PAÍS
Ante el fiscal Sergio Pérez, el obispo de la iglesia católica declaró sobre todas las denuncias de abusos en contra de menores de la diócesis de Rancagua, donde el grupo de sacerdotes acusados era conocido como «La Familia». Goic basó su declaración en la carta enviada por Elisa Fernández Ulloa, una de las denunciantes y la que dio a conocer los hechos.
El pasado 23 de mayo, el obispo Alejandro Goic llegaba a declarar en dependencias de la Fiscalía de Rancagua. Ahí, ante el fiscal Sergio Pérez Goic declaró en calidad de testigo en la investigación sobre un grupo de sacerdotes y párrocos de la VI Región, vinculados a presuntos delitos sexuales en contra de menores de la zona, conocido como «La Familia».
Antes de declarar, Goic le envió una carta al Luis F. Ladaria, quien es arzobispo titular de Thibica y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. En la carta, pedía levantar el secreto confesionario.
«Estimado cardenal. Hemos recibido un oficio de la Fiscalía Regional de O’Higgins que nos solicita informar en un plazo de siete días sobre todas las investigaciones previas y los procesos de esta diócesis que se hayan llevado en la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el año 2003 a la fecha y que sean constitutivos de delitos con menores de edad. Consideramos necesaria e importante nuestra colaboración con las autoridades judiciales civiles, pertinentes para esclarecer delitos de esta naturaleza. Como este caso está sometido a secreto pontificio, solicito a usted levantar ese secreto a fin de quedar en condiciones de entregar la información requerida en los casos de 1- Carlos Manríquez Rebolledo. Causa iniciada en febrero de 2014, concluye con la firma del acta que da cuenta de la determinación final de dimisión perpetua del estado clerical en septiembre de 2016 y 2-diácono permanente Luis Rubio González en espera de respuesta a su solicitud de reintegrarse al estado laical, petición realizada el 28 de diciembre de 2017», señala la carta.
La respuesta le llegó por vía correo electrónico. El e-mail fue enviado el 5 de junio desde la casilla de la Nunciatura Apostólica. En el mensaje, la Congregación rechazó la solicitud del obispo. Después Goic informó de esta respuesta a la fiscalía: «Que según consta de carta del 30 de mayo de 2018, se solicitó la apertura del secreto pontificio para las causas que allí se indican. Dicha solicitud fue contestada negativamente como se puede apreciar de la respuesta contenida en el e-mail que también se adjunta. Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente que para los efectos que pretende dicha fiscalía es posible recurrir a una carta rogatoria internacional según sugiera el e-mail antes citado, enviado por el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Giacomo Morandi».
Goic declaró luego de la denuncia de Elisa Fernández Ulloa, que contenía a sacerdotes que actualmente están siendo investigados. Uno de ellos es el párroco de Paredones, Luis Rubio Contreras.
«Entre mis obligaciones no está recibir denuncia, pero sí formar personas y crear ambientes sanos y seguros en las diócesis de Chile, no obstante ellas se acogen y las denuncias se derivan al superior competente: los obispos de dicha diócesis o el superior religioso de la congregación o comunidad», señaló Goic ante el fiscal, según detalla el diario El Mercurio, quien tuvo acceso a la declaración.
Goic además en dicha instancia explicó el procedimiento de la iglesia católica al momento de recibir una denuncia: cuando se denuncia a un sacerdote, el superior debe efectuar una investigación previa, que no es un proceso, con el fin de comprobar la verosimilitud de esa acusación. Si aquello se confirma, los antecedentes deben ser enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano.
«Desde que soy obispo, en la diócesis, he conocido de dos investigaciones previas, una por un sacerdote de Las Cabras y otro por un diácono de Peumo. Respecto del diácono Luis Rubio (González), me fue solicitado por la fiscalía copia de los antecedentes, y en base a normas canónicas no podía acceder a dicha solicitud. En atención a los hechos actuales, debo consultar a mi asesor jurídico, con el fin de entregar estos antecedentes, pero no existe instrucción del Papa para ello», indicó.
Tras aclarar esto, declaró sobre la denuncia de Fernández Ulloa: «puedo indicar que a ella la vi más de dos veces, pero la carta que tengo en mi poder es de diciembre de 2016, la que hago entrega, una copia, en este acto. Esta carta consta de una firma en su última hoja sin nombre ni RUT, fecha diciembre de 2016 y consta de cuatro carillas. Existe otra carta donde mencionaba diversos nombre de sacerdotes, la que es anterior a la que acabo de entregar; la fecha exacta no la recuerdo, pero creo que de aproximadamente una semana antes de Navidad, donde incluía nombres de sacerdotes intachables y dudo de alguna de las aseveraciones que allí se dicen».
Sobre estos sacerdotes acusados en una de esas cartas, Goic señala que en el primer caso una de las «supuestas víctimas está dispuesta a desmentir tajantemente los hechos», la otra «lo vincula con un acólito menor en Chimbarongo, donde cometió un error de dejar ingresar a este menor a su habitación. Recuerdo que cuando pidió su ordenación al consejo de órdenes a la luz de todos los informes, dilucidó la situación y decidió consagrarlo sacerdote».
Sobre el caso del párroco Luis Rubio Contreras, Goic aseguró que «remitió imágenes desnudas de su persona y esto habría sido a un menor de edad, siendo un delito de los más graves que considera la Iglesia, por ello después de una exhaustiva investigación remitimos los antecedentes a la Santa Sede como está mandatado».
Otro de los sacerdotes indagados por la fiscalía y suspendido por Goic fue el párroco de Pichilemu, Pablo Donoso, quien declaró como imputado en el caso. «Respecto del viaje de Pablo Donoso para un tratamiento en México, lo que sí recuerdo es que antes del año 2008 me llegó un rumor de conductas inapropiadas y de un eventual problema con un menor, le pregunté y él me lo negó. En México hay un centro de rehabilitación de curas alcohólicos, drogadictos y con problemas de desviaciones sexuales. No recuerdo si le recomendé o no que asistiera a este tratamiento». Consultado respecto a Donoso y una menor de nombre M.J., a quien él habría apadrinado, respondió: «No lo recuerdo».
En su declaración también cuenta cómo viven los párrocos: «Los que no tienen familiares tienen a una persona contratada para labores domésticas, sin embargo algunos de los sacerdotes mencionados comparten su vida doméstica con hombres, donde si bien no hay prohibición de ello, por normas prudenciales no es aconsejable».
