicos como vivienda, trabajo, salud, alimentación, seguridad y sobre todo, la vida, son transgredidos y las políticas públicas aplicadas por todos los gobiernos, consecutivamente, parecieran no ser las más apropiadas.

Esta segunda administración de Sebastián Piñera lanzó el Plan Invierno, un componente del programa «Noche Digna» del Ministerio de Desarrollo Social que busca brindar hospedaje y atención básica a personas en situación de calle. A ello, hay que sumarle el denominado Plan Código Azul, una iniciativa presidencial con la que se pretende brindarles protección a estas personas durante los días más complejos del invierno, duplicando la capacidad de albergues.

Sin embargo, estas medidas no resuelven el problema de fondo: sacar definitivamente a estas personas de la calle. Esa es la opinión del economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien recalca que «el gran problema de las políticas que se han diseñado en Chile en las últimas décadas, incluido este Gobierno, es que son de corte asistencial, son focalizadas, no son políticas vinculadas a derechos para las personas”.

[cita tipo=»destaque»]Para Egenau las políticas del Estado que permitan realmente sacar a las personas de la calle deben estar focalizadas en tres derechos fundamentales: vivienda, salud y trabajo. «Aquí hay un trabajo muy importante que hacer con el Ministerio de Vivienda, con el propósito de implementar un sistema de vivienda primero (…) ¿Qué significa eso? No es entregarle una casa nueva a una persona porque está en calle, sino ver qué tipo de vivienda, con qué características. Hay viviendas compartidas, hay viviendas colectivas, hasta viviendas que son la mirada tradicional de la persona que puede tener una vivienda autónoma”.[/cita]

El investigador asegura que “las políticas que debieran aplicarse debieran más bien tener un corte estructural, vinculadas a la posibilidad que en general las personas en situación de calle puedan optar a un trabajo de calidad, que tengan un mínimo nivel de estabilidad que es lo que Chile no está proporcionando en general. Está siendo muy difícil que en los últimos años se generen empleos de calidad, que permitan salir adelante sin caer en la extrema pobreza o en un caso extremo en una situación de calle”.

La opinión de Kremerman es compartida por el director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau. A su juicio, esta es una situación que ha sido olvidada por todos los Gobiernos: “lo que hemos hecho como país básicamente es la construcción de medidas más bien paleativas, transitorias, focalizadas en momentos críticos del año, básicamente en el período de los meses de invierno, con el propósito que la gente no se deteriore, enferme y muera y por lo tanto, es una mirada cortoplazista que no resuelve el problema”.

El proceso de ayuda hacia las personas en situación de calle es complejo y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lo reconoce. “Es un proceso largo y difícil, tiene una tasa de resultado bajo pero que seguimos haciendo (…) son personas que están muy dañadas, los estudios lo que muestran es que la posibilidad de salir de la calle es baja”.

Actualmente, el Mindes cuenta con los denominados Centros para la Superación, con 880 camas disponibles todo el año y en los que se atienden alrededor de 1200 personas, aproximadamente el 10 por ciento de la población que habita en las calles. «Hay gente que vive ahí durante todo el año, donde se les hace ayuda para volver a trabajar, para poder conectarse de nuevo con su familia, tratamiento de alcoholismo, droga, que son en general el tipo de problemas que tienen”, explicaron en el ministerio.

De acuerdo a Moreno, la tasa de éxito de estos centros es del 20%, es decir, unas 240 personas, lo que representa menos del 2 por ciento de la población total que habita las calles hoy.

Un mundo heterogéneo

La realidad de las personas que habitan en la calle es compleja. Establecer políticas que permitan a este grupo de individuos salir de dicha situación no es fácil. Esto se debe –tal y como lo dijo Egenau- a que es una población heterogénea y diversa: “No es un grupo homogéneo que tiene las mismas necesidades o características”.

Las personas que conforman este grupo tienen edades distintas, diferencias en cuanto a salud mental y física, conocimientos, competencias y lugares donde se ubican, por ende, las políticas que se deben aplicar deben ser muy variadas para tratar de tener éxito.

