PAÍS
Uno de los puntos centrales del análisis de esta semana fue la decisión de la comisión mixta que con votos de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría resolvió rechazar la inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes cometan cohecho, como planteó en una indicación el diputado socialista Leonardo Soto. [ACTUALIZADA]
En una nueva edición de La Semana Política, los panelistas de El Mostrador, Federico Joannon y Marcela Jiménez, conversaron con el ex director de comunicaciones de la Fiscalía Nacional, Christian Fuenzalida, acerca de los delitos de cohecho, que han marcado la agenda durante la semana.
Uno de los puntos centrales del análisis fue la votación de la comisión mixta que estudia las modificaciones a la ley que castiga a quienes cometen delitos de cohecho y soborno, y que resolvió rechazar la inhabilidad para ejercer cargos públicos, planteada en una indicación del diputado socialista Leonardo Soto.
Cabe recordar que en la votación por inhabilitar de manera perpetua se pronunciaron en contra parlamentarios del oficialismo y la la ex Nueva Mayoría, como los senadores Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez Varela (UDI) y los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Paulina Núñez (RN). A favor estuvieron los diputados Leonardo Soto (PS), Gabriel Silber (DC) y Catalina Pérez (RD). Se abstuvo el senador DC Francisco Huenchumilla.
Para el director ejecutivo de El Mostrador, este episodio revela cómo «la clase política no respondió al requerimiento de sanción contra las malas practicas» y comparó la situación de Chile con Brasil, precisando que en este último «se mejoraron las normas», a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.
Otro tema analizado en esta edición fue la acusación dictada por el fiscal Pablo Gómez contra Pablo Longueira y otros 15 imputados en el Caso SQM. Al histórico político del gremialismo, la fiscalía le imputó cinco “actos indebidos” que darían cuenta cómo siendo senador de la UDI y luego ministro de Economía, habría favorecido a la minera no metálica. Por ambos delitos, pidió una pena total de 4 años y 6 meses, además de una multa de $253 millones.
En respuesta, Longueira señaló que «termina la etapa de persecución y llega la hora de la justicia” y agregó que “desde hace casi tres años, mi familia y yo hemos sido objeto de una persecución implacable e injusta por parte del fiscal Pablo Gómez en la causa denominada Soquimich”.
Además, el ex senador denunció que la fiscalía hizo esfuerzos por llegar a un acuerdo con su defensa para una salida alternativa “que eliminaba el delito de cohecho. Sí, aunque parezca increíble y sea difícil de creer, ello fue así”. Y emplaza a Gómez a “que se haga responsable y que asuma personalmente el resultado del proceso que acreditará mi inocencia, y no se vaya antes del país. Es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones”.
«¿Es viable que esto haya tenido un impacto interno y que la Fiscalía pueda hacer algo con respecto a las declaraciones de Pablo Longueira», preguntó la editora de El Mostrador.
«Va a ser algo anecdótico. El análisis que prima es no enmarcarse en conflictos adicionales», puntualizó Fuenzalida.