Los motivos que llevan a un ser humano a vivir en la calle también son variados. De acuerdo al Registro Social Calle del año 2017, el 62,8% de las personas que habita en la calle es por problemas con su pareja o familia, seguido por el consumo problemático de alcohol o drogas (15%) y problemas económicos (11,5%).

«Estas son personas que básicamente han quebrado sus lazos familiares, ese es el problema más profundo, son personas profundamente solas, muchas con problemas psicológicos profundos, con problemas de adicción”, agregó Moreno.

Para Egenau las políticas del Estado que permitan realmente sacar a las personas de la calle deben estar focalizadas en tres derechos fundamentales: vivienda, salud y trabajo. «Aquí hay un trabajo muy importante que hacer con el Ministerio de Vivienda, con el propósito de implementar un sistema de vivienda primero (…) ¿Qué significa eso? No es entregarle una casa nueva a una persona porque está en calle, sino ver qué tipo de vivienda, con qué características. Hay viviendas compartidas, hay viviendas colectivas, hasta viviendas que son la mirada tradicional de la persona que puede tener una vivienda autónoma”.

El segundo punto relevante para Egenau es que las personas de la calle tengan una oportunidad de reinserción laboral plena y estable. “Eso implica un trabajo de focalización respecto a cómo se hace para promover las trayectorias inclusivas en términos laborales en personas de situación de calle. Es un tema grueso y complejo”, agregó.

El modelo de intervención Housing First es una metodología alternativa al sistema tradicional, conocido como progresivo o en escalera, en el que las personas en situación de calle escalan a diferentes niveles en el que finalmente pueden optar a un hogar independiente. Establece que una persona va de la calle a un albergue, luego a un alojamiento temporal y finalmente, a una vivienda permanente.

Pero en ese proceso, un alto porcentaje vuelve a la calle. El modelo “Vivienda Primero” surge como una alternativa al sistema de escalera y ha sido especialmente exitoso en países como Estados Unidos, Canadá y Finlandia.

En España, el programa Hábitat es llevado adelante con el apoyo de la Fundación Rais y está basado en la metodología “Vivienda Primero”, que facilita a la persona un hogar individual y apoyo profesional de acuerdo a sus demandas y necesidades. Requiere «el seguimiento de algunos compromisos básicos, como aceptar la visita periódica de un profesional, contribuir a los gastos de la vivienda si se dispone de ingresos, tener buenas relaciones de vecindad y participar en la evaluación externa del programa”, reza la página web de la fundación.

Los resultados son bastante positivos. Con este método, el 96% de las personas mantiene su hogar y 25% ha recuperado sus lazos familiares.

Los niños

No solo los adultos sufren las penurias de vivir en una precaria situación de calle, los niños también, que según el último catastro actualmente son más de 700 a nivel nacional.

Hace unos días, el ministro Moreno inauguró en la comuna de La Reina el albergue “Nueva Luz”, el primero para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, el cual será operado por la Fundación Don Bosco y regulado por el Sename.

Moreno ha señalado que para enfrentar la situación de los menores de edad en situación de calle, es necesaria la colaboración con el Servicio Nacional de Menores (Sename): «no tienen el problema de los adultos que ya están acostumbrados (a la calle). Este es un tema que sí tiene posibilidades de ser enfrentado con mayor velocidad”.

Una tarea compleja considerando que el Sename no pasa su mejor momento tampoco. A principios de julio, el diputado independiente René Saffirio señaló que durante enero, febrero y marzo de este año, fallecieron 30 personas que estaban a cargo del organismo, 14 de ellos, menores de edad.

Al respecto, desde el Servicio Nacional de Menores especificaron que “no se trata de fallecidos ‘al interior de centros del Sename’, ya que la mayoría de ellos estaban en programas ambulatorios (área de protección) o cumpliendo una sanción en libertad (justicia juvenil), lo que significa que vivían en sus casas y estaban a cargo de sus redes familiares”.

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